Este Sindicato ha recurrido a los diversos Defensores del Pueblo de las distintas Comunidades Autónomas, incluso al Nacional, con el fin de que insten a las administraciones a la actualización de las funciones. Petición que ha sido tenida en cuenta cómo puede demostrarse en la respuesta que en febrero de este año le trasladó a este Sindicato en la que informaba de que su recomendación había sido tratada por la Comisión Técnica Delega del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad que la había rechazado unánimemente.

     Desgraciadamente, parece ser que lo que el Defensor del Pueblo “recomienda” no sirve para absolutamente nada, bueno sí, sirve para mantener unas instituciones inútiles a cargo de los presupuestos de las arcas públicas. Presupuesto que bien podrían destinarse a otras cuestiones, como por ejemplo a mejorar la calidad asistencial de los usuarios de la Sanidad contratando a más profesionales.

      SAE se pregunta a qué oscuros intereses están abocadas las Consejerías de Sanidad para resistirse, de tan pertinaz manera, a reconocerle a un profesional cualificado para ejercer más funciones de carácter sanitario de las que tienen en la actualidad que redundaría en una mejor calidad asistencial y una mayor optimización de los recursos humanos existentes que conllevaría un mejor aprovechamiento de los fondos económicos que tanta falta hace, especialmente en Sanidad.

      Aunque lo peor del asunto no es esto, es, que en esta tendencia de privatizar servicios como la limpieza de los hospitales, demuestra que a la Consejería le importa bien poco sus profesionales sanitarios, como bien se ve en este caso que en vez de apoyar a los TCE, les amenaza, les abre expedientes disciplinarios y les impone tareas que debería hacer el personal de limpieza de esa contrata, como además él mismo ha reconocido que lo hacen en otros hospitales. Aunque el colmo de los colmos es que se sancione a los TCE de las listas de contratación que se negaron a aceptar un contrato “solo para trasladas las bolsas”, lo que significa que la Consejería pretende malgastar un dinero público contratando a un personal sanitario, al que no le corresponde esa función, para ahorrarle dinero a una contrata privada con ánimo de lucro, en vez de exigirle que lo realice su personal.

El Sergas ha informado que convocará 315 plazas para personal facultativo, 140 para enfermeros, 4 para técnicos superiores de documentación sanitaria y 323 para diferentes categorías de gestión y de servicios, excluyendo a los Técnicos en Cuidados de Enfermería.

Por lo tanto, la mayor parte de la oferta de empleo del Sergas será para licenciados. “Esta medida es insuficiente, ya que para poder garantizar la calidad asistencial es necesario que aumente el número de profesionales de la enfermería básica en todo el territorio gallego”, explica Pilar López, Secretaria Autonómica de SAE en Galicia.

En definitiva, es una oferta precaria porque no atiende a la contratación necesaria de los profesionales de la sanidad básica, desvirtuando así la calidad del pacietne que es lo más importante.