El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha aprobado la convocatoria de plazas para la estabilización de la plantilla sanitaria dentro de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad.

Se trata de una Oferta de Empleo Pública “histórica” tanto por el número de plazas como por el número de categorías a las que afecta, un total de 65.

Se realizará un proceso Concurso–Oposición de 450 plazas para Técnico en Cuidados de Enfermería, siendo un total de 490 (incluidas todas las categorías de Técnicos). 

Posteriormente se establecerá, según marca la ley 20/2021, las  plazas que  se obtendrán por méritos a quienes cumplan 5 años trabajados ininterrumpidamente con anterioridad a 1 de enero de 2016. 

Con esta resolución el Sescam cumple los plazos marcados por la legislación, los cuales establecen que la convocatoria de plazas de estabilización debe de ser publicada antes del 1 de junio del 2022

- Técnico en Cuidados de Enfermería: 450 plazas.
- Técnico en Anatomía Patológica: 8 plazas. 
- Técnico en Laboratorio: 10 plazas. 
- Técnico en Medicina Nuclear: 4 plazas. 
- Técnico en Radioterapia: 8 plazas. 
- Técnico en Radiodiagnóstico: 10 plazas. 

            La eurodiputada popular ha reiterado su compromiso con esta petición, manifestando que será tramitada y que se impulsará reconociendo, asimismo que la petición de SAE es de justicia.

            Recientemente, la Presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, notificó al Sindicato de Técnicos de Enfermería que había admitido tanto su petición como la solicitud al parlamento europeo para que obligue a la Administración española a la correcta clasificación de los profesionales indicados dentro del grupo que les corresponde. Asimismo, la Comisión de Peticiones confirmó, por un lado, que se declaraba esta petición admisible ya que el asunto planteado entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea y, por otro lado,  que se ha solicitado a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto.

            La secretaria general de SAE, M.ª Dolores Martínez ha manifestado su satisfacción al respecto aunque lamenta “tener que llegar a instancias europeas cuando es una cuestión que debería estar solucionada desde hace tiempo y que, por falta de voluntad o de valentía política, no se soluciona. Confiamos en que los parlamentarios europeos tengan el sentido común o de la justicia más arraigo que la mayoría de los políticos españoles y se ponga fin de manera definitiva a esta lamentable situación”.

            Es indignante la manera de proceder en España donde la irresponsabilidad provoca que, entre la Administración central y las Comunidades Autonomías, se trasladen la competencia para no cumplir con la legalidad vigente. El caso más evidente es el de la Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Valenciana donde, a pesar de haber aprobado la ley que hace posible esta debida clasificación no se está llevando a cabo y, se mantiene a los profesionales indebidamente en grupos de clasificación profesionales que no les corresponde y se ven obligados a mantener constantes medidas de presión para exigir el cumplimiento de la ley.

            SAE ha denunciado en reiteradas ocasiones, la incorrecta clasificación de los Técnicos Sanitarios españoles, el personal estatutario técnico de enfermería catalogado como C2 y el personal estatutario técnico superior de formación profesional como C1 vulnerando lo dispuesto en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007.

En una ocasión, la Directora de Enfermería vetó la entrada a las delegadas sindicales de SAE, en otra, les permitió la entrada, pero les censuró sus intervenciones, impidiéndoles participar, y, finalmente, en la última, que ha tenido lugar recientemente, la presión ejercida por las responsables de SAE para que no les cerrara la puerta, permitió su entrada en la reunión, pero sin el consentimiento de la Directora. 
Es evidente que Ana Belén Pérez no conoce los artículos 9 y 10 de la  Ley Orgánica de Libertad Sindical 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, en los que se recogen los derechos de estos Órganos, destacando en esta ocasión el de tener conocimiento y ser oídos en cuestiones como el establecimiento de la jornada laboral, horario de trabajo y régimen de permisos, vacaciones y licencias de sus representados, que era el objeto de la última reunión.
Esta Ley se complementa con el capítulo IV –Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión- del Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), en el que se recoge que los empleados públicos tienen derechos a la representación, entendiéndose ésta como la  facultad de elegir representantes a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados, como es el caso.
“Una vez más, por tercera vez en este año, hemos sufrido la tiranía y el cinismo de la Directora de Enfermería del Área de Salud de Cáceres al negarnos acompañar a nuestros afiliados a la reunión, cuando ha sido los propios trabajadores quienes nos han requerido de manera formal, por escrito, ante registro, y verbalmente, para que les acompañáramos porque no se fían de la responsable sanitaria. Creemos que esta “ley mordaza” contra SAE es una falta de respeto hacia los trabajadores y sus representantes, por ello queremos denunciar públicamente la actitud insolente de Ana Belén Pérez”, explica María Victoria González, secretaria provincial de SAE en Cáceres.

SAE ha denunciado en reiteradas ocasiones la incorrecta clasificación de los Técnicos Sanitarios españoles: el personal estatutario técnico de enfermería está catalogado como C2, cuando debería estar en el C1, y el personal estatutario técnico superior de formación profesional está en el C1 cuando debería estar en el B, obviando lo dispuesto en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007. 
    Se vulneran de esta forma las normas relativas a la igualdad y la discriminación más elementales al mantener esta incorrecta clasificación, con la pérdida de poder adquisitivo que ello conlleva –en torno a 250 euros mensuales-. 
Pero, además, desde SAE llevamos años exigiendo la actualización de las funciones de los TCE, ya que aún están vigentes las de 1973, siendo evidente para todo el mundo que éstas ya están obsoletas y es urgente su actualización para adaptarlas al trabajo real que realizan en el s. XXI.
     “Actualmente, el Servicio Andaluz de Salud cuenta con cerca de 30.000 Técnicos Sanitarios de plantilla fija y unos 45.000-50.000 en plantilla eventual, sin embargo nunca se nos tiene en cuenta en las mejoras laborales firmadas, como ha pasado recientemente con el pacto de mejora de las condiciones laborales para los trabajadores del SAS, donde ni los sindicatos de Mesa Sectorial ni la Administración se han acordado de los Técnicos Sanitarios de la Formación Profesional. Desde SAE nos preguntamos por qué este ninguneo constante que es injusto y supone un agravio comparativo. Por ello hemos salido esta mañana a la calle a celebrar el Día de la Enfermería, nuestro día, reivindicando mayor reconocimiento y respeto por nuestra profesión de quienes gestionan la sanidad andaluza”, explica Cristóbal Arjona, secretario autonómico de SAE.
 

La Administración ningunea los derechos del colectivo sistemáticamente, siendo un ejemplo claro la negativa a aplicar la Ley de la Función Pública valenciana, que encuadra a los profesionales TCE, como Técnicos de Grado Medio, en el Grupo C1. Este derecho aún no se ha aplicado porque las administraciones estatal y autonómica se pasan la responsabilidad entre ellas, obviando, además, las sentencias judiciales que obligan a este encuadramiento y, mientras tanto, los TCE continúan encuadrados en el grupo C2, lo que supone, además de un perjuicio laboral, una pérdida de poder adquisitivo.
A esta dejadez, se suma la falta de interés en actualizar sus funciones, lo que hace que el colectivo aún se rija por las aprobadas en 1973, cuando es evidente que el trabajo en el ámbito sanitario ha cambiado en los últimos años. Es más, en el caso de la Comunidad Valenciana, los responsables sanitarios ni siquiera forman parte del grupo de trabajo creado en el Ministerio de Sanidad para avanzar en esta reivindicación, lo que demuestra su falta de interés y el desprecio hacia el colectivo, a quien, de esta manera, puede seguir asignando tareas que no le corresponden por su cualificación.
La evolución experimentada en los campos asistencial y formativo por los TCE no ha tenido un desarrollo paralelo en su reconocimiento, por ello desde SAE también se reivindica el correcto encuadramiento de su titulación en el nivel de la Formación Profesional que les corresponde, el nivel III (Grado Superior) y la creación del Coordinador de TCE, implantada ya en otras Comunidades Autónomas, con el objetivo de tener una figura pendiente de los problemas específicos del colectivo en los centros de trabajo. 
“La presencia de más de un centenar de TCE hoy en la calle muestra el hartazgo y cansancio que tenemos como colectivo ante el ninguneo constante, los desprecios hacia nuestro trabajo y la falta de reconocimiento de nuestra profesión. Hoy hemos salido a protestar y lo haremos las veces que sea necesario para exigir el cumplimiento de los derechos que tenemos reconocidos por Ley y reivindicar aquellas mejoras que consideremos necesarias para el avance de nuestra profesión”, explica Nieves Gómez, secretaria autonómica de SAE.