En caso de materializarse la sanción, nuestra compañera podría ser suspendida hasta dos años de empleo y sueldo.

La Dirección del centro la acusa de un incumplimiento de la orden verbal emitida por sus superiores, lo que es falso e injusto, pues simplemente nuestra compañera pidió información sobre una situación que desconocía porque nadie antes la había informado al respecto, incumpliendo así la Dirección del Hospital su obligación de informar adecuadamente a los profesionales de sus funciones, tal y como recoge el Estatuto Marco del Personal Estatutario.

La empresa de limpieza dejó de realizar esta función, cambiando de manera unilateral el pliego de condiciones, en el mes de febrero, tiempo más que suficiente para que la Dirección del centro hubiera informado por los cauces establecidos a los profesionales afectados por esta nueva situación o hubiera adoptado una solución adecuada para que los profesionales sanitarios Técnicos en Cuidados de Enfermería no se vieran obligados a realizar tareas propias del servicio de limpieza.

“Antes de adoptar medidas tan injustas y desproporcionadas, la Dirección debería conocer el Estatuto Marco para comprender que todos los profesionales tienen derecho a pedir información sobre cuáles son sus funciones, particularmente, si nunca antes las han tenido que realizar, y que ella tiene la obligación y el deber de comunicárselas. Un buen gestor no puede confundir el hecho de pedir información con la negación de realizar la tarea”, explica Concepción Franco, secretaria provincial de SAE.

La contratación de más de mil profesionales para las residencias públicas dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social, prevista en el Plan de Residencias 2017-2020, presentado recientemente por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, prevé que más del 15% de estas contrataciones sean de Técnicos en Cuidados de Enfermería, mientras que un porcentaje superior al 25% de las plazas estarán destinadas a la enfermería diplomada.
Atendiendo a la situación actual en la que se encuentra la atención asistencial en las residencias de mayores debido al incremento de usuarios con dependencia en los últimos años, es incoherente que el Gobierno de la Comunidad destine un mayor porcentaje de la contratación a la enfermería diplomada que a los profesionales TCE, que somos quienes realizamos los cuidados fundamentales para garantizar el bienestar diario de estos usuarios, atendemos sus necesidades y velamos por su seguridad.
“Este porcentaje es insuficiente pues se aleja mucho de las necesidades reales actuales, que poco tienen que ver con las que había en 2008, fecha en la que se establecieron las ratios que aún están vigentes. Es evidente que, desde hace 10 años, la sociedad ha experimentado importantes cambios, siendo uno muy significativo el incremento de los casos de personas dependientes que necesitan de cuidados profesionales y continuos, que son los que prestamos los Técnicos en Cuidados de Enfermería. Por ello, exigimos que el Gobierno madrileño incremente considerablemente este porcentaje del 15% y se adapte así a la realidad asistencial actual. Mantener esta cifra únicamente respondería a una gestión pésima fruto de un desconocimiento de la situación real de las residencias madrileñas”, explica Álvaro Cano, Secretario Autonómico de SAE en Madrid.
 

La dirección del Hospital de La Magdalena quiere llevar a cabo una reubicación de los profesionales del centro sin tener en cuenta las necesidades de los pacientes atendidos en este centro sanitario ni la distribución de estos en cada zona del hospital. Para ello, cuenta con la colaboración de un delegado sindical que disfraza una estrategia sindical como si fuera un acto desinteresado a pesar de perjudicar tanto a los usuarios, como a los profesionales del hospital. 
La ratio de profesionales está establecida en función del número de pacientes y dadas las necesidades de los enfermos que son atendidos en este hospital: pacientes terminales altamente dependientes y que requieren de cuidados continuos tales como el cambio de pañales, goteros cada seis horas, curas de mañana y tarde, movilizaciones continuas, entre otras atenciones. La intención de la dirección es reubicar a un total de seis profesionales de enfermería (TCE y diplomados) de las plantas donde la carga de trabajo es mayor a otras plantas donde los pacientes requieren menores atenciones. 
Además, estos traslados de profesionales se están llevando a cabo no solo sin contar con los representantes de los trabajadores sino en su contra y en la de los profesionales afectados que han manifestado su oposición a estos traslados.
No obstante, en esta unidad en las actuaciones entre los profesionales y sus representantes se ha desmarcado un delegado de Intersindical que ha enmascarado su estrategia sindical en un acto desinteresado al presentarse como voluntario para cambiar su puesto de trabajo.
Carmen Rogla, secretaria provincial de SAE en Castellón, afirma al respecto que “esta actuación responde, única y exclusivamente a una actuación sindical. Actuar en contra de los todos los profesionales es un flaco favor a estos y esta actuación tiene poco de generosidad”.
Esta actuación viene precedida de otras igualmente poco favorable para los profesionales al aprobar todas las actuaciones de la dirección, la mayoría contraria a los trabajadores y usuarios tales como el cierre de la cafetería o la suspensión del autobús.
“Desde SAE seguiremos luchando por los intereses reales de los trabajadores y en defensa de sus derechos, y llevaremos a cabo las actuaciones sindicales cuando corresponda. Ahora es el momento de que los pacientes mantengan la ratio de profesionales establecidas en función de sus necesidades y no de las de la dirección”, finaliza Carmen Rogla. 
 

Las plazas de TCE publicadas en la Resolución de la convocatoria de movilidad interna, conforme con los dispuesto tanto en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud en su apartado 9.2, como en el Acuerdo de 30 de noviembre de 2016 suscrito entre la Administración y algunos sindicatos, previa negociación con los mismos, son insuficientes.

Junto al escrito presentado, desde USAE hemos denunciado la falta de negociación e información sobre el proceso.

 La Dirección del Hospital Virgen de la Salud ha suspendido durante dos años de empleo y sueldo a una Técnico en Cuidados de Enfermería de quirófano que quiso solicitar confirmación de la realización de una tarea de nueva asignación y que, hasta el momento, era responsabilidad de la empresa externa de limpieza.
    La sanción además de desproporcionada es injusta ya que se comunica a esta compañera que “se negó a limpiar una de las mesas” cuando esta afirmación es incierta. La limpieza del mobiliario de quirófano no forma parte de las funciones de los Técnicos en Cuidados de Enfermería que es personal asistencial. Ante la sorpresa de la petición por parte del perfusionista, la TCE sancionada acudió al despacho de su supervisora para que le explicase si esa tarea había pasado a ser función de los TCE. Ante la respuesta afirmativa de su superior debido a que el servicio de limpieza externo había llevado a cabo un cambio unilateral en el pliego de prescripciones que rigen los contratos de limpieza, nuestra compañera regresó para realizar la tarea indicada. Asimismo, la supervisora reconoció que desde que se produjo este cambio en febrero habían sido varias las situaciones similares.
Ahora, la Dirección del centro la acusa de un incumplimiento de la orden verbal emitida por sus superiores, lo que es falso e injusto, pues simplemente nuestra compañera pidió información sobre una situación que desconocía porque nadie antes la había informado de la modificación de las condiciones.
Han sido los responsables del centro quienes han incumplido la legalidad ya que el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud establece que “el personal tiene derecho a ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y objetivos asignados a su unidad, centro o institución, y de los sistemas establecidos para la evaluación del cumplimiento de los mismos”. Sin embargo, es más que evidente que esta información no se ha llevado a cabo.
Ante el incumplimiento de la ley por parte de la Dirección del centro, no habiendo informado por los cauces establecidos del cambio unilateral llevado a cabo por el servicio de limpieza, SAE emprenderá las acciones legales que considere oportunas.
La secretaria provincial de SAE, Concepción Franco,  manifiesta al respecto que “este hecho es inadmisible, injusto y discriminatorio No solo no hubo negativa a realizar la función verbalmente comunicada sino que, tal y como reconoció la supervisora, había generado situaciones de conflicto anteriores”.
La empresa adjudicataria del servicio de limpieza modificó las condiciones de prestación del servicio de forma que parte de las funciones recaerán ahora en profesionales de enfermería del hospital, circunstancia que, como mínimo, supone un despilfarro económico si se paga a una empresa para que sus funciones las realicen los profesionales del hospital.
“Nuestra compañera cuenta con todo el apoyo jurídico del Sindicato de Técnicos de Enfermería. y además SAE ha convocado concentraciones de apoyo a las puertas del Hospital que se celebrarán hasta que se retire la sanción impuesta. La primera de estas concentraciones se llevará a cabo el viernes 13 de octubre a las 11,30 horas”, finaliza la secretaria provincial de SAE.