La creación de este plan en otros países, como Dinamarca, Hungría o Irlanda, ha supuesto una reducción significativa de sus tasas de muerte por suicidio. España debe sumarse a esta lista de países y crear un plan estatal con profesionales sanitarios bien formados, tanto en la atención al paciente en riesgo suicida como en el apoyo al superviviente en el inicio del duelo, con plantillas de psicólogos y psiquiatras adecuadas a la alta demanda e implicando a los medios de comunicación y al sistema educativo para que se hable bien del suicidio con el objetivo de acabar con el estigma asociado.  

“Cada uno de nosotros somos una pieza clave en la detección precoz de conducta suicida y, aunque ésta es multifactorial, existen señales que nos pueden alertar, como cambios súbitos de conducta, acciones repetidas de verbalización que demuestren hartazgo o gestos de despedida inhabituales, entre otras. Si estamos ante una persona que consideramos que puede tener intención suicida, debemos ofrecerla nuestro sostén y pedirla que nos deje ayudarla, buscando, si lo creemos necesario, el apoyo del entorno familiar o de algún profesional que pueda canalizar su angustia. Debemos ser conscientes de que esta exploración podemos hacerla cualquiera de nosotros, pues la colaboración e implicación de la sociedad es fundamental para minimizar las muertes por suicidio”, explica Daniel Torres, secretario de acción social de SAE.

            SAE viene reclamando hace años la aplicación del artículo 76 del EBEP, que clasificaría a los Técnicos en Cuidados de Enfermería y resto de Técnicos de Grado Medio en el Grupo C1 y a los Técnicos de Grado Superior en el Grupo B.

            Es inadmisible el bloqueo que desde hace años estamos sufriendo los profesionales sanitarios por la aplicación de la Disposición Transitoria Tercera del EBEP y no así por el artículo 76 donde estos grupos vienen definidos.

            “La aprobación de las leyes de Función Públicas autonómicas deben poner fin a esta situación, pero aun así, tanto el Ministerio de Sanidad como las Comunidades Autónomas se trasladan la responsabilidad de su aplicación como es el caso de la Comunidad Valenciana en lo que para SAE no es sino falta de valentía o de voluntad política”, afirma al respecto Cristóbal Arjona secretario autonómico del Sindicato de Técnicos de Enfermería.

            Sin embargo, el anteproyecto andaluz es mucho más claro al respecto por lo que desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería confiamos en que se agilicen al máximo los plazos establecidos para su aplicación inmediata.

            “Los Técnicos Sanitarios merecen, desde años, su reclasificación y no pueden estar sometidos a las consideraciones de grupos o colectivos cuyo interés no está en la aplicación de las normas establecidas”, finaliza el secretario autonómico de SAE.

Desde SAE llevamos años reclamando la ampliación a 2 TCE en las salas de hospitalización en el turno de noche dado que la dotación mantenida durante años, únicamente había un profesional para atender a 36 pacientes, supone además de una evidente sobrecarga laboral para este profesional, un déficit en la calidad asistencial que puede prestar a los pacientes. Asimismo se aumenta hasta 3 el número de profesionales para la atención en domingos y festivos.     

Tras esta decisión tomada finalmente por el actual gerente de Marina Salud, Javier Palau y la directora de enfermería Natalia Casado, está la constancia e insistencia de la delegada del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) en el centro hospitalario, Carmen Sanchís, que ha mantenido infinidad de reuniones con las direcciones de enfermería, partidos políticos, en definitiva, denunciando la situación que pacientes y profesionales padecían en el centro por la falta de profesionales

“Incluso se interpuso una denuncia a la Inspección de Trabajo y solicitamos medidas cautelares tras el resultado del informe realizado conjuntamente la técnico de prevención de Marina Salud que determinaba el evidente riesgo psicosocial para los profesionales”, manifiesta la delegada de SAE.

         La petición de SAE del aumento de profesionales estaba más que avalada y se ha dilatado mucho en el tiempo la toma de decisiones al respecto. Por eso mismo, es también fundamental la presencia de un Coordinador de TCE en el equipo directivo que detecten antes las necesidades de los profesionales y pueda participar en la toma de decisiones.

         Carmen Sanchís confía en seguir avanzando y se tomen más decisiones que mejoren la situación tanto de los profesionales como de los pacientes.

        Actualmente y con un sesgo sindical más que evidente hacia los Sindicatos Mayoritarios (CCOO, UGT)  claramente politizados, se está impidiendo de manera escandalosa y claramente inconstitucional, la participación de los sindicatos independientes en las mesas de negociación de los distintos servicios y administraciones públicas, muchas veces con representaciones elegidas por los propios empleados públicos mucho más amplias que estos sindicatos, impidiendo negociar a los legítimos representantes elegidos por las y los trabajadores en los distintos centros de trabajo públicos.

            La Plataforma EBEP 36.3 “Por una Democracia Sindical Real y Efectiva en la Mesas de Negociación de la Administración” constituida y apoyada por todo el tejido sindical independiente de toda España y de toda índole (sanitario, enseñanza, seguridad, local, autonómico general, profesionales…) ya presentó un estudio jurídico de la Universidad de Valencia, que dejaba en evidencia el actual funcionamiento de las mesas de negociación, el cual presentaron al legislador apoyándonos estos y motivo por el cual se presentó y aprobó por el Congreso de manera mayoritaria esta PNL instando al Gobierno a su modificación legal.

            Por parte de la Plataforma llevan más de 3 años intentando reunirse con la Ministra y la Secretaría de Estado de Función Pública, haciendo estas oídos sordos y sin dignarse a reunirse con esta Plataforma Sindical que aglutina cerca del 40% de la representación sindical de todas las Administraciones Públicas.

            Desconocemos si también el Gobierno como la Ministra y/o la Secretaria de Estado seguirán haciendo oídos sordos a los representantes políticos de la ciudadanía que por mayoría le instan al cambio y el Gobierno dé muestras de su interés, respeto y compromiso con los representantes sindicales de las y los empleados públicos en una inmensa mayoría, hoy secuestrada en su función representativa.

            La plataforma que en su momento agradeció el compromiso actual y futuro de los grupos que apoyaron la PNL en mayo y como ya hizo entonces protestando frente al Congreso, no descarta movilizaciones ni acciones de protesta en los próximos meses.

Cristóbal Arjona, secretario de acción sindical del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) aplaude el fallo de la sentencia aunque lamenta “tener que recurrir de manera reiterada a los tribunales para hacer valer nuestros derechos y funciones. Es un derroche de recursos que la justicia no puede permitirse y que se sustenta en el empeño de las direcciones gerencias en no respetar las funciones que nos corresponden”.

Si el Ministerio de Sanidad hubiera cumplido con el compromiso adquirido con SAE y la actualización de las funciones hubiera finalizado, no se darían más situaciones conflictivas relacionadas con las funciones. Hace más de dos años que se comprometieron a poner fin a esta cuestión que mantiene a los Técnicos en Cuidados de Enfermería anclados a un estatuto profesional preconstitucional.

El último fallo judicial ha sido del  Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Cádiz, según el cual “la resolución  de 27 de mayo de 2021 de la Dirección General del Hospital Universitario Puerto Real  no es conforme a derecho  y declara que los Técnicos de Enfermería no tienen, en ningún caso, la obligación de trasladar las muestras biológicas desde cada uno de los servicios en que se generan al laboratorio correspondiente por no constituir ésta una de las funciones encomendadas a esta categoría profesional”.

Existen, además sentencias anteriores, incluso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuyos fallos se redactan en similares términos en torno al traslado de las muestras biológicas por parte de los Técnicos de Enfermería.

“Y mientras el Ministerio se demore en cumplir con sus propios compromisos, nos vemos obligados a recurrir a los tribunales en un derroche innecesario de recursos públicos para solucionar todos los conflictos de competencias que surgen en los hospitales españoles. De hecho, en el Complejo Universitario  Reina Sofía de Córdoba se repite la misma situación que ante la falta de otros profesionales se obliga a los TCE a realizar funciones ajenas.  Y de nuevo, nos veremos obligados a recurrir a la justicia a la espera de que el Ministerio de Sanidad cumpla sus compromisos respecto a la actualización de las funciones de los TCE” continúa el secretario de acción sindical de SAE.