Si el número de bajas ha aumentado en los últimos años a nivel estatal, tal y como indican los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, quizá en lugar de culpabilizar a los trabajadores, la Administración debería estudiar las causas que han generado una sociedad cada vez más enferma e intentar legislar para frenar su crecimiento. La precariedad laboral, la inseguridad que, a pesar de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, aún existe en muchos sectores, la imposibilidad de descansar adecuadamente por la falta de profesionales en ámbitos como el sanitario, o el incremento constante de las patologías mentales como consecuencia de un malestar laboral, retributivo y social, son los signos de que algo no funciona bien.

“Acusar directamente a los ciudadanos, tachándoles de irresponsables, o a los profesionales sanitarios, cuestionando su trabajo, es la manera que tiene la Consellería de Sanidad de eludir su responsabilidad, que pasa por mejorar las condiciones laborales de sus propios profesionales o incrementar las plantillas para acabar con las listas de espera. En definitiva, por invertir los recursos que tiene en desarrollar un sistema sanitario catalán eficiente, fuerte y seguro para todos, trabajadores y usuarios”, explica Cristian Monclús, secretario autonómico de SAE en Cataluña.

Además de informarnos sobre el desarrollo e implementación de los puntos abordados ayer -jornada de 35 horas y la jubilación parcial y anticipada-, exigiremos que el documento definitivo de esta norma básica, que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud, recoja, de manera clara, una clasificación profesional retribuida y justa para los Técnicos Sanitarios del Grado Superior y del Grado Medio. 
De lo contrario, adoptaremos las medidas de presión que consideremos oportunas, pues la negociación de esta norma es la única oportunidad que tenemos sobre la mesa para conseguir que se reconozca el trabajo, implicación y entrega de todos los profesionales sanitarios, que son el pilar básico para garantizar una sanidad fuerte, eficiente y segura.
 

    La petición se sustenta en la Orden de 1 de diciembre de 2025, publicada en el BOJA Extraordinario nº 15, que establece medidas preventivas frente a las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y señala que las direcciones de los centros sanitarios deben evaluar diariamente la situación epidemiológica y asistencial local para adoptar las medidas necesarias en cada momento.
    Desde SAE denunciamos que la falta de control en el acceso de acompañantes incrementa el riesgo de contagios, provoca sobrecarga en servicios esenciales y ha favorecido situaciones de agresiones a profesionales, como las registradas recientemente en otros hospitales de la provincia, entre ellos, el Hospital San Agustín.
    “Consideramos que la implantación de un sistema de acceso regulado es una medida necesaria, proporcional y coherente con el escenario epidemiológico actual, y recordamos que su objetivo es proteger tanto a profesionales como a pacientes, garantizando un entorno asistencial seguro”, explican los responsables de SAE en el centro.

    Para estas organizaciones sindicales es una prioridad absoluta que el Estatuto Marco recoja la clasificación de los Técnicos de la Formación Profesional con sus retribuciones inmediatas, entre otras mejoras.
    Estamos ante la negociación de la norma básica que regule las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud, por ello, el documento definitivo debe recoger de manera clara las reivindicaciones fundamentales de los Técnicos Sanitarios, que pasan por una clasificación justa y retribuida  de acuerdo a su titulación para los de Técnicos de Grado Medio y para los de Grado Superior de la Formación Profesional-; la jubilación anticipada y parcial, la aplicación de la jornada de 35 horas sin excepción y mejoras en las condiciones laborales, que repercutan no solo en el bienestar de los profesionales, sino también en la calidad de la atención que reciben los pacientes.
    Por tanto, y una vez comunicada formalmente esta adhesión organizaciones convocantes, los sindicatos adheridos pondrán en marcha las actuaciones que consideren oportunas con el fin de movilizar a los colectivos a los que representa y anima a los Técnicos Sanitarios, a los que afecta de la misma manera que al resto de profesionales, a manifestar junto a sus compañeros su indignación por la falta de avances y de compromiso firme en las negociaciones. 
 

    La privatización de los servicios no deja de ser un negocio para la empresa privada, que mira más por el beneficio económico que por el bienestar, la calidad y la seguridad de los pacientes. Por ello desde SAE siempre hemos luchado y trabajado por una mejora en los recursos humanos y materiales que permita reducir las listas de espera en la sanidad pública, evitando así la derivación a la privada, donde obtienen una cuantía económica por cada prueba que realizan. 

    Esta situación es insostenible para los sistemas de salud, pues se están infrautilizando los equipos y recursos de la sanidad pública para beneficiar a la privada. Por ello es urgente que se incrementen los presupuestos en el sistema público para mejorar así el número de profesionales y poder ofrecer a los ciudadanos un sistema eficaz y de calidad. Lo contrario, como estamos viendo, juega con la salud de los pacientes. Desmantelar el sistema sanitario público, tal y como se está haciendo en muchas comunidades de nuestro país, nos puede costar muy caro a todos los ciudadanos, mientras unos pocos siguen enriqueciéndose.