La profesional que había sido contratada el 1 de julio a través de la bolsa de trabajo del SAS con un contrato por obra y servicio con duración 6 meses, solicitó una reducción de jornada por cuidado de un menor, una prerrogativa laboral que se le concedió a partir del 15 de agosto. Sin embargo, apenas dos días después de obtener esta concesión, el departamento de Recursos Humanos del hospital le notificó su despido basándose en la premisa de no haber superado el periodo de prueba, algo que resulta sorprendente teniendo en cuenta que llevaba 5 años trabajando para el SAS y, por lo tanto, contaba con una alta experiencia en el sector.

"A pesar de que se me pone impedimento por parte de mi supervisora, yo solicito la reducción de jornada. Esta se me concede desde el 15 de agosto. El día 17 de agosto desde Recursos Humanos me llaman para entregarme una carta de despido con el asunto: no ha superado el periodo de prueba. Nadie, ni supervisor ni facultativo, me han dado una explicación", explica Ana Cristina, la Técnica de Laboratorio despedida.

Este caso adquiere mayor relevancia debido al contexto en el que nos encontramos pues el Hospital de Alta Resolución de Lebrija, gestionado por el Hospital Universitario Virgen de Valme, forma parte del proceso de integración de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias (APES), lo que pone de manifiesto la inmoralidad de aplicación del artículo 12 del convenio colectivo, que aborda el periodo de prueba.

El despido de una profesional con una amplia experiencia en el SAS, contratada a través de la bolsa única, es algo inmoral. Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) exigimos explicaciones pues, la conciliación familiar es un derecho que no debe ser menoscabado.

A partir del próximo 18 de agosto, los ciudadanos de la localidad se tendrán que desplazar 10 kilómetros para ser atendidos en el centro de salud de Encinarejo y los menores en edad pediátrica tendrán su consulta en el centro Azahara, de Córdoba.

“Es inaceptable que los usuarios se tengan que desplazar para poder recibir una atención médica por la negativa del alcalde de Córdoba y la delegada de Salud a la propuesta de la Administración Sanitaria del Distrito Sanitario de Córdoba de implementar unas instalaciones provisionales provistas de agua, electricidad y todos los recursos necesarios para poder garantizar una asistencia de primer nivel a estos ciudadanos. Pero el cierre de este centro de salud no es el único problema del Distrito Sanitario, en donde, desde hace meses, SAE viene reivindicando la contratación de profesionales para cumplir con las ratios establecidas y garantizar así la calidad asistencial”,   explica Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba.
 

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) quiere denunciar la situación de sobrecarga laboral y estrés que están viviendo las Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) que permanecen en activo en el Centro de Salud Don Paulino García Donas de Alcalá de Guadaira.
Hace unos meses Servicios Centrales redujo la plantilla de TCE de cinco a cuatro sin ningún tipo de justificación, no ha cubierto la baja de una compañera que está en situación de incapacidad temporal desde mayo, y tampoco ha reforzado la plantilla durante los meses estivales para hacer frente a los permisos de vacaciones y a las reducciones de jornada. Un escenario que ha provocado que durante dos días sólo quede una TCE trabajando en este centro asistencial, que da cobertura a una población de 25.000 personas, cifra que se incrementa durante los meses de verano con la población flotante,  y que es referente de urgencias durante las tardes, noches y fines de semana para los 75.000 habitantes de la localidad.
El pasado fin de semana este servicio de urgencias atención a más de 300 usuarios, una cantidad suficientemente elevada para que se adopten las medidas necesarias para solucionar este problema, que pasan por la contratación adecuada para cubrir la plantilla de TCE.
“La sobrecarga a la que está sometida la compañera que se queda sola dos días es inadmisible, pues además de cumplir con sus funciones en el centro de salud, debe dejar preparado todo el material del dispositivo de urgencias para las tardes, noches y fines de semana. Esta situación está poniendo en riesgo su salud física y mental, por ello desde SAE exigimos a Servicios Centrales que refuerce la plantilla, pues, a pesar del esfuerzo y el compromiso con su trabajo, es imposible que esta TCE pueda cubrir los cinco puestos que deberían componer esta plantilla”, explica Araceli Marín, responsable de Acción Sindical de SAE en Sevilla.
 

Con la anulación del 80% de las consultas e intervenciones de ginecología, el cierre de la planta ocasionará un retraso de más de tres meses en los tratamientos y revisiones, poniendo en peligro la salud y el bienestar de las usuarias cordobesas, quienes, en algunos casos, pueden encontrarse en una situación delicada y no contar con este tiempo. Asimismo, al cerrar la planta, algunas pacientes serán trasladadas a la unidad de tocología (maternidad), lo que obligará a convivir a usuarias que acaban de ser madres con aquellas que están pasando por un proceso patológico, obligándoles, asimismo, a tener que compartir habitación en situaciones extremas.
   Este cierre es sólo una de las consecuencias de un plan vacacional abusivo, que no respeta ni el descanso de los profesionales ni el derecho de los usuarios a tener una atención de calidad todo el año.
“Es inadmisible que el SAS insista año tras año en repetir el mismo problema en lugar de realizar las contrataciones adecuadas para la realidad asistencial de la provincia. Las plantillas deben estar en las ratios establecidas durante todo el año y nada justifica que se queden a la mitad o por debajo de ésta en los meses de verano, pues las patologías y accidentes no entienden de vacaciones. Al cierre de camas de las diferentes unidades, se suma ahora el de un servicio entero, vulnerando el derecho asistencial de las cordobesas y sometiendo a los profesionales a un estrés y ansiedad que ponen en riesgo su integridad física y mental.  Desde SAE exigimos que, con urgencia, el SAS adopte las medidas necesarias, que pasan por la contratación de profesionales, para evitar el cierre durante tres meses de la unidad de ginecología. No puede seguir primando el ahorro económico por encima de la asistencia sanitaria”, explica Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba.
 

Entendiendo las especiales características que conlleva la enfermedad mental, no podemos consentir que las TCE que trabajan en esta unidad estén sometidas diariamente a las agresiones de algunos pacientes con un carácter violento: mordiscos, arañazos, heridas por ataques con diferentes objetos… son algunas de las agresiones por las que varias profesionales ya han tenido que acudir al servicio de urgencias del hospital para tratar las heridas.

Por ello, desde SAE exigimos que se refuerce la plantilla de TCE en esta unidad, se incremente la presencia del personal de seguridad y se pongan en práctica las medidas de seguridad necesarias para que los profesionales TCE, quienes mayor contacto tenemos con los pacientes y por lo tanto quienes sufrimos estas agresiones, podamos realizar nuestro trabajo sin ningún riesgo. No podemos aceptar la violencia en los ámbitos asistenciales como algo normal, independientemente del servicio en el que trabajemos. 

“Desde SAE llevamos años luchando contra la violencia al personal sanitario a través de diferentes campañas de concienciación dirigidas tanto a la ciudadanía como a los profesionales sanitarios para que denuncien cualquier tipo de agresión, física o verbal, pues es necesario conocer la realidad para poder poner freno al problema. Todos los profesionales sanitarios deben desempeñar su trabajo con total seguridad, pero para conseguirlo es necesario que todos los agentes implicados tomen conciencia de la gravedad de este tipo de actos violentos y actúen en consecuencia, dotando a los centros de los recursos de seguridad adecuados”, explica Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba.