La integración de las agencias sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud es necesaria, pero la creación de un macroárea que aglutine al Hospital Infanta Margarita de Cabra, los hospitales de Montilla y Puente Genil y el futuro hospital de Lucena, vulneraría la legislación vigente al superar la población estimada para un área sanitaria, que se sitúa en 250.000 habitantes, y supondría una merma en la calidad asistencial.

“Un incremento en los tiempos de espera para ser atendidos, la obligación de desplazarse a otras comarcas o falta de profesionales serían solo tres ejemplos de esta pérdida de calidad. Por ello nos sumamos a la reivindicación por la que se exige la división del Área Sur de Córdoba en dos zonas sanitarias: la Campiña Cordobesa –Puente Genil y Montilla- y Complejo Sanitario Infanta Margarita de Cabra junto al CHARE de Lucena. Esta es la solución para mantener una asistencia acorde a las necesidades del usuario, sin que éste vea perjudicada su atención”, explica Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería lleva tiempo reclamando que se tomen medidas en este sentido de manera que el Gobierno o las consejerías competentes en cada comunidad autónoma apliquen las medidas necesarias y se exija la titulación correspondiente a todos los profesionales que ejercen sus funciones asistenciales en estos centros. Es urgente que se tomen estas medidas.
      Las personas mayores se merecen el máximo respeto institucional y que se incumple ante el alarmante descuido que se presta al perfil profesional encargado de esta atención. La primera muestra de consideración a nuestros mayores debe ser la de asegurarles la atención adecuada por profesionales debidamente formados. El cuidado, el respeto y la protección a las personas mayores debe estar entre las prioridades del Estado de Bienestar.
      Siempre son los más vulnerables, con independencia de la pandemia o la ola que estemos atravesando, y merecen que su atención esté en manos de profesionales con la debida titulación. Exigir que los aspirantes a cualquier puesto de atención o cuidado puesto sanitario estén en posesión de la debida titulación debe ser requisito imprescindible.
      Lamentablemente seguimos comprobado que no es así y se llega a contratar a personas que presentan certificados de participación en algún curso de dudoso rigor, sin la debida carga lectiva ni formativa que les permita adquirir los debidos conocimientos, y a quienes se les supone muy buena voluntad pero a los que no les exige ninguna titulación que les capacite para la atención sanitaria.
      Conviene recordar igualmente que dadas las particularidades de este sector de la población, en ocasiones dependientes, e incluso, grandes dependientes, con pluripatologías crónicas requieren de cuidados continuos y fundamentales, muchos de ellos requieren técnicas de enfermería específicas tales como la alimentación enteral, oxigenoterapia, prevención de úlceras…entre otras.
En la mayor parte de los centros las plantillas de profesionales titulados como Técnicos en Cuidados de Enfermería,  Gerocultores  o Sociosanitarios, realizan sus funciones diarias con total independencia y autonomía sin ser precisa la supervisión de ningún titulado superior lo que justifica que la titulación de estos profesionales debe ser la de Grado Superior de la Formación Profesional y un Nivel 3 de cualificación.
      SAE mantiene su demanda constante para que definitivamente se ponga fin a esta lamentable situación que, de no solucionarse, tendrá nefastas consecuencias para el conjunto de la sociedad cada vez más envejecida y con más patologías crónicas.
      La demanda de plazas en centros residenciales y sociosanitatarios para personas mayores aumenta a diario y cada vez van a hacer falta más plazas y más profesionales con la debida formación que proporcionen los cuidados integrales que requieren las personas mayores.
      Necesitan cuidados continuos y de calidad no siempre excesivamente especializados por lo que urge llevar a cabo una reorganización de los recursos humanos de forma que las plantillas estén ajustadas a estos cuidados que llevan a cabo los Técnicos Sanitarios y que estos tengan la debida titulación.

Entre los principales problemas que se abordaron durante el encuentro, están el retraso en la baremación de la Bolsa de Empleo de los profesionales TCE, ya que aún sigue vigente la del 2017, y la regulación de las guardias localizadas realizadas por el colectivo en diferentes especialidades, un problema que afecta a prácticamente todos los hospitales de la comunidad.
“El Consejero de Sanidad se ha comprometido con los Técnicos en Cuidados de Enfermería a tomar medidas para resolver ambas situaciones y mejorar así las condiciones laborales de los profesionales TCE, un colectivo olvidado sistemáticamente por la Administración. Por ello, desde SAE esperamos que a partir de este encuentro se materialicen las medidas necesarias para mejorar la situación de nuestra categoría, en caso contrario, emprenderemos las acciones que consideremos oportunas en defensa de los intereses del colectivo”, explica Gloria Celi de Abia Ríos, Secretaria Autonómica de SAE en Castilla y León.
Los responsables de SAE esperan seguir manteniendo encuentros con los dirigentes de la sanidad de Castilla y León para poder trasladarles las reivindicaciones históricas del colectivo, que pasan por la regulación de las funciones, la reclasificación en el grupo C1 y el reconocimiento del grado superior de la Titulación de Técnicos en Cuidados de Enfermería.
 

Los residuos que surgen de la atención al paciente, según el protocolo, son depositados en las correspondientes bolsas, que deben ser cerradas adecuadamente para su posterior transporte. Esta función de cierre, tal y como recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas de Contratación del Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos del HUCA, es competencia del personal de limpieza. Sin embargo, mientras en las habitaciones libres de Covid sí que lo realizan, en las zonas Covid, GISPASA, LACERA –responsable de este servicio- y el SESPA han decidido que sean los Técnicos en Cuidados de Enfermería quienes lleven a cabo esta tarea.
Esta situación responde, nuevamente, a los intereses económicos del HUCA y el SESPA que están obligando a los TCE a realizar este servicio para que una empresa privada, LACERA, no tenga que asumir el plus de peligrosidad que su propio personal está demandando por el manejo de los residuos provenientes de UCI´s y plantas Covid.
Pero además, para obligar a los TCE, los mandos intermedios están utilizando amenazas e intimidaciones, incurriendo en actuaciones no ajustadas al derecho laboral, amparándose en virtuales instrucciones a las que no hay forma de acceder pública y libremente para identificar claramente a los responsables de las mismas. 
“Esta nueva agresión al trabajo de los TCE únicamente responde a un sometimiento del SESPA a los intereses económicos de la empresa privada contratada para la prestación de un servicio en el hospital. Si esta situación no se resuelve de inmediato, desde SAE, además de las acciones legales oportunas, emprenderemos aquellas necesarias para conseguir de inmediato el reconocimiento del plus de peligrosidad para todo el personal asistencial del SESPA”.
 

      Así se desprendía de su respuesta a la pregunta planteada por el Partido Popular a este respecto en el Congreso.
En todo caso el Gobierno reconoce que la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 206.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre establece que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Se contempla, también el mecanismo para que nuevas profesiones o actividades tengan esta consideración.
      Sin embargo, la primera etapa de la reforma de pensiones en vigor desde el 1 de enero no lo contempla por lo que los Técnicos en Cuidados de Enfermería y el resto de profesionales sanitarios, deberán esperar a que avance la reforma.
      Ante el anuncio de la reforma de las pensiones, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ejerció nuevamente, pues ya fue denegado años atrás, su Derecho de Petición a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones para que se iniciasen los procedimientos necesarios que concluyan en el reconocimiento de la profesión sanitaria como profesión de riesgo y, por lo tanto, la reducción de la edad de jubilación a los 60 años para los profesionales sanitarios y sociosanitarios, sin penalización.
      Estos profesionales se enfrentan a riesgos para su salud al estar expuestos a posibles infecciones, radiaciones y productos tóxicos, pero también al desgaste físico, psíquico y social que conllevan los turnos rotatorios y nocturnos, la escasez de personal, el envejecimiento de la población, en su mayoría dependientes/grandes dependientes, y la presión asistencial. Todas estas tensiones, implicación y esfuerzos deterioran su salud y provocan altos índices de morbilidad, obligando a estos profesionales a jubilarse de manera anticipada, aun perdiendo dinero por los coeficientes reductores que se aplican. Sin embargo, el endurecimiento de estos coeficientes que recoge la anunciada reforma penalizaría demasiado anticipar la jubilación o la haría inviable.
      SAE lleva años exigiendo la reducción de la edad ordinaria de jubilación con el 100% de su cuantía para el personal sanitario debido a las características de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad propias de la atención sanitaria. Estas condiciones hacen que nuestra profesión deba ser considerada una profesión de riesgo, tal y como ha quedado demostrado durante la pandemia.     
      De hecho, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su Boletín de prevención de riesgos laborales expone que tanto los diplomados como los Técnicos de Enfermería son los dos colectivos del sector sanitario que tienen el índice más elevado de accidentes y enfermedades profesionales, tales como el contagio de enfermedades, más o menos peligrosas, como la tuberculosis, la hepatitis B y C o el Sida, y actualmente el Covid-19.