El propio acusado admitió ante el juez que tras crear un perfil falso en la referida red social y siendo consciente de que imputaba falsamente la comisión de un delito a los dos profesionales del Hospital Infanta Elena de Huelva, publicó dos mensajes en las que acusaba directamente a los dos profesionales de haber abusado de él sexualmente en el quirófano, cuando tenía 18 años y le iban a intervenir de fimosis.

Difundió este mensaje en octubre y diciembre de 2014 acusándoles de ser unos criminales además de escribir insultos de distinta gravedad.

El autor de estas graves y falsas acusaciones se ha declarado insolvente por lo que la sentencia le concede la suspensión de la pena durante dos años,  pero le advierte de que, en caso de que desaparezca la insolvencia, se actuará por la vía de apremio y se le revocará la suspensión si no procede al abono de la indemnización de 3.000 euros para cada uno de los perjudicados, la Técnico en Cuidados de Enfermería y el médico, cuyas acusaciones han sido ejercidas por la letrada del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE)  María de los Ángeles Pérez López y por el letrado del Colegio de Médicos José María Mora.

Con esta medida, los sindicatos de la Sanidad denuncian el ataque que supone el recurso interpuesto por el Gobierno Central contra la jornada laboral de 35 horas vigente en Andalucía, generando incertidumbre e inestabilidad laboral a miles de profesionales. Por eso, con estas movilizaciones realizan un llamamiento tanto al ejecutivo central como al andaluz para que se saque a la Sanidad Pública, y en especial a los profesionales que la hacen posible cada día, de la confrontación política.

De no alcanzarse un acuerdo SATSE, SMA, SAE, FATE y SACECO apelan a que la Junta de Andalucía, si realmente quiere realizar una defensa de los derechos de sus trabajadores, ejerza su capacidad de autoorganización para respetar las condiciones laborales de los profesionales, así como el empleo generado por la vuelta a las 35 horas. Sin olvidar la calidad asistencial y seguridad para el paciente aportados por la recuperación de profesionales para dar atención sanitaria y cuidados.

Los sindicatos profesionales aseguran que no pueden permanecer impasibles ante la posibilidad de retorno a las 37,5 horas, ya que esta jornada laboral cuando estaba vigente trajo consigo muchos problemas, tanto a nivel de efectivos como en su aplicación. Y es que la jornada de 37,5 horas supuso una destrucción de empleo importante en la Sanidad, lo que generó un elevado déficit de profesionales en los centros, y por ende, un empeoramiento del servicio prestado a la ciudadanía.

Retornar a las 37,5 horas sería una medida que afectaría gravemente a los empleados públicos andaluces, muy especialmente a los profesionales sanitarios, por lo que esperan que se llegue a un acuerdo entre el Gobierno central y el autonómico, ya que, concluyen, la jornada laboral de las 35 horas es fundamental para contar con empleos de mayor calidad y prestar unos servicios óptimos y en condiciones de seguridad a la ciudadanía.

1. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, esta Junta de Personal quiere solidarizarse con el dolor de los familiares y allegados de la fallecida, a los que deseamos transmitir nuestras condolencias y el más sentido pésame.
2. Asimismo, como Junta de Personal trasladar nuestro máximo apoyo a los trabajadores del Hospital Virgen de Valme, que se encuentran muy afectados por la tragedia ocurrida en el centro, así como mostrar nuestro reconocimiento a los profesionales que el pasado domingo hicieron todo lo posible por evitar el trágico desenlace.
3. La Junta de Personal ha solicitado a la Dirección del centro que a la mayor brevedad y diligencia se esclarezcan las causas que provocaron el accidente, ya que la demora en las investigaciones sólo genera incertidumbre e incógnitas entre profesionales y usuarios.
4. En tanto se determinan las causas que provocaron el siniestro, desde la Presidencia de la Junta de Personal se ha reclamado a la dirección que se implementen medidas adicionales de seguridad en los traslados de los pacientes, tales como que dichos traslados sean realizados por dos celadores cuando se trate de pacientes dependientes o cuya movilidad se encuentre reducida. Dicha propuesta es respaldada de forma unánime por los sindicatos de la Junta de Personal y es aceptada por parte del equipo de dirección del hospital en la reunión celebrada el lunes.
5. También se solicita por parte de la Juta de Personal que se habiliten la segunda puerta de los ascensores en planta primera y segunda para mayor rapidez en los traslados de pacientes de UCI y quirófanos, propuesta que no es respondida por la dirección.
6. Además, en aras de la transparencia, la Junta de Personal ha solicitado información y copia del contrato de mantenimiento del Hospital con la empresa que mantiene los ascensores.
7. Por su parte, según informó la Dirección Económico-Administrativa, la última revisión de los ascensores se había pasado el 12 de agosto y que además contaba con la inspección reglamentaria del Organismo de Control Acreditado realizada el mes de mayo de 2017. Asimismo, han explicado que no existen constancia de quejas en los últimos días sobre el funcionamiento deficiente del ascensor y que en la noche del domingo se realizó una revisión completa de los ascensores del centro hospitalario.
8. La Directora Gerente se ha comprometido a informar de forma puntual al Comité de Seguridad y Salud de todas las investigaciones que se realicen y actualmente el caso se encuentra bajo investigación judicial. Por tanto, desde la Junta de Personal se espera conocer el resultado las pesquisas abiertas antes de decidir emprender cualquier acción.
9. En cualquier caso, la Junta de Personal ha trasladado a la Dirección Gerencia que colaborará en cualquier actuación o investigación que se considere oportunas para dar garantías de seguridad a trabajadores y usuarios.
10. Por último, desde la Junta de Personal se apoyará cualquier acción que desde la mayoría de los profesionales del centro hospitalario se decida emprender al respecto.

Las afirmaciones vertidas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y la Unión Sindical Obrera (USO) con respecto a las funciones desempeñadas por el personal de limpieza no se corresponden con la realidad y la organización de los centros adscritos a la Agencia Pública Sanitaria Poniente –Hospital de Poniente y CARE de El Toyo en Almería y los centros de Loja y Guadix de Granada-.
Este personal, en ningún momento, realiza tareas sanitarias para las que no está cualificado, pues, a diferencia de lo que exponen ambos sindicatos, nunca llevan a cabo ninguna labor en la cama del paciente mientras éste está ocupándola y jamás realizan la esterilización del material quirúrgico, pues esta función corresponde al personal del servicio de esterilización con el cual cuentan todos los hospitales. 
Lo que sí es función de estos profesionales es la limpieza de mobiliario: palos de goteo, cama, carros de material y de historias, grúas y demás enseres como los monitores, cuya limpieza se lleva a cabo tras realizar su desconexión.
“Por ello, las afirmaciones vertidas por ambas organizaciones sindicales son fruto del desconocimiento y no se ajustan a la realidad, lo que puede causar alarma social sin ninguna necesidad, pues todos los colectivos tienen bien definidas sus funciones y el personal de limpieza nunca lleva a cabo actuaciones que puedan poner en riesgo al paciente. Tanto los Técnicos en Cuidados de Enfermería, como el resto de colectivos, realizamos únicamente aquellas funciones para las cuales estamos cualificados, ocupándonos, en nuestro caso, de una atención directa al paciente, con la que garantizamos su bienestar, entre otras funciones, como la esterilización del material”, explica Aurelia Jiménez, secretaria provincial de SAE en Almería. 
 

Las plantillas de Técnicos en Cuidados de Enfermería en rehabilitación de atención primaria del Área Norte de Huelva es inexistente, pues ha sido sustituida por celadores y personal administrativo que prestan sus servicios en esta área asistencial, lo que deja parte de la atención sanitaria de los pacientes en manos de personal de servicios. Con esta actuación, la Administración demuestra, una vez más, su incompetencia para la gestión sanitaria, vulnerando el derecho de los usuarios a recibir una atención sanitaria de manos de profesionales cualificados adecuadamente para ello.
Emplear a celadores y personal de la administración para suplir las funciones de los Técnicos en Cuidados de Enfermería es ilegal, incoherente e insultante tanto para los profesionales TCE como para los usuarios.
“SAE ha denunciado esta situación ante el Servicio Andaluz de Salud y de no obtener un compromiso de contratación de TCE para cubrir las plantillas, emprenderemos las acciones legales oportunas.  Los TCE tenemos un grado medio de enfermería que nos habilita y cualifica para prestar una atención sanitaria al paciente; si nuestro trabajo lo llevan a cabo profesionales no sanitarios, además de estar cometiendo una ilegalidad, el SAS está poniendo en riesgo la salud de los usuarios”, explica Mª Teresa Álvarez, secretaria provincial de SAE en Huelva.

Además, la Administración ha vuelto a engañar a los profesionales y a los usuarios con la aplicación del Plan de Costas, por el que se comprometió con SAE a cubrir el 100% de las plantillas de Técnicos en Cuidados de Enfermería. Sin embargo, en el Hospital del Área Norte de Huelva, la mayoría de las contrataciones que se están realizando son de 12 y 15 días, lo que deja a los servicios sin la cobertura de profesionales necesaria para garantizar la atención sanitaria, que durante los meses estivales se dispara debido a la población flotante.
“En medicina interna, por ejemplo, van a reforzar las plantillas con personal de enfermería diplomado, pero no van a contratar a Técnicos en Cuidados de Enfermería, lo que claramente es un error de cara a la atención al paciente, pues ambos colectivos conformamos los equipos de enfermería y cada uno tenemos definidas nuestras funciones y actuaciones con el paciente, por lo que no contar con los TCE deja desamparados a los usuarios en parte de su atención. Desde SAE vamos a adoptar todas las medidas que estén en nuestras manos para conseguir un mayor respeto hacia nuestra profesión y las necesidades de los usuarios, quienes deben ser atendidos por profesionales cualificados para ello”, concluye Mª Teresa Álvarez.