El agresor había mostrado previamente una actitud violenta y agresiva y decidieron apartarle en una zona aislada sin informar al resto de profesionales de este hecho. Cuando la TCE entró allí para ver qué necesitaba, la respuesta fue una brutal paliza.

El relato de este hecho en concreto no es lo importante ni significativo. En esta ocasión, se ha desarrollado así y en otras ocasiones de otra manera. Lo realmente importante es el denominador común: el aumento de agresiones a los profesionales sanitarios y la falta de un plan adecuado para evitarlas y  luchar contra ellas.

“Es inadmisible que los profesionales sanitarios estemos expuestos a este riesgo, absolutamente evitable, y que nada tiene que ver con los riesgos profesionales relacionados con el ejercicio de la profesión que cada uno de nosotros asumimos. Pero acudir a tu puesto de trabajo con miedo a sufrir una agresión porque alguien espera más de la cuenta o no está conforme con el diagnóstico no es lógico, ni asumible para nadie”, afirma Cristóbal Arjona, secretario autonómico del Sindicato de Técnicos de Enfermería en Andalucía.

Los profesionales del centro han celebrado una concentración esta mañana a las puertas del hospital para manifestar su repulsa por este hecho y el apoyo a esta compañera. Pero la solución está en activar un protocolo contra las agresiones realmente eficaz y desde SAE llevamos años insistiendo para que se ponga en marcha cuanto antes.

Así mismo, SAE exige al Servicio Andaluz de Salud que se depuren responsabilidades si las hubiera, ya que como se ha comprobado ante individuos agresivos no basta con aislarlos, sin más, del resto de pacientes. 

No obstante, las actividades o funciones que hacen los Técnicos en Cuidados de Enfermería en los centros sanitarios es todo aquello que está estipulado en los protocolos realizados por las direcciones de enfermería y por lo que “delegan” los enfermeros en ellos, por tanto si de ello se desprendiere intrusismo, quien debería tener pena de cárcel son los que incitan al delito de intrusismo.

Es este un conflicto latente y cada vez más acentuado entre los enfermeros y los Técnicos en Cuidados de Enfermería que se recrudece cada vez que SAE reivindica la actualización de las funciones para adecuarlas a la formación recibida,  con el fin de ayudar a optimizar recursos a las Consejerías y beneficiar al paciente ,a lo que se oponen rotundamente haciendo lo imposible por impedirlo al igual que se oponen a cualquier acto que suponga un avance para el colectivo, hecho que puede demostrarse con las denuncias judiciales interpuestas en las distintas comunidades autónomas.

También aclarar al SATSE que el que los profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería públicamente den a conocer sus actividades diarias no supone ningún ataque a las enfermeras, sino que demuestra una vez más que no están dispuestos a consentir ni que este colectivo avance ni que por parte de nadie se reconozca mínimamente la dureza y penosidad que supone la realización del trabajo que realizan.

Para acabar lo que sí piden los TCE al SATSE y a los enfermeros es que tengan ese mismo celo profesional de “intrusismo” en apoyo para este mismo colectivo componente del Equipo de Enfermería, cuando las enfermeras o supervisoras de enfermería o de las mismas direcciones de enfermería  obligan a estos profesionales de la rama sanitaria de la Formación Profesional a realizar tareas que corresponden a otro personal como el de limpieza, celador, mantenimiento etc… porque eso sí que es incitar y obligar a practicar delito de intrusismo.

La sanidad de Huelva no merece ni puede permitirse por más tiempo el maltrato al que está siendo sometida por el Servicio Andaluz de Salud ante la pasividad de los sindicatos de la Mesa Sectorial.

Todos parecen olvidar que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que invalidó la fusión hospitalaria y un acuerdo firmado para plantear las bases para revertir la fusión. Un año después ni el acuerdo tiene ningún efecto ni el sindicato promotor pide ejecución de la sentencia.

“Gestionar la sanidad desde los despachos a golpe de bolígrafo con el que firmar acuerdos que después no se cumplen está llevando a la sanidad onubense a una situación insostenible. El pasado año el Servicio Andaluz de Salud firmó un acuerdo en el que se comprometía a construir un hospital materno infantil, aumentar la cartera de servicios y convertir el hospital Juan Ramón Jiménez en un centro de nivel 1. Han guardado el bolígrafo y el acuerdo porque ninguno de los puntos acordados han avanzado un ápice con la pasividad de los sindicatos firmantes”, resume la Vicesecretaria y vocal de Acción Sindical, Manuela Valle Contreras.

 A esta parálisis se suman las consecuencias del cierre del Hospital Blanca Paloma con el que se perderán 200 camas de hospitalización, el cierre de dos quirófanos, consultas externas y cuidados paliativos y la pérdida de muchos puestos de trabajo, devaluando aún más la deficitaria situación de la sanidad en la provincia.

 “Desde los despachos tampoco se vive la angustia de los profesionales ante hechos lamentables como la falta de anestesistas para atender a un joven que requiere una intervención urgente, la falta de neurólogos y un sinfín de deficiencias cuyas víctimas son los pacientes y los profesionales sanitarios que padecen las consecuencias de este despropósitos” afirma  Manuela Valle Contreras.

 “Los pacientes y profesionales consideran, pasados todos estos meses, que la reversión de la fusión forma parte de un engaño orquestado. No tienen todavía la respuesta de si en este participan los sindicatos de la Mesa Sectorial o ellos también han sido engañados, hace un año cuando firmaron el acuerdo y ahora que no se está cumpliendo”,  finaliza Manuela Valle Contreras.

La incapacidad de la gerencia del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga para conseguir un incremento de profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería para adaptar las plantillas a las necesidades reales que actualmente tiene el servicio de cirugía, obligó ayer a que un único TCE tuviera que atender a los 38 pacientes que había ingresados en la unidad durante el turno de tarde.

Recientemente, el centro hospitalario ha aumentado su actividad quirúrgica realizando intervenciones tanto en el turno de mañana como en el de tarde, sin embargo, las plantillas de TCE continúan siendo las mismas, lo que genera una elevada sobrecarga laboral entre los profesionales, que se ven desbordados al no poder llevar a cabo su trabajo con las garantías de seguridad que éste exige ni con la calidad a la que el usuario tiene derecho.

“Es cierto que las plantillas están cubiertas al 100%, según las ratios establecidas hace años, sin embargo, la situación actual de la unidad de cirugía no es la misma que era entonces, por lo que desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería exigimos que estas ratios se adecúen a la realidad actual del servicio, cuyo número de ingresos se ha incrementado considerablemente”, explica Miguel Ángel Guerrero, secretario de Organización y Comunicación de SAE en Málaga. 

“La mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, expresada por el Gobierno Andaluz no va a ser posible para los profesionales de la sanidad andaluza habida cuenta de que algunas de las medidas establecidas no podrán ser aplicadas entre estos colectivos como, por ejemplo, las actividades de autoaprendizaje o desarrollo autónomo, la preparación de tareas y reuniones, planificación de actividades o la realización de actividades de investigación en materia de administración y gestión pública” manifiesta Cristóbal Arjona, portavoz autonómico de USAE en Andalucía 
Los profesionales sanitarios entienden que, “las medidas recogidas por la Junta de Andalucía en el decreto de las 37,5 horas para la jornada laboral de los empleados públicos, son claramente discriminatorias y machacan de forma flagrante a los trabajadores sanitarios”.
Por ello, han solicitado formalmente a la Presidenta de la Junta de Andalucía que se retire el documento mencionado y se elabore un nuevo documento en el que no se incluyan discriminaciones entre colectivos y no existan diferencias más allá de las que se derivan de su actividad o categoría profesional.
En cualquier caso, debe admitirse que las actividades que pueden servir a un empleado público de los sectores de Administración General e instrumental para justificar 2,5 horas semanales de trabajo, sean también de aplicación al personal del sector sanitario.
Asimismo, los sindicatos han solicitado, con analogía a los contenidos de la formación continuada valorada para los sectores de administración general e instrumental,  que se admita e incluya en el nuevo documento para el sector sanitario la formación acreditada bien por las Universidades o  por la Comisión de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias.

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