Esta agresión ni es la primera ni será la última, pues ni los recursos ni el número de profesionales son los adecuados, por ello desde USAE exigimos un incremento de profesionales, la formación de los mismos para dotarles de herramientas que les permitan contener a pacientes violentos y la implantación de un protocolo que garantice su seguridad.

“Si bien es verdad que estos episodios son fruto del temperamento de los usuarios, desde USAE queremos recordar a la Consejería la necesidad de poner en marcha todas las medidas necesarias para contener las agresiones que, en los meses de verano, se multiplican. Desde USAE vamos a seguir luchando para que los profesionales sanitarios puedan desempeñar su trabajo con total seguridad, pero para conseguirlo es necesario que todos los agentes implicados tomen conciencia de la gravedad de este tipo de actos violentos y actúen en consecuencia, dotando a los servicios de los recursos humanos y materiales adecuados”, explica el responsable de USAE en el Comité de Empresa de GSAIB Ibiza-Formentera, José Manuel Maroto.

El maltrato verbal al que esta supervisora somete diariamente a los profesionales que están a su cargo ha resultado incluso llamativo para los pacientes, quienes han escrito una carta a la Dirección del centro señalando esta actitud denigrante. 
Pero el trato del director de enfermería de Juaneda Miramar, perteneciente a  Juaneda Hospitals, no es mucho mejor, habiendo calificado de “comité de mierda” al Comité de Empresa de la Clínica por pedir la dimisión de la coordinadora, y vejando así a todos los miembros del mismo e infravalorando la labor en defensa de los derechos de los profesionales que este organismo realiza.
“Las investigaciones llevadas a cabo por el presidente y secretario del Comité de Empresa han terminado por parte de la Dirección en una amonestación a ambos y las quejas manifestadas por las profesionales TCE han propiciado el despido de una de estas trabajadoras. Es evidente que las actuaciones de la coordinadora y del director de enfermería son altamente cuestionables y rozan procedimientos más propios de la mafia que de los derechos laborales. Por ello, desde USAE vamos a emprender todas las actuaciones que consideremos necesarias para forzar su dimisión. Si no saben gestionar su carácter para que el trabajo sea adecuado, no deberían estar al mando de un equipo de profesionales, actualmente sometidos a su actitud totalitaria”, explica Alejandro Juan Alonso, responsable de USAE.
 
 

Con la congelación de este plus, al que los profesionales sanitarios tienen derecho por el acuerdo firmado en Mesa Sectorial, ratificado por Consejo de Gobierno y publicado en BOIB con fecha 2 de abril de 2016, la Consellería de Salut se está ahorrando, solo en el caso de los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE),  cerca de  tres millones de euros anuales desde 2018. 
El reconocimiento de la Carrera Profesional al personal interino está bloqueado desde 2018, sin embargo, los trabajadores sanitarios no pueden dejar de cumplir con los requisitos anuales estipulados para poder cobrarla cuando la Consellería descongele el proceso, pues, entre estos requisitos se encuentra la actualización de la formación, que permite avanzar y mejorar los conocimientos para garantizar una atención de calidad al usuario de acuerdo a nuevos procesos, protocolos y tratamientos. Esta formación es costeada por los profesionales, lo que, al no estar cobrando la Carrera Profesional para cubrirla, supone una pérdida de su poder adquisitivo.  
Esta situación viene generada por la decisión que en su día adoptó el Govern Balear de incumplir las sentencias europeas que establecían el derecho del personal interino a percibir las mismas condiciones económicas que el personal fijo. En el caso de la Carrera Profesional, el Govern prefirió que los procesos se judicializasen y dilatar así en el tiempo el pago, acumulando un coste que ya supera los cuatro años y que afecta a un elevado número de trabajadores sanitarios. Según la propia Consellera de Salut, Patricia Gómez, solo pagar a los interinos supondría un desembolso de 40 millones de euros anuales. 
Una justificación que deja en evidencia el ahorro económico que le ha supuesto a la Consellería incumplir los acuerdos alcanzados en Mesa Sectorial y el gran problema de temporalidad que existe en las islas y que es sinónimo de una precariedad laboral propiciada por la inacción de la Consellería a la hora de  convocar Ofertas Públicas de Empleo. 
“Es inadmisible que desde la Consellería continúen vendiendo la sanidad balear como un modelo a seguir, tal y como ocurrió en el reciente desayuno de Europa Press en el que participó Patricia Gómez, cuando existen altos niveles de temporalidad, los profesionales no cobran los complementos de Carrera Profesional estipulados por acuerdo y el agotamiento es evidente ante la falta de recursos humanos. En lugar de vender castillos en el aire, invitamos a la Consellera de Salut a cumplir los acuerdos firmados y empezar a trabajar por sus profesionales y su reconocimiento en todos los sentidos si de verdad quiere convertir la sanidad balear en un ejemplo para el resto de comunidades”, explica Daniel Torres, responsable de USAE en Baleares.
 

Desde SAE remitimos el pasado mes de mayo una carta pidiendo al Ayuntamiento de Santa María del Cami, responsable de la  Residencia Cas Metge Rey, y a su director, respuesta ante algunas situaciones que profesionales y residentes están sufriendo en el centro para poder contrastar dicha información.
Sin haber obtenido respuesta por parte del consistorio, pero sí varias llamadas de atención a los trabajadores por parte del director de la residencia, queremos denunciar públicamente las irregularidades que profesionales y residentes continúan padeciendo diariamente, según nos han notificado.
El incumplimiento de algunos aspectos del convenio colectivo y, por lo tanto, de los derechos laborales de los trabajadores, la exigencia de que realicen horas extras por falta de personal, o la omisión de la normativa estatal de Prevención de Riesgos Laborales al continuar manteniendo camas bajas sin ruedas que dificultan el trabajo, son solo algunas de las cuestiones sobre las que desde SAE pedimos explicaciones y que, por supuesto, tienen consecuencias en la atención a los pacientes y familiares.
En este sentido, según la información recibida por los trabajadores, el sistema organizativo ocasiona que no haya personal autorizado durante algunas de las horas de visita para informar a los familiares sobre la situación de los residentes. Asimismo, no existe, o al menos los trabajadores lo desconocen, ningún protocolo para actuar ante un episodio de agresividad por parte de un residente y durante los turnos de tarde y noche no hay ningún responsable de la administración de medicamentos orales.
Desde SAE esperamos una respuesta cuanto antes por parte del Ayuntamiento de Santa María del Cami y de la dirección de la residencia.

En la zona de Covid-19 hay 14 pacientes, de los cuales 7 están pendientes de subir a planta, algunos de ellos llevan más de 24 horas esperando.
El problema está en la falta de espacio en urgencias y en el número de camas cerradas en el hospital que se eleva a 40. Además, la actividad de los quirófanos es continua, lo que hace que las camas estén ocupadas por pacientes operados y, solo al final del día, cuando se valora el número de camas libres, se sube a pacientes de urgencias que precisan ingreso.
“Actualmente en la UCI solo hay 4 camas, de las 45 del servicio, disponibles por si hubiera alguna urgencia. Estas cifras son inadmisibles y más cuando desde SAE no dejamos de denunciar la situación a la Dirección Gerencia del hospital sin que aún se hayan adoptado medidas para mejorar la presión asistencial que existe desde hace semanas en el centro hospitalario. Usuarios hacinados no es sinónimo de calidad asistencial y tener a los profesionales saturados y sometidos a niveles de estrés extremos está muy lejos de garantizar su salud física y mental, que es responsabilidad de la empresa. Es inadmisible que se esté jugando así con la salud de los trabajadores y los usuarios, por ello, desde SAE exigimos el incremento de plantillas, tanto de TCE como del resto de colectivos, y que, de una vez prime la salud y el interés común de los ciudadanos por encima del ahorro económico”, explican los delegados de SAE en Son Espases.