La UBP será la que llevará a cabo las extracciones y el seguimiento de los resultados.
Próximamente se irá informando de fechas y horarios.
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Quienes la hayan utilizado deben comunicárselo al Supervisor y al Delegado Sindical de SAE.
 

 FTPS ha presentado una denuncia en Inspección de Trabajo tras detectar en varios hospitales de la comunidad el incumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales relativa a EPIs, lugares de trabajo, gestión de residuos y riesgo biológico.
Entre las anomalías constatadas, queremos resaltar cómo se han ido modificando los protoclos en función del material de protección existente, contraviniendo así la normativa de prevención. Debido a esta falta de material, se está obligando a los profesionales a reutilizar las batas desechables y las mascarillas FFP2 y FFP3 varias veces, cuando están indicadas para un solo uso.
Esta escasez de recursos está obligando a los profesionales de UCI a trabajar en este servicio con mascarillas FFP2, incluso para realizar técnicas que generan bioaerosoles, en lugar de FFP3, que son las que están indicadas. 
En cuanto al desecho de residuos, las bolsas destinadas para los de clase III se están acumulando en el suelo ya que no hay cubos acondicionados para su depósito y posterior eliminación.
A esta escasez de material se suma la falta de recursos humanos, como ocurre en el Hospital de Teruel, donde hemos solicitado que se contrate a los profesionales necesarios para cubrir las plantillas.
Asimismo, en el Hospital Miguel Servet se ha detectado una dotación de mascarillas que incumple la normativa europea y tenemos conocimiento de que éstas también se han distribuido en varios centros de salud, por lo que aquellos trabajadores que las hayan utilizado no han estado realmente protegidos y, por lo tanto, es probable que estén infectados y puedan contagiar a otros profesionales.
Por ello, también hemos presentado denuncia en Inspección de Trabajo, exigiendo a la Consejería que identifique en qué centros sanitarios se han recibido estas mascarillas, así como a los trabajadores potencialmente afectados para que se les realice urgentemente el test PCR. En este sentido, exigimos que a estos profesionales se les retire del servicio asistencial y se adopten las medidas de confinamiento oportunas hasta obtener un diagnóstico certero sobre su infección.    
 “La Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge claramente qué material de protección está indicado para cada situación y saltarse esta Ley para cambiar los protocolos y adaptarlos al material existente es intolerable, pues se está poniendo en peligro la seguridad y salud de los profesionales.  Por ello, desde FTPS exigimos que se adopten las medidas necesarias para acabar con esta situación de desprotección a la que se ven sometidos los trabajadores y que solo atiende a la irresponsabilidad de los gestores sanitarios aragoneses. Además, exigimos que se proporcionen mascarillas auto filtrantes que cumplan con la normativa y criterios aprobados por el Ministerio de Sanidad”, explica José Hernández, responsable de FTPS en Aragón.
 

            Los profesionales sanitarios se enfrentan a la escasez de guantes y de uniformes de un solo uso. Pero, además, se obliga al personal a pulverizar con lejía diluida batas y mascarillas para ser reutilizadas cuando estos materiales han de ser estériles y para un uso único. El mismo proceso se sigue con los mandiles impermeables que son lavados eliminando en este proceso la impermeabilidad que les da la eficacia necesaria para su utilización.

            “Todas estas carencias de material y actuaciones con el existente supone que los profesionales un evidente riesgo en la atención a los pacientes que el Sindicato de Técnicos de Enfermaría ha denunciado ante la Inspección de Trabajo”, finaliza Victoria González, secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería.

En el DOE de 20 de abril, se ha publicado DECRETO-LEY 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19.

Los aspirantes que pertenezcan a las bolsas de trabajo de cualquier cuerpo/categoría y especialidad de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura que, durante el tiempo que se encuentre vigente el estado de alarma, aceptarán una oferta de trabajo dirigida a dar respuesta a las necesidades derivadas de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez finalice el contrato laboral o nombramiento interino se reincorporarán a la correspondiente bolsa en la posición que les corresponda aunque la duración del contrato o nombramiento exceda de tres meses, excepcionando así lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 29 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre.
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