Con la anulación del 80% de las consultas e intervenciones de ginecología, el cierre de la planta ocasionará un retraso de más de tres meses en los tratamientos y revisiones, poniendo en peligro la salud y el bienestar de las usuarias cordobesas, quienes, en algunos casos, pueden encontrarse en una situación delicada y no contar con este tiempo. Asimismo, al cerrar la planta, algunas pacientes serán trasladadas a la unidad de tocología (maternidad), lo que obligará a convivir a usuarias que acaban de ser madres con aquellas que están pasando por un proceso patológico, obligándoles, asimismo, a tener que compartir habitación en situaciones extremas.
   Este cierre es sólo una de las consecuencias de un plan vacacional abusivo, que no respeta ni el descanso de los profesionales ni el derecho de los usuarios a tener una atención de calidad todo el año.
“Es inadmisible que el SAS insista año tras año en repetir el mismo problema en lugar de realizar las contrataciones adecuadas para la realidad asistencial de la provincia. Las plantillas deben estar en las ratios establecidas durante todo el año y nada justifica que se queden a la mitad o por debajo de ésta en los meses de verano, pues las patologías y accidentes no entienden de vacaciones. Al cierre de camas de las diferentes unidades, se suma ahora el de un servicio entero, vulnerando el derecho asistencial de las cordobesas y sometiendo a los profesionales a un estrés y ansiedad que ponen en riesgo su integridad física y mental.  Desde SAE exigimos que, con urgencia, el SAS adopte las medidas necesarias, que pasan por la contratación de profesionales, para evitar el cierre durante tres meses de la unidad de ginecología. No puede seguir primando el ahorro económico por encima de la asistencia sanitaria”, explica Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba.
 

A la falta de sistema de climatización, que obliga a usuarios y profesionales a aguantar temperaturas superiores a los 30 grados en estos meses de verano, se suma la aparición de cucarachas debido a la falta de higiene que existe en el centro. 
La dejadez por parte de los responsables está afectando a la seguridad y salud de los reisdentes y los profesionales, lo que contraviene el anexo II del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: “ Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores”
“Esta situación es consecuecia de una falta de interés alarmante por parte de la dirección para  mantener el centro en unas condiciones óptimas para los usuarios y los profesionales. Y esta desidia no solo se ve en la falta de higiene, sino en la dejadez a la hora de realizar las contrataciones necesarias para cubrir las ratios de profesionales establecidas, el desinterés por  reparar el material dañado, como las grúas empleadas para la movilización de pacientes, o la negligencia cometida al no presentar las cuentas. Desde SAE seguiremos trabajando para que los usuarios  y los profesionales tengan unas condiciones residenciales y laborales adecuadas a la legislación vigente. El ahorro económico no puede primar sobre el bienestar y la salud”, explica Cristián Monclús, secretario provincial de SAE en Barcelona.
 

Cuatro habitaciones de la unidad de paliativos del Hospital General han sido cerradas por las altas temperaturas, en la unidad de convalecencia se están alcanzando los 28º y en la unidad de rehabilitación han colocado un pingüino de aire acondicionado, pero tienen que mantener abierta la ventana para que este sistema pueda expulsar el aire caliente.
Desde luego, la situación no ha mejorado desde que USAE la denunciara la semana pasada, al contrario, el riesgo por altas temperaturas que están padeciendo los pacientes es mayor al estar en una nueva ola de calor, y, además, se está poniendo en riesgo la asistencia sanitaria al tener que cerrar habitaciones por este problema.
El Hospital General, que depende de Son Espases, es el más antiguo de Mallorca, pero hay unos mínimos, conociendo las temperaturas que alcanza la isla, que deberían haberse solucionado antes de la llegada del verano, sin embargo, las direcciones responsables insisten en incumplir el anexo III del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: “en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas…”. 
Pero las altas temperaturas no solo están afectando a la atención hospitalaria, sino también a la extrahospitalaria, pues en localidades como Alcudia y Can Picafort, las ambulancias han alcanzado los 50º debido a que las bases no cuentan con techado en los aparcamientos. Una temperatura demasiado elevada, especialmente si recordamos que algunos vehículos no cuentan con aire acondicionado para aclimatar el espacio.
“Desde USAE seguiremos trabajando para mejorar las condiciones en todos aquellos centros en los que se estén alcanzando temperaturas muy superiores a las marcadas por la legislación vigente para el desempeño del trabajo. No vamos a consentir que usuarios y profesionales continúen pagando la desidia de los responsables sanitarios a la hora de solucionar problemas que están poniendo en peligro la atención asistencial”, explica Alejandro Juan Alonso, responsable de USAE en Baleares.
 

Este problema no es nuevo, pues ya en el verano de 2022 fueron las TCAE quienes tuvieron que cubir los puestos de enfermeras que se quedaban descubiertos por vacaciones o turnicidad de verano. Entendemos que un año es tiempo suficiente para haber podido solventar esta situación de falta de enfermeras, sin embargo la dirección de enfermería continúa obligando a las TCAEs a administrar colirios, poner inhaladores, inyectar insulinas… en definitiva, suministrar medicación a los usuarios del centro sin ningún tipo de supervisión o autorización por escrito.
Una situación que estresa y causa ansiedad a las TCAEs, pues les convierte en responsables de ciertas funciones y cuando piden algún tipo de explicación al respecto o exigen que estas actuaciones queden autorizadas por escrito, reciben contestaciones en las que se deja muy claro el abuso de autoridad al que están sometidas: “ya estoy fuera de mi horario y estoy de vacaciones así que no voy a mirar nada, hay que hacerlo porque yo lo mando”. De esta manera las TCAEs no solo deben asumir el trabajo de las enfermeras, sino hacerlo sin ningún tipo de respaldo que les proteja ante cualquier problema.
Además, a esta circunstancia, ya de por sí intolerable, se suma el maltrato verbal y el menosprecio continuo al colectivo, acusándolas, incluso, de no tratar bien a los residentes. 
“Humillaciones, malas contestaciones, abuso de autoridad, acusaciones y, por si fuera poco, continuos cambios de turno que, además de no permitirles conciliar su vida laboral y familiar, son un agravio comparativo con respecto a las enfermeras, a quienes sí se les ha aceptado cambiar las carteleras para adaptarlas al horario de verano, pues, según la dirección de enfermería “son un grupo delicado y las tengo que tener contentas”. Es indignante esta forma dictatorial de gestionar el centro residencial de Utrillas, por ello desde FTPS vamos a  exigir la dimisión de los responsables y trabajar para que las TCAEs no desempeñen funciones que no les son propias”, explican Empar Torres y Nieves Blasco, responsable de FTPS en Aragón.
 

Gracias a la lucha del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) en los tribunales, el Servicio Canario de Salud (SCS) debe sacar a concurso oposición las plazas convocadas en la OPE de 2019 para Técnicos en Cuidados de Enfermería como C1 y no en el subgrupo C2, tal y como estaban recogidas y como SAE había denunciado, obteniendo al respecto varias sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo, por las que se obligaba a la Administración a formalizar una nueva convocatoria de OPE asignando al colectivo de Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) el subgrupo C1, tal y como establece el artículo 76 del TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público).
Hoy podemos celebrar este nuevo logro, pero es vergonzoso que la Administración haya estado dándonos largas todos estos años a pesar de las sentencias favorables emitidas por los tribunales. Tanta desidia y ninguneo por parte del SCS no es de recibo hacia unos profesionales comprometidos con la sanidad y sus pacientes, que no han dejado de actualizar su formación y adaptarse a las nuevas demandas y cambios experimentados en el ámbito sanitario y en la sociedad. 
“Ahora el Tribunal Superior de Justicia nos da definitivamente la razón y obliga a la Administación al pago de costas del procedimiento. Sin duda, este reconocimiento es un paso más en la lucha de SAE por acabar con la Disposición Transitoria Tercera del EBEP que desde hace más de 13 años continúa vulnerando nuestros derechos, generando una discriminación que conculca el artículo 14 de la Constitución Española, pues no se puede mantener un derecho transitorio de forma permanente, ya que supone un agravio contra el colectivo de TCE, pues otros colectivos tienen reconocida su clasificación y los derechos laborales asociados a la misma, mientras que los Técnicos de Grado Medio y los de Grado Superior continuamos siendo víctimas de una disposición transitoria que frena nuestro avance profesional ”, explica Mª Dolores Martínez, secretaria general de SAE.