Los problemas mecánicos son una constante en las unidades; así, durante 2024 también se  vieron afectadas las de Traslado No Urgente, incrementando el número de servicios de cada unidad, lo que perjudicó la atención al paciente por el alto flujo de trabajo.
    Podemos señalar varios ejemplos que representan el mal estado de los vehículos: en el primer semestre de 2024, hubo que sustituir en una ocasión una unidad de SVB con material de medicalizada por una de Traslado No Urgente, durante al menos 20 horas, por orden del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al no disponer la empresa adjudicataria, UTE LANZAFUER ACCIONA ICOT, de unidad de sustitución; en noviembre de 2024, se averió la unidad de Soporte Vital Avanzado de Arrecife y se sustituyó con la de Soporte Vital Avanzado de Playa Blanca, quedando esta zona sin unidad durante 12 horas; el pasado 6 de enero, la unidad de Soporte Vital Avanzado de Arrecife tuvo que prescindir del Técnico Sanitario porque, por orden de la empresa y con aviso al SUC, tuvo que trasladarse a otra unidad; o los días 11, 12 y 13 de enero, Arrecife volvió a quedarse sin una unidad de SVB  hasta las 12 del mediodía por falta de coche de repuesto.    
    A pesar de que el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores recoge que el “Comité de Empresa tendrá derecho a ser informado y consultado sobre la situación y estructura del empleo en la empresa o en el centro de trabajo, así como a ser informado trimestralmente sobre la evolución probable del mismo, incluyendo consulta cuando prevean cambios al respecto”, la empresa adjudicataria no ha informado de dichas incidencias al Comité.           Asimismo, en el apartado 39 de la normativa o contrato con GSC se recoge que “por avería, falta de dotación o situación similar el adjudicatario deberá suplir la unidad con uno de características idénticas junto con su dotación en un tiempo máximo de una hora sin que ello justifique un defecto en la prestación del servicio a los usuarios del SCS”, sin embargo, la empresa no está cumpliendo con esta normativa.
    “Esta conducta de dejadez pone en riesgo a los ciudadanos, por lo que desde FTPS hemos reclamado en múltiples ocasiones a la empresda adjudicataria que cumpla con el servicio que debe ofrecer e, igualmente, instamos a la Administración a que actúe contra este incumplimiento. Esperamos que esta situación no se alargue más en el tiempo, pues poner en riesgo la salud y seguridad de profesionales y usuarios no debería ser una opción”, explican los responsables de FTPS en Lanzarote. 

Por ello, desde USAE continuamos exigiendo, a pesar de obtener solo la callada por respuesta, una valoración adecuada de los protocolos existentes para que se lleven a cabo los cambios necesarios, teniendo siempre en cuenta el derecho de los TES gallegos a desempeñar su trabajo con todas las garantías para su integridad física y mental. En este sentido, es fundamental la unificación de criterios, formación y actuación multidisciplinar con el resto de servicios con los que coincidimos -personal sanitario de diferentes unidades, policías, etc.-; el registro de aquellos espacios o pacientes con antecedentes de situaciones violentas para poder prever un riesgo mayor del habitual; la presencia de las Fuerzas y Cuerpos del Estado-FOP para acompañarnos en esos ambientes hostiles y minimizar el riesgo ante situaciones en las que los TES no tenemos ni autoridad ni herramientas para enfrentarnos; y el seguimiento por parte de la mutua de trabajo de las agresiones, verbales o físicas, sufridas, así como un apoyo psicológico a la víctima. 
Entre estos ambientes más hostiles, de los que ya hemos alertado en múltiples ocasiones al 061, se encuentran las zonas de ocio nocturno, domicilios de personas conflictivas con antecedentes por intento de agresión a sanitarios y/o policía, o pacientes con comportamientos inestables, entre otros.
Sin embargo, los escenarios valorados por el 061 a través de las Instrucciones Técnicas-IT, cuyo funcionamiento no difiere en nada a un Protocolo de Actuación, no describen las circunstancias reales a las que nos enfrentamos la mayoría de las veces. Además, la norma nos obliga a informar a la Central de Coordinación de Urgencias Sanitarias-CCUS 061 de cualquier cambio que se produzca en los avisos por los que hemos sido activados, lo que es totalmente imposible, ya que hacer frente a un momento delicado requiere de toda nuestra atención para adoptar las decisiones más adecuadas a la situación, manteniendo siempre el objetivo prioritario de garantizar nuestra seguridad y la del paciente. En este sentido, otro problema al que tenemos que buscar solución es alinear los protocolos de todas las entidades con las que trabajamos para poder actuar en una misma dirección.
 “El 061 ha rechazado sistemáticamente nuestras propuestas y ante esta desprotección nos preguntamos ¿quién será el siguiente en sufrir una agresión?, pues los TES, incuestionablemente, estamos en primera línea de actuación y seguimos cumpliendo con nuestro trabajo con el miedo de que cualquiera y en cualquier momento podamos ser víctimas de una situación parecida a la sufrida en el HUAC hace unos días. No hay que olvidar que las cuestiones que afectan a la seguridad del personal sanitario repercuten directamente en la seguridad y calidad asistencial del paciente y, desde luego, trabajar con temor no es sano, ni para el TES ni para los ciudadanos a quienes debe dar servicio”, explica José Luis Fuego, responsable de USAE en A Coruña.

    En la reunión mantenida ayer con el PSC, éste mostró su falta de voluntad para cumplir el pacto que puso fin a la huelga hace un año, a pesar de la moción presentada por ERC, que se aprobó el pasado mes de diciembre en el Parlament de Catalunya, por la que se insta a este partido y a la Consellería de Salut al cumplimiento íntegro del acuerdo.
    El menosprecio, tanto a nivel profesional como económico, a los Técnicos que trabajan en el ICS es un insulto, por lo que no descartamos volver a paralizar hospitales y centros de Atención Primaria, afectando a servicios como, por ejemplo, laboratorios, quirófanos o esterilización, si los responsables sanitarios no aplican de inmediato las medidas acordadas, que pasan por la implementación de mejoras económicas, como el complemento de homologación –ya acordado para el colectivo de enfermeras-, cuyo reconocimiento llevamos esperando desde 2007; la aplicación de un complemento específico en atención primaria que iguale al de los hospitales, ya que el TCE cada vez asume una mayor carga asistencial; el pago del complemento domiciliario en atención primaria, que ya se abona al resto de categorías profesionales, lo que provoca un agravio comparativo; el reconocimiento económico, en atención hospitalaria, de la especialidad de críticos (UCI, REA Bloque Quirúrgico, Quemados, Urgencias) y esterilización por la alta complejidad y especificidad de estos servicios; la mejora de la formación, ya que los TCEs cada vez asumimos más funciones que requieren formaciones específicas para garantizar una buena calidad asistencial; el reconocimiento y actualización de nuestras funciones; o la implantación del registro de nuestro trabajo.
    “Un año después, el compromiso de los responsables de la sanidad catalana sigue sin cumplirse. Desde SAE no vamos a consentir que sigan insultando así a los Técnicos Sanitarios, unos profesionales que ya están sometidos a importantes niveles de estrés, siendo las categorías sanitarias con mayor porcentaje de burnout debido al aumento de las cargas de trabajo, la reducción de personal y la falta de reconocimiento. Seguiremos manteniendo los encuentros previstos con los partidos políticos y hemos solicitado una reunión con el President de la Generalitat y con la gerencia del ICS para desencallar esta situación, pero de no solventarse de inmediato, volveremos a colapsar la sanidad catalana con una huelga indefinida”, explica Cristián Monclús, secretario autonómico de SAE en Cataluña.

La agresión sufrida por una Técnico en Cuidados de Enfermería y una pediatra en Muxia y el apuñalamiento que el pasado lunes puso en peligro la vida de un enfermero y la seguridad de un vigilante del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña solo ponen en evidencia la inseguridad con la que los profesionales sanitarios deben desarrollar su trabajo.
    Desde hace años, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) venimos denunciando la falta de protocolos adecuados para garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores sanitarios, por ello, los TCE nos hemos vuelto a unir a las muestras de apoyo a nuestros compañeros, condenando en todo momento las agresiones, tanto físicas como verbales, que sufrimos los profesionales.
    Es evidente que los planes actuales no sirven para frenar a pacientes y familiares con ansiedad, preocupación o desesperación por la gravedad de la situación médica, por la incertidumbre o por la demora en la respuesta, ni para contener a quienes llegan exaltados y con actitud violenta por el consumo de alcohol o drogas, ni para reducir a quienes padecen trastornos mentales y emocionales. Por lo que desde SAE exigimos nuevas estrategias que realmente sean efectivas para prevenir y abordar estas agresiones. 
     “La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que el empresario debe poner en marcha las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y salud de sus profesionales. Desde SAE abogamos, por ejemplo, por proporcionar una formación adecuada al personal, sanitario y no sanitario, que presta sus servicios en centros de salud para que aprendan a identificar y gestionar situaciones de agresión de manera segura y efectiva, por implementar medidas de seguridad en los servicios, o por establecer políticas y procedimientos claros para prevenir y responder a las agresiones, incluyendo la documentación adecuada de incidentes y el apoyo a las víctimas. Desde SAE nos seguiremos sumando a todas las medidas de protesta que se pongan en marcha para condenar las agresiones”, explican los responsables de SAE en Galicia. 

Los trabajadores de Transportes Sanitarios Clinic Balear S.L, empresa del Grupo Quirónsalud, esperan desde el pasado 23 de abril de 2024 que la patronal constituya la mesa de negociación del VI Convenio Colectivo del sector de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia y de asistencia extrahospitalaria de Illes Balears. 
La empresa continúa retrasando el proceso, perpetuando una situación de precariedad laboral que ya se prolonga por más de ocho años. Durante este periodo, los trabajadores no han recibido ninguna mejora profesional ni salarial, lo que ha generado una pérdida de poder adquisitivo alarmante: no actualizar los salarios conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) supone ya un 25% de pérdida acumulada, lo que se agrava por el constante incremento del coste de la vida en Baleares. 
Esta situación nos está llevando al límite y dificulta que podamos asumir los costes de primera necesidad, como vivienda e, incluso, alimentación, por ello es urgente que Quirónsalud deje de jugar con nosotros y se siente a negociar el VI Convenio Colectivo, de manera que recuperemos el poder adquisitivo perdido y se garanticen unas condiciones laborales dignas, seguras y adaptadas a las características propias de las islas. El bloqueo actual solo demuestra un interés económico, propio de la empresa privada, que, desde luego, se aleja de gestores que realmente quieren velar por sus trabajadores, esenciales en la asistencia sanitaria, y los ciudadanos a quienes deben prestar atención”, explica Alejandro Juan Alonso, responsable de USAE en Baleares.