Concluye igualmente que “que no puede imponerse al personal auxiliar, la limpieza de equipos utilizados por terceros, más bien en aras de la mejor salud de todos es conveniente que cada uno limpie el suyo, evitando así la manipulación de otras personas con el consiguiente riesgo de contagio”

                No es esta la primera sentencia que gana el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE)  en relación con esta situación en las que se pretendía que fueran los TCE quienes asumieran la limpieza de estos Equipos de Protección Individual que, además de no ser ésta una función del colectivo, incumple la normativa de riesgos laborales, pues cada profesional debe responsabilizarse del material de protección que se le facilita.

                La polémica en torno a la desinfección y limpieza de los equipos de protección individual ha sido una constante en muchos centros sanitarios, lo que ha obligado al Sindicato de Técnicos de Enfermería a interponer denuncias ante las Inspecciones Provinciales de Trabajo para hacer valer la legalidad en materia de prevención de riesgos y el derecho a que se respeten las condiciones de trabajo de los técnicos en cuidados de enfermería, principales afectados por esta polémica.

                Así están empezando ya a hacerse públicas sentencias como la señalada o instrucciones en las Consejerías de Sanidad, que aclaran, tajantemente que “cada profesional debe encargarse del mantenimiento, incluida la limpieza de los EPIS que se le han suministrado de manera individual”.

La existencia de una situación inédita como es la pandemia de la Covid-19 no es argumento suficiente para incumplir la normativa existente en cuanto a la prevención de riesgos laborales ni justifica que la Administración no proceda al cumplimiento de sus obligaciones legales.

La integración de las agencias sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud es necesaria, pero la creación de un macroárea que aglutine al Hospital Infanta Margarita de Cabra, los hospitales de Montilla y Puente Genil y el futuro hospital de Lucena, vulneraría la legislación vigente al superar la población estimada para un área sanitaria, que se sitúa en 250.000 habitantes, y supondría una merma en la calidad asistencial.

“Un incremento en los tiempos de espera para ser atendidos, la obligación de desplazarse a otras comarcas o falta de profesionales serían solo tres ejemplos de esta pérdida de calidad. Por ello nos sumamos a la reivindicación por la que se exige la división del Área Sur de Córdoba en dos zonas sanitarias: la Campiña Cordobesa –Puente Genil y Montilla- y Complejo Sanitario Infanta Margarita de Cabra junto al CHARE de Lucena. Esta es la solución para mantener una asistencia acorde a las necesidades del usuario, sin que éste vea perjudicada su atención”, explica Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba.

Atender a los pacientes Covid y continuar con la actividad asistencial normal se hace imposible cuando ni los medios humanos ni materiales son suficientes para garantizar los cuidados asistenciales. Ahora mismo, las plantillas están trabajando en servicios mínimos, como cuando hay huelga o festivos, y los ingresos de pacientes covid-19 además vienen con otro tipo de patologías o son dependientes para autocuidados mínimos, lo que incrementa el trabajo y hace inviable llegar a todo el mundo en las condiciones que serían deseadas.

Asimismo, la inexistencia de máquina expendedora de uniformes obliga a los profesionales a estar toda la jornada laboral con el mismo aunque hayan estado trabajando parte del tiempo con los equipos de protección puestos. Esta situación pone en riesgo su salud física y mental, pues tener que atender a los pacientes con un uniforme sudado y sucio genera en los profesionales importantes episodios de tensión que derivan en picos de estrés, ansiedad y mareos.

“Es intolerable que no se incrementen las plantillas y se esté poniendo en riesgo la integridad física y mental de los profesionales, que han demostrado su compromiso con el paciente desde el primer día de la pandemia. Un ejemplo que deberían seguir los gestores del hospital, que, una vez más, priman el ahorro económico por encima de la salud de los profesionales y pacientes. Es inadmisible y SAE seguirá luchando para que las condiciones de trabajo sean dignas y garanticen la calidad asistencial”, explica Juan Antonio Moreno Torres, secretario provincial del Sindicato de Técnicos de Enfermería en SAE Córdoba
 

     En la actualidad hay en la Unidad de Cardiología 7 TCE en situación de Incapacidad Permanente y 3 disfrutando de sus permisos vacaciones y 4 más en las consultas de oncología.  Ninguna de ellas ha sido sustituida con nuevas contrataciones por lo que se cubre sus puestos movilizando a compañeras de otras unidades, lo que supone que en unas u otras unidades hay puestos sin cubrir.

“Para parchear esta situación, porque en absoluto es una solución, se están denegando los permisos y licencias de los TCE ante la falta de contrataciones en el Complejo y se supone que estos días quedarán pendientes para su disfrute en el año 2022. Ante esta nefasta política de contrataciones, no parece arriesgado aventurar un año 2022 catastrófico para los TCE” manifiesta al respecto Juan Antonio Moreno Torres, secretario provincial del Sindicato de Técnicos de Enfermería en SAE Córdoba

Mientras tanto, representantes de los Técnicos en Cuidados de Enfermería se reunían con todos los partidos políticos para recabar el apoyo de todos ellos e impulsar las estrategias pertinentes para que estas reivindicaciones sean una realidad lo más pronto posible.

          La secretaria general de SAE, Dolores Martínez, que ha participado, tanto en las reuniones  como en la concentración a la salida de estas, ha insistido en que “es fundamental dar cumplimiento a lo aprobado en el Parlamento Andaluz”.

       Además de una PNL aprobada por las Cortes Generales en 2018, existe por un lado, la moción impulsada por el Sindicato de Técnicos de Enfemrería y la Plataforma Unidad por el C1 y aprobada en junio de 2020 por la que “el Parlamento de Andalucía instaba al Consejo de Gobierno al reconocimiento y desarrollo de los derechos de la categoría de Técnicos en Cuidados de Enfermería” y, por otro y anteriormente, en junio de 2019 se aprobó una Proposición No de Ley relativa a actualización de funciones y reconocimiento de la clasificación en el C1 a los Técnicos de Grado Medio de la Formación Profesional en el Servicio Andaluz de Salud como en las Agencias Empresariales Sanitarias.  En esa ocasión, el Parlamento de Andalucía instó al Consejo de Gobierno a que se trasladara al Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud los siguientes puntos: actualización de las funciones de 1973, el incremento en el grado de su formación profesional al nivel 3  y desarrollar mediante orden ministerial que a los Técnicos de Grado Medio  en todas sus especialidades se les reconociera la categoría de C1.

                “Y sin embargo, los TCE seguimos estancados en la misma situación, con unas funciones absolutamente desfasadas de la realidad social y sanitaria actual, en un grupo que no nos corresponde y con una titulación en un grado inferior a nuestras capacidades y competencias”, manifiesta la secretaria general de SAE que considera que no se cumplen estas reivindicaciones por falta de voluntad política pero que los profesionales “estamos al límite de nuestra capacidad de aguante por la falta de voluntad en aplicar lo que por Ley nos corresponde”.