El doctor Vicente Bellver Capella, vocal del Comité de Bioética de España, ha expuesto ante los asistentes al Congreso de Bioética que se está celebrando en Cartagena, las claves y los dilemas de la maternidad subrogada tanto en relación con los problemas de filiación como del propio proceso de gestación y los conflictos que surgen entre la gestante y los comitantes, es decir, las personas que tienen la voluntad de tener ese hijo.
Posteriormente, Cristina del Campo Fontecha autora de la ponencia La gestación subrogada ¿un privilegio para los ricos? ha expuesto también argumentos a favor y en contra de esta técnica y la diferente legislación en distintos países y ha afirmado que “existen estudios recientes en los que se afirma que el 87% de los españoles está a favor de la gestación subrogada, es decir, la técnica de reproducción asistida por la que una mujer, con plena capacidad para obrar, consiente libremente y de forma irrevocable, en llevar a cabo la gestación del hijo de otra persona”.
     Ha planteado, igualmente, que “todo parece indicar que tarde o temprano será regulada también en España ya que el derecho va un paso por detrás de las convicciones sociales, es decir, regula aquellas situaciones que, anteriormente, hubieran existido en la sociedad. Ésta es también la situación en la que nos encontramos en la actualidad respecto a la gestación subrogada”.
     La ponente ha manifestado que “no faltan argumentos a favor y en contra de esta técnica que permite que numerosas personas que anhelan tener hijos y, sin embargo, no pueden hacerlo por diversos motivos (problemas de fertilidad, por tratarse de parejas homosexuales o incluso el caso de que una persona desee tener hijos por sí sola) defienden la prevalencia de la voluntad de las partes por encima de la disposición legal si las partes están conformes con la celebración de este contrato”.
     “A favor del proceso, continúa Cristina de Campo, están también quienes apelan a los procesos de adopción en España (tan lentos que pueden llegar hasta los ocho años y que además no cubran todas las peticiones ya que se entregaron en adopción menos de 2.000 menores cuando había 33.000 familias españolas dispuestas a acogerlas) y a las dificultades que plantean los tratamientos de fertilidad que en la sanidad pública tiene limitaciones y en la privada un alto coste económico”.
     La ponente ha manifestado igualmente que “el rechazo a esta técnica está, entre otros argumentos, en la renuncia de la madre gestante con la firma del contrato a la posibilidad de arrepentirse de su decisión ante una situación que no se ha dado todavía y que bien podría animarle a cambiar de idea.  Consideran, además que el alto coste total sigue siendo un espacio al que solo pueden acceder algunos ya que allí donde está regulada, el coste de la donación "altruista" oscila entre los 45.000 y los 60.000 euros. El Foro de la Familia está en contra de la maternidad subrogada porque el cuerpo de la mujer se convierte en un objeto, se mercantiliza el deseo de ser padres, no se puede garantizar el derecho de la madre gestante a no sufrir las consecuencias psicológicas de un posible aborto, etc”
     “En la actualidad, la situación en la que se encuentra España es discriminatoria” considera esta ponente, que afirma, asimismo, que “son varios los casos de personas famosas cuyo proceso se ha publicado en prensa con júbilo y, sin embargo, a finales del año pasado se informaba de la detención de un matrimonio homosexual que había concertado un contrato con una mujer gestante en el que ésta última se obligaba a entregar al niño a cambio de una suma de dinero”. 
     Ha finalizado su intervención planteado varios interrogantes: “la diferencia para admitir y alabar esta gestación o sin embargo poner el grito en el cielo ¿radica en si se ha producido o no en el extranjero?, pero ¿quién puede permitirse el lujo de acceder a esta técnica? Si se admite la inscripción de los nacimientos producidos en el extranjero, ¿por qué no se admite directamente la gestación subrogada en España?”.
     “En segundo lugar, al no hallarse sistemáticamente regulada, permitiendo simplemente la inscripción de aquellos nacimientos obtenidos por esta técnica y reconocidos en otros Estados, hace que no se legislen ciertos aspectos mínimos que en todo caso debieran respetarse, como por ejemplo ¿cuál es la edad máxima de los futuros progenitores para poder acogerse a esta técnica, o la diferencia de edad máxima y mínima que debe existir entre el hijo y sus progenitores, como sí ocurre, por ejemplo, en la adopción o, incluso, si se admite toda clase de gestaciones subrogadas o por el contrario solo se admiten aquellas que fueran altruistas”.
     Durante la mañana los asistentes han podido escuchar también intervenciones en las que se planteaban los dilemas éticos que surgen ante los enfermos terminales o los documentos de voluntades anticipadas. 

Es frecuente hacer un pacto de silencio para ocultar el diagnóstico y/o pronóstico a los pacientes terminales.
     Así Encarnación Sánchez Expósito y Carmen Muñoz Valadés han planteado durante su intervención La conspiración del silencio: un dilema ético como: “en nuestro entorno cultural es frecuente ocultar el diagnóstico o el pronóstico al paciente al final de su vida al que se le exige dependencia y sumisión a las disposiciones médicas y familiares”.
     Sin embargo, han expuesto que “el paciente en fase terminal se convierte en una persona más frágil y sensible, cuyo estado merece un tratamiento especial con relación al resto de los enfermos. Si esta situación convierte en válido el ocultamiento de la verdad al mismo, conocido como conspiración del silencio, que se define como el acuerdo implícito o explícito, por parte de familiares, amigos y profesionales, de alterar la información que se le da al paciente con el fin de ocultarle el diagnóstico y/o pronóstico y/o gravedad de la situación, es algo que está sujeto a diferentes criterios.
     “El enfermo forma parte de un contexto familiar y social, que recibe también el impacto del diagnóstico y la respuesta que dé ante esta situación estresante influirá directamente sobre  la adaptación del enfermo. La familia tiene dificultades para enfrentarse al sufrimiento de lo que sucede. Desde esta perspectiva, tanto desde el punto de vista técnico como ético, conviene distinguir entre las necesidades reales del paciente y de las de sus familiares. Cómo informar, cuándo hacerlo, de qué forma, hasta dónde llegar con la cantidad de información, parecen ser algunas de las interrogantes de mayor peso en este tema”. 
     “Algunos especialistas han llegado a considerar que tienen el derecho a mentir a estos enfermos con el propósito de evitarles informaciones angustiosas sobre su muerte inminente mientras que para otros esta práctica es lesiva a la autonomía del paciente. No obstante, la decisión de informar de la verdad varía en función de diversas circunstancias, entre ellas están las características de la enfermedad, la situación, personalidad y creencias del enfermo, la actitud del entorno socio familiar y, por último, la forma de ser y de pensar del propio médico.
     “Se da un alto porcentaje de pactos de silencio, pero no en todos los casos se puede y debe actuar de la misma manera y no siempre es lícito o adecuado enfrentar al paciente con una verdad que no quiere o no está preparado para recibir, pero sin duda podemos aprender a vivir la muerte de un modo diferente a como lo hacemos en la actualidad” ha concluido los ponentes. 

Los Documentos de Voluntades Anticipadas permiten tomar decisiones respecto a lo qué se quiere y hasta dónde se quiere llegar.
     Por otro lado, Yosune Garmendia San Sebastián se cuestionó ¿qué ocurre cuando llega el final de la vida o existe un deterioro en la salud? Una de las respuestas a esta pregunta la tenemos en el Documento de Voluntades Anticipadas (DVA), en el que se contempla: “el derecho de la ciudadanía a la expresión anticipada de su voluntad a las decisiones clínicas que le atañen”. Es decir, contempla las instrucciones que una persona expresa sobre tratamientos, sobre lesiones o enfermedades que padece o sobre las que pudiera padecer en el futuro y se pueden incluir en el mismo, previsiones relativas a las intervenciones médicas que se desea recibir y cuestiones relacionadas con el final de la vida.
     “Los DVA aumentan el conocimiento de la propia enfermedad, al haber sido informado adecuadamente antes de la toma de decisión y mejora la calidad de la relación médico-paciente ya que consensuan qué es lo que se quiere y hasta dónde se quiere llegar”.
     Para esta autora “al permitir conocer los valores éticos del paciente, se facilita la interpretación de los deseos expresados respecto a sus momentos finales. Asimismo, facilita la toma de decisiones terapéuticas, con la planificación anticipada de los cuidados, adelantándose a lo que pueda suceder, evitando así que se realicen tratamientos no deseados y disminuyendo el riesgo de decisiones erróneas. Todo ello, alivia el estrés y las cargas, tanto al paciente y su entorno, como a los profesionales, reforzando las buenas prácticas clínicas y aportando seguridad ética y jurídica a los profesionales”.
     “Se plantean, igualmente, dificultades, ya que los DVA no están actualizados o presentan instrucciones ambiguas o preferencias poco claras que son de difícil interpretación en ocasiones. Es difícil decidir cuál es el momento clínico en que debe aplicarse el DVA que debe estar disponible para ser consultado en el momento de la toma de decisiones”.
     “Podemos afirmar que los TCE somos los profesionales que estamos “más a pie de cama, tenemos una relación directa, intensa y continuada con nuestros pacientes, con lo que somos receptores de las dudas, deseos y preguntas, etc. y ello nos da una situación de cercanía y protagonismo en la interrelación entre el sistema asistencial y el paciente y su familia. Los TCE tenemos un papel importante para detectar situaciones específicas, necesidades de información, identificar expectativas o indicar cómo iniciar el proceso de realizar un DVA. Somos, sin lugar a duda, un enlace entre los usuarios y el sistema, lo que se puede materializar en derivar determinadas cuestiones a los facultativos, facilitando el encuentro y comunicación entre ellos”, ha concluido en su intervención. 
     Tras la lectura de conclusiones de este congreso, se ha procedido al acto de clausura del mismo en el que han participado Doña Rosa Romera Fernández, Presidenta del Congreso, doña María Dolores Martínez Márquez, Presidenta de la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería, don José Carlos López Lacoma, Director de Enfermería del área II Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena y don Juan Martínez Hernández, Presidente del Comité Científico.

Madrid, 2 de junio de 2017.- La concentración que han protagonizado recientemente las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de la Sanidad madrileña en la Puerta del Sol en defensa de los profesionales del Servicio Madrileño de Salud ha evidenciado su incapacidad para negociar las mejoras de los trabajadores en los foros indicados para ello.
Desde SAE siempre apoyaremos y promoveremos, tal y como hemos hecho hasta ahora, la acciones que se lleven a cabo para promocionar y defender a los profesionales sanitarios, sin embargo no vamos a bailar el agua de unas organizaciones sindicales que presumen de estar en mesa y, a la hora de la verdad, son incapaces de alcanzar acuerdos para mejorar la situación laboral y retributiva de los profesionales.
En este sentido, cuestiones tan fundamentales como la carrera profesional, la jornada laboral o el aumento de plantillas, continúan paralizadas. 
“SAE lucha continuamente por conseguir mejoras para los profesionales sanitarios y así lo seguiremos haciendo, reivindicando cuestiones como la urgencia de acabar con el déficit en las plantillas de Técnicos en Cuidados de Enfermería, uno de los colectivos imprescindibles debido a los cambios demográficos y las necesidades asistenciales que demanda la sociedad. Nosotros continuaremos con nuestro trabajo para mejorar la sanidad madrileña y conseguir todas aquellas reivindicaciones que beneficien a los profesionales sanitarios, particularmente a los TCE. Y, de la misma manera que SAE se implica en alcanzar estos objetivos, exigimos al resto de organizaciones sindicales que están presentes en la Mesa de Negociación que se comprometan con la sanidad madrileña, sus usuarios y sus profesionales”, explica Álvaro Cano, secretario autonómico de SAE en Madrid.

“La falta de políticas sanitarias lleva a que se utilicen recursos muy costosos, en un número proporcionalmente bajo de pacientes con enfermedades agudas o crónicas reagudizadas, con resultados inciertos o malos. Es frecuente que las camas disponibles en Cuidados Intensivos sean menores de lo requerido y muchos casos, con indicación de tratamiento, no pueden ingresar. La atención a un paciente con pocas, o ninguna posibilidad, de recuperación puede estar limitando la atención de otro que sí es recuperable”. Esta es una de las conclusiones planteadas por las autoras de la ponencia Humanizar la muerte: María Ángeles Regueiro Ruiz, María del Carmen Zurdo Codón, Montserrat Pérez López y Josune Dorronsoro Barrueta.
“El cuidado es la máxima expresión de comunicación entre los seres vivos que va más allá de una simple relación entre humanos. Por todo ello, los TCE de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) deben poseer un perfil enmarcado en una filosofía integradora que incluya conocimientos afectivos, emocionales, científicos y tecnológicos”. 
“El objetivo no es solo salvar vidas y curar enfermedades; también debe ser capaz de reconocer en qué momento renunciar a ello y reorientar los esfuerzos para aliviar el sufrimiento, consolar al paciente y ayudarlo a morir con dignidad”, han manifestado estas autoras que piden “una reflexión de todos los profesionales de la salud acerca de esta tesitura para, además de evitar el dolor y la angustia del paciente en primer lugar, y de su familia, ayudar a definir una serie de estrategias ante la muerte adecuadas, puesto que, la calidad de atención de los profesionales durante la fase final de la vida del paciente contribuye en gran medida a una muerte pacífica y digna y reconforta a los miembros de la familia en el duelo y en el proceso de aceptación de la pérdida”.
“En la UCI se encuentran pacientes graves o en estado crítico y tanto en los enfermos recuperables como en los no recuperables se utilizan tratamientos, equipos sofisticados y diferentes procedimientos diagnósticos y terapéuticos. A veces, se produce encarnizamiento terapéutico cuando se insiste en la aplicación de medidas desproporcionadas, cuyo beneficio real es poco probable en pacientes graves, que con la experiencia previa e índices pronósticos son considerados terminales o no recuperables y, aún así, se continúan aplicando estas medidas a pesar de las molestias, riesgo, costo económico y moral, lo que para estas autoras es una conducta que no tiene justificación técnica ni ética. El dilema bioético al que se enfrenta el equipo de salud en una UCI cuando debe decidir iniciar o suspender las medidas de soporte vital es muy complejo y debe ser analizado de forma sistemática y con un perfil multidisciplinario”.
Recuerdan también que “en la actualidad, la mayoría de las personas mueren en las camas de los hospitales o en su domicilio, tratadas por profesionales de la salud. Los cuidados médicos en pacientes en estado terminal son uno de los temas más discutidos en el ámbito médico, jurídico, político, ético y social. Las Unidades de Cuidados Intensivos, consumen aproximadamente el 15% del presupuesto hospitalario y en las dos últimas semanas de vida, se gasta el 50% de lo que esa persona gastó en toda su vida sana y se plantean dudas como ¿Se justifica la utilización de tecnología en todos los pacientes? ¿En qué momento suspenderla? ¿Cómo evaluar la relación costos-beneficios para hacerla eficiente y justa?”
Las autoras recurren a los estudios éticos realizados ante estas situaciones y “algunos conceptos para facilitar su comprensión: eutanasia, como la conducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, por compasión o por razones médicas; la ortotanasia se refiere a permitir que la muerte ocurra cuando debe de ocurrir, con la atención de los profesionales de la salud capacitados para otorgar al paciente todos los cuidados y tratamientos para disminuir el sufrimiento, pero sin alterar el curso de la enfermedad y, por lo tanto, el curso de la muerte”.
Apuntan, asimismo al concepto de “distanasia, que se refiere a la prolongación innecesaria del sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal, mediante tratamientos o acciones que de alguna manera “calman” los síntomas que tiene y tratan de manera parcial el problema, pero con el inconveniente de estar prolongando la vida sin tomar en cuenta la calidad de la misma. También puede ser llamada obstinación terapéutica. Los cuidados paliativos y el respeto a los derechos del paciente son medios eficaces para prevenir la práctica de la distanasia”.
“Estos temas en la actualidad son motivo de debate, pues hay quienes creen que el ser humano no tiene el derecho a decidir sobre la vida humana y, por otro lado, hay quienes se promulgan a favor de la vida y en contra del sufrimiento. Estos  conceptos en la Ética sólo se han legalizado y llevado a la práctica en Holanda y Bélgica, mientras en otros países, como el nuestro, no se han aprobado aún y, concluyen estos autores, que son muchos los progresos que hay que hacerse en esta materia”.
 
Los profesionales sanitarios actúan de mediadores ante la diversidad cultural 
La Diversidad cultural ha sido el eje sobre el que Francisca Romero Navarro, María Llanos Lloret Cifuentes, María Ángeles Sánchez Carretero y Encarna Ros Serrano han centrado su intervención afirmando que “el movimiento migratorio en las últimas décadas ha planteado en los servicios sanitarios la necesidad de encontrar propuestas creativas que disminuyan las dificultades que se establecen tanto en el acceso como en el proceso de la relación que existe entre el profesional y el paciente extranjero para ayudarnos a entender, respetar y valorar la importancia en las competencias culturales de los profesionales de enfermería”.
“La asistencia sanitaria a los extranjeros está garantizada por ley, aunque esta no se pronuncia sobre aspectos concretos que puedan surgir de la herencia cultural de estos pacientes a la hora de conciliar nuestras normas y sus arraigadas costumbres y somos nosotros los profesionales sanitarios los que actuamos muchas veces de mediadores. Mediar no es sólo traducir las palabras (labor esencial de interpretar), si no que va más allá, abarcando todos los aspectos de la comunicación no verbal (olor, gestos, movimientos corporales, silencios, ritos, etc.), que culturalmente son claves”.
“Además, continúan,  de conocimientos lingüísticos se deben tener presentes datos de la sociedad y la cultura a la que pertenece el paciente extranjero: relaciones de parentesco, religión, percepción de lo que significa la salud y la enfermedad, costumbre y aspectos culturales relevantes y no caer en el estereotipo de considerar al extranjero como un "miembro típico” de su cultura, teniendo en cuenta la variable personal de cada cual, y además la adaptación o cambio que puede devenir del contacto entre las diferentes culturas.
Y finalizan su intervención afirmando que “es necesario ofrecer unos cuidados de calidad adaptados a sus necesidades. Los profesionales  se enfrentan a dificultades como la barrera del idioma, pero también al miedo del paciente que se presenta por diferentes causas e incluso la falta de apoyo familiar”. 
 
Derecho a morir con dignidad. El enfermo terminal no sólo necesita tratamiento para paliar su dolor.
Asimismo, otros autores han centrado sus intervenciones en el derecho a morir con dignidad. En este sentido, Isabel Sánchez López, Antonia García García, Llanos Jiménez  Pérez y Ana María Pimentel Ibáñez autores de la ponencia ¿Implementamos la adecuación del tratamiento de soporte vital, han manifestado que “la idea que el hombre tiene del derecho a morir con dignidad ha dominado el debate bioético contemporáneo relacionado con el fin de la vida humana y de esta idea surge la de la limitación de esfuerzo terapéutico (AET) que se justifica en la desproporción entre los fines y los medios a utilizar para el mantenimiento de la vida. Es decir, esta limitación de esfuerzo terapéutico consiste en no aplicar medidas extraordinarias o desproporcionadas para la finalidad terapéutica que se plantea en pacientes con mal pronóstico y/o mala calidad de vida, es decir, no iniciar determinadas medidas o retirarlas cuando están instauradas”.
“La AET es una situación que se presenta a menudo en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los principios bioéticos involucrados (justicia, autonomía, dignidad, beneficencia, no maleficencia y vulnerabilidad) son los responsables de la dificultad de la toma de decisiones sobre la conducta terapéutica a seguir con cada paciente”.
“El proceso de toma de decisión para suspender las terapias genera estrés en los familiares de los pacientes, por lo tanto, es necesario acompañarlos en esta situación. La implicación del personal de enfermería que participa de forma activa en el tratamiento del soporte vital debe ser organizada y planificada, y en consenso con cada uno de los profesionales involucrados en el cuidado del paciente para evitar la descoordinación a la hora de implantar los protocolos de actuación que, en cualquier caso, debe aplicarse bajo la exigencia de no abandonar nunca los cuidados ordinarios y la atención del paciente”, han finalizado los autores.
Por otro lado, la ponente Maribel Iniesta Martínez se ha planteado en su intervención Mientras la vida merezca ese nombre que “la vida tiene un final y depende cómo sea ese final podremos decir que se ha vivido dignamente y se ha muerto dignamente; y que el personal sanitario juega un papel muy importante en esto último. ¿Hasta cuándo podemos hablar de que realmente vivimos, no de que estemos vivos?”.
“Para poder atribuir a la vida la condición de humana es necesario que concurran ciertos requisitos, entre ellos, la autonomía, la libertad y la razón. Como consecuencia de lo anterior, se podría deducir que cuando estos requisitos desaparecen la vida deja de existir aunque la persona continúe viva”.
En este sentido, ha manifestado que “el empeño por alargar lo inevitable prolongando la agonía, es común en nuestros hospitales pero el objetivo de la bioética es mantener la dignidad de la vida. La deshumanización se ha extendido de tal forma que nos ha llevado  a la despersonalización y ésta conlleva a la pérdida de cualidades humanas convirtiéndolas en frialdad y pérdida de valores que repercuten en la dimensión emocional hacia el paciente que se convierte en un número y  nadie recuerda su nombre. Pero una vez que somos conscientes de la gran pérdida de nuestro carisma como cuidadores de la salud debemos volver a nuestros orígenes y encaminar nuestros pasos a la humanización, a la atención y la cercanía que favorece la autonomía en el enfermo y sus familiares, la sensación de volver a ser objeto activo y partícipe en el proceso de su enfermedad”.
“Hay que aceptar y permitir que el enfermo muera sin prolongar una agonía insufrible para él y sus seres queridos. Es necesario ser conscientes de ello, reflexionar e individualizar en cada caso el riesgo/beneficio de someter al paciente a procedimientos invasivos que, en muchos casos, no hacen más que aumentar el sufrimiento, sin mejorar la supervivencia ni la calidad de vida. En los hospitales existen Unidades de Cuidados Paliativos compuestos por equipos casi exclusivamente médicos, que proporcionan toda clase de analgesia para evitar el dolor de la persona; pero el enfermo terminal no sólo necesita tratamiento para paliar su dolor”.
La autora aboga por “la creación de equipos interdisciplinares, ya que sólo así se irá consiguiendo una humanización progresiva en el trato con el enfermo y sólo así podremos decir que el enfermo ha muerto dignamente”.

El número de vacantes en las plantillas de Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) del Servicio Navarro de Salud es de 265, sin embargo, obviando esta cifra, la Administración ha decidido llevar a Mesa Sectorial una propuesta de Oferta Pública de Empleo con 92 plazas para TCE, lo que únicamente cubriría un 34,72% de las vacantes.

En el último proceso de OPE, convocado en 2015, únicamente se ofertaron 69 plazas para TCE, y ahora la propuesta es de 92. Desde SAE nos preguntamos cuándo la Administración va a empezar a respetar a nuestro colectivo profesional y a convocar una OPE que garantice la estabilidad laboral y acabe con el elevado índice de eventualidad que sufre nuestra categoría.

“Es vergonzoso que el SNS-O maltrate de esta manera a los TCE, cuya responsabilidad, compromiso y formación nos convierten en los profesionales indicados para cuidar al enfermo, garantizar su bienestar y detectar posibles anomalías que puedan surgir, comunicándoselas al resto de los miembros del equipo sanitario. Por ello, desde SAE vamos a luchar y trabajar para que esta propuesta no se materialice y la Administración incremente el número de plazas convocadas para TCE, adecuándolas a la realidad de la sanidad navarra. No vamos a consentir que se nos ningunee de esta manera”, explica Begoña Ruiz, Secretaria Autonómica de SAE en Navarra.

Los principios bioéticos de justicia, beneficencia, no maleficencia y autonomía están presentes en todas las actuaciones sanitarias y así está quedando patente en el XXVIII Congreso Nacional de Técnicos en Cuidados de Enfermería y Técnicos en Emergencias Sanitarias, que se está celebrando en el Auditorio El Batel de Cartagena.

Más de 400 profesionales de toda España asisten a este congreso que, organizado por la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE) y el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), ha sido inaugurado esta mañana.

En el acto de inauguración han participado, don Manuel Villegas García, Consejero de Salud  de la Región de Murcia, doña Maravillas Izquierdo Martínez, Subdirectora General de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Fondos de Compensación del Ministerio de Sanidad, don José López Martínez, alcalde de Cartagena, doña Dolores Martínez Márquez, Presidenta de la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería, organizadora del congreso, y doña Rosa Romera, Presidenta del Congreso.

El consejero de Salud ha reconocido la evolución experimentada por estos profesionales sanitarios así como la idoneidad del tema elegido y la necesaria formación de los profesionales en esta disciplina.

Por su parte, la responsable ministerial ha reconocido el importante papel que en la formación desempeña la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería en estos años y las alternativas que pone al alcance de los profesionales.

 “La atención sanitaria a las víctimas de violencia de género implica tomar decisiones teniendo en cuenta los citados principios bioéticos”. Así lo ha manifestado en su intervención  La importancia de la Mediación de las TCE y su intervención ante situaciones de Violencia de Género Mª de los Ángeles Aparicio López de las Hazas, TCE del Hospital Universitario del Tajo, que añadió, asimismo, que “se provoca daño y se atenta contra el principio de no maleficencia cuando no hay diligencia en detectar la situación, no se es pre-activo, o no se realiza un acompañamiento de la mujer maltratada. Si se le impone nuestro criterio y no se considera a la mujer como ser humano capaz de tomar decisiones no respetamos el principio de autonomía. Además, es importante tener presente el respeto a lo que la mujer maltratada entiende como beneficioso para ella ya que, en caso contrario, si caemos en el paternalismo y se considera a la mujer maltratada como si fuera nuestra hija, se puede llegar a lo que se ha denominado beneficencia coercitiva”.

“El objetivo de las acciones positivas es, en definitiva, tratar de que se establezca la igualdad entre un colectivo dominante y un colectivo subyugante para hacer valer el principio de justicia. Todos los profesionales sanitarios y no sanitarios participan en la asistencia de una persona que ha sufrido violencia de género. Por ello es clave tener habilidades comunicativas y herramientas para poder identificar tanto los tipos de violencia, como el modo en que las mujeres se sienten vulnerables”.

La ponente recalcó que “los TCE somos, la mayor parte de las veces, los profesionales que más tiempo compartimos con las víctimas y las que establecemos un vínculo afectivo privilegiado, que nos permite conocer realmente, la verdadera problemática de la víctima”.

Algunas empresas farmacéuticas aprovechan los vacíos legales para hacer ensayos sin todas las garantías

Mª Josefa Borrego Barranco, Antonio Albarral Serrano, Silvia Santiago López y Alberto Murtos Martínez (TCE del Hospital General de Granada) han centrado su intervención en Los ensayos clínicos con medicamentos. Principios bioéticos, destacando que “en estas investigaciones, en las que se trabaja con parámetros nuevos y se estudia con seres humanos, aparecen de inmediato planteamientos morales. La participación de un ser humano en un ensayo clínico genera una situación potencial de vulnerabilidad en la que sus derechos deben quedar claramente protegidos. Por eso, es necesario que cualquier investigación médica que comporte el estudio de personas cumpla con una serie de requisitos éticos. Todo ensayo clínico debe ser evaluado por un organismo independiente, el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC), encargado de la revisión de los aspectos éticos y metodológicos”.

Los autores recalcaron que “para que un ensayo clínico pueda considerarse éticamente aceptable debe existir una duda razonable sobre la relación riesgo/beneficio que su desarrollo conlleva y además el ensayo debe estar bien diseñado. Si los resultados que generará la puesta en marcha de un protocolo no van a poder ser interpretados de manera adecuada por deficiencias metodológicas, no es ético exponer a ninguna persona a los riesgos e incomodidades que supone la participación en un ensayo clínico”.

Recordaron, asimismo, la existencia de “regulaciones éticas internacionales establecidas para la realización de estos ensayos tales como el Informe Belmont (donde en 1978 se recogen los cuatro principios básicos de la bioética cuya aplicación práctica sigue siendo válida actualmente, que son: justicia, no maleficencia, beneficencia, autonomía) y la Declaración de Helsinki que establece una distinción clara entre investigaciones con fines esencialmente de diagnóstico o terapéutica respecto al paciente en aquellas cuyo objeto esencial es puramente científico y sin finalidad diagnóstica o terapéutica”.

“Estas, y otras declaraciones internacionales son las que han servido de base para que los distintos países de Europa y el resto del mundo regulen los ensayos clínicos en sus respectivas legislaciones, teniendo siempre como base de las mismas los textos anteriormente estudiados, ya que estos por sí mismos no son de aplicación directa como parte de la Ley de un país. Este hecho, sin embargo, ha sido aprovechado por algunas empresas farmacéuticas que han llevado a cabo sus ensayos en países menos desarrollados que no cuentan con disposiciones que regulen dicho tema de forma tan exhaustiva, donde se produce un vacío legal que hace posible que se pueda ensayar en humanos sin todas las garantías que se exigen en los países de nuestro entorno. Por no hablar de la disminución de costes que se producen también en este tipo de países y del que de alguna forma se aprovecha la industria farmacéutica”, han finalizado estos autores.

Bioética en pediatría: la autoridad paterna como representante legal de los niños puede obstaculizar la labor del médico ante algunas decisiones

Mª del Carmen Martínez Martínez, Juana Solano Ardil y Carmen Gracia Molina en su intervención Bioética en pediatría han planteado que  “la pediatría no está exenta de circunstancias en las que el médico tropieza con dilemas ante la solución de problemas en los niños, en los que el pediatra tendrá que asumir la responsabilidad de sus juicios de valor. Por ejemplo, ante los recién nacidos anencefálicos, la reanimación de niños prematuros de gran bajo peso y el mantenimiento de soporte vital a neonatos con múltiples y graves malformaciones. En estos casos, el médico deberá tomar decisiones bioéticas con acertado juicio clínico, pues en cualquiera de ellos, debido a la complejidad de cada caso, dependerá que el pediatra busque siempre el bien del pequeño paciente y su familia.  Ya durante el embarazo la mujer plantea innumerables dilemas éticos, pues el feto no posee capacidad para decidir su vida futura y por eso depende de terceras personas. El feto merece que quienes tomen las decisiones por él lo hagan con responsabilidad y con sentido de respeto”.

“Los procedimientos diagnósticos prenatales están dirigidos a descubrir en el feto tanto alteraciones morfológicas como funcionales y permiten corregir oportunamente el defecto del niño. Sin embargo, han continuado las ponentes, hacer esto precisa analizar cuidadosamente cuál va a ser el beneficio para el feto o si la madre puede ser expuesta a un riesgo considerable. En este caso, predomina el principio de no maleficencia (no hacer daño a  la madre) sobre el de beneficencia (hacer bien al feto)”.

“Los niños, como pacientes, son personas sin autonomía para decidir acerca de su bienestar, dependen de la voluntad de sus padres en la relación médico-paciente que son quienes detentan el poder y la autoridad, como representantes legales, y a su vez transmiten sus creencias religiosas y los valores, tradiciones propias de sus culturas en el entorno familiar, lo que en ocasiones puede llegar a obstaculizar la labor del médico en algunas situaciones como puede ser la necesidad de transfundir a los niños sangre, sujetarlos a maniobras de RCP o mantenerlos con medidas de soporte vital”, han finalizado estos autores.

La contención mecánica puede atentar contra la dignidad humana

“Existen estudios que aprecian que España tiene, comparativamente con otros países, un porcentaje de uso de sujeciones muy superior al resto de los países de nuestro entorno llegando casi al 40%, frente a cifras que suponen  alrededor del 15% en países como Francia, Italia, Noruega o EEUU y otros países cuya prevalencia no llega al 10% como Suiza, Dinamarca, Islandia o Japón. Su uso se estima en un tercio de los pacientes en los hospitales de menor tamaño alcanzando mayor proporción en los pacientes mayores de 65 años, siendo significativo su uso en determinadas unidades como UCI, neonatología y salud mental” ha manifestado Virginia Lobo, Alesandra Matamala. Olga Buendía y Belén Hernández autores de la ponencia Consideraciones éticas en el uso de las contenciones mecánicas.

“En los hospitales se utiliza la contención como una intervención extrema y excepcional, mediante la aplicación de dispositivos restrictivos inmovilizadores para limitar la libertad de movimientos de un paciente y el acceso a su propio cuerpo con el fin de conseguir su mayor seguridad o la de otros. Sin embargo, su uso no está exento de problemas, no solo desde el punto de vista ético o legal, sino también por las complicaciones que puedan ocurrir como caídas, úlceras por presión” comentan los autores de esta ponencia.

“El debate sobre su uso, la idoneidad de sus indicaciones y las condiciones de la práctica del procedimiento es efectivamente trascendente tanto por la frecuencia de su uso como por afectar directamente a los derechos fundamentales como la libertad del individuo y el respeto a la dignidad y autonomía personal. Restringir esta libertad solo se entendería cuando el beneficio para el paciente supera ampliamente el perjuicio que esta limitación pudiera causar –Autonomía vs Beneficencia-, pero incluso para proteger a los pacientes, las medidas tomadas han de ser proporcionadas respetando los derechos fundamentales de la persona”, han continuado.

Para los ponentes “existe controversia en su uso ya que son medidas que puede interferir con las posibilidades de ser cuidado conforme a sus propias expectativas en momentos de alta vulnerabilidad. La percepción negativa y sensación de maltrato y abuso que puede sentir la persona, puede comprometer seriamente su sintonía con el personal sanitario y generar situaciones de conflicto en el trabajo del día a día”.

“También hay controversias legales, han manifestado en su intervención, dado que la protección de los derechos fundamentales, de la salud, y la protección de personas especialmente vulnerables, están ampliamente reguladas y supone una piedra angular básica del funcionamiento del sistema judicial. Para promover la tolerancia cero con el abuso de las sujeciones y para favorecer las precauciones especiales ante personas vulnerables, frágiles y dependientes, el Servicio Madrileño de Salud dictó unas instrucciones generales de aplicación en estos casos teniendo como principio básico que la contención se realizará exclusivamente, en aquellos supuestos que sea imprescindible en el marco de una adecuada asistencia sanitaria. Además, cada centro dispone de un protocolo de actuación, validado por el responsable asistencial, la comisión de cuidados, la de calidad, y el comité de ética asistencial, teniendo en cuenta que sólo se aplicará de forma excepcional en situaciones puntuales y buscando siempre medidas alternativas para evitar su uso”.

Por su parte, José A. Oliver, Blanca Lozano, Ernesto del Castillo y Juan Carlos Álvarez, autores de Inmovilización de pacientes. Aspectos éticos y legales en el uso de contención mecánica, han abogado por una ley que regule el uso de las contenciones mecánicas en todo el territorio nacional y que sirva de marco para actualizar todos los variados protocolos utilizados actualmente en los distintos ámbitos sanitarios.

“Las Comunidades autónomas han comenzado a legislar en el ámbito de sus competencias sobre contenciones, especialmente en los servicios sociales. Si bien no establecen un protocolo específico, sí dan unas directrices en cuanto al uso, controles, medidas, registro y de la necesidad de cumplir con unos estándares de calidad para que los usuarios no sean sometidos a contención sin supervisión facultativa salvo peligro inminente de muerte”.

“Conocer las leyes fundamentales que delimitan su uso y alcance, así como los aspectos éticos que deben tenerse en cuenta cuando se emplean debe ser parte de nuestra formación básica como profesionales, especialmente de aquellos que prestan servicios en las unidades de agudos de salud mental y servicios socio-sanitarios de psicogeriatría”, han finalizado.