El suicidio es un problema de salud pública en el que intervienen múltiples factores y que no se explica únicamente por la presencia de trastornos mentales. Estos pueden estar, o no presentes, pero también influyen factores sociales, económicos, culturales, familiares y comunitarios. La conducta suicida no es una enfermedad en sí misma, sino una manifestación de un sufrimiento emocional profundo, lo que implica que puede surgir en distintos contextos sin señales claras previas.

Considerar el suicidio, únicamente desde el enfoque de la salud mental conlleva el riesgo de mantenerlo en el ámbito psiquiátrico o clínico, dejando de lado otras dimensiones que pueden ser determinantes como violencia, consumo de sustancias, desempleo…

La prevención del suicidio necesita un abordaje integral en el que se cuente con la participación de todos los sectores y ámbitos ya sean educativos, laborales, de justicia… “Para el Sindicato de Técnicos de Enfermería un plan independiente a la Estrategia de Salud Mental permite coordinar todos los sectores mientras que si se integra en ésta puede quedar limitado al sistema sanitario y no contar con la visibilidad, responsabilidad política y recursos específicos que implica la magnitud del problema. Conviene recordar que el suicidio es la principal causa de muerte no natural”, explica Daniel Torres, secretario de acción social de SAE.

El Ministerio de Sanidad presentó el pasado mes de febrero un nuevo Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, que se enmarca en la continuidad de las acciones previas y propone medidas adicionales y específicas. Este plan busca integrar la experiencia de diversos actores y abordar de manera integral el desafío que representa la conducta suicida en la sociedad actual, brindando una red de apoyo sólida y multidisciplinar a las personas supervivientes y sobrevivientes.

  Por su parte, SAE ha puesto en marcha una campaña de divulgación “considerando que todos podemos ser agentes de cambio si supiéramos cómo y para ello es necesaria formación adecuada, tanto en el ámbito profesional como individual”, finaliza el secretario de acción social de SAE.

El Director de Recursos Humanos del centro, Diego López López, es consciente no sólo de la falta de profesionales sino del deterioro de la calidad asistencial y de los riesgos que suponen tanto para los profesionales como para los propios pacientes. A pesar de ello, no se va a llevar a cabo ninguna contratación para cubrir estas vacantes ya sea por vacaciones o por la reducción de jornada del cincuenta por ciento para el cuidado de menores.

Debería haber 4 TCE para este servicio y, por unas u otras circunstancias hay únicamente dos profesionales, uno por la mañana y otro por la tarde. La unidad dispone de 30 puestos para la administración de los tratamientos, pero la rotación de los pacientes es constante, dado que se van ocupando estos puestos a medida concluye el tratamiento anterior.

En definitiva, la carga de trabajo es excesiva para un TCE lo que, inevitablemente, reduce el tiempo de dedicación a cada usuario y, por otro lado, la velocidad de trabajo aumenta el riesgo para los profesionales.

Esta situación en el servicio de oncología del Hospital Reina Sofía es una constante que el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) lleva tiempo denunciado y que la Gerencia parchea de manera temporal por lo que la situación se repite o, incluso, empeora pero es inadmisible que no se lleven a cabo las contrataciones necesarias para cubrir la demanda asistencial de la unidad con todas las garantías, tanto para los usuarios como para los profesionales.

“No se trata de un momento puntual, pues la situación se repite desde hace tiempo y por ello, exigimos a la dirección del centro que utilice la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud, pues es intolerable que un servicio tan delicado como oncología se mantenga bajo mínimos. Es necesario que la dirección prime la atención de calidad y para ello debe erradicar la precariedad de las plantillas, pues los TCE están al límite de sus capacidades físicas y emocionales”, explica Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba.

“Por otro lado, no se descarta emprender las acciones que se consideren oportunas ante la Inspección de Trabajo de manera que se lleve a cabo una evaluación de los riesgos a los que se enfrentan tanto los pacientes como los profesionales”, manifiesta el secretario provincial de SAE en Córdoba.

En esta situación se encuentran aquellos pacientes que permanecen en el hospital a pesar de haber recibido el alta médica. Estos ya no requieren hospitalización, pero no pueden regresar a su domicilio por diferentes motivos: necesitan cuidados crónicos no tienen apoyo familiar por lo que el hospital se ve obligado a mantener al paciente ocupando una cama.

Además, en su mayoría, se trata de personas con diferentes grados de dependencia que requieren cuidados continuos lo que aumenta la carga laboral de los profesionales.

Esta situación hace que se complique la gestión hospitalaria al no poder disponer de esas camas lo que impide el ingreso de otros pacientes que sí requieren atención hospitalaria y, por otro lado, provoca que aumente la lista de espera.

La realidad asistencial ha cambiado y no se pueden seguir aplicando los mismos criterios de hace años. La población ha envejecido, los pacientes demandan, cada vez, más atención y cuidados y en muchas ocasiones se trata de dependientes de grado alto o muy alto lo que obligaría a modificar las ratios y aumentar el número de profesionales.

El déficit de profesionales y la sobrecarga laboral a la que se ven sometidos está generando en los Técnicos en Cuidados de Enfermería situaciones límite tanto a nivel físico como emocional.

Esta situación supone un problema en la gestión socio sanitaria y de falta de camas para estos pacientes motivado, en gran parte, por la falta de compromiso de los políticos quienes conocen la situación y no ponen en marcha ninguna medida adecuada. Ni se gestionan camas de crónicos fuera del hospital, ni se aumentan las plantillas de profesionales en éste para, al menos, paliar los problemas que se generan.

Por eso para USAE es necesario que se establezcan estrategias adecuadas con protocolos definidos que podrían incluir aumentar el número de camas en centros residenciales, anticipar las necesidades de los pacientes en lo que respecta a cuidadores o recursos desde que llega el alta para que el traslado se lleve a cabo con la debida celeridad. En definitiva, hay que establecer una red de recursos para la atención de estos pacientes en los que no se pongan en peligro ni los recursos económicos del hospital, ni la salud de los profesionales ni la calidad asistencial de los pacientes.

Mientras se pone en marcha este plan es urgente aumentar las plantillas de profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería que reconocen sentirse abandonados por la sobrecarga laboral y la falta de soluciones.

La denuncia de SAE recoge, entre otras deficiencias que “desde hace tiempo existen cucarachas y otras especies nocivas en la cocina, plantas y otras dependencias del centro, incluso apareciendo en vajilla, jarras y utensilios de pacientes, lo que ha provocado episodios de diarreas y otras patologías en los residentes, comprometiendo gravemente la salud de personas vulnerables”.

La insuficiencia de personal de limpieza agrava la situación de falta de higiene general en las instalaciones, lo que incrementa el riesgo para pacientes y trabajadores. Existen igualmente otros riesgos que ponen en peligro a los trabajadores del centro dado que se producen cortocircuitos que afectan al suministro eléctrico ocasionando cortes en el aire acondicionado (que solo funciona entre las 9:00h y las 21:00h) y provocando frecuentes apagones lo que aumenta la posibilidad de caídas y accidentes laborales de los profesionales.

Los Técnicos en Cuidados de Enfermería han formulado reiteradas quejas a la dirección del centro sobre estas deficiencias, sin que se hayan adoptado medidas correctoras.

Ante estos hechos SAE solicita que se practiquen las diligencias inspectoras que sean necesarias y se requiera a la empresa la inmediata subsanación de las deficiencias detectadas, adoptando las medidas legales y preventivas que sean pertinentes.

Por otro lado, y ante la gravedad de la situación, SAE espera que se subsanen estas contingencias a la mayor brevedad y urgencia posible.

    A pesar de que Inspección de Trabajo ha instado reiteradamente a la empresa a realizar un mantenimiento periódico de los dispositivos de ventilación y refrigeración y llevar un control exhaustivo de las condiciones ambientales, año tras año SAE se ve obligado a denunciar esta situación, que genera un problema de salud laboral tipificado en el anexo III del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: “en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas…”. 
Asimismo, el RD recoge que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC. Sin embargo, usuarios y profesionales de la residencia están soportando temperaturas de más de 30º, lo que, desde luego, contraviene claramente la legislación vigente.
“El mantenimiento de las instalaciones de luz de la residencia es nulo y esta es una de las causas por la que los sistemas de aire acondicionado que funcionan no se pueden usar, pues los cortocircuitos son frecuentes. Así, la situación no solo agrava el riesgo de sufrir lipotimias o episodios de deshidratación debido a las altas temperaturas, sino el de incendio por el pésimo estado en que se encuentra el cableado eléctrico. Por ello desde SAE instamos, una vez más, a la dirección del centro residencial a que adopte con urgencia las medidas necesarias para garantizar el confort térmico y el bienestar  de profesionales y residentes y deje de primar el ahorro económico por encima de la seguridad y la salud, pues las consecuencias pueden ser nefastas”, explica Cristián Monclús, secretario autonómico de SAE en Cataluña.