En el BOCYL de hoy, 27 de marzo, se ha publicado ACUERDO 14/2020, de 26 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara temporalmente de interés público el desarrollo de un segundo puesto de trabajo o actividad en  los ámbitos sanitario y sociosanitario en los centros, instituciones, servicios y establecimientos del sistema público de salud (SACYL) y de servicios sociales de la Comunidad de Castilla y León que venga justificado exclusivamente para hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID-19.

 Los empleados públicos que podrán solicitar la compatibilidad para los puestos o actividades son todos aquellos que se encuentran actualmente dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

El segundo puesto o actividad pública deberá ser autorizada expresamente previa solicitud del interesado y solo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial,  y con duración determinada.

La autorización no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos o actividades, se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.

Se autoriza la superación de los límites retributivos contemplados en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

 Los interesados deben enviar a la dirección de correo electrónico inspeccion.servicios@jcyl.es la solicitud de autorización de compatibilidad en el modelo normalizado Anexo I que se encuentra a disposición en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la siguiente dirección: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/ 1251181050732/Tramite/1234256367674/Tramite. A la solicitud se adjuntará el justificante que acredite el abono de la tasa que se menciona en el citado enlace web.

El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción y dejará de producirlos cuando la Junta de Castilla y León adopte un nuevo acuerdo a la vista de la evolución de la crisis del COVID-19.
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A esta escasez de recursos materiales se añade una importante falta de personal tanto en el Hospital de Burgos como en Diputación y Gerencias, agravando así el problema, pues ante esta crisis sanitaria es fundamental contar con todos los recursos humanos posibles, ya que la saturación de residencias y hospitales comienza a ser alarmante. 

“Por ello, una de nuestras exigencias es la realización de la prueba a los profesionales, ya que muchos están en sus casas en aislamiento y podrían estar en activo sin ningún riesgo si se les hiciera la prueba y dieran negativo. Además, los trabajadores sanitarios están expuestos al contagio exterior y pueden sentirse asintomáticos durante días y estar contagiando a los usuarios al no estar protegidos adecuadamente, por ello es urgente que se dote a todo el personal sanitario y de servicios sociales de mascarillas quirúrgicas y guantes. No puede entenderse esta desprotección irresponsable cuando en el momento actual lo primordial es garantizar la salud de quienes velan por la de los ciudadanos”, explica Berta González, Secretaria Provincial de SAE en Burgos.
 

Los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) de la Residencia Asistida de Valladolid (RASVA), tal y como ocurrió hace unos días en Soria, se plantaron ayer exigiendo a la Dirección del centro, que dependen de la Consejería de Familia, las mascarillas necesarias para poder realizar su trabajo con seguridad.
A pesar de que el centro cuenta con este material de protección, se lo estaba negando a los profesionales, hasta que ayer se plantaron y se negaron a continuar asistiendo a los usuarios, personas de alto riesgo, sino les facilitaban las medidas de protección adecuadas. 
Ante esta situación, los responsables del centro residencial facilitaron una mascarilla a cada profesional exigiéndoles que debían trabajar con ésta misma durante una semana, a lo que los TCE se volvieron a negar hasta que, finalmente, consiguieron que cada día se les dote con una mascarilla nueva. 
“Es altamente preocupante que los responsables sanitarios jueguen así con la seguridad de sus trabajadores, poniendo en riesgo tanto su salud como la de aquellos con los que conviven. La crisis sanitaria que está viviendo el país está sacando a la luz lo mejor y lo peor de cada uno y, desde luego, esta miserable actitud de los responsables de RASVA les retrata como gestores sanitarios. Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería esperamos que se tomen medidas sancionadoras necesarias al respecto cuando esta situación de crisis sanitaria finalice. Garantizar la salud de quienes velan por la de los ciudadanos debe ser primordial ahora mismo”, explica Ana María Tobal, Secretaria Autonómica de SAE en Castilla y León.
 

En los centros de Servicios Sociales, donde la mayoría de los pacientes son dependientes y de alto riesgo, las mascarillas están destinadas a los usuarios, quienes se las retiran continuamente porque les molestan, lo que expone a los profesionales TCE, que no están provistos de EPIS para poder protegerse.
En el caso de SACYL, la insuficiencia de material está provocando que los trabajadores se tengan que fabricar sus propias mascarillas con carpetas, pues las que les proporciona la Gerencia tienen orden de usarlas durante tres días, sin embargo el vaho que genera la respiración hace que en tres horas sean inservibles.
“Ni mascarillas, ni batas impermeables, ni gafas de protección…Las condiciones de inseguridad en las que los profesionales están realizando su trabajo son alarmantes. Por ello desde SAE exigimos a los gestores sanitarios que demuestren por qué están en sus cargos y pongan en marcha con urgencia todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus profesionales, pues no parece lógico que ante la alerta sanitaria que vive el país, no se garantice la salud de quienes velan por la de los ciudadanos, extendiendo así la cadena de contagio a familiares, mientras se adoptan otras medidas para contener la propagación”, explica Ana María Tobal, Secretaria Autonómica de SAE en Castilla y León.