Es evidente que estas nuevas propuestas legislativas buscan incrementar el número de titulados, pero no puede ser a cualquier precio; por ello, siempre hemos luchado por una normativa que ponga en valor una formación cualificada ya que no podemos olvidar que trabajamos con personas que precisan de una atención de calidad, segura y eficaz y para ello es necesario contar con una formación cualificada y actualizada.
    Aunque la intención del Real Decreto 86/2025, de 11 de febrero, de evaluación y acreditación de las competencias básicas adquiridas por experiencia laboral, por vías no formales de formación y aprendizaje informales, es ofrecer oportunidades formativas a mayores de 18 años, no creemos que para las titulaciones de la rama sanitaria, en concreto para la de Técnicos en Cuidados de Enfermería, profesionales que están en contacto directo con el paciente, sea una forma adecuada de acceso.
    “Estas evaluaciones no son nuevas, pues ya en 2006 se aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE), incluso con anterioridad otras, en la que se recogía como requisito para acceder a uno u otro grado una prueba de conocimientos, convocada periódicamente por las administraciones educativas, para acreditar las competencias de ESO –Grado Medio- o de Bachillerato –Grado Superior-. Asimismo, en 2022, la Ley de Ordenación e Integración de la FP, en su artículo 90 recoge que las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral u otras vías podrán ser evaluadas y acreditadas oficialmente, teniendo como referencia el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, con el objetivo de facilitar itinerarios formativos conducentes a mayor cualificación. La lucha de SAE, por lo tanto, tampoco es nueva y la mantendremos hasta conseguir una formación cualificada de nivel superior y especializada para los Técnicos Sanitarios”, explica Isabel Lozano, vicesecretaria de SAE. 

    Tal y como recoge la proposición, “la reclasificación que se postula en la presente proposición de ley no solo busca la aplicación correcta de las normas: pretende resarcir con justicia la labor de este personal sanitario sobre el que persiste un ilógico e inmerecido tratamiento. Especial mención ha de efectuarse a las personas TCE, tanto por su peso cuantitativo en el sistema sanitario, como por tratarse de un colectivo especialmente feminizado, y por su persistente reivindicación de poner fin a una realidad discriminatoria que alcanza al resto de categorías incorrectamente encuadradas en el Subgrupo C2, así como las nueve categorías de técnicos superiores que deben reclasificarse en el Grupo B”.
    Desde SAE hemos mantenido varias reuniones con dirigentes políticos, obteniendo el apoyo de Por Andalucía, Adelante Andalucía y PSOE a nuestra reivindicación, y esperamos que durante la votación se adhieran el resto de grupos parlamentarios y la proposición de Ley sea aprobada por mayoría, pues supondría un paso más en nuestra lucha y el reconocimiento laboral y retributivo de los Técnicos Sanitarios”, explica Cristóbal Arjona, responsable autonómico de FTPS-SAE en Andalucía. 

    Es evidente que los responsables de la Diputación no son conscientes de la realidad asistencial que existe en sus centros, donde los residentes cada vez demandan más atenciones debido al estado en que llegan: el número de dependientes de grado alto o muy alto se ha incrementado considerablemente, mientras los profesionales han envejecido y las plantillas se han reducido, lo que exige un sobresfuerzo, tanto físico como mental, que provoca un aumento de las bajas. 
    El principal problema radica en las bolsas de empleo, que son muy cortas o inexistentes, lo que retrasa las contrataciones. En el caso de Diputación, la actual bolsa se basa en un modelo arcaico que deriva de las oposiciones –la última corresponde a las OPEs de estabilización de 2022-, por lo que el acceso está restringido a la aprobación de alguna de las pruebas, habiendo ocasiones en las que no se puede generar bolsa. 
    “Desde SAECYL exigimos que Diputación de Burgos establezca, tal y como ya se hace en SACYL y Gerencia de Servicios Sociales, un sistema de bolsa abierta y permanente, desvinculada de las oposiciones, que se adapte a las demandas reales de los centros residenciales. De esta manera siempre habría aspirantes y se respetaría el derecho de los profesionales al descanso y a trabajar en condiciones adecuadas, y el de los usuarios a recibir una atención adecuada. Actualmente, la falta de personal está poniendo en riesgo la salud de los profesionales, además de repercutir negativamente en la calidad de un servicio en el que debe primar la atención directa, personalizada y humanizada con el usuario”, explica la responsable de SAECYL, Sonia Mª Tellez.

    Desgraciadamente, esta situación no es un episodio asilado, pues los TES son profesionales muy expuestos, enfrentándose a diario a situaciones complicadas provocadas por pacientes inestables. El año pasado, por ejemplo, otros dos compañeros tuvieron que ser atendidos en el hospital por un traumatismo en la cabeza y un golpe en el pecho debido a que una paciente les atacó con una piedra.
    El protocolo actual para garantizar la seguridad de los TES no funciona como sería deseable, pues tras dar el aviso al Servicio de Urgencias Canario (SUC) para que solicite el apoyo de la Policía Nacional, Local o Guardia Civil, la respuesta no llega con la inmediatez que debería debido a la falta de personal en el turno de noche –hay un gestor menos para cubrir la isla capitalina, Lanzarote y Fuerteventura-. A este hecho se suma la falta de efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para cubrir adecuadamente a la población existente, lo que provoca demoras de, incluso, 45 minunos. 
    “Ambas circunstancias dejan desamparados a los TES, por ello, desde FTPS continuamos exigiendo a la empresa adjudicataria, UTE LANZAFUER ACCIONA ICOT, protocolos adecuados para hacer frente a estos episodios, como el de pacientes agitados o el de actuaciones ante agresiones, así como un análisis de riesgos que permita tipificar las situaciones a las que se enfrentan los profesionales. Sin embargo, la empresa continúa dándonos la callada por respuesta, ignorando los riesgos a los que se enfrentan los profesionlaes en cada salida. Es urgente que se lleven a cabo los cambios necesarios, teniendo siempre en cuenta el derecho de los TES a desempeñar su trabajo con todas las garantías para su integridad física y mental. No hay que olvidar que las cuestiones que afectan a la seguridad del personal sanitario repercuten directamente en la seguridad y calidad asistencial del paciente y, desde luego, trabajar con miedo no es sano, ni para el TES ni para los ciudadanos a quienes debe dar servicio”, explican los responsables de FTPS en Lanzarote.
 
 

    Sin embargo, en sentencia emitida recientemente por el Tribunal Supremo se recoge que son los TCE quienes debemos llevar a cabo dichas tareas de limpieza, lo que ha sido acogido por el Colegio de Enfermería de Cádiz con tal satisfacción que hasta ha considerado oportuno decir que esta limpieza encaja con sus competencias profesionales, ya que sus funciones no son propiamente sanitarias, sino auxiliares y de logística. 
    Por ello, queremos aclarar al responsable del Colegio de Enfermería gaditano que los TCE somos profesionales sanitarios y, de hecho, conformamos los equipos de enfermería junto a las enfermeras, por lo que antes de hablar y menospreciar a nuestro colectivo debería informarse: El Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, estableció nuestro título profesional, que nos capacita para la aplicación de técnicas de primeros auxilios, la administración de medicación por vía oral, rectal y tópica, cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material/instrumental sanitario, o colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al paciente, realizando la aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de educación sanitaria, entre otras funciones.
     “No entendemos la animadversión sistemática que instituciones como el Colegio de Enfermería tienen hacia nuestro colectivo, pues el objetivo de la atención sanitaria es garantizar la salud y el bienestar del paciente y, desde luego, si no trabajamos en equipo es difícil conseguirlo. Por lo que emplazamos a quienes arremeten de manera continua contra nuestra profesión a que dejen de poner zancadillas al avance profesional de los TCE, se sumen al cambio y empiecen a ser conscientes de que no son los únicos trabajadores de la rama sanitaria y que sin el resto de profesionales que formamos los equipos, la atención de calidad y el bienestar del paciente no estarían garantizados. Por ello agradeceríamos a todas aquellas organizaciones que lo único que hacen es desdeñar el trabajo de los TCE a que dejen de hacerlo y, si de verdad quieren que la sanidad funcione correctamente en todos los ámbitos, empiecen a mirar más por el bien común y menos su ombligo. Asimismo, le recordamos que la limpieza de estos Equipos de Protección Individual no depende de un único profesional, pues se estaría incumpliendo la normativa de riesgos laborales: independientemente de la sentencia del Tribunal Supremo, los EPIS, como su propio nombre indica, son equipos individuales, por lo que es el trabajador que lo utiliza el que debe hacerse responsable de su mantenimiento y no poner en riesgo de contaminación a otro profesional que no ha intervenido en la atención al paciente infectado. Por ello, desde FTPS-SAE adoptaremos las medidas que consideremos oportunas”, explica Cristóbal Arjona, responsable autonómico de FTPS-SAE en Andalucía.