Sin embargo, no va a ser así y a pesar de las peticiones expresas de FTPS para que fuera cesada de inmediato el Presidente de la Comunidad, Javier Lambán, ha hecho caso omiso e incluso disculpa a la consejera, pide compresión e incluso se atreve a aludir a "interpretaciones múltiples o equívocas”.

No se trata de disculparse o de tener compresión, a pesar de la absoluta falta de empatía por parte de la consejera. El problema real es que sus palabras han destapado lo que los profesionales estábamos ocultando con este reciclaje de materiales: su ineptitud frente a esta crisis y su incapacidad para mantenerse al frente de esta Consejería.

¿Se van a disculpar uno a uno con cada profesional que se ha contagiado por falta de protección?, ¿Lo van a hacer con los familiares a quienes estos profesionales hayan podido contagiar?. Es evidente que no y la única salida digna que le queda a la consejera es la dimisión y al Presidente Lambán su cese. Sin embargo, ambos lo solucionan pidiendo disculpas demostrando así una falta de respeto absoluto a los profesionales.

La pandemia no ha terminado y no son pocos los expertos que platean otro brote en otoño. Mantener al frente de la consejería de Sanidad a Pilar Ventura supone para los profesionales un estrés añadido de que pudiera enfrentarse a la misma situación y con la misma falta de previsión. Es sencillamente inadmisible.

Es lamentable tener que recordarle a ningún responsable sanitario que el único estímulo de los profesionales son nuestros pacientes y, precisamente, porque somos profesionales no tenemos ninguna necesidad de sentirnos colaboradores.

Sus declaraciones son un expreso reconocimiento de que han faltado EPIs y al hacerlo resalta la labor de los profesionales, que ante esta falta de los mínimos materiales de protección han mantenido firme su compromiso: cuidar y curar a los pacientes.

            No debe olvidar tampoco que de haberse negado a trabajar sin la debida protección los trabajadores están amparados por la ley porque es responsabilidad del empresario, en este caso, la Consejería de Sanidad y el Gobierno aragonés, velar y garantizar la salud de sus profesionales. Sin embargo, no ha sido así.

Han empleado tiempo, la mayor parte de las ocasiones fuera de su jornada de trabajo, reciclando aquellos materiales que tenían a su alcance, para improvisar protecciones que les sirvieran de barrera ante el Covid y poder así mantener, por encima de todo, su compromiso con todos y cada uno de los pacientes.

La falta de protección es responsabilidad, única y exclusiva de las autoridades sanitarias que, desde el principio, han tomado decisiones erróneas y no sabido proteger a los profesionales.

            Asimismo, es indignante que afirme que “se nos permitió adaptar material”. Nos arriesgamos porque no había otra cosa aunque con ello se haya escondido durante un tiempo su ineptitud al frente de Consejería, responsable último en la gestión de esta crisis.

Solo los profesionales, los pacientes y los familiares sabemos lo que supone esta pandemia y las situaciones a las que ha habido que hacer frente en los centros. Hacer estas declaraciones es una falta de respeto a todos ellos y haber asistido a la pandemia desde la comodidad de un despacho.

Todo héroe necesita su villano. Y si los sanitarios nos hemos convertido, involuntariamente en los héroes de esta crisis, los villanos están personificados en esta consejera por estas indecentes declaraciones.

 FTPS ha presentado una denuncia en Inspección de Trabajo tras detectar en varios hospitales de la comunidad el incumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales relativa a EPIs, lugares de trabajo, gestión de residuos y riesgo biológico.
Entre las anomalías constatadas, queremos resaltar cómo se han ido modificando los protoclos en función del material de protección existente, contraviniendo así la normativa de prevención. Debido a esta falta de material, se está obligando a los profesionales a reutilizar las batas desechables y las mascarillas FFP2 y FFP3 varias veces, cuando están indicadas para un solo uso.
Esta escasez de recursos está obligando a los profesionales de UCI a trabajar en este servicio con mascarillas FFP2, incluso para realizar técnicas que generan bioaerosoles, en lugar de FFP3, que son las que están indicadas. 
En cuanto al desecho de residuos, las bolsas destinadas para los de clase III se están acumulando en el suelo ya que no hay cubos acondicionados para su depósito y posterior eliminación.
A esta escasez de material se suma la falta de recursos humanos, como ocurre en el Hospital de Teruel, donde hemos solicitado que se contrate a los profesionales necesarios para cubrir las plantillas.
Asimismo, en el Hospital Miguel Servet se ha detectado una dotación de mascarillas que incumple la normativa europea y tenemos conocimiento de que éstas también se han distribuido en varios centros de salud, por lo que aquellos trabajadores que las hayan utilizado no han estado realmente protegidos y, por lo tanto, es probable que estén infectados y puedan contagiar a otros profesionales.
Por ello, también hemos presentado denuncia en Inspección de Trabajo, exigiendo a la Consejería que identifique en qué centros sanitarios se han recibido estas mascarillas, así como a los trabajadores potencialmente afectados para que se les realice urgentemente el test PCR. En este sentido, exigimos que a estos profesionales se les retire del servicio asistencial y se adopten las medidas de confinamiento oportunas hasta obtener un diagnóstico certero sobre su infección.    
 “La Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge claramente qué material de protección está indicado para cada situación y saltarse esta Ley para cambiar los protocolos y adaptarlos al material existente es intolerable, pues se está poniendo en peligro la seguridad y salud de los profesionales.  Por ello, desde FTPS exigimos que se adopten las medidas necesarias para acabar con esta situación de desprotección a la que se ven sometidos los trabajadores y que solo atiende a la irresponsabilidad de los gestores sanitarios aragoneses. Además, exigimos que se proporcionen mascarillas auto filtrantes que cumplan con la normativa y criterios aprobados por el Ministerio de Sanidad”, explica José Hernández, responsable de FTPS en Aragón.
 

            No es posible garantizar la seguridad de los profesionales si estos no cuentan con EPIs ni mascarillas y se exponen tanto al contagio individual como a la propagación del virus en estos centros. Algunas de las medidas que en otros espacios es fácil mantener, como la distancia mínima de separación, en estos centros es imposible respetar dado que en estos centros se presta atención a personas mayores, personas con discapacidad,  dependientes, etc...por lo que incluso para los residentes sin coronavirus es imposible prestar la asistencia sanitaria a dos metros y la única protección posible son los EPIs.

            El virus no hace ningún tipo de distinciones. El Ministerio de Sanidad y las autoridades tampoco debe hacerlas y es prioritario proteger a estos profesionales que no prestan sus cuidados en los hospitales, eje de la atención, pero que también están cuidando y atendiendo a muchos españoles. Por otro lado, y tal como insiste el Gobierno, es una prioridad proteger a los más sensibles: las personas mayores y los pacientes con patologías previas ya que son los más vulnerables frente al coronavirus. En definitiva, necesitan de una atención y unos cuidados continuos por parte de unos profesionales que se están enfrentando a esta situación en unas condiciones muy precarias.

            Contener el virus en estas residencias es indudablemente una forma de frenarlo y de no saturar los hospitales aragoneses

            Por otro lado, el Sindicato de Técnicos de Enfermería ha remitido una carta al Ministro de Sanidad exigiendo que se haga la prueba del Covid-19 a todos los profesionales sanitarios. El número de profesionales afectados está aumentando y es fundamental conocer la situación real de los profesionales.

Los trabajadores sanitarios están expuestos al contagio exterior y pueden sentirse asintomáticos durante días y estar contagiando a los usuarios al no estar protegidos adecuadamente, por ello es urgente que se dote a todo el personal sanitario y de servicios sociales de mascarillas quirúrgicas y suficientes guantes. No puede entenderse esta desprotección irresponsable cuando en el momento actual lo fundamental es cuidar a los que cuidan. La falta de pruebas y la alarmante escasez de EPIS puede desembocar en una falta de profesionales que agravaría de manera significativa la saturación que ya existe en los hospitales.

Así se lo ha trasladado en el último pleno de las Cortes de Aragón en el que la diputada preguntó sobre el estudio interno en relación con la regulación de las funciones de los TCE, que estaba en marcha en abril de 2017 y del que no se conocen las conclusiones. La Consejera de Sanidad, Pilar Ventura, reconoció la necesidad de actualización de las funciones de los Técnicos en Cuidados de Enfermería y que éstas deben estar armonizadas a nivel estatal y, además, es necesario tener en cuenta la actual revisión del curriculum que está desarrollando el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La diputada, que ha mantenido diferentes contactos con los responsables autónomicos del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), recordó que “la formación, la cualificación de este colectivo ha ido cambiando y ha habido revisión de las competencias y cualificaciones que vienen recogidas en los Reales Decretos 546/1995 y 558/1995 pero no se han adaptado las funciones que están realizado dentro del Sistema de Salud”. De ahí la solicitud para que la Consejería de Sanidad de Aragón dé el impulso necesario en el Consejo Interterritorial.

José Hernández, secretario autonómico de SAE en Aragón ha manifestado al respecto que “los profesionales necesitamos ese impulso a nuestra reivindicación. Es evidente que ya no bastan los apoyos verbales de la Consejera de Sanidad, tanto a SAE como en el Pleno de las Cortes. Es necesario avanzar”.

“Los profesionales contamos con todos los apoyos porque hace años, incluso el Justicia de Aragón se posicionó a favor de las propuestas de SAE en la necesidad de que se agilizarán estos trámites y así se lo reclamó al Departamento de Sandiad aragonés. Sin embargo, no parece que ningún consejero ejerza como tal para los Técnicos en Cuidados de Enfermería y dé una respuesta valida a nuestras justas peticiones”, finaliza José Hernández.