En septiembre de 2024, el director general del Servicio de Salud de Baleares, Javier Ureña, se comprometió con los responsables de USAE a reconocer los puestos del personal sanitario de ambulancias de GSAIB de Ibiza y Formentera como de difícil cobertura.

    Esta propuesta generaría un incremento de 2.352 euros anuales para cada trabajador y beneficiaría a un total de 101 Técnicos de Emergencias Sanitarias. Además, según recoge el Govern en su página, la propuesta contemplaría la adopción de medidas incentivadoras como la valoración adicional en procedimientos de selección de personal y movilidad o prioridad para participar en acciones formativas.

    Sin embargo, dieciocho meses después, el compromiso adquirido por Ureña sigue sin cumplirse, rompiendo así el Pacto de Salud, a través del cual se busca la estabilización laboral para reducir la precariedad, siendo uno de los puntos estratégicos para ello fidelizar profesionales en áreas de difícil cobertura.

“Es indignante que el director general de Ibsalut mienta de esta manera a sus profesionales, cuando el compromiso del personal sanitario que trabaja en GSAIB es indiscutible, y del mismo deberían tomar ejemplo los gestores de la sanidad balear. Por ello, seguiremos insistiendo en que esta promesa se materialice cuanto antes, pues reconocer estos puestos como difícil cobertura es de justicia y no hacerlo es un agravio comparativo con el resto de profesionales de las islas, pues la carestía de la vida y la vivienda afecta a todos. Si de verdad quieren estabilizar plantillas, que empiecen por cumplir sus promesas”, explica José Manuel Maroto, responsable de USAE en GSAIB Ibiza.

        Esta instrucción, que prorroga el plan para reducir las listas de espera, se aprueba al no haberse alcanzado el objetivo previsto, pero el texto recoge una actualización del complemento de productividad que continúa manteniendo a los TCE en una situación de discriminación retributiva. Así, tanto por consultas externas como por pruebas radiológicas siguen percibiendo un 18% de la cuantía marcada para los facultativos, y de un 20% en el caso de las intervenciones quirúrgicas. De esta manera, si un facultativo percibe 22 euros brutos por una primera visita en consulta que no exceda los 15 minutos, un TCE recibirá 3,96 euros brutos; en el caso de las cirugías, si el facultativo percibe 61 euros brutos, el TCE se quedará en 13. 
                    Estas cuantías infravaloran el trabajo de los profesionales TCE, y rozan la ilegalidad, pues según el Estatuto de los Trabajadores las horas extraordinarias deben retribuirse con un valor que no puede ser inferior a la hora ordinaria y, desde luego, 3,96 euros brutos es una cantidad ridícula que denigra el trabajo del colectivo.
       “Por ello, desde USAE exigimos a la Administración un mayor reconocimiento a los trabajadores que están comprometidos con este objetivo sanitario, que redundará en un mejor funcionamiento del sistema y reivindicamos a las gerencias territoriales una gestión adecuada, pues son ellas las responsables de detallar la actividad extraordinaria necesaria para reducir las listas de espera y de regular el programa especial de productividad ligado a este objetivo, incluyendo las retribuciones de los profesionales que se impliquen y participen en el mismo. La negociación de estas cuantías es nefasta y dice mucho de su capacidad para gestionar los sistemas sanitarios, por lo que esperamos que se lleve a Mesa de Negociación para que las organizaciones sindicales aporten las alegaciones pertinentes”, explica Alejandro Juan Alonso, responsable de acción sindical de USAE en Baleares.

Los docentes han conseguido hacer efectivas sus justas reivindicaciones, aunque las condiciones de la propuesta no cubran sus demandas. Sin embargo, desde SAE, reclamamos al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que siga el ejemplo de Educación y se lleven a cabo propuestas que recojan igualmente las reivindicaciones de los Técnicos Sanitarios.

La negativa por parte de CatSalut y del ICS a solucionar las nefastas consecuencias que para los Técnicos Sanitarios tiene el III Acord del ICS firmado en 2023 y que recogía las condiciones de trabajo y retributivas del personal estatutario llevó a los Técnicos Sanitarios a un calendario de movilizaciones que incluyó un mes de huelga indefinida,

Se puso fin a estas movilizaciones con el compromiso del Conseller de Sanitat a realizar un estudio retributivo que concluyera mejoras económicas para los profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCAE) y Técnicos Superiores Sanitarios y las  firmas de un acuerdo de fin de huelga tanto con CatSalut como con el Institut Català de la Salut (ICS) que reflejaba los compromisos sobre la reestructuración organizativa y el reconocimiento de la clasificación profesional, así como medidas de equiparación salarial en el sector público sanitario de Cataluña antes de diciembre de 2025.

Dos meses después la situación es la misma por lo que la Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad (FTPS), y los sindicatos miembros, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS) va a denunciar este incumplimiento y emprender las acciones que considere oportunas.

 “Es inadmisible que algunos profesionales puedan llegar a acuerdos que mejoren sus condiciones retributivas y, sin embargo, los Técnicos Sanitarios mantengan durante años su precariedad y sometidos a un Acord que acentúa aún más las diferencias salariales entre las categorías sanitarias manifiesta Cristian Monclús, secretario autonómico de SAE en Cataluña.

Es prioritario poner fin a la desigualdad laboral y económica que sufren los profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería y Técnicos Superiores Sanitarios y el desinterés hacia estos trabajadores sanitarios esenciales para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los pacientes, así como para quienes prestan cuidados fundamentales. Es inexplicable que siendo todos empleados públicos los docentes consigan mejoras y los sanitarios no.

María José Soria, secretaria autonómica de SAE en Castilla La Mancha explica que “somos los representantes de los trabajadores y sus mediadores con la Administración. Por tanto, es fundamental contar con toda la documentación con el debido tiempo para poder valorar y estudiar todas las situaciones. Ralentiza más de lo deseado llegar a una reunión y tener encima de la mesa la resolución del proceso sin conocer cómo se van a desarrollar los ceses, las incorporaciones, etc…”

SAE considera igualmente necesario que se lleve a cabo una unificación de criterios en todas las gerencias para facilitar estos procesos.

Además, y en cuanto a la movilidad interna ésta se debe llevar a cabo con todas las plazas, garantizando el derecho de los propietarios con plaza a optar a las mismas de forma que no se mantenga a profesionales contratados en determinadas plazas estratégicos.

Por último, SAE ha propuesto estimar la situación de la promoción interna que es, igualmente, susceptible de mejora, así como que en aquellos servicios específicos o donde se desarrollen técnicas especiales estudiar la manera de llevarlo a cabo de la forma más segura y viable.

La Junta de Personal del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (FTPS, CCOO, CSIF, UGT, SATSE y SMA) denuncia la situación asistencial que se vive de manera continua en el Servicio de Urgencias, especialmente en el área de Observación.
    De forma habitual, el área de Observación cuenta con un número elevado de camillas X, utilizadas para la atención de pacientes frágiles, de edad avanzada y con múltiples patologías, que permanecen en ellas durante periodos prolongados de tiempo. Estas camillas no pueden considerarse camas hospitalarias ni reúnen las condiciones necesarias para estancias prolongadas ni para la atención que este perfil de pacientes requiere.
    A esta situación se suma la presencia constante de pacientes frágiles ubicados en sillones durante horas o incluso días, a la espera de una cama hospitalaria. Se trata de personas con patologías complejas, deterioro funcional o necesidades asistenciales continuadas, que no deberían permanecer en estas condiciones, pues compromete su seguridad, confort y evolución clínica.
    La saturación del servicio de Urgencias provoca una sobreocupación permanente de los espacios asistenciales, con pacientes pendientes de ingreso que no pueden ser trasladados a planta por la falta de camas disponibles. Esta situación genera un bloqueo en el circuito asistencial, incrementa los tiempos de espera, dificulta la correcta atención sanitaria y aumenta el riesgo de eventos adversos.
    En este contexto, se han producido desenlaces clínicos desfavorables en pacientes que se encontraban en camillas del área de Observación, una circunstancia que genera una profunda preocupación desde el punto de vista asistencial, organizativo y humano.
    Esta situación supone además una sobrecarga asistencial continuada para los profesionales del servicio de Urgencias, quienes desarrollan su labor bajo una presión constante, con plantillas ajustadas.
    La acumulación de pacientes, la falta de espacios adecuados y la imposibilidad de ofrecer la atención en condiciones óptimas repercuten directamente en la calidad asistencial y en la seguridad del paciente.
    La Junta de Personal quiere advertir del impacto que esta sobrecarga tiene sobre la salud mental y emocional de los trabajadores, manifestada en elevados niveles de estrés, agotamiento, frustración y desgaste profesional, derivados de trabajar de forma sostenida en un entorno de saturación crónica.
    Desde la Junta de Personal se considera que existen medidas organizativas que podrían contribuir a mejorar de forma inmediata esta situación, entre ellas la apertura de la unidad de Respiratorio, lo que permitiría el traslado de pacientes frágiles a camas hospitalarias, garantizando una atención más adecuada a su estado clínico y reduciendo la saturación crónica del área de Observación de Urgencias.
    La Junta de Personal solicita a la Dirección del centro y a la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud una revisión urgente de la organización asistencial, con el objetivo de garantizar una atención sanitaria segura y digna para los pacientes, así como unas condiciones de trabajo que no comprometan la salud física y mental de los profesionales.