Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) nos sumamos al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo con un cartel a través del cual queremos reivindicar la necesidad de cuidar a los profesionales sanitarios para garantizar su salud y seguridad en el trabajo, pues sólo así conseguiremos un sistema sanitario eficaz y con todas las garantías para el usuario.
La penosidad, toxicidad, peligrosidad e insalubridad son características propias del ámbito sanitario, por ello, además de cuidar al profesional a lo largo de su vida laboral, la Administración debe hacerlo al final de la misma y garantizar la jubilación  anticipada a los 60 años sin que ello suponga ninguna penalización, tal y como ya ocurre en otros sectores profesionales. 
El trabajo de los profesionales técnicos en los distintos ámbitos sanitarios y sociosanitarios conlleva posturas inadecuadas, ritmos excesivos de trabajo, estrés, movilización de pacientes/usuarios, movimientos repetitivos, empleo de productos químicos contaminantes y la presencia de altos niveles de ruido en algunos servicios. 
“Todas estas particularidades del trabajo asistencial, hacen que los profesionales técnicos, y en particular los Técnicos en Cuidados de Enfermería, tengan mayor predisposición a sufrir trastornos que limitan la movilidad y la destreza,  lo que nos obliga a acogernos a la jubilación anticipada a pesar de la reducción del poder adquisitivo que esto conlleva. Por ello desde SAE queremos aprovechar este día para exigir, una vez más, la reducción de la edad ordinaria de jubilación sin penalización para todos los profesionales técnicos”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.
 

   Trinidad Marín, secretaria provincial de SAE en Lugo manifiesta que “se escudan en las actas de las inspecciones de la Consejería de Política Social y de Sanidad y no tenemos ninguna duda de que lo que figura en las actas se ajusta a la realidad que observan. Pero entendemos que entre las atribuciones de ésta no se encuentra comprobar el día a día de un centro de trabajo: de los cambios de turno, de la obligación de solicitar vacaciones sin que se hubiera fijado un calendario anual, de las amenazas de despido…”

            Otro pretexto está basado en la observación del personal ajeno al centro y de las visitas. Pero es evidente que los hijos no ven la hora a la que están desayunando sus padres y que, aunque estos aunque tengan  buena capacidad cognitiva,  tampoco son conscientes de las situaciones que están viviendo los profesionales que les atienden. Entre otras cosas, por eso, porque son profesionales y a pesar de todo prestan la mejor de las atenciones posibles para que sientan seguros en el que es su hogar.

            No es responsabilidad de los residentes que el centro funcione adecuadamente, lo es de la Diputación de Lugo y de la empresa que gestiona sus servicios.

       El Sindicato de Técnicos de Enfermería ha denunciado, nuevamente, ante la Inspección de Trabajo las condiciones en las que los trabajadores de la citada residencia llevaban a cabo sus funciones y que suponen, en muchas ocasiones, un déficit de la atención a los residentes.

           El cambio en la gestión no ha mejorado ni las condiciones laborales de los profesionales ni, por supuesto, la calidad asistencial que reciben los residentes. Trinidad Marín, secretaria provincial de SAE en Lugo, denuncia que desde la Diputación se quiere ofrece una imagen irreal de la residencia y para ello impiden, con amenazas de despido, que  las gerocultoras puedan hacer ningún tipo de reclamación ni reclamen sus derechos laborales.            

            “No en balde el motivo esgrimido para el último despido de una compañera ha sido la falta de consideración y menosprecio a sus compañeros que estos han negado y desmentido, lo que demuestra que este despido tiene otra motivación, válido solo para la empresa”, manifiesta Trinidad Marín.

            Son muchos los problemas laborales que los trabajadores de esta residencia han denunciado en los últimos años dado que no se cumple con el Convenio de las Residencias de la Tercera Edad de Galicia y se generan múltiples situaciones conflictivas ya que, por citar un ejemplo, no siguen un calendario anual de turnos de trabajo, se van comunicando las jornadas laborales de manera improvisada y no se respetan los descansos establecidos entre jornada y jornada.

            Además, el cálculo de exceso de jornada no es correcto y la empresa no ha aclarado cómo ejercer su derecho al  disfrute de los días de libre disposición pero sí les ha obligado a solicitar vacaciones sin que se hubiera fijado el calendario anual.

            A los problemas estrictamente relacionados con las condiciones laborales hay que añadir las condiciones de trabajo y éstas afectan directamente a los usuarios de la residencia que, indudablemente, ven mermada la calidad asistencial que reciben. No puede ser buena cuando se reduce el personal, gerocultoras, de limpieza hasta el extremo de que haya una sola limpiadora durante varios días para todo el centro, lo que implica falta de limpieza en baños comunes, en el comedor…          

            Durante el turno de noche solo hay una gerocultora para 29 residentes lo que es una enorme sobrecarga de trabajo y un riesgo tanto para el trabajador como para los residentes que ante esta falta de personal terminan de desayunar y tomar medicaciones a media mañana.

            La secretaria provincial de SAE considera que la situación de esta residencia es insostenible y requiere mucho más que un cambio de titularidad en la gestión tanto para que el servicio asistencial que se presta en ella sea el adecuado como para que se respeten  las condiciones laborales y derechos de los trabajadores.

            “Entendíamos que quisieran contrastar los datos con los que ellos tienen, por más veraces que estos sean. Lo que no podemos entender ni justificar de ninguna manera es el nulo interés que ha mostrado por los datos entregados, por la situación del colectivo y en consecuencia, por los propios usuarios”, manifiestan indignadas María Jesús Doménech y Empar Torres responsables de FTPS (SAE. TCAE-ARAGON).

            “Además tras los datos numéricos que se han entregado se esconde una lamentable realidad: la discriminación que sufren los usuarios de los hospitales de Teruel y Calatayud, donde el déficit de Técnicos en Cuidados de Enfermería es alarmante. En este caso, las comparaciones han resultado ser odiosas y discriminatorias y se confirma tomando como referencia hospitales con similar número de camas”, explican las responsables de FTPS..

            Así, el Hospital Royo Villanova dispone de 254 camas y una plantilla de 217 TCE o el Hospital de Barbastro donde son 131 TCE para 172 camas. Sin embargo, en el Hospital Obispo Polanco las 215 camas son atendidas por 147 TCE y en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud son 91 TCE para atender a los pacientes de 122 camas.

            El estudio de los datos lleva a  FTPS (SAE-TCAE-ARAGON) a demandar  el aumento de plantilla de TCE, porque es la única manera de mantener la calidad asistencial a los pacientes, y a terminar con esta discriminación sanitaria para los usuarios de Teruel y Calatayud. No se ha manifestado ningún interés ni por los datos ni por la situación planteada y  en cambio hemos recibido comentarios despectivos hacia el colectivo por comportamientos individuales publicados en la redes sociales.

            “FTPS  no defiende la conducta de aquellos empleados que, de manera individual, difunden en sus redes sociales determinados comportamientos durante su horario laboral. Pero en ningún caso esto es excusa, ni  argumento para mofarse y ofender a todo un colectivo, sea el que sea”, manifiestan  Mª Jesús Doménech y Empar Torres.

            “Esta actuación es  indigna de un responsable de recursos humanos que conociendo los déficit de plantilla de profesionales que tiene más interés por las redes sociales que por lo que les puede pasar a los usuarios en los hospitales que dependen de él, finalizan las responsables de FTPS.

      Pese a la claridad del Decreto Ley 17/2020, de 16 de noviembre, de aprobación de medidas por el esfuerzo realizado por el personal del Sistema Valenciano de Salud y del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales durante el estado de alarma, se dejaba fuera a algunos trabajadores por lo que muchos de ellos acudieron a la asesoría jurídica del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) que interpuso, de manera individualizada, los recursos correspondientes, entendiendo que el reparto de los fondos asignado para este fin no era equitativo.

        Se han dictado ya varias sentencias favorables a estos recursos, en las que queda claro  que la actividad profesional desarrollada por los profesionales comporte una atención “de forma directa, efectiva y presencial en las labores de gestión o cuidados a las personas afectadas por la Covid-19 durante el período comprendido entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020” y reconoce, como situación jurídica individualizada, el abono de la totalidad de la paga establecida para su categoría profesional, más sus intereses. Además, contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

      Concepción García, secretaria provincial del Sindicato de Técnicos de Enfermería en Alicante,  reconoce su satisfacción por estas sentencias. “Durante los primeros meses, los profesionales asumieron muchos riesgos, mucha sobrecarga, con muy poco material de protección… El reparto debió establecer un criterio más justo y equitativo”, finaliza la secretaria provincial de SAE.