El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha remitido una carta a la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carolina Darias, solicitando que la Proposición no de Ley que el grupo parlamentario PSOE presentó en 2017 con el objetivo de establecer ayudas económicas para que las personas afectadas por tratamientos oncológicos puedan acceder a prótesis capilares cuando sus recursos económicos no les permitan adquirirlas, sea aprobada, ya que no nos consta que lo esté.
“Acceder a una prótesis capilar durante el tratamiento de quimioterapia ha de entenderse como una prestación con singular relevancia para la calidad de vida de quienes padecen la pérdida de cabello como consecuencia de la misma. La mejora de la apariencia física incide en el mantenimiento de la autoestima y ha de tener consecuencias positivas para el bienestar psicológico, el cual sin duda redunda en la manera de afrontar los tratamientos y la propia enfermedad”. Este es un extracto del texto de la Proposición no de Ley presentada por el grupo socialista ante el Congreso de los Diputados el 19 de octubre de 2017. 
Una iniciativa que se suma a la recomendación que en 2011 realizó el Defensor del Pueblo para que las prótesis capilares se incluyeran en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para pacientes oncológicos afectados de alopecia secundaria a tratamientos de quimioterapia, y a la solicitud que el Parlamento Europeo llevó a cabo en 2012 para que los Estados procedieran al reembolso de los gastos de pelucas de pelo artificial y rellenos de sujetadores como una de las medidas para asegurar la mejor calidad en el tratamiento del cáncer de mama.
“El recorrido de esta propuesta se alarga en el tiempo, por ello desde SAE instamos a la Ministra de Sanidad a adoptar las medidas precisas para aprobar esta proposición y conseguir así mejorar la salud y el bienestar de los pacientes oncológicos”, explica Daniel Torres, secretario de acción social y formación de SAE.
 

En 2020, más de dos millones de mujeres de todo el mundo fueron diagnosticadas con cáncer de mama; en España, los nuevos casos de este tumor se elevaron a los 34.088. 
El diagnóstico precoz ha contribuido a que esta cifra no deje de crecer, pero, a la vez, es responsable de que el porcentaje de supervivencia durante, al menos, cinco años después del diagnóstico sea superior al 90% en los países de ingresos elevados, al 66% en India y al 40% en Sudáfrica.
Pero para que estos porcentajes sigan creciendo, es fundamental reforzar los sistemas de salud para conseguir una gestión integral del cáncer de mama, que contemple campañas formativas sobre la autoexploración y un incremento de recursos que permitan la realización periódica de exploraciones mamarias. Solo así conseguiremos mejorar la detección precoz y, por lo tanto, los diagnósticos adecuados. Esta es la única manera de cumplir con el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud: reducir en un 2,5% anual la mortalidad mundial por esta enfermedad, de manera que entre 2020 y 2040 se eviten 2,5 millones de muertes.
“Para contribuir a la concienciación en nuestro país, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) hemos elaborado un cartel educativo en el que recogemos los principales síntomas y signos –bulto en el pecho, hundimiento del pezón o venas crecientes, entre otros-, para mostrar a las mujeres cómo identificarlos, pues la autoexploración es una parte incuestionable para facilitar la detección precoz y los tratamientos tempranos. Con esta infografía, que hemos distribuido por los hospitales, centros de salud y redes sociales, queremos conseguir esa concienciación y subrayar la importancia que la detección precoz tiene para la supervivencia”, explica Daniel Torres, Secretario de Acción Social de SAE.
 

Pamplona, 19 de octubre 2021.- Los Técnicos Sanitarios navarros están al límite y se lo harán saber, de nuevo, a los parlamentarios en la concentración que el Sindicato de Técnicos de Enfermería ha convocado el miércoles 20 de octubre frente al Parlamento (Pº. Sarasate).
          Begoña Ruiz, secretaria autonómica de SAE en Navarra, recuerda que “la situación de maltrato a la que se nos está sometiendo desde hace demasiado tiempo solo sucede en la Comunidad Foral de Navarra. Los Técnicos Sanitarios navarros nos enfrentamos, por un lado, a la falta de desarrollo legislativo del derecho a la carrera profesional perpetuando esta discriminación sin razón objetiva alguna y, por otro, a la falta de respeto hacia nuestra titulación de Formación Profesional que a nosotros se nos exige para estar encuadrados en un nivel y que a otros colectivos no”.
           “Todos los parlamentarios conocen nuestra situación porque se lo hemos comunicado directamente, hemos participado en sesiones de trabajo e, incluso, aprobaron una moción, la que por unanimidad, se instaba al Gobierno a realizar actuaciones necesarias para el reconocimiento de la Carrera Profesional, en similares términos a los previstos para el resto de personal sanitario. Pero el Gobierno de Navarra hace oídos sordos a lo que allí se aprueba y a las peticiones de más de 2000 profesionales que en estos momentos están sufriendo su desidia”.
           No estamos pidiendo limosna, pedimos reconocimiento a nuestros estudios de Formación Profesional, que en estos momentos no se está valorando, y la igualdad de trato que al resto de profesionales sanitarios, ya que de nuestro colectivo se olvidan de manera constante tanto quien decide como quien negocia las condiciones laborales.
           “SAE es consciente de las dificultades que tiene una convocatoria de huelga en nuestro colectivo. En primer lugar, las plantillas están al mínimo y a ello se añade que tenemos el salario más bajo de la Administración, con una temporalidad alarmante y contratos precarios en muchos casos (jornadas reducidas, días sueltos). Pero aunque sea el último recurso no descartamos que la tengamos que convocar”
         “Necesitamos avanzar en el reconocimiento que merecemos porque no podemos perpetuar esta injusticia, y emplazamos al Gobierno de Navarra, así como a todos los partidos políticos que dentro de los presupuestos de 2022 tengan en cuenta la desigualdad que estamos sufriendo”, finaliza Begoña Ruiz.

       “Hay que mantener la misma celeridad cuando se trata de leyes que benefician a los profesionales que cuando estas leyes supone un deterioro de las condiciones o un recorte de los derechos. Por eso, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) espera que todos los Técnicos de la FP manifiesten su oposición y no admitan esta enorme injusticia por más tiempo que se sustenta, únicamente, en  falta de voluntad política para aplicar la Ley”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.

      El Sindicato de Técnicos de Enfermería, firme en su propósito de llevar a cabo la clasificación correspondiente,  solicitó tanto a la Consejería de Sanidad como a la de Función Pública la inmediata aplicación de lo dispuesto en esta Ley. La respuesta del Director General de Función Pública fue ágil reconociendo de manera automática “la inclusión del personal funcionario/laboral empleado público de la categoría profesional de Técnicos  en Cuidados de Enfermería en el Subgrupo C1 y de los Técnicos Superiores en el Grupo B”. Son estos profesionales, mayoritariamente del sector sociosanitario, quienes se integran en este ámbito administrativo.

      No ocurre lo mismo con los profesionales estatutarios que prestan sus servicios para la Conselleria de Sanitat que, eludiendo que las leyes entran en vigor cuando y como corresponde y, en este caso, la clasificación  de los Técnicos de la Formación Profesional, continúan esgrimiendo argumentos a su conveniencia. Supone pues que esta Ley va a generar una  discriminación entre profesionales con la misma categoría y titulación dependiendo de la Consellería para que la que presten servicios.

       “No hay justificación para que no se aplique la ley, e incluso el Subdirector General de Recursos Humanos  de la Conselleria de Sanitat reconoció la validez de nuestros argumentos y planteó elevar este asunto al Consejo Interterritorial. Pero  esta no es una alternativa válida, conocemos el funcionamiento de este órgano y el resultado de sus reuniones. Y lo cierto es que la aplicación de una Ley aprobada y publicada tiene poco que debatir. Mantener a los Técnicos en grupos de clasificación que no les corresponde es un despropósito y una ilegalidad que SAE no va a permitir” reconoce Isabel Lozano.

       “SAE  abandera en  solitario esta reivindicación ya que el resto de organizaciones sindicales y plataformas que dicen representar a estos colectivo no se han pronunciado en ningún momento respecto a la intención de la Conselleria, cuyo desinterés es evidente, pero lo más alarmante es la falta de implicación de aquellas entidades que dicen representar a los Técnicos de la Formación Profesional”, finaliza la secretaria de organización y comunicación de SAE.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha sido el único sindicato sanitario que hoy se ha manifestado, junto a miles de pensionistas, contra la anunciada reforma de las pensiones, que afecta a todos los trabajadores y, especialmente, a los profesionales sanitarios y sociosanitarios por las características de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad propias de la atención sanitaria. 
Desde SAE hemos ejercido nuevamente, ya que fue denegado años atrás, nuestro Derecho de Petición a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones para que se inicien los procedimientos necesarios que concluyan en el reconocimiento de la profesión sanitaria como profesión de riesgo y, por lo tanto, la reducción de la edad de jubilación a los 60 años para los profesionales sanitarios y sociosanitarios.
Estos profesionales se enfrentan a riesgos para su salud al estar expuestos a posibles infecciones, radiaciones y productos tóxicos, pero también al desgaste físico, psíquico y social que conllevan los turnos rotatorios y nocturnos, la escasez de personal, el envejecimiento de la población, en su mayoría dependientes/grandes dependientes, y la presión asistencial. Todas estas tensiones, implicación y esfuerzos deterioran su salud y provocan altos índices de morbilidad, obligando a estos profesionales a jubilarse de manera anticipada, aun perdiendo dinero por los coeficientes reductores que se aplican. Sin embargo, el endurecimiento de estos coeficientes que recoge la anunciada reforma penalizaría demasiado anticipar la jubilación o la haría inviable.
“Por todo ello, desde SAE continuaremos trabajando y sumándonos a todas las actuaciones encaminadas a frenar la anunciada reforma de las pensiones, que afectará, sobre todo, a los trabajadores en activo a día de hoy y, especialmente, a los profesionales sanitarios por la penosidad de los puestos de trabajo. En un país en el que cada vez se accede con más edad al mercado laboral y en donde la fijeza en el puesto de trabajo es casi una utopía para muchos –lo que supone periodos de tiempo sin cotizar-, serán muy pocas las personas que puedan acceder a esta jubilación anticipada, por ello es inadmisible que se quiera aumentar la edad de jubilación y alargar los años de cotización para alcanzar el 100% de la cuantía de la pensión”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.