En el BO de Canarias de 2 de mayo de 2019 se publica resolución de 15 de abril de 2019, por la que se establecen las bases que han de regir las convocatorias, el reconocimiento y el abono de las ayudas de acción social en el ámbito de los entes del sector público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se determina el plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2019.
Podrán solicitar las ayudas de acción social:
•    Quienes durante el ejercicio 2018 hayan permanecido en situación de servicio activo durante al menos nueve meses. 
•    Tratándose de persona con vínculo jurídico temporal, quienes durante el año 2018 hubiesen acumulado, de forma continuada o con interrupción, un período igual o superior de prestación de servicios de nueve meses. 
•    Asimismo, podrán solicitar las ayudas de acción social para el ejercicio 2019, las personas herederas de quienes hubieran fallecido antes del 31 de mayo de 2019 habiéndoles correspondido participar en la convocatoria por reunir los requisitos de permanencia en el servicio activo, así como quienes durante el período de presentación de solicitudes se encontrase en situación de jubilación habiendo cumplido los requisitos de permanencia en el servicio activo durante el ejercicio 2018.
La convocatoria correspondiente al ejercicio 2019 atenderá los gastos que se hayan producido, previa su acreditación, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambos de 2018.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta el 31 de mayo de 2019.
Resolución

El Consejo de Administración de Osakidetza acordó el martes, 30 de abril, desistir del recurso de casación interpuesto por Osakidetza contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Esta decisión, según informa Osakidetza a través de nota de prensa publicada en su intranet corporativa, va a posibilitar, durante los próximos meses, el abono de más de 130 millones de euros a las y los trabajadores de Osakidetza de las cantidades correspondientes al proceso de reconocimiento de carrera profesional que hasta ahora se encontraba suspendida.

El acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Osakidetza de desistir del recurso implica iniciar los trámites para proceder al abono de los importes correspondientes, desde 2012 a 2018, en los próximos meses. La cantidad total que destinará a este objeto el Servicio Vasco de Salud supera los 130 millones de euros y estará dirigido a 10.165 trabajadoras y trabajadores de Osakidetza que solicitaron y superaron la valoración del Desarrollo Profesional en la convocatoria del año 2011.
Más información

 

CELADORES. Con fecha 30 de abril de 2019 se publica la Resolución de 17 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del SESPA, por la que se rectifican errores advertidos en la Resolución de 28 de marzo de 2019 por la que se hace público el listado provisional de puntuaciones y adjudicaciones de destinos funcionales en el proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico para el acceso a plazas estatutarias de la categoría de Celador.
Se hacen públicos nuevos listados de puntuaciones y destinos funcionales provisionalmente asignados en el proceso de movilidad voluntaria abierto y periódico para el acceso a plazas estatutarias de la categoría de Celador. En el anexo I aparecerán los concursantes ordenados alfabéticamente y, en el anexo II los concursantes se relacionan por orden de puntuación.  
Se abre un plazo de 15 días hábiles, a contar a partir del día siguiente a su publicación en el BOPA para que los concursantes puedan realizar las alegaciones que consideren.
Resolución

Estos son los tres puntos recogidos en la Proposición No de Ley defendida por Vanessa García, de Adelante Andalucía, a propuesta del Sindicato de Técnicos de Enfermería y la Plataforma Nacional de Técnicos Sanitarios por el C1, en el Parlamento Andaluz mientras medio millar de profesionales técnicos apoyaban con una concentración la aprobación de esta PNL.
Es evidente que el sistema sanitario debe adaptarse a las actuales condiciones sociodemográficas de la población y para ello es fundamental tener en cuenta a los profesionales y su formación. En este sentido, los TCE juegan un papel protagonista en las funciones sociosanitarias dentro de los equipos multidisciplinares en los diferentes ámbitos asistenciales.
Por ello es urgente que se actualicen las funciones de los TCE, su nomenclatura y categoría profesional a lo que establece la legislación y que, por lo tanto, les corresponde por derecho.
“Este apoyo recibido a nuestras reivindicaciones se debe traducir en actuaciones que realmente reconozcan la posición que los TCE debemos tener en la sanidad, tanto por formación como por funciones. Solo así se cumplirá uno de los objetivos del actual gobierno andaluz: gestionar la sanidad teniendo en cuenta a sus profesionales. Nosotros somos esos profesionales y para contribuir a mejorar el Sistema Andaluz de Salud necesitamos que se nos reconozcan nuestros derechos”, concluye Cristóbal Arjona.
Tras el debate, los responsables de SAE y las portavoces de la Plataforma Nacional de Técnicos Sanitarios C1, tuvieron la oportunidad de explicar a los responsables políticos de los diferentes partidos los tres puntos de la PNL y otras reivindicaciones, como el cambio de denominación y la implantación del Coordinador, de los TCE. 
 

           Es evidente que hay unidades más susceptibles de que pueden surgir situaciones conflictivas y donde los protocolos deberían ser mejorados para prevenir estas situaciones. Estas medidas pasan por destinar más personal, la aplicación de medidas de contención concretas para pacientes o incluso en días específicos.

            “Uno de los principales riesgos en la unidad de psiquiatría es ser agredido. Para que esto no suceda se deben adoptar medidas para minimizar este riesgo. Entre ellas actualizar los protocolos y planes de cuidados, formar a los trabajadores en habilidades sociales y de comunicación para trabajar de forma que se eviten este tipo de situaciones” afirma Álvaro Cano, secretario autonómico del Sindicato de Técnicos de Enfermería.

          Lo que es inadmisible es que los profesionales sanitarios sean agredidos de forma periódica con independencia de la unidad donde trabaja. No se puede normalizar esta situación bajo ningún concepto y desde el Sindicato de Técnicos  de Enfermería exigimos a la Administración que actúe con la contundencia que la dramática situación exige.