El Sindicato de Técnicos de Enfermería, como profesionales que están en la primera línea de la atención, quiere agradecer estas donaciones recordando a las autoridades la imperiosa necesidad de que se dote a todos los profesionales que están prestando atención de los Equipos de Protección Individual (EPI) en todos los ámbitos: hospitales, residencias de ancianos, centros de dependientes… El 12% de los contagiados son profesionales sanitarios. Si no nos protegemos nosotros y nos convertimos en fuente de contagio va ser muy muy difícil salir de esta situación.

Aunque como no podía ser de otra manera desde SAE agradecemos todas las iniciativas que se lleven a cabo en este sentido, confiamos en que las autoridades sanitarias lleven a cabo el debido reparto de EPI

Juan Vicente es  TCE (Técnico en Cuidados de Enfermería) con una discapacidad del 65% La Directora de Recursos Humanos del CHGUV acreditaba la falta de habilidad para la realización del trabajo, considerando que las características personales del trabajador eran incompatibles con el buen desarrollo de las unidades tomando la decisión de rescindir su contrato por no superar el periodo de prueba.

            La decisión de la Dirección de RRHH vulnera la Convención de los derechos de la personas con discapacidad de Naciones Unidas de 13-2-2006 y del art. 49 de la Constitución Española, así como de los arts. 1 y 11 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en cuanto a la obligación de adaptación del puesto de trabajo a las características personales del recurrente, así como en cuanto a la reasignación de las tareas a desarrollar teniendo en cuenta su grado de minusvalía.

            Juan Vicente Moreno Sanmartín fue cambiado hasta cuatro veces de servicio, en menos de dos semanas, sin darle tiempo para adaptarse a las necesidades y demandas de las diferentes unidades.

            Partiendo de su condición de personal con discapacidad reconocida, es capital que los puestos de trabajo asignados a tales personas estén adaptados a sus características personales con obligación de la Administración de facilitar su acoplamiento realizando los ajustes necesarios en cuanto a medios y tiempo con el fin de facilitar su integración y el desarrollo de las funciones encomendadas.

            Finalmente, y tras múltiples intervenciones y negociaciones por parte de SAE con la Dirección de Enfermería del departamento, se trasladó al TCE al Centro de Salud de San Isidro, donde quedó perfectamente acoplado e integrado según consta en el informe emitido por el coordinador de enfermería del centro. Las tareas fueron llevadas a cabo satisfactoriamente encontrándose en un clima de empatía mutua los trabajadores y el propio Juan Vicente, consiguiendo una integración adecuada entre las necesidades del Centro de Salud y las del propio trabajador.”

            A pesar de los buenos informes, finalmente el Director de Recursos Humanos del departamento de salud Juan Vicente (TCE), fue cesado por no superar el periodo de prueba, vulnerando todos los derechos reconocidos legalmente para la integración de las personas capacidades diferentes.

            A partir de ese momento el Sindicato SAE unió sus fuerzas con el TCE en la lucha por la defensa de la integración laboral de las personas con capacidades diferentes, acompañando al Técnico en Cuidados de Enfermería y agotando todas las vías de negociación y reclamación, hasta obtener el amparo del Tribunal Superior de Justicia que ratifica el derecho Juan Vicente a su puesto de trabajo.

            Para el Sindicato de Técnicos de Enfermería este ha sido un gran logro dada la necesidad de dar visibilidad a las personas con capacidades diferentes y recordar a la Administración su obligación de poner en marcha todas las medidas necesarias para que estas personas se puedan integrar en el mundo laboral y desarrollarse profesionalmente.

    Al término de la reunión las responsables de Comunidad Valenciana de SAE Nieves González Escrihuela y Amparo González Valverde, secretaria autonómica y vicesecretaria respectivamente, han manifestado su satisfacción por los compromisos adquiridos confiando que se cumplan en breve.     
    Una de las prioridades de SAE, planteada a la diputada, es la necesidad de que el Gobierno empiece a materializar el compromiso adquirido con la aprobación de la PNL que se llevó al Congreso en diciembre de 2018, a propuesta de SAE, que instaba al Gobierno a emprender acciones encaminadas a revisar el Nivel de Cualificación para sacar el Título como Grado Superior. No solo no se ha avanzado en este sentido, sino que el Sindicato de Técnicos de Enfermería ha tenido conocimiento de la existencia de un borrador de Real Decreto que establece el Título de Técnico en Cuidados Sanitarios en unas condiciones inadmisibles.
“Además, es fundamental que se dé por finalizada la Disposición Transitoria Tercera del EBEP de manera que se sitúe  a los profesionales de Grado Medio en el grupo C1 y en el grupo B para los Técnicos de Grado Superior que es el que les corresponde según el propio Estatuto Básico del Empleado Público. De hecho, la Ley de Función Pública de la Comunidad Valenciana ya establece mecanismos para el acceso a esos grupos de clasificación, basado precisamente en el artículo 76 del EBEP. Por tanto, es evidente que no hay nada que justifique que este encuadramiento no se haga extensivo a todos los profesionales” manifiestan los responsables de SAE.
Los responsables de SAE han entregado a la diputada un ejemplar del Libro Blanco del Técnico de Enfermería que recoge un exhaustivo estudio elaborado por la Universidad Europea Madrid, editado por FAE, cuyas conclusiones son argumento suficiente para impulsar una serena reflexión sobre la necesidad de promover una planificación adecuada y coherente de los recursos humanos y materiales para los próximos años. 
Belén Hoyo ha reconocido la necesidad de que se lleve a cabo una solución a las reivindicaciones planteadas por SAE “entre las que se incluye igualmente la actualización de competencias de los Técnicos en Cuidados de Enfermería de manera que estos se adecúen a la realidad actual”, afirman las responsables de SAE en la Comunidad Valenciana.  
 

            La reelección de la candidatura encabeza por Concepción García se traduce, asimismo, en la renovación en la confianza de la gestión llevada a cabo durante los cuatro años anteriores y que los afiliados alicantinos pudieron votar ayer en el X Congreso Provincial celebrado a tal efecto.

            Concepción García tras agradecer esta confianza ha manifestado que “esta es una labor de equipo y seguiremos trabajando para llevar la representación de los afiliados alicantinos a todos los puntos dentro de la estrategia de representación del Sindicato de Técnicos de Enfermería que, en cualquier caso, es la de conseguir las reivindicaciones fundamentales para el colectivo: Grado Superior, actualización de las competencias del  colectivo y nuestra gran lucha por conseguir la finalización de la Disposición Transitoria Tercera del EBEP que supondría el encuadramiento en el Grupo C1 para los Técnicos de Grado Medio”.

            Por supuesto, nuestros compañeros alicantinos pueden tener la certeza de que nuestros delegados que, sin duda, son el contacto con SAE más cercano, seguiremos todos a su disposición en todo aquellas situaciones del día a día que surgen constantemente”, finaliza la secretaria provincial de SAE en Alicante.

            La sentencia de conflicto colectivo, promovida por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y a la que, finalmente, se unieron otras organizaciones sindicales obliga a la empresa a cumplir con el acuerdo pactado y abonar a los profesionales las cantidades que se les adeudan.

            En marzo de 2014 se suscribió el I Convenio Colectivo de la empresa Marina Salud y en agosto de 2016 se regula el encuadramiento de todos los profesionales de Marina Salud pero no se establece el contenido económico  que quedó aplazado a los  resultados económicos de la empresa en 2017.

            La sentencia recoge un informe pericial, incorporado al proceso, que demuestra los beneficios económicos de la empresa Marina Salud S.A. en el ejercicio señalado por lo que debería haber abonado las cantidades correspondiente. No fue así y esta situación provocó la demanda de conflicto colectivo por incumplimiento de convenio colectivo.

            “Estamos antes un complemento que, en sentido estricto, hubiese tenido que estar regulado y ser abonado en enero de 2015 con arreglo a lo establecido en el artículo 40 del I Convenio Colectivo de la empresa Marina Salud”, afirma Concepción García, secretaria provincial de SAE en Alicante.

            “Finalmente, hemos conseguido que los trabajadores vean reconocido legalmente este derecho”, finaliza la secretaria provincial de SAE