Tal y como se recoge en la queja remitida al Defensor del Pueblo, el Gobierno de Navarra no dispensa un trato igual a todo el personal del Servicio Navarro de Salud reconociendo y desarrollando el derecho a la carrera profesional de forma parcial entre sus empleados sin ninguna otra razón que no sean las categorías profesionales a estos empleados.

La labor legislativa desarrollada al respecto ha introducido una inadmisible discriminación del personal técnico sanitario lo que ha provocado que en la actualidad el derecho a la carrera profesional -a diferencia de lo que ocurre con otros estamentos sanitarios- no figura entre los derechos que pueden ejercer los TCE sin que exista razón objetiva que lo justifique.

SAE ha sometido el asunto a su consideración al entender que dicha carencia normativa podría no ajustarse a derecho en base a la legislación existente.

La secretaria autonómica de SAE en Navarra, Begoña Ruiz, recuerda que la carrera se configura como un instrumento de motivación del personal y de mejora del sistema de calidad de los servicios sanitarios de la que no puede excluirse a ningún profesional sanitario. En consecuencia, este derecho no puede ser ni exclusivo ni excluyente de ningún profesional sanitario o desde la perspectiva del derecho de los trabajadores sanitarios a progresar individualmente en la organización donde prestan sus servicios”.

Recogida de firmas

Además, a partir de mañana SAE pone en marcha una recogida de firmas entre los profesionales afectados para exigir al Gobierno de Navarra el reconocimiento y desarrollo del derecho a la carrera profesional.

La carrera profesional no es sino un derecho individual a progresar y que este se reconozca en la forma debida y, sin embargo, se niega de manera sistemática a algunos profesionales

“La recogida de firmas es la única manera que desde la Administración tengan constancia de la repercusión y necesidad de llevar a cabo la medida solicitada. Es un derecho de los profesionales sanitarios y cada uno de ellos debería hacérselo saber a la Administración. Esta es la forma de hacerlo”, afirma Begoña Ruiz, secretaria autonómica de SAE en Navarra.

Confiamos en que el Gobierno de Navarra tenga en cuenta todas estas actuaciones y ponga fin de forma definitiva a esta situación.

“Las agresiones sobre los profesionales de la salud se han incrementado en los últimos años, constatando que ningún profesional, independientemente de su categoría, está exento de sufrir un ataque durante el ejercicio de sus funciones. Por ello, todos los agentes implicados en esta realidad social debemos aunar esfuerzos para erradicarla.  Los profesionales debemos denunciar toda violencia que se ejerza sobre nosotros, ya sea verbal o física, para conseguir datos reales y fiables que permitan adoptar medidas adecuadas. Por su parte, las Administraciones, además de invertir en protocolos de actuación una vez se ha producido el ataque, debe hacerlo en programas y campañas formativas que den a los profesionales las herramientas adecuadas para actuar ante posibles ataques y eduquen a los usuarios en el respeto hacia el trabajo que desempeñan los profesionales que velan por su salud”, explica Alejandro Juan Alonso, secretario de Acción Sindical de SAE en Baleares.
 

José Antonio Gálvez, secretario provincial del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) en Toledo manifiesta “su profunda repulsa hacia esta lacra social que supone la violencia de cualquier tipo pero que, en el caso de las agresiones a los sanitarios, añade un estrés inaceptable. Es evidente que nadie debería ir con miedo a ser agredido a su puesto de trabajo. No es asumible que los usuarios, ya sean pacientes o sus familiares, descarguen sus emociones contra los profesionales que les atienden”.

La dirección del centro ha puesto en marcha el protocolo de actuación conocido como Plan Perseo prestando toda la colaboración a la compañera implicada adoptando las medidas necesarias para minimizar el riesgo.

No obstante, además de este Plan, que funciona desde hace algunos años en el SESCAM, SAE considera que es necesario, profundizar en la aplicación de nuevas actuaciones, que se unen a las ya existentes, al objeto de establecer un procedimiento de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante las agresiones a sanitarios.

Este protocolo que debe surgir de la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, contempla entre otras actuaciones la creación de la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario y que serán los encargados de mantener un contacto fluido y más directo entre los profesionales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de agresión al personal sanitario.

Asimismo, es prioritario llevar a cabo labores de prevención a través de formación adecuada que dote a los profesionales de las herramientas necesarias para canalizar una situación potencialmente peligrosa evitando así que se convierta en agresión física o verbal.

Acabar con las barreras administrativas y las económicas son las principales reivindicaciones de los niños que conviven con el Síndrome de Angelman y sus familias, quienes se ven obligadas a justificar periódicamente ante la Administración que la discapacidad que provoca este síndrome continúa para poder seguir cobrando la pequeña ayuda económica que reciben.
Una ayuda que no sería necesaria si, tal y como señala Concepción Herrero, madre de una niña que convive con esta enfermedad desde los 18 meses, los gastos médicos, farmacéuticos y terapéuticos que precisan los afectados estuvieran cubiertos por la Seguridad Social.
El Síndrome de Angelman es un trastorno del neurodesarrollo de base genética que se caracteriza por un retraso mental severo, un retraso psicomotor y unos rasgos físicos y conductuales característicos, que se manifiestan en los afectados -1 de cada 20.000 recién nacidos- con un espectro autista, ausencia del habla, epilepsia, ataxia y movimientos espasmódicos, además de un trastorno del sueño. El tratamiento de estos síntomas no es curativo, pero existen medidas de apoyo especiales para potenciar la percepción, la motricidad, la atención, la inteligencia, la cognición o el lenguaje, siendo las terapias relacionadas con la comunicación uno de los pilares del tratamiento.
Sin embargo, estas terapias, tan necesarias para normalizar la vida de los menores afectados, no están cubiertas por la Seguridad Social, por ello, una de las principales reivindicaciones de las familias afectadas es que los gastos que conlleva esta enfermedad estén incluidos en el sistema sanitario. 
La falta de centros educativos adaptados o de centros asistenciales integrales para necesidades especiales forman también parte de los problemas a los que estas familias se enfrentan diariamente.
“Como estamos comprobando a través de la campaña SAE con las enfermedades raras, la inversión en investigación, en formación y en recursos es primordial para avanzar en el conocimiento de las diferentes enfermedades raras y, por supuesto, lo es en el Síndrome de Angelman. Así, además de profesionales formados que se impliquen en los cuidados, los hospitales deben poner en marcha protocolos que garanticen las necesidades de estos menores: adaptar los baños, evitar las interrupciones y las luces durante las noches para garantizarles una correcta higiene del sueño o disponer de pañales adecuados para niños de 10 años, son sólo algunas de las demandas de estos menores cuando están ingresados. Desde SAE nos sumamos a todas estas reivindicaciones que, a través de nuestra campaña, queremos visibilizar para que los responsables de la sanidad, los profesionales y la sociedad en general adquiera conciencia de estas necesidades y de las dificultades diarias a las que estos menores y sus familias se enfrentan. La voluntad política es fundamental para avanzar, pero también lo es adoptar conciencia de que las enfermedades raras existen y afectan a más de 3 millones de personas en nuestro país”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social y Formación de SAE y coordinador de la campaña.
     
 

“Al operativo de bomberos, protección civil y policía se unieron los Técnicos en Cuidados de Enfermería del centro que participaron activamente en el proceso de evacuación, permitiendo que éste se llevara a cabo con la máxima rapidez. En estas actuaciones participaron no sólo los TCE que estaban de servicio sino que acudieron a colaborar algunos que disfrutaban de su permiso reglamentario y otros doblaron su trabajo para colaborar en estas funciones”, recuerda Luisa María Montañés, secretaria autonómica de SAE en Asturias.

Para estos profesionales el bienestar de los pacientes es una prioridad y actuaron en consecuencia con este principio asegurando que estuvieran en las mejores condiciones lo antes posible.

La inundación se inició en el sótano pero afectó a la sala de máquina provocando cortes de la energía eléctrica y haciendo necesaria la inmediata evacuación de los residentes. Las tareas de limpieza todavía continúan por lo que, lo más probable, es que los ancianos todavía tarden en unos días en volver a la que es su residencia habitual.