Cristóbal Arjona manifiesta que “hemos mantenido una reunión en la que se han trasladado las carencias que sufre el colectivo. Sin lugar a dudas, la falta de profesionales en todos los centros de trabajo es la más alarmante y, como consecuencia de las deficitarias plantillas surgen: la sobrecarga de trabajo, el estrés que padecen casi la totalidad de los profesionales o la merma de la calidad asistencial que afecta directamente al usuario”.

“Hay, igualmente, problemas que se generan por la falta de actualización de las funciones del colectivo que generan situaciones polémica y que son fácilmente evitables.  Por ejemplo, dentro de las funciones de los TCE no está contemplada la recogida de los contenedores de residuo del tipo III,  y, sin embargo se derivan a este colectivo, también hay un serio problemas con el tema de limpieza. Esto supone un despilfarro de dinero público que los TCE tengan que realizar funciones para las que hay personas de las empresas contratadas… entre otras situaciones”  manifiestan los responsables de SAE.

Además, muchas de las situaciones que surgen a diario en los centros de trabajo se solventarían de manera más eficaz si se implantara definitivamente, la figura del Coordinado de Técnicos de Enfermería que SAE reivindica como figura que desde los equipos de enfermería preste la debida atención a los problemas específicos del colectivo de TCE de forma que se daría la solución adecuada a problemas específicos.

Hace casi 30 años la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad y el Comité de Derechos Humanos ha condenado repetidamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, sin embargo el aumento de la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI demuestran la necesidad de continuar celebrando el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, al que este año se suma SAE con una clara reivindicación a los distintos sistemas de salud: mayor inversión en formación en materia de orientación e identidad sexual entre los profesionales sanitarios con el objetivo de romper estereotipos, concienciar y sensibilizar a los profesionales y ofrecer una asistencia inclusiva, libre de estigmas y de discriminación, teniendo en cuenta, particularmente, las necesidades específicas de las personas transgénero en materia sanitaria. 
Un 10% de las personas LGBTI sufre discriminación en la asistencia sanitaria y este porcentaje aumenta a un 19% en el caso de personas transgénero, según los datos de la encuesta realizada en 2013 por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), que pone de manifiesto igualmente que un 47% de las personas encuestadas -93.000 en todos los Estados miembros de la Unión Europea y Croacia- son acosadas por su orientación sexual, un 26% son agredidas o amenazadas con violencia por sus preferencias y un 66% tienen miedo a ir por la calle de la mano de una pareja del mismo sexo. 
Aproximadamente uno de cada cinco encuestados que acudieron a servicios de atención sanitaria (22%) o servicios sociales (19%) en el año anterior al sondeo sintieron que el personal de estos servicios les había tratado de manera discriminatoria por el hecho de ser transgénero: un 71% de las personas que solicitan asistencia relacionada con las necesidades derivadas de su identidad de género mencionan experiencias positivas con psicólogos, psiquiatras u otros espe¬cialistas o profesionales sanitarios. Sin embargo, la tasa de satisfacción disminuye a menos de la mitad (45%) en lo que concierne a los médicos generalis¬tas: El 20% afirma que su médico no parecía dis¬puesto a ayudar, y el 10% indica que simplemente se negó a ayudar. 
 “En este sentido, el 79% de las personas transgénero indican que una mayor variedad de opciones de tratamiento mejoraría su calidad de vida, por ello el sector público debe desarrollar estrategias que favorezcan la diversidad y la igualdad de trato en la asistencia sanitaria y fomentar servicios sanitarios específicamente destinados a las personas transgénero, garantizándoles un trato equitativo y respetuoso y facilitándoles el acceso a tratamientos de reasignación de género y, cuando no estén disponibles, apoyar a los individuos a acceder a este tipo de tratamiento en un Estado miembro de la Unión Europea que sí lo ofrezca”, explica Daniel Torres, secretario de acción social y formación de SAE. 
La actualidad de estos datos viene marcada por el último informe, presentado en 2017, de la situación de la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid, que recoge el análisis de 321 incidentes de odio registrados tanto en municipios de la región como en todos los distritos de la capital, o por el informe francés de 2017 presentado por SOS Homophobie donde se concluye que tras 2 años consecutivos disminuyendo el número de testimonios recibidos, la LGTBfobia progresa de nuevo en 2016 con un aumento del 19,5% de testimonios recogidos por la entidad, situándose las personas transgénero entre las primeras víctimas de esta subida (más del 76% de los testimonios). 
 

Así se lo ha notificado el alto comisionado del Parlamento de Navarra a la Secretaría autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería, respondiendo a la queja formulada por SAE respecto al trato discriminatorio sufrido por los Técnicos en Cuidados de Enfermería con respecto al resto de personal sanitario de Navarra derivado de la falta de desarrollo legislativo a la carrera profesional.

El Defensor del Pueblo considera que lo previsto en la legislación no excluye a estos profesionales del sistema de carrera profesional e insiste en que no se aprecian razones que justifiquen que no se incluye a este personal manifestando que “tanto el derecho a la carrera profesional, como la orientación que tiene el sistema de carrera profesional a la mejora del servicio público sanitario (valorando, en resumen, la experiencia y la formación y perfeccionamiento profesional del personal) se presentarían en términos similares en el caso del personal técnico”.

            “La ausencia de carrera profesional discrimina al personal afectado y es un derecho que ha establecido en todas las comunidades autónomas, con excepción de Navarra”.

            “Por otro lado, en el informe del Departamento de Salud,  que es preceptivo del marco normativo vigente, no se justifica el porqué de la diferencia de trato legislativo que motiva la queja”.

Si bien el dictamen de la institución no es vinculante, ésta emplea la fórmula de la sugerencia normativa utilizada para sugerir al Parlamento de Navarra o a la Administración competente la modificación de leyes y de otras normas si como consecuencia de sus investigaciones llega al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de dichas normas puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los ciudadanos.

Por tanto, en el caso de que la Administración continúe manteniendo esta agraviante discriminación contra el colectivo de Técnicos Sanitarios será una muestra inequívoca de actuar de espaldas a la ciudadanía y a sus propias instituciones y, siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo, ejercitaríamos las acciones oportunas ante el órgano judicial competente”, finaliza la Secretaria Autonómica de SAE en Navarra.

Confiamos en que el Gobierno de Navarra tenga en cuenta esta sugerencia normativa  y ponga fin de forma definitiva a esta situación.

Aprovechar esta celebración para felicitar únicamente a uno de los colectivos que integra el equipo de enfermería de los centros asistenciales es una clara discriminación hacia los Técnicos en Cuidados de Enfermería, cuyo trabajo, tal y como el consejero recoge en su cuenta de Facebook aludiendo únicamente a la enfermería diplomada, también es fundamental para la sostenibilidad y el buen funcionamiento de nuestros sistema sanitario.

“Es evidente que los Técnicos en Cuidados de Enfermería continuamos siendo invisibles para muchos responsables sanitarios, por ello desde SAE continuaremos trabajando y luchando para que se respete el trabajo y las funciones de nuestro colectivo profesional y conseguir así el reconocimiento que merecemos como garantes del bienestar del paciente a través de unos cuidados humanizados que mejoran su salud”, explica Concepción Franco, secretaria autonómica de SAE en Castilla La Mancha.
 

El dato pone de manifiesto la urgente necesidad de llevar a cabo las contrataciones necesarias, especialmente en las categorías más perjudicadas por esta situación, no sólo para que los profesionales puedan ver compensadas el exceso de horas trabajadas que han realizado, sino fundamentalmente para que esta situación no se repita el futuro.

USAE ha puesto en conocimiento de la dirección del centro esta situación en repetidas ocasiones, sin que hasta el momento se haya llevado a cabo  ninguna actuación al respecto. Por tal motivo, USAE y el resto de sindicatos de la Junta de Personal del área de Ponent han denunciado ante todos los responsables sanitarios, es decir, el director general del Ib-Salut, el gerente del área de Ponent y el director de enfermería de Ponent la dramática situación que viven los profesionales del centro.

El débito horario no es la única consecuencia de la falta de profesionales. Los permisos legalmente establecidos por licencias o vacaciones se deniegan en muchas ocasiones, no se cubren las bajas por Incapacidad Temporal, se vulnera la conciliación de la vida laboral y familiar modificando la normativa interna para el disfrute de vacaciones e, incluso, denegando el derecho a la flexibilidad horaria sin justificación (en esta situación se encuentran actualmente dos fisioterapeutas del servicio de rehabilitación). Todo ello genera una alarmante sobrecarga laboral en los trabajadores que están al límite de su capacidad física y mental.

Alejandro Juan Alonso, secretario de acción sindical de SAE en Baleares manifiesta que “hemos dirigido infinidad de escritos a los responsables del centro hospitalario trasladando esta situación. Sin embargo, se niega de forma sistemática la información que solicitamos las organizaciones sindicales a pesar de tener derecho a ella. También han sido numerosas las ocasiones en las que los responsables del centro han manifestado trato incorrecto y formas inadecuadas con los sindicatos. Todo ello, no es sino una muestra del desinterés, desprecio y falta de respeto a los trabajadores a los que representamos”.

La prepotencia en las actuaciones del equipo directivo se aplica incluso para el cese de determinados mandos intermedios que han demostrado su competencia y buen hacer en los servicios asignados y que han sido cesados por la dirección de enfermería de forma discrecional.

“Ante la magnitud de los hechos, los sindicatos de la Junta de Personal hemos remitido formalmente un escrito al director gerente del Ib-Salut informando de la situación y esperando que se tomen medidas adecuadas a la gravedad de la situación. De no ser así, nos veremos obligados a  buscar otras soluciones”, finaliza el responsable de SAE.