La Propuesta de Moción presentada por la Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad (FTPS), conformada por SAE y SIETeSS, en la que se recoge la exigencia al Govern de cumplir los acuerdos de fin de huelga y la necesidad de aplicar de forma inmediata y presupuestada la cuantía correspondiente a la clasificación profesional, recogida en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), ha sido aprobada por el Parlament de Catalunya.
    Así, ante la actual negociación para la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que recoge esta clasificación, FTPS ha conseguido que tan pronto como se firme y entre en vigor, la Generalitat de Catalunya asigne automáticamente una partida presupuestaria para hacer efectiva la retribución de acuerdo con los nuevos niveles: el C1 para los Técnicos Sanitarios de Grado Medio y el B para los de Grado Superior de la Formación Profesional.  
    “Han pasado más de 18 años desde la aprobación del EBEP, y esta clasificación no ha sido implementada efectivamente, lo que supone una discriminación económica respecto a otros colectivos profesionales. Por ello, desde FTPS creemos de justicia que el nuevo nivel retributivo aplicado a la nueva clasificación se abone desde el mismo momento de su aprobación legal”, explica Cristian Monclús, responsable de SAE en Cataluña. 
    La no aplicación de esta clasificación no puede seguir excusándose por motivos presupuestarios. Se trata de un derecho reconocido legalmente desde hace casi dos décadas y es responsabilidad del Govern de la Generalitat asegurar su ejecución íntegra y justa, con dotación presupuestaria inmediata y compensación retroactiva.
    Esta compensación es indispensable para garantizar la justicia retributiva y la dignificación de nuestras profesiones, de acuerdo con los principios de equidad y proporcionalidad dentro de la Función Pública.

Hoy, 17 de julio de 2025, se ha aprobado en el pleno del Parlament de Catalunya la propuesta presentada por FTPS en la Comisión de Sanidad.

El pasado 10 de julio la Federación de Técnicos y Profesional de la Sanidad (FTPS) formada por los sindicatos SAE y SIETeSS presentó en el Parlament de Catalunya una propuesta para ser debatida y aprobada en la que se exige el compromiso por parte de los partidos políticos y del gobierno a pagar de manera inmediata, una vez se apruebe el estatuto marco, la clasificación de los TCE – C1 y los TSS -B.

¡¡¡Catalunya es, gracias a FTPS la primera Comunidad Autónoma en asumir este compromiso!!!

Es evidente que la Atención Primaria necesita una reforma y redefinir algunos de sus aspectos. Sin embargo, el triaje de los pacientes por parte de los auxiliares administrativos no parece que sea lo más acertado.

Sin lugar a dudas estos profesionales expertos en gestión documental y atención al público, desempeñan una función fundamental, pero ajena a la atención sanitaria directa al paciente.

Esta medida supone no solo una mala gestión de los recursos humanos, sino un derroche innecesario de recursos económicos, dado que la primera fase de esta reconversión pasa por la formación de dos años para “alfabetización sanitaria” y aprendizaje para derivar a los pacientes.

“Y lo que es mucho peor: los Técnicos en Cuidados de Enfermería tenemos ya esa formación sanitaria cualificada para llevar a cabo ese triaje y derivación. Por tanto, destinar un presupuesto determinado a formar profesionales, cuando ya existen profesionales formados es un despilfarro al que se suma el coste que supondrá la subida de categoría profesional que van a experimentar los auxiliares administrativos. Se va a malgastar dinero público en una medida que no tiene ninguna razón de ser, en lugar de dotar de los recursos económicos necesarios al reconocimiento profesional que los TCE, que cada vez asumen más funciones, y otros Técnicos Sanitarios tienen reconocido por Ley”, recuerda Cristián Monclús, secretario autonómico de SAE.

Para SAE la plantilla de auxiliares administrativos está sobredimensionada por el aumento de contratación de estos profesionales en las últimas décadas, y que ahora necesitan ser reubicados, cuando, en realidad, ante una población cada vez más envejecida y con un incremento incuestionable de las patologías crónicas, lo que se debería haber hecho es una mayor apuesta por las plantillas de TCE en Atención Primaria. Por ello es inadmisible que se forme a auxiliares administrativo para llevar a cabo tareas asistenciales cuando ya existen profesionales perfectamente cualificados para ello y a los que se ha ido desplazando.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería ya manifestó su disconformidad ante la creación de esta figura en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 aprobado por el Consejo Interterritorial.

Por tanto, sin desmerecer a estos compañeros y considerando esta necesidad de reubicación, no podemos dar por buena esta medida teniendo en cuenta que deberían limitarse a las funciones y tareas burocráticas para descargar a otros profesionales sanitarios, respetando que sean éstos quienes lleven a cabo la atención directa al paciente, garantizando así la calidad que éste recibe.

Cristián Monclús, manifiesta al respecto que “con esta medida, lejos de mejorar la Atención Primaria se va a entorpecer la gestión en los centros de salud lo que, indudablemente, va a perjudicar al usuario”.

Esta reforma se está llevando a cabo con el apoyo o el silencio cómplice de los sindicatos de clase que anteponen sus intereses electorales a una atención de calidad, ignorando al usuario, cuya salud, queda claro, les importa poco.

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El ICS envía un comunicado a las personas con nombramiento estatutario temporal de interinidad por existencia de plaza vacante o mediante promoción interna temporal en plaza vacante para anunciarles que la plaza que ocupan está afectada por la convocatoria de los procesos selectivos, mediante el sistema de concurso oposición, para proveer plazas básicas de personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud.

En el caso de que el nombramiento tenga una duración máxima prevista de tres años y este plazo máximo finalice antes de la resolución de la convocatoria, las personas que ocupan esta plaza pueden permanecer, excepcionalmente, en la plaza que ocupe temporalmente, hasta que se resuelva la convocatoria.