FTPS ha presentado una denuncia en Inspección de Trabajo tras detectar en varios hospitales de la comunidad el incumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales relativa a EPIs, lugares de trabajo, gestión de residuos y riesgo biológico.
Entre las anomalías constatadas, queremos resaltar cómo se han ido modificando los protoclos en función del material de protección existente, contraviniendo así la normativa de prevención. Debido a esta falta de material, se está obligando a los profesionales a reutilizar las batas desechables y las mascarillas FFP2 y FFP3 varias veces, cuando están indicadas para un solo uso.
Esta escasez de recursos está obligando a los profesionales de UCI a trabajar en este servicio con mascarillas FFP2, incluso para realizar técnicas que generan bioaerosoles, en lugar de FFP3, que son las que están indicadas. 
En cuanto al desecho de residuos, las bolsas destinadas para los de clase III se están acumulando en el suelo ya que no hay cubos acondicionados para su depósito y posterior eliminación.
A esta escasez de material se suma la falta de recursos humanos, como ocurre en el Hospital de Teruel, donde hemos solicitado que se contrate a los profesionales necesarios para cubrir las plantillas.
Asimismo, en el Hospital Miguel Servet se ha detectado una dotación de mascarillas que incumple la normativa europea y tenemos conocimiento de que éstas también se han distribuido en varios centros de salud, por lo que aquellos trabajadores que las hayan utilizado no han estado realmente protegidos y, por lo tanto, es probable que estén infectados y puedan contagiar a otros profesionales.
Por ello, también hemos presentado denuncia en Inspección de Trabajo, exigiendo a la Consejería que identifique en qué centros sanitarios se han recibido estas mascarillas, así como a los trabajadores potencialmente afectados para que se les realice urgentemente el test PCR. En este sentido, exigimos que a estos profesionales se les retire del servicio asistencial y se adopten las medidas de confinamiento oportunas hasta obtener un diagnóstico certero sobre su infección.    
 “La Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge claramente qué material de protección está indicado para cada situación y saltarse esta Ley para cambiar los protocolos y adaptarlos al material existente es intolerable, pues se está poniendo en peligro la seguridad y salud de los profesionales.  Por ello, desde FTPS exigimos que se adopten las medidas necesarias para acabar con esta situación de desprotección a la que se ven sometidos los trabajadores y que solo atiende a la irresponsabilidad de los gestores sanitarios aragoneses. Además, exigimos que se proporcionen mascarillas auto filtrantes que cumplan con la normativa y criterios aprobados por el Ministerio de Sanidad”, explica José Hernández, responsable de FTPS en Aragón.
 

            No es posible garantizar la seguridad de los profesionales si estos no cuentan con EPIs ni mascarillas y se exponen tanto al contagio individual como a la propagación del virus en estos centros. Algunas de las medidas que en otros espacios es fácil mantener, como la distancia mínima de separación, en estos centros es imposible respetar dado que en estos centros se presta atención a personas mayores, personas con discapacidad,  dependientes, etc...por lo que incluso para los residentes sin coronavirus es imposible prestar la asistencia sanitaria a dos metros y la única protección posible son los EPIs.

            El virus no hace ningún tipo de distinciones. El Ministerio de Sanidad y las autoridades tampoco debe hacerlas y es prioritario proteger a estos profesionales que no prestan sus cuidados en los hospitales, eje de la atención, pero que también están cuidando y atendiendo a muchos españoles. Por otro lado, y tal como insiste el Gobierno, es una prioridad proteger a los más sensibles: las personas mayores y los pacientes con patologías previas ya que son los más vulnerables frente al coronavirus. En definitiva, necesitan de una atención y unos cuidados continuos por parte de unos profesionales que se están enfrentando a esta situación en unas condiciones muy precarias.

            Contener el virus en estas residencias es indudablemente una forma de frenarlo y de no saturar los hospitales aragoneses

            Por otro lado, el Sindicato de Técnicos de Enfermería ha remitido una carta al Ministro de Sanidad exigiendo que se haga la prueba del Covid-19 a todos los profesionales sanitarios. El número de profesionales afectados está aumentando y es fundamental conocer la situación real de los profesionales.

Los trabajadores sanitarios están expuestos al contagio exterior y pueden sentirse asintomáticos durante días y estar contagiando a los usuarios al no estar protegidos adecuadamente, por ello es urgente que se dote a todo el personal sanitario y de servicios sociales de mascarillas quirúrgicas y suficientes guantes. No puede entenderse esta desprotección irresponsable cuando en el momento actual lo fundamental es cuidar a los que cuidan. La falta de pruebas y la alarmante escasez de EPIS puede desembocar en una falta de profesionales que agravaría de manera significativa la saturación que ya existe en los hospitales.

Así se lo ha trasladado en el último pleno de las Cortes de Aragón en el que la diputada preguntó sobre el estudio interno en relación con la regulación de las funciones de los TCE, que estaba en marcha en abril de 2017 y del que no se conocen las conclusiones. La Consejera de Sanidad, Pilar Ventura, reconoció la necesidad de actualización de las funciones de los Técnicos en Cuidados de Enfermería y que éstas deben estar armonizadas a nivel estatal y, además, es necesario tener en cuenta la actual revisión del curriculum que está desarrollando el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La diputada, que ha mantenido diferentes contactos con los responsables autónomicos del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), recordó que “la formación, la cualificación de este colectivo ha ido cambiando y ha habido revisión de las competencias y cualificaciones que vienen recogidas en los Reales Decretos 546/1995 y 558/1995 pero no se han adaptado las funciones que están realizado dentro del Sistema de Salud”. De ahí la solicitud para que la Consejería de Sanidad de Aragón dé el impulso necesario en el Consejo Interterritorial.

José Hernández, secretario autonómico de SAE en Aragón ha manifestado al respecto que “los profesionales necesitamos ese impulso a nuestra reivindicación. Es evidente que ya no bastan los apoyos verbales de la Consejera de Sanidad, tanto a SAE como en el Pleno de las Cortes. Es necesario avanzar”.

“Los profesionales contamos con todos los apoyos porque hace años, incluso el Justicia de Aragón se posicionó a favor de las propuestas de SAE en la necesidad de que se agilizarán estos trámites y así se lo reclamó al Departamento de Sandiad aragonés. Sin embargo, no parece que ningún consejero ejerza como tal para los Técnicos en Cuidados de Enfermería y dé una respuesta valida a nuestras justas peticiones”, finaliza José Hernández.

Tras reunión con el Sindicato de Técnicos de Enfermería, el grupo parlamentario Ciudadanos ha manifestado su apoyo a la reivindicación de la actualización de funciones de los Técnicos en Cuidados de Enfermería, instando a la Consejera de Sanidad a que explique en qué estado se encuentra nuestra petición.
    
En la última sesión de las Cortes de Aragón, este grupo político pidió a la Consejera de Sanidad una explicación sobre el estudio interno que, desde hace más de año y medio, en teoría, está desarrollando el Salud sobre la actualización de las funciones de los TCE  para adaptarlas a la realidad asistencial de hoy en día.
    
“En 2015, tras la petición de intervención que realizamos desde SAE, el Defensor del Pueblo de Aragón, Fernando García, manifestó la necesidad de actualizar nuestras funciones; dos años después, en 2017, la Mesa Sectorial de Sanidad propuso la creación de un equipo de trabajo para estudiar esta reivindicación de los TCE. Sin embargo, nos consta que esta comisión de estudio no ha llevado a cabo ninguna actuación. Por ello, exigimos al Salud que cumpla lo prometido y se valore y estudie la realidad laboral de los TCE lo antes posible. Es evidente que nuestras funciones no se pueden regir por lo establecido en 1973: en cincuenta años la sociedad, las demandas asistenciales y el trabajo en los hospitales ha evolucionado y se han ido adaptando a las necesidades de cada momento; las funciones de los TCE deben ir en consonancia a este desarrollo, por ello es incuestionable su actualización”, explica José Hernández Laborda, secretario autonómico de SAE en Aragón.
 

            José Hernández y Empar Torres, responsables de FTPS Aragón, conscientes del problema que genera la falta de médicos en la Comunidad, consideran que “hay que valorar y estudiar en profundidad otras alternativas que el retraso de las jubilaciones por muy voluntarias que sean”.

            Por otra parte, hay especialidades de difícil cobertura, e incluso puntos geográficos donde la sustitución de los profesionales puede ser más complicada, pero la falta de médicos no sólo no es  un problema nuevo, sino que si no se aplican otras alternativas que agilice el acceso de los facultativos recién licenciados, cada vez será peor.

            La falta de médicos y la edad de los que están ejerciendo es un problema estructural tanto de Aragón  como de todo el Sistema Nacional de Salud y las soluciones deberían ser, igualmente, estructurales buscando el equilibrio entre el acceso al sistema de los nuevos licenciados y el mantenimiento de la experiencia e indudable valor intelectual de los médicos de mayor edad.