El Juzgado de lo Social nº 1 de Mieres da la razón al SAE y condena al ERA a indemnizar a una trabajadora por los costes de desplazamiento (kilometraje entre el domicilio del trabajador al lugar de realización de la PCR) y a compensarle el tiempo invertido en la práctica de las pruebas PCR fuera de su turno de trabajo (tiempo de desplazamiento de ida y vuelta y tiempo de duración de la práctica de la prueba). Sentencia de 13 de octubre de 2021.

Esta sentencia ganada por S.A.E abre la posibilidad de que los afectados reclamen al ERA por dicho asunto (retroactividad de un año desde la fecha de solicitud).
 

BOLSA ÚNICA DEL SAS. RECORDATORIO
Es imprescindible que todo el personal eventual inscriba todos sus méritos anttes dle 31 de octubre y se ponga disponible en los centros de la Agencia Pública.

CONTRATOS EVENTUALES
Se realizarán para captar a la máxima cantidad posible de profesionales.

JUNTA DE ANDALUCÍA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. INFORME DE REUNIÓN 27 DE JULIO DE 2021

PROCEDIMIENTO de CONTACTO con algún POSITIVO:
La Unidad de Salud Laboral informa del Procedimiento establecido por la Agencia:
Todos aquellos profesionales que hayan tenido contacto con algún positivo han de registrarlo en la Intranet y el Servicio de Prevención el hará el seguimiento pertinente.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO:
Al personal con interinidad, la empresa, le enviará una carta recordándoles que hay una Oferta de Empleo Público a la que se tienen que presentar.

CRITERIOS de DESPLAZAMIENTO:
Se hará por tiempo trabajado en la empresa y en cualquier categoría.

OFERTA de INTERINIDADES:
•    Técnico en Cuidados de Enfermería: 33 contratos
•    Técnico en Farmacia: 1 contrato
•    Técnico Especialista en Documentación Sanitaria: 3 contratos
•    Técnico Especialista en Anatomía Patológica: 1 contrato
•    Técnico Especialista en Laboratorio: 7 contratos
•    Técnico Especialista en Radiodiagnóstico: 8 contratos
•    Celador: 14 contratos

Se ofertarán: A finales de agosto o principios de septiembre. Fecha de Comienzo: A partir del 1 de octubre de 2021.

Desde SAE llevamos años exigiendo la reducción de la edad ordinaria de jubilación con el 100% de su cuantía para el personal sanitario debido a las características de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad propias de la atención sanitaria. La última actuación en este sentido ha sido, nuevamente, ejercer nuestro Derecho de Petición a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, solicitando el inicio de los estudios necesarios para el reconocimiento de la profesión sanitaria como profesión de riesgo y, por lo tanto, la reducción de la edad de jubilación a los 60 años; una petición que nos fue denegada años atrás. 
Las características de la profesión sanitaria obligan a estos profesionales a jubilarse de manera anticipada, aún perdiendo dinero por los coeficientes reductores que se aplican; sin embargo, el endurecimiento de los coeficientes que recoge la reforma penalizaría demasiado esta jubilación anticipada o la haría inviable.
“Tanto en la Atención Especializada como en la Primaria, los profesionales sanitarios y sociosanitarios se enfrentan a riesgos para su salud al estar expuestos a posibles infecciones, radiaciones y productos tóxicos, pero también al desgaste físico, psíquico y social que conllevan los turnos rotatorios y nocturnos, la escasez de personal, el envejecimiento de la población, en su mayoría dependientes/grandes dependientes, y la presión asistencial. Todas estas tensiones, implicación y esfuerzos deterioran la salud y provocan altos índices de morbilidad y, por lo tanto, de absentismo. Por ello SAE y los profesionales sanitarios acudiremos el día 16 a la convocatoria de manifestación junto a los pensionistas”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.
 

El artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social prevé que la edad mínima de 65 años exigida para tener derecho a pensión de jubilación podrá ser rebajada por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en aquellos grupos o actividades profesionales en las escalas, categorías o especialidades cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.
Los profesionales sanitarios y sociosanitarios, tanto en Atención Primaria como en Especializada, están dentro de estas categorías, pues en su trabajo diario se enfrentan a riesgos para su salud al estar expuestos a posibles infecciones, radiaciones y productos tóxicos, pero también al desgaste físico, psíquico y social que conllevan los turnos rotatorios y nocturnos, la fatiga mental, la escasez de personal, el envejecimiento de la población, en su mayoría dependientes/grandes dependientes, y la presión asistencial. Todas estas tensiones, implicación y esfuerzos deterioran la salud y provocan altos índices de morbilidad y, por lo tanto, de absentismo.
“Por todo ello, desde SAE hemos ejercicio nuevamente nuestro Derecho de Petición a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones solicitando la realización de un estudio en el que se contemplen la siniestralidad del sector, la morbilidad y mortalidad, las condiciones de trabajo -peligrosidad, insalubridad, toxidad, turnicidad, entre otros factores-, y los requerimientos físicos y psíquicos que precisa la atención sanitaria. Características que obligan a estos profesionales a jubilarse de manera anticipada, aún perdiendo dinero por los coeficientes reductores que se aplican. Por ello desde SAE exigimos la jubilación de los profesionales sanitarios a los 60 años sin penalizar”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.
 

C. Valenciana, 14 de octubre de 2021.- El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) continúa manteniendo reuniones con todos los responsables de los grupos políticos para reclamar que se aplique la Ley de la Función Pública de la Comunidad Valenciana a los Técnicos Sanitarios, sin excepción. Los últimos encuentros los han mantenido esta mañana Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE y Nieves Gómez, secretaria autonómica de SAE en la Comunidad Valenciana con Carmen Martínez Ramírez, portavoz de Sanidad del grupo PSOE y con Carles Esteve Aparicio, portavoz de Sanidad del grupo Compromís.
     SAE exige que se cumpla la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Función Pública Valenciana promulgada en desarrollo del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y que debe suponer la inmediata clasificación de los Técnicos de Grado Medio al subgrupo C1 y de los Técnicos de Grado Superior al Grupo B. Son numerosas las sentencias emitidas por los distintos tribunales que señalan que el fin de la Disposición Transitoria Tercera del EBEP que mantiene a estos profesionales en un grupo inferior al que marca el artículo 76 de la propia ley, será la publicación de las leyes de la Función Pública que se dicten en su desarrollo, tal y como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana.
     El Sindicato de Técnicos de Enfermería recuerda que el origen de esta polémica es la falta de voluntad de cumplir con lo establecido en la propia Ley 4/2021 de la Función Pública de la Comunidad Valenciana, publicada en abril en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y, por tanto, debió entrar en vigor un mes después. Sin embargo, la Conselleria se niega a aplicar esta ley recurriendo a argumentos y trucos dialécticos para mantener esta situación.
     SAE, firme en su propósito de llevar a cabo la clasificación correspondiente, solicitó tanto a la Consejería de Sanidad como a la de Función Pública la inmediata aplicación de lo dispuesto en esta Ley. La respuesta del Director General de Función Pública fue ágil reconociendo de manera automática “la inclusión del personal funcionario/laboral empleado público de la categoría profesional de Técnicos en Cuidados de Enfermería en el Subgrupo C1 y de los Técnicos Superiores en el Grupo B”. Son los profesionales laborales y funcionarios, mayoritariamente del sector sociosanitario, quienes se integran en este ámbito administrativo.
     No ocurre lo mismo con los profesionales estatutarios que prestan sus servicios para la Conselleria de Sanitat que, eludiendo que las leyes entran en vigor cuando y como corresponde y, en este caso, la clasificación de los Técnicos de la Formación Profesional, continúan esgrimiendo argumentos a su conveniencia, como el de que afecta a un gran número de profesionales.
      “Así ocurrió en la última e intensa reunión mantenida con el responsable de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanitat quien, al término de la misma reconoció la validez de nuestros argumentos y planteó elevar este asunto al Consejo Interterritorial. Pero esta no es una alternativa válida, conocemos el funcionamiento de este órgano y el resultado de sus reuniones. Y lo cierto es que la aplicación de una Ley aprobada y publicada tiene poco que debatir. Mantener a los Técnicos en grupos de clasificación que no les corresponde es un despropósito y una ilegalidad que SAE no va a permitir” reconoce Isabel Lozano.
     “Es increíble que un organismo público se niegue a aplicar una ley que beneficia a sus empleados públicos, a los que se les exige una titulación específica de la Formación Profesional pero se les retribuye lo mismo que a otras categorías a las que solo se les exige la ESO o el Bachillerato. Además, en la Comunidad Valenciana pretenden aplicarla de manera discriminatoria ya que mientras que la Consejería de Justicia, Interior y Función Pública sí aplicará la Ley porque tiene pocos afectados, la de Sanidad no lo hará porque tiene muchos. En vista de estas decisiones parece que las cortes autonómicas aprueban leyes para justificar ante sus ciudadanos los sueldos que cobran sus diputados”, manifiesta Isabel Lozano.
     “Hay que mantener la misma celeridad cuando se trata de leyes que benefician a los profesionales que cuando estas leyes suponen un deterioro de las condiciones o un recorte de los derechos. Por eso, SAE espera que todos los Técnicos de la FP manifiesten su oposición y no admitan esta enorme injusticia por más tiempo que se sustenta, únicamente, en la falta de voluntad política para aplicar la Ley”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.
     “Asimismo, esta es una reivindicación que está abanderando SAE en solitario ya que el resto de organizaciones sindicales y plataformas que dicen representar a estos colectivo no se han pronunciado en ningún momento respecto a la intención de la Conselleria, cuyo desinterés es evidente, pero lo más alarmante es la falta de implicación de aquellas entidades que dicen representar a los Técnicos de la Formación Profesional”, finaliza la secretaria de organización y comunicación de SAE.
     En las últimas semanas SAE ha mantenido reuniones con la jefa del Servicio de Gestión de Personal de la Conselleria de Sanitat,  Luis Arquillos Cruz, portavoz de Justicia del grupo Ciudadanos, José Juan Zaplana López, portavoz de Sanidad del Grupo Partido Popular, José Mª Llanos Pitarch, portavoz de Justicia del Grupo Vox, Irene Gómez Santos, portavoz de Justicia del grupo Podemos, Javier Iñigo Dies, Subdirector General de RRHH, Rafael Juesas Aucejo, Jefe del Servicio de negociación colectiva, retribuciones y condiciones de Trabajo y con la Jefa del Servicio de Gestión de Personal de la Conselleria de Sanitat.