Además, y junto a estas camas se colocan unas colchonetas que supone un sobreesfuerzo para los Técnicos de Atención Directa (TAD) que deben atender a los pacientes y se ven obligados a la movilización de estas colchonetas.
Se calcula que hay un centenar de estas camas en los distintos centros de Castilla y León que, sin duda, supone un aumento en la seguridad para los pacientes. Sin embargo, se traduce en la inseguridad de los profesionales que les atienden, Técnicos de Atención Directa (TAD) que están trabajando en deficientes condiciones laborales derivadas de la movilización de los pacientes en estas camas, poniendo en grave riesgo la salud del personal.
La atención a pacientes en estas condiciones obliga a los trabajadores a realizar su labor en posturas forzadas, con flexión constante del tronco y sobrecarga lumbar, incrementando significativamente el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, bajas laborales y cronificación de patologías de espalda, incluso en alguna ocasión, se ha tenido que proceder a tener que trabajar arrodillados en el suelo para poder atender al usuario.
Esta situación vulnera los principios básicos de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, que establece la obligación empresarial de adaptar el trabajo a la persona y evitar riesgos innecesarios, especialmente en lo relativo a la manipulación manual de cargas.
SAECyL trasladó esta situación a la Directora Técnica de Recursos Humanos y Gestión de Centros, de la Gerencia de Servicios Sociales, a quien recordó su responsabilidad institucional de cuidar a quienes cuidan. Se alertó de la falta de medios técnicos suficientes como camas regulables en altura, grúas de movilización que lleguen a la cota 0 ya que es evidente que la movilización de los pacientes en estas camas impide una correcta ergonomía a la hora de tener que desarrollar el trabajo y atender al usuario en dichas camas.
Para SAECyL es prioritaria la dotación urgente de equipamiento ergonómico adecuado y la inmediata retirada de las camas a cota 0 cuando impliquen la movilización manual sin medios adecuados por lo que se necesitarán alternativas que sean seguras tanto para el paciente como para el profesional
No pueden normalizarse prácticas que comprometen la salud física de los profesionales por lo que es urgente una evaluación específica de riesgos laborales que están asumiendo, así como la implantación de protocolos que garanticen la seguridad en la movilización de pacientes.
Si no se adoptan las medidas necesarias a la mayor brevedad posible se valorarán las acciones legales que esta organización considere oportunas y se llevara a cabo la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo.
 

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha puesto denuncia contra la residencia de ancianos de Ávila, perteneciente a la Junta de Castilla y León, debido a su inacción ante las agresiones, verbales y físicas, a las que está sometida una trabajadora Técnico en Cuidados de Enfermería (TCE) del centro por parte del familiar de uno de los residentes.
    Insultos, vejaciones, desprecio continuo e intimidaciones son algunas de las agresiones verbales a las que esta trabajadora lleva más de dos años sometida por parte de su agresora, quien, además, le ha atacado físicamente. 
    Tanto SAE como las profesionales del centro han informado en varias ocasiones a la dirección de la residencia sobre esta situación, sin que los responsables hayan adoptado ninguna medida al respecto, salvo imponer a la agresora un distanciamiento de la trabajadora durante 15 días y pedir a las profesionales que le den un voto de confianza. La situación, cada vez más grave, ha provocado la baja de la profesional, sometida a importantes episodios de estrés, ansiedad y temor al tener que enfrentarse diariamente a su agresora.
    Esta falta de apoyo por parte de la dirección del centro ha llegado hasta el extremo de no informar a la víctima de los pasos que debía seguir para iniciar la denuncia o para comunicar la agresión a la Junta de Castilla y León.
    “Desde SAE informamos y formamos a los profesionales para evitar las agresiones, físicas o psíquicas, a las que los trabajadores están expuestos tanto en hospitales y centros de salud como en centros sociosanitarios. La arrogancia, la prepotencia, el doble discurso, la falta de valores éticos/morales, la falta de respeto y, sobre todo, el desarrollo de conductas violentas premeditadas por parte de usuarios y familiares ponen en riesgo a los profesionales durante su jornada laboral, y es responsabilidad de los gestores sanitarios velar por su seguridad. Para ello, es esencial que se instauren protocolos y planes de prevención bien desarrollados que garanticen la integridad de los profesionales, algo que, desde luego, está muy lejos de la actitud adoptada por la dirección del centro”, explica Inmaculada García, secretaria provincial de SAE en Ávila.

El paradigma de la atención sociosanitaria debe cambiar acorde a los cambios sociales y demográficos actuales y futuros basados en una población cada vez más envejecida, con pluripatologías y enfermedades crónicas. Pacientes que requieren de cuidados continuos que deben proporcionar personal de enfermería, pero no necesariamente y, en su mayoría, profesionales universitarios.

Por eso, no dejan de sorprender las declaraciones de los representantes de los enfermeros respecto al borrador del Decreto de la Junta que debe desarrollar la Ley Reguladora del Modelo de Atención Residencial para Cuidados de Larga Duración en Castilla y León de 2024.

SAECyL ha defendido siempre y por encima de otras consideraciones la necesidad de que la atención socio sanitaria sea responsabilidad de personal con titulación y que cada estamento lleve a cabo aquellas funciones que por competencias y cualificación les corresponde.

Los Técnicos en Cuidados de Enfermería / Técnicos de Atención Directa (TAD) tienen titulación adecuada y forman parte de los equipos de enfermería. Sin embargo, los responsables de las organizaciones de enfermeros olvidan ambas premisas y generan una alarma innecesaria al realizar afirmaciones como que “las funciones que son exclusivas de la enfermería podrían dejarse en manos del personal sin titulación universitaria generando intrusismo profesional y dejando sin cobertura segura a una población altamente dependiente y pluripatológica”.

En las residencias, no todos los cuidados de enfermería son exclusivos del personal universitario, sino que la atención que requieren los usuarios no está tan centrada en la atención altamente cualificada sino en los cuidados fundamentales y constantes que facilitan los Técnicos en Cuidados de Enfermería aunque lo realmente inadmisible es que se contrate a personas sin ningún tipo de titulación ni cualificación.

    Es evidente que los responsables de la Diputación no son conscientes de la realidad asistencial que existe en sus centros, donde los residentes cada vez demandan más atenciones debido al estado en que llegan: el número de dependientes de grado alto o muy alto se ha incrementado considerablemente, mientras los profesionales han envejecido y las plantillas se han reducido, lo que exige un sobresfuerzo, tanto físico como mental, que provoca un aumento de las bajas. 
    El principal problema radica en las bolsas de empleo, que son muy cortas o inexistentes, lo que retrasa las contrataciones. En el caso de Diputación, la actual bolsa se basa en un modelo arcaico que deriva de las oposiciones –la última corresponde a las OPEs de estabilización de 2022-, por lo que el acceso está restringido a la aprobación de alguna de las pruebas, habiendo ocasiones en las que no se puede generar bolsa. 
    “Desde SAECYL exigimos que Diputación de Burgos establezca, tal y como ya se hace en SACYL y Gerencia de Servicios Sociales, un sistema de bolsa abierta y permanente, desvinculada de las oposiciones, que se adapte a las demandas reales de los centros residenciales. De esta manera siempre habría aspirantes y se respetaría el derecho de los profesionales al descanso y a trabajar en condiciones adecuadas, y el de los usuarios a recibir una atención adecuada. Actualmente, la falta de personal está poniendo en riesgo la salud de los profesionales, además de repercutir negativamente en la calidad de un servicio en el que debe primar la atención directa, personalizada y humanizada con el usuario”, explica la responsable de SAECYL, Sonia Mª Tellez.

SAE lleva más de diez años reclamando que se reconozca este derecho del tiempo de permanencia necesario que media entre los turnos de entrada y de salida para tramitar la información relativa a los pacientes ingresados. Por lo que esta reducción en siete horas es un insulto para los Técnicos en Cuidados de Enfermería, profesionales sanitarios que, como el resto de categorías, debe mantener una comunicación apropiada con sus compañeros para que la atención al paciente sea lo más eficiente posible.

De hecho, y a instancias de SAE, el Procurador del Común dirigió en 2014 a la Consejería de Sanidad una Resolución por la que le comunicaba que “se deben adoptar las medidas necesarias para delimitar esta continuidad asistencial a los Técnicos en Cuidados de Enfermería”. Y ello después de años de insistencia en la Mesa Sectorial que, incluso, llegó a formar una mesa técnica para que los TCE vieran reconocida esta reivindicación. 

“Sin embargo, ahora, aunque nos han reconocido este derecho, no lo han hecho con el número de horas adecuado, especialmente si tenemos en cuenta que también se lo han otorgado al personal celador, que no tiene que realizar esta transmisión de información al no ser profesionales sanitarios. Es evidente que existen organizaciones sindicales que buscan cualquier oportunidad para poner una zancadilla a los profesionales TCE. Así ha sido en el caso de CCOO que, cuando firmamos el acuerdo con la Gerencia en febrero, lo recurrió en los Juzgados. El rancio clasismo de unos y el egocentrismo sindical de otros pueden ser los motivos de tan inadmisible atropello al derecho laboral de los TCE”, explica Inmaculada García, responsable de SAECYL en Castilla y León.