Entre otras situaciones, solicitan el cese inmediato de la actividad quirúrgica no urgente que se está desarrollando en el Hospital Valle del Guadalhorce de forma que esos recursos tanto humanos como materiales deben ser empleados en la actividad que está generando la situación de la infección por Covid-19.Resulta incomprensible la actitud por parte de la Subdirección médica del área quirúrgica (cuyo responsable está ejerciendo el cargo en funciones, sin nombramiento, desde hace tres años) de mantener dicha actividad. De forma paralela a esta situación las urgencias del HVG están saturadas de pacientes a la espera de ingreso.

La unidad de partos y nidos se trasladará al Hospital Maternal para la atención en esta unidad de paciente Covid-19 que se va a convertir en una UCI. Sin embargo, los profesionales manifiestan no tener el adiestramiento preciso en el manejo de este tipo de pacientes y del aparataje eléctrico de estas unidades y consideran que esta situación puede llegar a agravar la situación de estos pacientes.

Los profesionales, además, han manifestado sentirse desamparados ya que en estos momentos el mando intermedio de la unidad ejerce sus funciones en otro puesto. Los sindicatos consideran que esta nueva situación debe estar coordinada por el Servicio de Medicina Intensiva y los recursos humanos que desempeñen su labor en dicha unidad, deben estar formados y ser parte de dicho servicio.

La situación en cuanto a los Equipos de Protección Individual es también incomprensible. A la falta de equipos se une la incoherencia a la hora de designar el equipo adecuado para cada intervención, la obligación a los profesionales a realizar diferentes técnicas sin los equipos adecuados y la orden por parte de algunos cargos intermedios para que los trabajadores reutilicen los EPIS lavándolos previamente en sus domicilios. Ante estas circunstancias, no es de extrañar que cada vez sea mayor el número de profesionales contagiados.

Estas medidas, además se contradicen con las declaraciones del gerente del SAS que confirmaba que había EPIs suficientes en todos los hospitales

Ante estas situaciones tanto SAE, como el resto de sindicatos, ha solicitado  ante la gerencia del Hospital Virgen de la Victoria la toma de actuaciones urgentes. Entre otras, que se comunique el número de EPIs disponibles, la instalación urgente de un punto de tomas rápidas para los profesionales del hospital y que se realice por un circuito distinto al de los pacientes, para dar más celeridad a los mismos, y evitar contagios a los pacientes y el resto de profesionales. Por todo ello exigimos la inmediata llegada de los Test rápidos.

Por otra parte, no hay que olvidar la urgente necesidad de llevar a cabo las contrataciones precisas para cubrir el déficit de personal a la que se ve sometido este centro dada la necesidad de personal para hacer frente a esta crisis.

Por todo ello, la Junta de Personal del Hospital Virgen de La Victoria dada esta situación está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales.

El artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, recoge que “los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio”. Asimismo, en el artículo 21, se establece la obligación del empresario de adoptar las medidas necesarias y dar las instrucciones correspondientes para garantizar la protección de los trabajadores ante riesgos graves inminentes.
Con más de 47 profesionales contagiados y 175 aislados -y sin conocer el verdadero alcance de los contagios-, el riesgo grave inminente que corren diariamente los profesionales es incuestionable. Por ello exigimos a la Administración del Área de Salud que ponga a disposición de los trabajadores mascarillas tipo FFP2, FFP3, batas impermeables adecuadas…, ya que ahora tienen que trabajar con material de protección que ellos mismos se fabrican con bolsas de basura, gafas de buceo, de esquí…
“La responsabilidad y la vocación de servicio público de los profesionales está permitiendo que, a pesar del riesgo que corren diariamente, continúen realizando su trabajo con todas las garantías para los pacientes. Esta profesionalidad del personal sanitario permitirá salir de esta crisis lo antes posible. La falta de material y de medidas de protección afecta directamente a la asistencia en forma de retrasos y dificultades en ocasiones extremas para llevar a cabo una correcta atención. Por ello exigimos al IBSALUT que adopte medidas urgentes y efectivas para acabar con el riesgo físico y psicológico al que se están enfrentando los profesionales diariamente”, explica Alejandro Juan Alonso, secretario de Acción Sindical de SAE en Baleares.
 

La falta de estos equipos para enfrentarse al Covid-19 está poniendo en riesgo la salud de los profesionales sanitarios y de aquellas personas con las que tienen contacto, por ello exigimos que se distribuyan con urgencia equipos suficientes y adecuados: las mascarillas deben ser FFP2 y no mascarillas quirúrgicas como se están repartiendo; además, y a pesar de que el fabricante especifica que son para un solo uso, se está obligando a los profesionales a desinfectarlas para reutilizarlas, pero la desinfección se realiza sin contar con la preceptiva evaluación de riesgos firmada por un técnico competente que garantice el resultado. 
“A este hecho, hay que sumar la falta de formación e información que tienen los profesionales sobre cómo utilizar las medidas de protección adecuadamente: mascarillas, guantes, protección ocular, facial, batas impermeables…lo que les está generando mucha inseguridad y estrés. Por ello, desde SAE hemos presentado estas denuncias con el objetivo de que se empiecen a tomar medidas urgentes y eficaces para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios. Es inhumano, indecente e insultante poner en juego la vida de quienes están en primera fila velando la salud de todos los ciudadanos. No vamos a seguir consintiendo que los profesionales sanitarios de hospitales y residencias continúen acudiendo a sus puestos de trabajo sin las mínimas medidas de protección”, explica Alejandro Juan Alonso, secretario de Acción Sindical de SAE en Baleares.
 

            Y alguien es el responsable de esta situación, de esta falta de previsión y del riesgo al que se está exponiendo a los profesionales sanitarios españoles y que para el Sindicato de Técnicos de Enfermería puede revestir carácter delictivo. Por ello ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado

            Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Sanidad son claras en orden a la necesidad de que ha de proveerse a los profesionales sanitarios de todo un conjunto de medidas y elementos necesarios para que puedan realizar su trabajo en condiciones mínimas de seguridad y no verse así contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que los mismos sufren, y evitar la propagación de la enfermedad.  

            Sin embargo, conforme han aumentado el número de casos, la falta de equipos de protección individual se ha convertido en un grave problema en la mayor parte de los centros, lo que refleja una notable falta de previsión por parte de las autoridades sanitarias.

            Se están dando casos en los que  el acceso y uso  de estos equipos están siendo restringido y se suministra por debajo de las necesidades llegando incluso a amenazar a los profesionales con aperturas de expedientes disciplinarios por la utilización de los Equipos de Protección Individual para prevenir el contagio.

            En esta dinámica de radical vulneración de los derechos laborales básicos se ha llegado al extremo de reformar los protocolos de algunos centros sanitarios discriminando incluso a los trabajadores en función de su categoría profesional en la asignación de los EPIs.

De todas las actuaciones que están llevando a cabo parece deducirse indicios de un delito  contra la seguridad en el trabajo según de los artículos 316 y 317 del Código Penal.

            Asimismo, el Sindicato de Técnicos de Enfermería insta a que se disponga la incoación de diligencias que permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados y una vez se constante su realidad y su previsible dimensión penal  se plantee ante el órgano judicial competente.

            En cuanto a la admisión de la presente denuncia si se trata de hechos presuntamente delictivos la legislación procesal impone al ministerio público el deber de investigar o trasladar noticia de los hechos al órgano judicial competente.