FTPS (SAE + TCAE Aragón) ha puesto en marcha un calendario de movilizaciones como protesta por la inacción de la directora de enfermería del Hospital Miguel Servet a la hora de convocar los procesos de movilidad interna en el centro.
Ayer se celebró la primera de las concentraciones, que tendrán lugar todos los miércoles de junio entre las 12 y 12:30 horas, como medida de presión ante el incumplimiento del pacto de Movilidad Interna del hospital, por el que este proceso se debe convocar todos los años; sin embargo, en el Sector II llevamos desde 2021 sin que se publique en tiempo y forma, lo que impide que los profesionales que se trasladan o aprueban una oposición no puedan consolidar el puesto.
“Los procesos de movilidad interna se deben convocar antes de la resolución de los procesos de estabilización de empleo o traslados, de manera que los profesionales que llevan años trabajando en el hospital puedan solicitar su movilidad interna. Convocarlo después, como hace la directora de enfermería, supone un agravio para los trabajadores. Por ello, desde FTPS, ante la falta de actuación en este sentido por parte de los responsables del centro hospitalario, hemos puesto en marcha este calendario de movilizaciones, con el que esperamos que la dirección del centro recapacite y adopte las medidas necesarias para cumplir con el pacto de Movilidad Interna; lo contrario, es vulnerar los derechos laborales de los profesionales”, explica Mª Jesús Domenech, secretaria provincial de SAE en Zaragoza. 
 

Así, la secretaria provincial de SAE en Ourense, Ana María Dorrego, ha presentado a los alumnos de la Formación Profesional el trabajo que se realiza día a día en los centros asistenciales, les ha explicado las diferentes opciones laborales que existen tras su formación, y ha insistido en  la necesidad de que ésta continúe durante su vida profesional como un pilar fundamental para seguir creciendo.

“Además de presentarles el trabajo sindical de SAE y las ventajas de afiliarse a nuestra organización, he insistido en la necesidad de mantener una formación continuada durante la vida profesional, pues ésta es la base del crecimiento profesional y para ello, nuestra Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE) mantiene desde hace casi 30 años un programa formativo adaptado a las demandas de los Técnicos Sanitarios, que les permite mantener actualizados sus conocimientos y adaptarse así tanto a las nuevas realidades asistenciales como a las demandas de los pacientes”, explica Ana María Dorrego Tain.
 

Los responsables del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Rosario Bonilla, María Araceli Marín y Cristián Braza, han mantenido una reunión con María Ángeles Prieto Rodríguez y Enrique Gaviño Pazó, diputados del PSOE en el Parlamento de Andalucía, tras la aprobación del proyecto de Ley de Función Pública, que deja a los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) del Servicio Andaluz de Salud fuera de la clasificación en el grupo C1 y a los Técnicos  Superiores fuera del B.
A pesar de que en el anteproyecto de Ley se reconocía la clasificación de los Técnicos de Grado Medio en el C1, finalmente la Ley sólo reconoce este grupo a los profesionales de Función Pública al incluir en el texto la disposición adicional vigesimosegunda: “Para el personal docente no universitario y el personal estatutario del SAS al que se refiere el artículo 3 de esta ley, al que no resulta de aplicación directa la clasificación profesional contenida en el artículo 101 de la misma, por acuerdo del Consejo de Gobierno se dispondrá la reclasificación al Grupo B y a los Subgrupos C1 y C2 cuando su normativa estatal específica permita el desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas”.
De esta manera, al haberse disuelto las Cortes, esta reivindicación de SAE queda suspendida y genera una alarmante brecha salarial entre los profesionales estatutarios y funcionarios, que realizan el mismo trabajo o a quienes se les ha exigido el mismo nivel de titulación.
“Es indignante que continuamente se pongan trabas para aplicar esta reclasificación. SAE lleva 15 años luchando para poner fin a la Disposición Transitoria 3ª del Estatuto Básico del Empleado Público –EBEP- y para que se aplique el artículo 76, que recoge la correcta clasificación de los Técnicos de Grado Medio (en el C1) y de los de Grado Superior (en el B). Ahora, en Andalucía con la aprobación de la Ley de Función Pública se da un paso hacia atrás, dejando los derechos de los TCE estatutarios en manos del Estatuto Marco, que quedará en un cajón tras la disolución de las Cortes”, explica Rosario Bonilla, secretaria autonómica de Acción Sindical de SAE en Andalucía.
Durante el encuentro, los responsables de SAE han trasladado a sus interlocutores otras de las reivindicaciones del colectivo, como la actualización de las funciones, pues continúan rigiéndose por las establecidas en el Estatuto de 1973, un texto con medio siglo de vida que poco tiene que ver con el trabajo que actualmente se realiza en la asistencia sanitaria, y de cuya actualización dependen otras demandas fundamentales como el nivel de cualificación, que continúa pendiente de revisión por el INCUAL –es el único ciclo formativo que queda con 1.400 horas-.
“El ninguneo y desprecio sistemático al que se somete a los TCE es indignante, por ello, desde SAE continuaremos luchando, en la calle y en los despachos, para conseguir un sistema sanitario acorde a las necesidades del s. XXI, que pasan por tener recursos materiales y humanos suficientes y por reconocer los derechos laborales y retributivos de los profesionales sanitarios. Por ello, esperamos que nuestros interlocutores lleven a cabo todas las actuaciones que estén en su mano para que se empiece a valorar más el trabajo que desempeñamos en la atención sanitaria y menos el ahorro económico que supone mantener estancadas nuestras reivindicaciones”, concluye Rosario Bonilla.
 

Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) nos sumamos a la Semana Europea contra el Cáncer con un cartel que quiere destacar la importancia de conocer esta patología para poder detectar a tiempo los tumores y conseguir así una atención temprana, tan importante para frenar su avance. 
Para ello, es necesario llevar a cabo actuaciones que permitan a la población conocer los diferentes tipos de cáncer, tener información sobre sus posibles síntomas y signos de alarma y sobre los programas de cribado que existen en ciertos tipos de cánceres –actualmente, el Sistema Nacional de Salud cuenta con los programas poblacionales de cribado de cáncer de mama, cáncer colorrectal y cáncer de cérvix (https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Cribado/cribadoCancer.htm)-.
Hoy el cáncer es responsable de la mayor cantidad de decesos a nivel mundial; sin embargo, aproximadamente el 40% de los cánceres diagnosticados se podrían prevenir  cambiando el estilo de vida: evitar el consumo de alcohol y tabaco, prevenir la obesidad con una alimentación equilibrada y saludable y la realización de actividad física, o reducir la exposición a la contaminación, son algunas de las recomendaciones, teniendo siempre en cuenta que la exposición a la radiación ultravioleta y la edad también son factores de riesgo.
A esta responsabilidad individual que entraña un cambio de vida, se suma la urgencia de implementar programas de detección precoz en aquellos sistemas que aún no cuentan con ellos, pues se espera que para 2025 el 90% de la población europea que reúna los requisitos esté incluida en estos programas de cribado de cáncer de mama, cervical y colorrectal.
Gracias a la investigación, en los últimos años ha habido numerosos avances en la detección precoz, la eficacia de las terapias y cuidados paliativos han duplicado en los últimos 40 años las tasas de supervivencia, y, por primera vez, parece que el número de nuevos casos de cáncer en nuestro país experimentará una pequeña reducción respecto a 2022: según el informe Las Cifras del Cáncer en España 2023, de la Sociedad Española de Oncología Médica, se estima que habrá 279.260 nuevos casos de cáncer este año frente a los 280.100 de 2022. 
“Desde SAE queremos aprovechar esta semana para concienciar a la población sobre la importancia de cambiar de estilo de vida, y acudir a los centros de atención primaria para formar parte de los programas de cribado o ante la aparición de cualquier signo de alarma, pues es la única manera de conseguir diagnósticos tempranos. Y, por supuesto, queremos incidir en la necesidad de incrementar los recursos económicos y humanos encaminados a mejorar la investigación y, así, los índices de supervivencia, y a reducir las listas de espera en oncología”, manifiesta Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.
 

Isabel Lozano, vicesecretaria del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Cristóbal Arjona, secretario de Acción Sindical de la Organización, y Daniel Torres, secretario de Acción Social, se han reunido con los responsables del Ministerio de Sanidad, Celia Gómez González, directora general de Ordenación Profesional, y Juan Julián García Gómez, Subdirector General de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud en la Dirección General de Ordenación Profesional para, una vez más, debido al retraso que está sufriendo la actualización de las funciones de los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE), recordarles el compromiso que adquirió hace tres años el Gobierno al respecto.  
“Es inadmisible que sigamos rigiéndonos por las funciones del Estatuto de 1973, un texto con medio siglo de vida que poco tiene que ver con el trabajo que actualmente se realiza en la asistencia sanitaria. Por ello, es necesario que nuestras funciones se actualicen y adapten a las necesidades reales del s. XXI, tal y como nos estamos adaptando nosotros como profesionales sanitarios. Un avance para nuestro colectivo del que dependen otras reivindicaciones fundamentales como el nivel de cualificación, que continúa pendiente de revisión por el INCUAL –es el único ciclo formativo que queda con 1.400 horas- porque depende de la actualización de nuestras funciones”, explica Isabel Lozano.
Asimismo, los responsables de SAE también han hecho notar a sus interlocutores que el estancamiento en el cumplimiento de estos compromisos con los TCE puede dificultar su inclusión en el desarrollo de la nueva Ley de Formación Profesional, que debe culminarse este año para cumplir con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 Las trabas que continuamente se están poniendo para poner fin a la Disposición Transitoria 3ª del Estatuto Básico del Empleado Público –EBEP- y aplicar el artículo 76, que recoge la correcta clasificación de los Técnicos de Grado Medio (en el C1) y de los de Grado Superior (en el B) en la reforma del Estatuto Marco que se está llevando a cabo, ha sido otra de las cuestiones abordadas, sin obtener una respuesta clara por parte de los responsables ministeriales.
“Llevamos quince años de lucha para que el contenido legal de una norma básica como es el EBEP tuviese, para los titulados en los distintos grados de Formación Profesional, una plasmación práctica idéntica a la de otros colectivos de funcionarios, con unos resultados ciertamente desalentadores, cuando la propia exposición de motivos del EBEP recoge que «…por lo que se refiere a los funcionarios, se hace preciso modificar su clasificación actual, teniendo en cuenta la evolución que ha experimentado en los últimos años nuestro sistema educativo y en previsión, particularmente, del proceso abierto de reordenación de los títulos universitarios …». Sin embargo, a pesar de que la Ley de Función Pública de la Generalitat Valenciana y varias sentencias favorables reconocen el C1 para los Técnicos de Grado Medio, aún seguimos sin ningún avance significativo en este sentido. De hecho, el anteproyecto de ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, que en teoría debería solventar la cuestión, recoge en su Disposición Adicional IV lo mismo que la Disposición Transitoria 3ª del EBEP. Es evidente el efecto perturbador que supondría mantener lo establecido para los profesionales de la formación profesional en el acceso al empleo público, contraponiéndose a lo que establece el art. 10 del mismo anteproyecto, que se supone que es la clasificación que tendrán los empleados públicos de acuerdo a la titulación que se les exigió para su acceso de conformidad a lo que estableció el art. 76 del EBEP, y por lo que se ha desarrollado esta ley, entre otros motivos. Mantener esta Disposición Adicional IV sería mantener la Disposición Transitoria 3ª del EBEP. Esperamos que los responsables ministeriales lleven a cabo las actuaciones necesarias para que nuestras reivindicaciones avancen y se plasmen en el nuevo Estatuto Marco; por ello confiamos en que se empiece a valorar más el trabajo que desempeñamos en la atención sanitaria y menos el ahorro económico que supone mantener estancadas nuestras reivindicaciones porque para que un sistema sanitario mantenga y alcance la calidad asistencial que merecen los usuarios es necesario invertir tanto en recursos materiales como humanos”, concluye Isabel Lozano.