Necesitamos tener la garantía de que las pensiones no van a estar sometidas a decisiones políticas del Gobierno, a presiones externas o su privatización. La pensión debe ser un derecho blindado en la constitución entre los derechos fundamentales y  no una meta social, y para ello es necesario promover una reforma de la Carta Magna otorgando a las pensiones este blindaje constitucional que no tienen en la actualidad.       

            El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha sido el único sindicato sanitario que ha participado en esta manifestación, junto a miles de ciudadanos de todas las edades, exigiendo que la reforma incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno pueda tocar, recortar o privatizar total o parcialmente el sistema público de pensiones y la obligación constitucional del mantenimiento del poder adquisitivo real.

            El Sistema Público de Pensiones es un pilar de la cohesión social, es la principal fuente de justicia e igualdad, y debe garantizar las condiciones de vida de la mayoría, tanto en el presente como en el futuro. Hay que protegerlo y reforzarlo.

            Isabel Lozano, vicesecretaria del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha recordado al finalizar la manifestación que “hemos entregado 2,6 millones de firmas en la Defensoría del pueblo estatal y las defensorías de 9 comunidades. Hemos recogido firmas en cuidados y pueblos de todo el país, en las  45 universidades públicas y en más de  200 centros de trabajo.  Casi 3 millones de ciudadanos han expresado con su firma que las pensiones son una línea roja que no debemos permitir. Con lluvia, con nieve o con un calor de castigo, cientos de personas dedican tiempo de su vida para hacer posible este objetivo”.

            La secretaria general del Sindicato de Técnicos de Enfermería, Mª Dolores Martínez Márquez, ha manifestado que “tras el éxito de la convocatoria de hoy los poderes públicos deben tomar conciencia de que esta no es una petición baladí. Deben actuar cuanto antes porque de seguir así tendremos una sociedad en la que los pensionistas estarán cada vez más desprotegidos”.

         Estas protestas continuarán sin descanso hasta conseguir el reconocimiento de las competencias que llevan realizando desde hace muchos años, ya que sus funciones han crecido durante los últimos años, sin tener el menor reconocimiento de dicho trabajo, Los TCE exigen igualmente el reconocimiento del grupo de clasificación que les corresponde y que sistemáticamente se les niega: el C1.

          Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería queremos agradecer el esfuerzo de todos los implicados: los TCE que se han encerrado en el Salón de Actos, también a todos los compañeros que han apoyado el encierro desde otros hospitales y a aquellos que han cubierto el puesto de los TCE encerrados.

           Incluso queremos trasladar nuestro agradecimiento a las visitas que hemos recibido durante estas horas y han hecho una presencia testimonial en el encierro.

    El pasado mes de octubre el Tribunal Supremo puso fin al proceso judicial al no admitir el recurso  que el Servicio Canario de Salud interpuso a la sentencia de abril de 2021 en la que el Tribunal Superior de Justicia obliga al SCS  a formalizar una nueva convocatoria de la OPE correspondiente a 2019 asignando al colectivo el subgrupo C1 tal y como establece el artículo 76 del TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público) exponiendo que “la Resolución de 14 de noviembre de 2019 del Servicio Canario de Salud  es nula de pleno derecho, toda vez que procede a extender los efectos del derecho transitorio, en concreto la Disposición Transitoria Tercera (D.T.3ª) enfatizando que esta situación de mantener “sine die” la vigencia de la misma ha generado una discriminación que conculca el artículo 14 de la Constitución Española”.

           Esta mañana se ha celebrado una reunión de la Mesa Sectorial en la que si los sindicatos presentes tienen interés real en el colectivo de Técnicos en Cuidados de Enfermería deben haber puesto sobre la mesa la exigencia de una convocatoria inmediata de esta Oferta Pública de Empleo recogiendo el fallo de la sentencia y que las plazas de TCE se convoquen en el Subgrupo C1.

            Llevan semanas manifestando que próximamente los TCE verán reconocida esta demanda de clasificación en el C1 merced a un acuerdo que han firmado y del que está por ver que se materialice en los tiempos que ellos afirman. Hoy sí tienen la primera oportunidad de demostrar su implicación por el colectivo exigiendo a la Administración la convocatoria inmediata de la Oferta Pública de Empleo incluyendo a los TCE como C1.

            Desde su posición, el Sindicato de Técnicos de Enfermería seguirá trabajando en todos los ámbitos para conseguir nuestro objetivo y que esta convocatoria, y la histórica sentencia ganada por SAE, no queden en el olvido. No podemos asumir correr este riesgo si los sindicatos de la mesa sectorial optan por centrar sus energías en otras negociaciones, dejando en la estacada al colectivo de Técnicos en Cuidados de Enfermería.

Años de reivindicaciones para que les sean reconocidas sus competencias profesionales y su pase al Grupo C1, sin que la Administración sea capaz de reconocer que este colectivo es parte importante de un equipo de enfermería que día a día atiende a miles de pacientes, de una forma excepcional y que sin embargo ven como no se les reconoce su trabajo. Por ello, ante tanto hartazgo, los participantes arriba nombrados han decidido iniciar una campaña de movilizaciones encaminadas a que de una vez por todas las distintas Administraciones implicadas (Ministerio y Consejerías) tomen cartas en el asunto y propicien su reconocimiento de sus competencias profesionales y su clasificación definitiva en el grupo C1.

La asamblea - encierro se ha iniciado esta mañana a las 11 en el Salón de Actos del Hospital Clínico San Cecilio, y los profesionales decidirán cuándo finaliza. Por otro lado estas movilizaciones continuarán sin descanso hasta conseguir el reconocimiento de las competencias que llevan realizando desde hace muchos años, ya que sus funciones han crecido de forma exponencial durante los últimos años, sin que ell@s vean un mínimo reconocimiento de dicho trabajo, junto con la aplicación de la Categoría profesional que les corresponde.
 

El futuro de las pensiones públicas es una de las principales prioridades del conjunto de la sociedad. Más en un momento en que ante la crisis necesitamos mayor protección y seguridad. 

Hay un debate abierto y existen diferentes alternativas políticas y económicas, pero una amplia unidad en el rechazo a la privatización y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones públicas. Por eso los próximos pasos, deben tener como objetivo BLINDAR LAS PENSIONES EN LA CONSTITUCIÓN.

Los y las abajo firmantes, llamamos al Gobierno y al Congreso de los Diputados, a dar pasos para promover una reforma de la Constitución, otorgando a las pensiones un blindaje constitucional que no tienen en la actualidad.

Una reforma que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida o discriminación, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos, discapacidad o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas.

El Sistema Público de Pensiones es un pilar de la cohesión social, es la principal fuente de justicia e igualdad, y debe garantizar las condiciones de vida de la mayoría, tanto en el presente como en el futuro. Hay que protegerlo y reforzarlo.

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) es ya un amplio movimiento social, presente en todo el país, donde confluyen cientos de organizaciones y miles de profesionales, de muy diversas ideologías, sensibilidades políticas y credos religiosos, unidas en torno a un único punto: Blindar las pensiones en la Constitución.