“La mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, expresada por el Gobierno Andaluz no va a ser posible para los profesionales de la sanidad andaluza habida cuenta de que algunas de las medidas establecidas no podrán ser aplicadas entre estos colectivos como, por ejemplo, las actividades de autoaprendizaje o desarrollo autónomo, la preparación de tareas y reuniones, planificación de actividades o la realización de actividades de investigación en materia de administración y gestión pública” manifiesta Cristóbal Arjona, portavoz autonómico de USAE en Andalucía 
Los profesionales sanitarios entienden que, “las medidas recogidas por la Junta de Andalucía en el decreto de las 37,5 horas para la jornada laboral de los empleados públicos, son claramente discriminatorias y machacan de forma flagrante a los trabajadores sanitarios”.
Por ello, han solicitado formalmente a la Presidenta de la Junta de Andalucía que se retire el documento mencionado y se elabore un nuevo documento en el que no se incluyan discriminaciones entre colectivos y no existan diferencias más allá de las que se derivan de su actividad o categoría profesional.
En cualquier caso, debe admitirse que las actividades que pueden servir a un empleado público de los sectores de Administración General e instrumental para justificar 2,5 horas semanales de trabajo, sean también de aplicación al personal del sector sanitario.
Asimismo, los sindicatos han solicitado, con analogía a los contenidos de la formación continuada valorada para los sectores de administración general e instrumental,  que se admita e incluya en el nuevo documento para el sector sanitario la formación acreditada bien por las Universidades o  por la Comisión de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias.

Reivindicación

Por ello hemos participado en la última manifestación celebrada en Castilla y León en defensa de la sanidad pública, pero no nos hemos sumado al manifiesto ya que consideramos que esta convocatoria ha olvidado lo realmente importante: la sanidad, sus profesionales y sus usuarios, celebrándose con un manifiesto de trasfondo político con el que SAE no está de acuerdo.
 
“Desde nuestra organización siempre apoyamos, y en múltiples ocasiones convocamos, todas las iniciativas que se ponen en marcha para presionar a los responsables políticos y exigirles aquellas mejoras que son necesarias para que nuestra sanidad pública siga creciendo y adaptándose a las necesidades de los usuarios –mayor número de centros, apertura de camas, mejor cobertura sanitaria, etc.- y de los profesionales –incremento de recursos humanos, mejoras laborales y retributivas, mejores gestores, etc.-. Pero no vamos a aceptar ni a firmar un manifiesto que claramente está utilizando la sanidad pública para hacer campaña política”, explica Ana Mª Tobal, secretaria autonómica de SAE en Castilla y Léon.

 “Esta negativa a colaborar es una muestra más del manifiesto menosprecio que la Consejería ejerce con los profesionales que integran el segundo colectivo sanitario más numeroso de la sanidad llevándose a términos que rozan la falta de legalidad, dado que desatiende, incluso, las demandas del Diputado del Común Canario” afirma Isabel Lozano, Secretaria de Organización y Comunicación del Sindicato de Técnicos de Enfermería.

Los Técnicos en Cuidados de Enfermería reclaman una actualización de sus funciones acorde a su formación académica actual y no a una obsoleta norma preconstitucional del año 1973.

Una de las consecuencias evidentes con esta actualización sería la de conseguir optimizar recursos que redundarían en una mejor y adecuada calidad asistencial para los usuarios de la sanidad.

“El caos que sufre la sanidad canaria y todo lo referente a sus profesionales y sus usuarios no es fruto de infortunio puntual sino de los efectos de la peculiar gestión, por ser benevolentes en cuanto a la utilización de términos, que se está llevando a cabo desde hace años.  Podríamos hablar de una OPE ofertada en el 2007 y tras once años aún no resuelta, el prolongado déficit de profesionales sanitarios para atender a una población envejecida, el colapso de los servicios de urgencias, etc…” manifiesta Isabel Lozano.

“Como cualquier autoridad, funcionario, agente o personal público, en el sentido más amplio, la Consejería de Sanidad está obligada a colaborar con el Diputado del Común en el ejercicio de sus funciones. Por ello, desde SAE esperamos que la Consejería tome nota, reflexione y atienda la demanda del Diputado del Común”, finaliza la responsable de SAE.

Los TCE de la unidad de quirófano que realizan la función de traslado de las muestras biológicas e introducción de las mismas en formol no cuentan con equipos de protección individual.
Esta situación es grave, ya que puede provocar problemas de salud en los trabajadores que intervienen.
USAE exige que se solucione el problema de forma inmediata y se ordenen las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de las medidas de seguridad e higiene.

Estas primeras sentencias legitiman al trabajador como indefinido y se le reconoce la antigüedad de todo el tiempo trabajado.
Quedan pendientes las resoluciones del resto de demandas interpuestas.