La inestabilidad en la toma de decisiones de la dirección gerencia hace que cada día cambien los protocolos de contratación para cubrir las bajas y tampoco existe un plan adecuado para hacer frente al periodo estival, meses en los que las plantillas tienen derecho a coger días de vacaciones.

Esta situación tiene como consecuencia la saturación que se está viviendo en el centro hospitalario, afectando tanto a los profesionales, expuestos a un estrés y ansiedad continúos debido a la sobrecarga laboral, como, por supuesto, a los ciudadanos, que están sometidos a largas listas de espera.
 
 “Si de verdad quieren apostar por una sanidad eficiente, segura y cercana, deben llevar a cabo las contrataciones adecuadas a la demanda asistencial, respetando siempre el derecho que tienen todos los profesionales a estar de baja por enfermedad y a poder conciliar su vida laboral y personal durante el periodo de vacaciones. Por ello, desde USAE nos sumaremos a todas las actuaciones que se lleven a cabo para presionar a la gerencia del Hospital Universitario de Canarias, pues es necesario que recapacite y empiece a adoptar medidas que realmente den respuesta a los problemas por los que ahora mismo está pasando el hospital debido a la falta de plantillas adecuadas”, explican los delegados de USAE en el centro.

    El hecho causante radica en el incumplimiento por parte de la empresa del derecho a la información de los trabajadores, siendo varias las situaciones planteadas: información sobre el calendario laboral del año 2024 requerido a la empresa en junio de 2025; la entrega de los registros de jornada completos del año 2024; la entrega del registro de los días de baja por incapacidad temporal del año 2024; y la entrega de copia de las nóminas de 2024 con desglose de días y horas correspondientes a cantidades de abono en exceso, así como explicación detallada de la regla aplicada por la empresa en el prorrateo de conceptos salariales. 
    Estas informaciones son esenciales pues demuestran que la empresa no respeta el cómputo horario semanal, acordado en 40 horas, estableciendo una distribución irregular de la jornada laboral, lo que vulnera los derechos de los profesionales.
    “De esta manera, tal y como ha indicado la Inspección de Trabajo, la empresa está incumplimiendo varias disposiciones legales y convencionales al no respetar este cómputo horario semanal: Artículos 34.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 22.1 del III Convenio Colectivo Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia de la Comunidad Autónoma de Canarias, publicado por BOP de 13/05/2019, y Disposiciones arbitrales Primera a Quinta de la Resolución de 19 de julio de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el laudo arbitral sobre jornada de trabajo en el ámbito del Convenio Colectivo para las Empresas y las Personas Trabajadoras de Transporte Sanitario de Enfermos/as y Accidentados/as (BOE 31/07/2024), respecto de los límites de jornada anual y semanal de promedio en cómputo anual”, explican los responsables de FTPS en Lanzarote.

Los ciudadanos de Arrecife llevan más de tres días sin dos vehículos por falta de unidades de sustitución. Esta situación se da de manera constante en la isla, por lo que el Gobierno y el Servicio Canario de Urgencias (SUC) conocen la situación y su falta de actuación les convierte en cómplices del servicio precario que ACCIONA-ICOT está gestionando. La solución planteada por el SUC pasa por derivar los servicios a otras empresas privadas o a otras unidades ubicadas en puntos alejados de la isla, lo que repercute en los tiempos de atención.
    Además, hay unidades que no pasan de 80km/h, lo que impide que se puedan realizar servicios de urgencia con la premura y eficacia que requieren. 
    Debido al alto número de servicios de urgencias de la isla, la Consejeria de Sanidad ha ampliado el servicio con dos nuevas unidades en la isla de Lanzarote. Estas adjudicaciones no han sido otorgadas a la empresa que ostenta el contrato público sino que han sido entregadas a una segunda, hecho que confirma las carencias que tiene la adjudicataria en la isla. 
    Actualmente, los Técnicos en Emergencias Sanitarias están inmersos en la negociación de un nuevo convenio, situación que se está postergando en el tiempo debido a las empresas negociantes y problemas entre los sindicatos que nos representan. Estas empresas finalizaron en diciembre de 2024 el contrato público con Gestión Sanitaria de Canarias, empresa pública del mismo, y anualmente están teniendo que hacer contratos de emergencia.
    En la última comisión de Sanidad y posteriores declaraciones, la Consejera afirma que si la negociación del convenio no concluye en un corto periodo de tiempo, se verá obligada a sacar la licitación del concurso en Canarias. Este hecho repercute económicamente sobre los trabajadores porque perderían no solo las subidas de estos años, sino que las nóminas bajarían aún más. Del mismo modo, los derechos sociales conseguidos hasta ahora, se verían mermados ante una media nacional.  
     “La degradación de los servicios, particularmente el de soporte vital no es nueva y desde FTPS lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, pues se está jugando con la vida de las personas y la seguridad de los profesionales, quienes ahora reciben, además, la amenaza de continuar con un convenio obsoleto y denigrante. Por ello, continuaremos luchando para que los responsables de la sanidad canaria adquieran un compromiso real con la atención a la población, mejorando los recursos, respetando a los profesionales y cuidando los servicios. Es inadmisible que continúe primando el ahorro económico por encima de la calidad asistencial y laboral”, explican los responsables de FTPS en Lanzarote. 
 

    A este hecho se suma la inexistencia de un convenio colectivo porque la patronal se niega a firmar los acuerdos propuestos por las organizaciones sindicales.
    El Servicio Canario de Urgencias (SUC) y la Gestión de los Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) conocen la situación, pero ninguna ha adoptado las medidas necesarias para acabar con esta situación y resolver los problemas de los profesionales, que pasan por falta de plantillas y recursos insuficientes, lo que, irremediablemente, tienen consecuencias en la atención a la población. 
    “La situación de las ambulancias de SVB no es todo lo buena que nos gustaría, por eso hemos denunciado en varias ocasiones los problemas que rodean a este servicio en Lanzarote. Desde FTPS exigimos un compromiso real con la atención a la población y éste debe pasar por mejorar los recursos, respetar a los profesionales y cuidar los servicios. Es inadmisible que se juegue con la sanidad de esta manera, por ello desde FTPS seguiremos luchando para que las dotaciones cuenten con todos los medios necesarios, tanto humanos como materiales, y por que éstos sean los adecuados para ofrecer a los usuarios una atención eficiente”,  explican los responsables de FTPS en Lanzarote. 

No se trata de una situación transitoria ni puntual o de reordenación. Es permanente y no se está poniendo ningún medio para su solución ni tan siquiera para la mediación con los representantes de los trabajadores ni la insistencia que desde hace años SAE ha mantenido en diferentes instancias. Sin embargo, no ha habido una negociación y acercamiento con las partes de manera que se reduzcan los riesgos para los TCE, a pesar de los datos negativos de la Evaluación de Riesgos Ergonómicos MMC (Informe MAPO), riesgo psicosocial, quejas, cartas, reuniones, bajas, incidentes, etc.
Se presenta una situación de agravio comparativo con respecto a los técnicos de otros hospitales del Servicio Canario de la Salud donde esta situación no se produce, y, sobre todo, se merma la calidad asistencial al paciente. Los TCE presentan un alto riesgo psicosocial y ergonómico porque temen negarse a realizar estas tareas por la posibilidad de ser sancionadas y  y de perjudicar al paciente. Al final dicha situación afecta a la salud de los trabajadores que asumen el trabajo de los celadores que no son contratados por el hospital.
Finalmente la Inspección insta al CHUC a efectuar una adecuada evaluación completa de riesgos ergonómicos existentes indicando los riesgos detectados (considerando que los resultados de la MAPO del mes de abril son inaceptables)  y las medidas de planificación preventiva a aplicar; mantener actualizado el listado de personal que presta servicios para la empresa e incluir en el documento sobre evaluación de riesgos laborales ergonómicos las medidas para eliminación y control de dichos riesgos. Asimismo, deberá ejecutar y/o planificar las medidas de planificación preventiva no planificadas y mantener el documento sobre planificación preventiva adecuadamente actualizados haciendo constar la fecha de realización, presupuesto, responsable, etc y acreditar documentalmente la realización de tales medidas en los plazos establecidos.
Desde USAE esperamos que se cumpla el requerimiento de la Inspección de Trabajo aunque seguiremos reivindicando la necesidad de que se proceda a la contratación de celadores y una adecuada definición de funciones según corresponda a cada puesto de trabajo, evaluando el riesgo de sobrecarga y sobreesfuerzo real así como la eliminación del agravio comparativo en este hospital, respecto al resto de hospitales del Servicio Canario.