Desde SAE no vamos a insistir más en lo evidente: no hemos desvelado ninguna fecha que no conozcan cientos de personas en Valladolid,  y no afecta para nada al proceso.
    “Lo que sí puede poner en peligro el proceso selectivo son estas gratuitas actuaciones motivadas únicamente por el interés de captar la atención. Los responsables de CSIF son, o deberían, ser conscientes del enorme perjuicio que supone en todos los aspectos su petición”, afirma Ana Tobal.
    Apelan a los derechos de los opositores y estos también tienen derecho a que no se les alarme con exigencias injustificadas que suponen una evidente falta de respeto.

    En estas residencias trabajan alrededor de 6.000 Técnicos en Cuidados de Enfermería en toda la Comunidad de Castilla y León, aunque es una situación que afecta a todas las categorías profesionales, siendo miles los profesionales sometidos a unas condiciones de trabajo inaceptables.
    De hecho, son conocidas por todos y no son pocos quienes, a pesar de estar desempleados, renuncian al contrato o quienes han sido incapaces de superar el periodo de prueba estipulado.
    El Sindicato de Técnico de Enfermería (SAE) ha denunciado la situación ante la Gerencia de Servicios Sociales y la Inspección de Trabajo, en reiteradas ocasiones, sin que se hayan tomado medidas al respecto, con lo que la situación empeora cada vez más. La falta de personal es un perjuicio constante al que no se está poniendo ninguna solución lo que empeora paulatinamente.
    No se trata de un problema puntual o vinculado al periodo estival (durante el que se deniega cualquier solicitud de permiso), sino que tampoco el resto del año se puede solicitar un permiso en festivos, ni tardes, ni noches. Es decir, los profesionales de estos centros tienen muy complicado poder llevar a cabo un mínimo de conciliación familiar.
    Las consecuencias negativas están aumentando y la aparición de diferentes patologías relacionadas con la sobrecarga laboral provoca un mayor absentismo laboral que, únicamente, perjudica la situación.
    Ana Tobal, secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) en Castilla y León, manifiesta que “SAE va a interponer de nuevo una denuncia ante esta situación. La situación es insostenible y la responsabilidad es únicamente de los gestores que están obligados a solucionar estos hechos de forma inmediata”.

    Ha concluido una ronda de reuniones con casi todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León a quienes se les han trasladado las reivindicaciones fundamentales para el colectivo al que representa la organización sindical.
    Ana Tobal, secretaria autonómica de SAE, considera que la receptividad ha sido buena y hay compromiso por parte de algunos parlamentarios de llevar a las Cortes algunas de estas peticiones que son fundamentales para la sanidad castellano leonesa.
    “El mantenimiento de la sostenibilidad del sistema pasa por optimizar los recursos humanos y llevar a cabo una ordenación adecuada de los mismos, además de una revisión exhaustiva y pormenorizada del gasto sanitario” ha explicado la secretaria autonómica de SAE en Castilla y León”.
    Pero no sólo éstas, además SAE ha trasladado reivindicaciones fundamentales para el colectivo como es el desarrollo de funciones, previsto en el Estatuto Jurídico, o la carrera profesional para el personal laboral de los servicios sociales que está igualmente sin desarrollar a pesar de lo establecido en el EBEP.
    “Confiemos en que cumplan sus compromisos y planteen ante las Cortes de Castilla y León las peticiones de los Técnicos en Cuidados de Enfermería”, finaliza Ana Tobal.

En primer lugar, si defienden que esta jornada es para conciliar la vida laboral y familiar no tiene sentido la compensación planteada según la cual los trabajadores que trabajan a turnos, y que son la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios, disfruten de un día el próximo mes de diciembre y los otros dos durante el año 2019. ¿El resto del año no se concilia?

Por otro lado, la jornada de 35 horas es un derecho que se perdió como consecuencia de los recortes provocados por la crisis: se suprimió para todo el año y para todo el año hay que recuperarlo. En caso contrario, y de no establecerse las bases de esta recuperación, se puede convertir en una jornada de temporadas y, desde luego, no es la reivindicación que el Sindicato de Técnicos de Enfermería mantiene desde que este derecho fue eliminado.

 En este sentido, se enmarca la campaña de recogida de firmas y visibilización de la demanda que SAE ha emprendido recientemente en la que se exige la jornada de 35 horas a nivel nacional, para todos los funcionarios pero fundamentalmente para los profesionales sanitarios, cuya actividad conlleva unas características especiales que agravan las cargas de trabajo y que deben ser valoradas o compensadas de alguna manera.

  Justamente, el acuerdo firmado para los funcionarios de Castilla y León perjudica especialmente al personal sanitario, por lo que no puede en ningún caso ser considerado un buen acuerdo para SAE.

 “Para nosotros es una satisfacción pero, sin duda, es un avance y un beneficio para los profesionales que quieren acceder a un puesto de trabajo”, manifiesta la secretaria autonómica de SAE en Castilla y León, Ana Tonal

“SAE mantuvo una reunión hace unos meses con la Gerencia Regional en la que se pusieron de manifiesto las deficiencias de la Bolsa de Empleo. Tras este encuentro elaboramos una propuesta, inspirada en el modelo de Sacyl, pero adaptada a las necesidades de personal de la Junta de Castilla y León para regular la selección del personal funcionario interino y del personal temporal”, explica Ana Tobal.

Si bien el Proyecto de Decreto recoge muchas de las propuestas que recogía el documento presentado por SAE, seguimos considerando necesario que se tengan en cuenta debidamente los méritos formativos de los profesionales y que estos sean incluidos en la baremación”, afirma Ana Tobal, secretaria autonómica de SAE en Castilla y León.

Por tanto, se ha remitido un documento de alegaciones a las instancias oportunas confiando en que sean tenidas igualmente en consideración. El acceso de los profesionales a un empleo público debe hacer con las máximas garantías y transparencia.