Finaliza así un proceso judicial iniciado por este profesional, con el asesoramiento jurídico del Sindicato de Técnicos de Enfermería en 2023.

La cuestión de fondo se centra en determinar si tras la reordenación y unificación de las dos categorías - Cuidador de Técnico de Servicios Sociales y Auxiliar de Enfermería- en una sola categoría Ayudante Técnico Educativo en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y Organismos Autónomos en vigor desde el 1-7-2023 recogida en su Disposición Adicional 13ª, es conforme a derecho la denegación de la excedencia voluntaria por la demandante en el nuevo puesto de Ayudante Técnico Educativo y la paralela baja por parte de la Administración de la plaza que hasta ahora venía ocupando como Auxiliar de Enfermería en la Residencia de la Tercera Edad de Palencia.

El Tribunal considera que la Administración ha incumplido sus obligaciones que no se ajustaron a derecho y que justifica la estimación de la demanda.

SAECYL ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de voluntad para revisar unas ratios de profesionales claramente insuficientes y, sin embargo, se sigue trabajando en condiciones que no garantizan ni la seguridad, ni una atención digna.

Tampoco hay voluntad para acabar con la opacidad y la falta de garantías que rodean el funcionamiento de la Bolsa de Empleo. El pasado 14 de agosto fue publicada y sus integrantes siguen esperando a que empiece su funcionamiento, limitando así el derecho a un puesto de trabajo.

            Existen, igualmente otras circunstancias que afectan directamente a las condiciones laborales de los profesionales, como la ausencia de criterios claros para la adecuada ubicación de las conocidas como camas a cota 0, es decir, aquellas camas geriátricas articuladas diseñadas capaces de descender hasta el nivel del suelo aprox. 6-10 cm y que obligan a los trabajadores a realizar su labor con posturas forzadas que aumenta el riesgo de lesiones musculo esqueléticas.

            La Gerencia de Servicios Sociales siguen sin dar respuesta a nuestra exigencia de llevar a cabo el correspondiente estudio de cargas de trabajo ni tampoco de actualizar los protocolos de actuación en ante casos infecciosos.

            Esta nefasta gestión puede tener graves consecuencias ante el riesgo al que se está exponiendo, innecesariamente, tanto a los profesionales de Atención Directa como al resto de usuarios.

            “Seguiremos insistiendo en estas reivindicaciones y en la necesidad de la Gerencia ponga soluciones a los problemas planteados exigiendo el respeto a los derechos de los profesionales y a que los usuarios reciban una atención digna”, manifiestan los responsables de SAECyL.

Su representatividad ha aumentado considerablemente consiguiendo un total de 8 representantes más en las Juntas de Personal de estatutarios y funcionarios y 12 laborales MIR.

En la Administración General de la Junta de Castilla y León, USCAL y SAECYL también ha mejorado sus resultados lo que les sitúa en a la confederación sindical como el más representativo de la Administración de Castilla y León, con presencia en todos los ámbitos de negociación de los empleados públicos.

Desde CESM, USCAL y SAECYL queremos agradecer a todos los profesionales que nos han votado su apuesta por un sindicalismo representativo, profesional y reivindicativo de los derechos de los empleados públicos.

Este apoyo nos aporta un mayor impulso para seguir luchando por mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la Sanidad y la Administración Pública de Castilla y León.

“Aunque estos resultados son parciales porque algunas provincias no han celebrado los procesos electorales, nuestra presencia en las mesas de negociación se refuerza y nos impulsa para seguir luchando por los derechos laborales y retributivos de los Técnicos Sanitarios”, explica Mercedes Barrios, responsable de SAECYL.

Además, y junto a estas camas se colocan unas colchonetas que supone un sobreesfuerzo para los Técnicos de Atención Directa (TAD) que deben atender a los pacientes y se ven obligados a la movilización de estas colchonetas.
Se calcula que hay un centenar de estas camas en los distintos centros de Castilla y León que, sin duda, supone un aumento en la seguridad para los pacientes. Sin embargo, se traduce en la inseguridad de los profesionales que les atienden, Técnicos de Atención Directa (TAD) que están trabajando en deficientes condiciones laborales derivadas de la movilización de los pacientes en estas camas, poniendo en grave riesgo la salud del personal.
La atención a pacientes en estas condiciones obliga a los trabajadores a realizar su labor en posturas forzadas, con flexión constante del tronco y sobrecarga lumbar, incrementando significativamente el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, bajas laborales y cronificación de patologías de espalda, incluso en alguna ocasión, se ha tenido que proceder a tener que trabajar arrodillados en el suelo para poder atender al usuario.
Esta situación vulnera los principios básicos de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, que establece la obligación empresarial de adaptar el trabajo a la persona y evitar riesgos innecesarios, especialmente en lo relativo a la manipulación manual de cargas.
SAECyL trasladó esta situación a la Directora Técnica de Recursos Humanos y Gestión de Centros, de la Gerencia de Servicios Sociales, a quien recordó su responsabilidad institucional de cuidar a quienes cuidan. Se alertó de la falta de medios técnicos suficientes como camas regulables en altura, grúas de movilización que lleguen a la cota 0 ya que es evidente que la movilización de los pacientes en estas camas impide una correcta ergonomía a la hora de tener que desarrollar el trabajo y atender al usuario en dichas camas.
Para SAECyL es prioritaria la dotación urgente de equipamiento ergonómico adecuado y la inmediata retirada de las camas a cota 0 cuando impliquen la movilización manual sin medios adecuados por lo que se necesitarán alternativas que sean seguras tanto para el paciente como para el profesional
No pueden normalizarse prácticas que comprometen la salud física de los profesionales por lo que es urgente una evaluación específica de riesgos laborales que están asumiendo, así como la implantación de protocolos que garanticen la seguridad en la movilización de pacientes.
Si no se adoptan las medidas necesarias a la mayor brevedad posible se valorarán las acciones legales que esta organización considere oportunas y se llevara a cabo la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo.
 

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha puesto denuncia contra la residencia de ancianos de Ávila, perteneciente a la Junta de Castilla y León, debido a su inacción ante las agresiones, verbales y físicas, a las que está sometida una trabajadora Técnico en Cuidados de Enfermería (TCE) del centro por parte del familiar de uno de los residentes.
    Insultos, vejaciones, desprecio continuo e intimidaciones son algunas de las agresiones verbales a las que esta trabajadora lleva más de dos años sometida por parte de su agresora, quien, además, le ha atacado físicamente. 
    Tanto SAE como las profesionales del centro han informado en varias ocasiones a la dirección de la residencia sobre esta situación, sin que los responsables hayan adoptado ninguna medida al respecto, salvo imponer a la agresora un distanciamiento de la trabajadora durante 15 días y pedir a las profesionales que le den un voto de confianza. La situación, cada vez más grave, ha provocado la baja de la profesional, sometida a importantes episodios de estrés, ansiedad y temor al tener que enfrentarse diariamente a su agresora.
    Esta falta de apoyo por parte de la dirección del centro ha llegado hasta el extremo de no informar a la víctima de los pasos que debía seguir para iniciar la denuncia o para comunicar la agresión a la Junta de Castilla y León.
    “Desde SAE informamos y formamos a los profesionales para evitar las agresiones, físicas o psíquicas, a las que los trabajadores están expuestos tanto en hospitales y centros de salud como en centros sociosanitarios. La arrogancia, la prepotencia, el doble discurso, la falta de valores éticos/morales, la falta de respeto y, sobre todo, el desarrollo de conductas violentas premeditadas por parte de usuarios y familiares ponen en riesgo a los profesionales durante su jornada laboral, y es responsabilidad de los gestores sanitarios velar por su seguridad. Para ello, es esencial que se instauren protocolos y planes de prevención bien desarrollados que garanticen la integridad de los profesionales, algo que, desde luego, está muy lejos de la actitud adoptada por la dirección del centro”, explica Inmaculada García, secretaria provincial de SAE en Ávila.