La responsabilidad individual de muchos ciudadanos que se han instalado la app para mantener un seguimiento de un posible contacto con un positivo de COVID-19 choca frontalmente con la mala gestión del trabajo de los rastreadores, la convierte en inútil y lo único que consigue es aumentar el miedo en la población.

        El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE)  en Castilla y León ha exigido a la Consejera de Sanidad que pongan en marcha las medidas necesarias para que la labor de estos rastreadores tenga el efecto deseado que, desde luego, no es el de aumentar miedo o inseguridades.

        Una vez recibido el mensaje de alerta que informa del contacto con un positivo de COVID-19 empieza el calvario de los usuarios. Puestos en contacto con el teléfono facilitado por la Consejería de Sanidad para llevar a cabo el control y seguimiento de estos casos y evitar así la expansión del virus es imposible conseguir contactar con un profesional que realice una PCR o indique el seguimiento establecido.

        El contestador automático habilitado para tal fin únicamente indica los números que hay que marcar en función de la situación individual pero es extremadamente difícil que el final sea entablar conversación con uno los rastreadores o conseguir una cita para la realización de una prueba PCR.

        Esta circunstancia está llevando a que, ante la confirmación de Radar Covid de haber tenido contacto y el miedo a haberse contagiado, los usuarios acudan a la sanidad privada y que todos los miembros de la unidad familiar se sometan a la prueba PCR. El precio medio de una de estas pruebas ronda los 150 euros.

            Esto debe ser en todos los centros sanitarios, pero con mayor interés debería hacerse este seguimiento en las residencias y centros socio sanitario cuyos usuarios son personas de edad avanzada, especialmente vulnerables.

            SAE ha planteado en diferentes ocasiones la necesidad de que se lleve a cabo este seguimiento, conscientes de que no ocurre en todas las residencias pero sí en algunas de ellas. No son pocas las ocasiones en las que los Técnicos en Cuidados de Enfermería tienen que comprobar que no falte ninguno de los alimentos pautados para cada paciente.

            A veces el seguimiento del cumplimiento del contrato se realiza durante el primer mes y pasado este tiempo se deposita la confianza en la empresa adjudicataria del servicio y algunas de ellas han demostrado que no la merecen.

            Pese a ello, se ha publicado una orden formal capacitando a que en el  IFBS se permita la contratación para la categoría de Técnicos en Cuidados de Enfermería, a trabajadores sin la titulación requerida para el puesto y en su lugar contratar a personas que dispongan del certificado de profesionalidad de “atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales”.

            Prescindir del requisito imprescindible de la titulación supone una merma en la calidad de los cuidados que se prestan a nuestros mayores. Es inaudito en cualquier establecimiento, pero mucho más cuando esta situación se permite en los centros públicos rebajando los requisitos en la titulación, tal y como se establece en la citada orden foral para acceder a un puesto en una administración pública, que equipararía a las residencias del IFBS con la precaria situación que se vive en los centros privados, donde en muchos de ellos los residentes son atendidos por personal con nula o escasa formación sanitaria.

            El Sindicato de Técnicos de Enfermería ha exigido formalmente ante la Consejera de Trabajo y Políticas Sociales que en todas las residencias privadas se exija la titulación de Técnico en Cuidados de Enfermería. Es sencillamente inadmisible.

            SAE ya comunicó tanto al Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, como máximo responsable de la gestión y, por tanto, de los profesionales de las residencias de mayores y centros socio sanitarios, así como a los responsables de las consejerías competentes en cada comunidad autónoma, que se apliquen las medidas necesarias y se exija la titulación correspondiente a todos los profesionales que ejercen sus funciones asistenciales en estos centros.

            Para este Sindicato, la primera muestra de consideración a nuestros mayores debe ser la de asegurarles la atención adecuada por los profesionales indicados, debidamente formados. El cuidado, el respeto y la protección a las personas mayores debe estar entre las prioridades de cualquier sistema de salud.

Con fecha 2 de septiembre se publica en la página web de Rioja Salud la convocatoria para cambio de puesto de trabajo por movilidad para el personal sanitario no facultativo, TCAE.

Plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en la página web.

Las solicitudes se presentarán en los registros del CARPA y del Hospital San Pedro.

Junto a las solicitudes se aportará los servicios prestados no incluidos en el Servicio Riojano de Salud y en los casos de Salud Laboral se adjuntará el Informe médico del trabajador emitido por dicho servicio. 

Más información en https://www.riojasalud.es/rrhh/seleccion-y-provision/movilidad/personal-sanitario-no-facultativo/2020-movilidad-personal-sanitario-no-facultativo