Esta instrucción, que prorroga el plan para reducir las listas de espera, se aprueba al no haberse alcanzado el objetivo previsto, pero el texto recoge una actualización del complemento de productividad que continúa manteniendo a los TCE en una situación de discriminación retributiva. Así, tanto por consultas externas como por pruebas radiológicas siguen percibiendo un 18% de la cuantía marcada para los facultativos, y de un 20% en el caso de las intervenciones quirúrgicas. De esta manera, si un facultativo percibe 22 euros brutos por una primera visita en consulta que no exceda los 15 minutos, un TCE recibirá 3,96 euros brutos; en el caso de las cirugías, si el facultativo percibe 61 euros brutos, el TCE se quedará en 13. 
                    Estas cuantías infravaloran el trabajo de los profesionales TCE, y rozan la ilegalidad, pues según el Estatuto de los Trabajadores las horas extraordinarias deben retribuirse con un valor que no puede ser inferior a la hora ordinaria y, desde luego, 3,96 euros brutos es una cantidad ridícula que denigra el trabajo del colectivo.
       “Por ello, desde USAE exigimos a la Administración un mayor reconocimiento a los trabajadores que están comprometidos con este objetivo sanitario, que redundará en un mejor funcionamiento del sistema y reivindicamos a las gerencias territoriales una gestión adecuada, pues son ellas las responsables de detallar la actividad extraordinaria necesaria para reducir las listas de espera y de regular el programa especial de productividad ligado a este objetivo, incluyendo las retribuciones de los profesionales que se impliquen y participen en el mismo. La negociación de estas cuantías es nefasta y dice mucho de su capacidad para gestionar los sistemas sanitarios, por lo que esperamos que se lleve a Mesa de Negociación para que las organizaciones sindicales aporten las alegaciones pertinentes”, explica Alejandro Juan Alonso, responsable de acción sindical de USAE en Baleares.

      De esta manera, los profesionales afectados percibirán en la nómina de febrero los retrasos acumulados por este concepto en 2025, que suponen el 33,33% de la subida acordada, y, con la nómina de marzo, se empezará a cobrar de forma regular la subida de 2026, con la incorporación del 73,33% del total de la cantidad pactada para este año, y, además, se abonarán los atrasos de enero y febrero de 2026. Finalmente, en enero de 2027 se completará el pago del acuerdo, alcanzando el 100% de la subida salarial.
      Además, la empresa ha comunicado dos adelantos de pagos que se van a realizar antes de lo previsto. Así, hoy, 6 de febrero, se abona el 35% correspondiente a la sentencia del TSJIB sobre cantidades no aplicadas en años anteriores, y durante la tercera semana de febrero, se abonarán los atrasos del 2,5% correspondientes a 2025, que inicialmente estaban previstos para más adelante.
      El Comité Intercentros valora positivamente que, por fin, se concreten fechas y cantidades, y que se adelanten pagos que estaban previstos para más adelante, ya que esto supone un alivio económico para la plantilla. 
      “Desde USAE queremos agradecer que en la reunión se haya puesto un calendario encima de la mesa, y al mismo tiempo recordamos que es fundamental que no haya más retrasos y que lo acordado se cumpla en las nóminas tal y como se ha anunciado. Respaldamos la posición del Comité Intercentros y mantendremos una actitud de seguimiento para que los trabajadores y trabajadoras vean reflejado en su nómina lo que se ha pactado, que es el objetivo final de todo este proceso”, explica Isabel García, vocal del Comité Intercentros de la Fundación y presidenta del Comité de Son Güells.

     El acuerdo ya existe, está firmado y fue posible gracias a la movilización de los trabajadores, que durante semanas sostuvieron una huelga ejemplar para lograr una reivindicación histórica: la equiparación salarial dentro del sistema público de atención a la dependencia. Sin embargo, su aplicación continúa bloqueada por trámites administrativos. Así, según la documentación oficial remitida por la propia Administración, el expediente se encuentra actualmente en tramitación en la Dirección General de Función Pública y Presupuestos, lo que está provocando esta demora, que, desde USAE no vamos a consentir que se prolongue en el tiempo. 
     Los trabajadores han cumplido con su parte. Han demostrado responsabilidad, compromiso y una enorme capacidad de sacrificio. Ahora es la Administración quien debe estar a la altura, agilizar los procedimientos y garantizar que lo acordado se materialice sin más excusas, especialmente los puntos relativos al abono de las cantidades comprometidas.
     “USAE seguirá defendiendo los derechos de la plantilla con firmeza, manteniendo una actitud constructiva, pero sin renunciar a exigir el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos. Si no se produce una respuesta clara en los próximos días, se valorarán las acciones necesarias para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación”, explica Isabel García, presidenta del Comité Intercentros de la Fundación.

Ante esta situación los sindicatos de la Mesa Sectorial (SIMEBAL, SATSE, UGT, USAE, CCOO Y CSIF)  han instado  al IB-SALUT a solucionar de inmediato esta situación en la forma que mejor considere ya sea cambiando de empresa o bien obligando a la actual para que en un plazo corto y determinado ponga fin a esta lamentable situación  e implemente las debidas mejoras en los procesos asociados al programa SAP y se consiga el objetivo de éste que no es otro que tener una gestión de los recursos humanos eficaz.
En caso contrario, pueden llegar a peligrar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que son los pilares del empleo público.
Los sindicatos son muy pesimistas en cuanto al futuro más inmediato porque si las bolsas no se actualizan y las gerencias se ven obligadas a otras fórmulas de contratación estos contratos pueden no tener la debida seguridad jurídica y muy probablemente se abra la puerta a diferentes procesos judiciales.
 

Una vez más, la Administración Pública demuestra que para ella existen diferentes clases de trabajadores y que no todos tienen el mismo derecho a ver mejorado su trabajo; pero también de ciudadanos, pues no todos cuentan con las mismas herramientas para acceder a una sanidad de calidad. Mallorca mueve un número más elevado de Transporte no Urgente que el resto de las islas, pero éstas también cuentan con profesionales que precisan de este tipo de carnet para poder conducir las ambulancias que se han adquirido recientemente. Por ello, aunque la subvención sea menor, IBSALUT sí debería haber destinado un porcentaje para Menorca e Ibiza, pues, de esta manera, ambas islas quedan de nuevo relegadas a expensas de que haya presupuesto, mientras Mallorca se ha recibido el 100% de esta partida.

“Esta decisión obliga a Menorca e Ibiza a continuar ofreciendo el servicio de traslado de los pacientes en unos vehículos nuevos, pero con una evidente merma en las mejoras para aligerar el peso. Mientras que Mallorca podrá disponer de todas estas mejoras en un plazo mucho menor ya que sus trabajadores optarán a la formación teórica y practica del carnet C subvencionada por el IBSALUT. Entendemos que debe haber una equidad en el reparto de este presupuesto, dotando a cada isla de la cantidad que precise para que la calidad sanitaria que reciben los usuarios y las condiciones laborales de los profesionales sean iguales, lejos del agravio comparativo que supone esta última decisión de IBSALUT”, explica Marina Sánchez Haro. delegada de USAE en Menorca.