Ante esta situación USAE ha solicitado formalmente al Director del centro que se implante un protocolo adecuado tanto para los trabajadores como para los residentes que cubra las medidas generales impartidas por el citado Área Asistencial.

Las medidas planteadas no garantizan la seguridad y salud ni de los residentes ni de los trabajadores. Dado que se trata de un entorno de alta transmisión de la enfermedad y convivencia de personal sensible, residentes de avanzada edad que muchas veces no pueden seguir los protocolos adecuadamente, presentan comorbilidades, Alzheimer, demencia, etc. es fundamental aplicar un protocolo adaptadas a las particularidades de los residentes y mantener a estos en aislamiento.

Por otro lado, las pautas establecidas no son eficaces ya que, por ejemplo, no queda clara la identificación por parte de los trabajadores, e incluso de otros residentes, de aquellos usuarios con COVID-19, ya que ni se les aisla ni se indica en la puerta que son positivos. Conviene recordar que se trata de pacientes de avanzada edad y en ocasiones con sus capacidades cognitivas mermadas por lo que les puede resulta difícil cumplir con la recomendación de que coman en su habitación y se pongan la mascarilla al salir.

Se desconoce igualmente hasta cuándo se considera un paciente positivo, qué procedimiento se sigue para comprobar que sigue dando positivo y durante cuánto tiempo se le aplican estas medidas.

Por otro lado, faltan medidas preventivas que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores, algunos de los cuales ya se han contagiado de COVID, lo que supone en primer lugar una baja laboral en la residencia y el riesgo de contagios fuera de ésta.

            Para USAE es evidente la necesidad de establecer un protocolo eficaz de prevención de contagios, que éste se aplique tanto a los residentes como a los trabajadores y que se suministre a estos EPIs adecuados para evitar el riesgo biológico de transmisión del COVID-19.

Además, USAE denuncia la falta de comunicación con los representantes de los trabajadores a los que no la dirección no ha comunicado ninguna actuación ni tiene en cuenta para poder colaborar en una cuestión tan trascendental como es la salud de los residentes pero también de los trabajadores.

No obstante, alcanzar el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de eliminar la hepatitis en 2030 se puede alcanzar siempre que se intensifiquen los esfuerzos y se mejoren los accesos al diagnóstico y los tratamientos, pues, actualmente, aunque las herramientas para evaluar y medicar a los pacientes han mejorado, las tasas de cobertura de las pruebas se han estancado.

Para conseguir esta meta es necesario que en 2030 la incidencia de infecciones crónicas por virus de la hepatitis se reduzca a 900.000 y las cifras de la mortalidad anual se sitúe por debajo de las 500.000. Para ello es necesario mejorar la prestación de servicios integrados, descentralizar los servicios de pruebas y tratamientos a la atención primaria, mantener los servicios de hepatitis como parte de la cobertura sanitaria universal e integrar la notificación y el seguimiento de las hepatitis en los sistemas de vigilancia e información sanitaria existentes. Se trata de simplificar la atención y hacerla accesible a todo el mundo.

“La vacunación infantil contra la hepatitis B, la prevención de la transmisión del virus de madre al feto, garantizar la seguridad de las inyecciones y de la sangre, reducir los daños y realizar las pruebas pertinentes para alcanzar un diagnóstico temprano son fundamentales, pero como representantes de los profesionales sanitarios, queremos aprovechar este día para recordar a la Administración su responsabilidad en la implementación de medidas que garanticen la no transmisión de hepatitis víricas en el entorno sanitario y su deber de realizar una mayor inversión en recursos materiales –acciones preventivas, pruebas, medios diagnósticos, medicamentos, vacunas, regímenes terapéuticos, etc.-, que posibiliten una respuesta eficaz y equitativa en todas las Comunidades Autónomas. Desde SAE seguiremos trabajando para mejorar la formación de los profesionales sanitarios, pero también para garantizar su seguridad”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería celebra este acuerdo tras varios años reivindicando que se pusieran fin a la doble discriminación que venían padeciendo los Técnicos Sanitarios de Navarra. Por un lado, eran los únicos profesionales de la sanidad navarra que no tenían reconocido este derecho y Navarra la única comunidad autónoma con esta situación por lo que no podía mantenerse por más tiempo.

Begoña Ruiz Malagón, secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería SAE recuerda que “nuestra reivindicación ha sido firme y constante. Contamos con el apoyo de instituciones como el Defensor del Pueblo quien consideró, hasta en dos ocasiones, que no se apreciaban razones de fondo que justificaran nuestra exclusión a en el sistema de carrera profesional”

 Recuerda igualmente que en junio de 2020 en el Parlamento de Navarra se sometió a debate y votación, que fue aprobada por unanimidad una moción que tenía precisamente por objeto instar al Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra a realizar las actuaciones necesarias para el reconocimiento de la carrera profesional en similares términos a los previstos para el restante personal sanitarios a todos los técnicos sanitarios.

Finalmente, se ha conseguido que más de 3.000 profesionales vean reconocido este derecho en el que se tienen en cuenta sus conocimientos y actualización de los mismos durante su vida profesional, la experiencia en el puesto, el cumplimiento de los objetivos de la organización en la cual prestan sus servicios. En definitiva, los mismos criterios que se establecen para los niveles A y B que hace años tienen consolidada la carrera profesional.

Está previsto que a lo largo de este 2024 se pueda comenzar a aplicar la carrera profesional. 

Un valor compartido por la delegada de Sanidad que no solo ha considerado imprescindible la labor del colectivo en la atención a los pacientes sino de la negociación colectiva como cauce para llegar a acuerdos útiles para los profesionales.

            Los responsables de SAE han expuesto las necesidades de cada uno de los hospitales provinciales y las propuestas del sindicato para mejorar la situación de los TCE en sus centros de trabajo.

Entre otras, la necesidad de adecuar las plantillas en determinados servicios donde hay un evidente déficit de TCE para poder ofrecer una mejor calidad asistencial como ocurre en servicios quirúrgicos, unidades de críticos, o el servicio de urgencias del Hospital de Albacete por el gran volumen asistencial en este centro.

            Para SAE es igualmente fundamental que los centros cuenten con las figuras del tutor de formación y el coordinador de TCE dada la necesidad de implicación, integración y reconocimiento de estos profesionales dentro de los equipos.

            Asimismo, se ha planteado la necesidad de que se reactive la carrera profesional en Castilla La Mancha porque es fundamental que todo profesional vea valorado y reconocido su formación y capacidad como parte de su desarrollo profesional.

Hacer tangible este concepto supone que el profesional mejore la motivación e implicación del profesional en su servicio.