Entre las propuestas de SAE destacan la necesidad de garantizar la presencia de, al menos, un TCE en todos los servicios de urgencias de Atención Primaria y Puntos de Atención Continuada, homogenizar las plantillas de TCE en este nivel asistencial, evitando desigualdades –A Coruña continúa siendo una de las provincias de Galicia más perjudicadas en cuanto a dotación-, incorporar al TCE de forma estable en los programas de Salud Comunitaria y Educación para la Salud desarrollados por los centros de salud, y reconocer institucionalmente el valor estratégico del TCE como profesional imprescindible para garantizar la sostenibilidad, la continuidad asistencial y la humanización de la Atención Primaria del futuro.
    Para ello es necesario dotar de un TCE todos los centros de salud con unidad de fisioterapia, la creación de las plazas necesarias para corregir el déficit de A Coruña, la incorporación efectiva del TCE como miembro estable de los equipos multidisciplinar y la elaboración de protocolos homogéneos que definan las funciones del TCE en este ámbito asistencial.
    Con el objetivo de avanzar en este sentido, las responsables de SAE han solicitado a la Gerencia la apertura de una mesa de trabajo que permita abordar la situación, establecer un calendario de implantación y corregir una desigualdad que se mantiene desde hace años.
     “La transformación del sistema requiere voluntad política, planificación estratégica y una decidida apuesta por la adecuación de las plantillas a las necesidades reales de la población. La contratación de TCE no debe contemplarse como un incremento del gasto, sino como una inversión en eficiencia, calidad asistencial, seguridad del paciente y sostenibilidad del sistema sanitario. Por ello, reclamamos ocupar el lugar que nos corresponde por formación, por experiencia y por la contribución que, desde hace décadas, realizamos diariamente al cuidado de millones de personas. Cada nuevo TCE incorporado a la Atención Primaria supone más tiempo para cuidar, más capacidad para prevenir, más seguridad para los pacientes y una mejor utilización de los recursos públicos. Este valor profesional ha sido reconocido por nuestro interlocutor, quien se ha comprometido a estudiar nuestra propuesta para poder abordar las soluciones necesarias”, explica Paula Armada, secretaria provincial de SAE en A Coruña.

La denuncia interpuesta por USAE ante la Inspección recogía los riesgos ergonómicos de los puestos de Técnicos en Cuidados de Enfermería derivados de la alta carga de trabajo de estos profesionales por, entre otras cuestiones, las movilizaciones que deben realizar en pacientes no autónomos.

Los profesionales están en riesgo de tener trastornos musculoesqueléticos porque a la sobracarga hay que añadir otros condicionantes como los la falta de formación del personal sobre cómo movilizar a estos pacientes, los escasos medios materiales que facilitan estas actuaciones y la falta de personal que ayude en las movilizaciones y manipulaciones de cargas.

                A este contexto se suma la falta de celadores en plantilla ya que desde el año 2020 no hay celadores en hospitalización  en los turnos de tarde, noche ni los fines de semana y en la UVI con pacientes que requieren traslados, unidades de alta carga, etc… no hay celadores en ningún horario. Esto implica que las funciones correspondientes a los celadores tiene que ser realizadas por los TCE que se suman a las propias de su puesto.

                En 2022 el hospital, a instancias de USAE, realizó una evaluación de riesgos ergonómica analizando el riesgo de movilizaciones pero ni se ha puesto ninguna medida preventiva generalizada al respecto ni se ha analizado la totalidad de los trabajadores sino únicamente la planta 3 de hospitalización.

La mencionada evaluación indicaba un nivel de inadecución alto, lo que se traduce en un riego inaceptable y, por lo tanto, es prioritario intervenir de forna adecuada.

El requerimiento de la Inspección de Trabajo tras la última denuncia presentada por USAE instaba al hospital a llevar a cabo actuaciones concretas como: “hacer evaluaciones de riesgos ergonómicos de todos los TCE y no únicamente a quienes trabajan en hospitalización de la planta 3; poner las adecuadas medidas preventivas resultado de la evaluación ergonómica de los TCE para la eliminación y control de los riesgos; ejecutar y/o planificar estas medidas en el documento de planificación preventiva y mantenerlo actualizado, haciendo constar la fecha de realización, presupuesto, responsable, etc y hacer lo mismo con las medidas que han resultado de la evaluación de riesgos psicosociales. Ejecutar y/o planificar estas medidas en el documento de planificación preventiva y mantenerlo actualizado, haciendo constar la fecha de realización, presupuesto, responsable, etc.”

La solicitud de USAE, avalada por el requerimiento de la Inspección, es clara y pasar por la contratación de celadores, adecuación de las ayudas mecánicas, formación del personal y adecuada definición de funciones según corresponde a cada puesto de trabajo.

Cumplir con estas medidas, además, eliminaría el agravio comparatio en este hospital con respecto al resto de hospitales del Servicio Canario. No se puede permitir en ningún caso la alarmante escasez de celadores permitiendo un nivel tan inaceptable de manipulación y cargas que se pone en riesgo la salud de los Técnicos en Cuidados de Enfemería.

La implantación de la figura del Coordinador de TCE en los equipos de enfermería ya es una realidad en muchos hospitales españoles, permitiendo que el colectivo esté presente en los grupos de trabajo, en la elaboración de objetivos o en la planificación de las actuaciones a desarrollar. De esta manera se da respuesta a la evolución que el colectivo ha experimentado para adaptarse a los cambios sanitarios y formativos, reconociendo su papel fundamental dentro de los equipos asistenciales.

“La inclusión de este mando intermedio en las plantillas del centro hospitalario aporta importantes mejoras tanto a nivel estructural como organizativo; así, entre otras, permitirá agilizar la gestión y distribución de los recursos materiales y humanos en el día a día, los TCE tendrán un referente directo para la resolución de dudas organizativas y conflictos propios del colectivo, y permitirá la optimización de los cuidados y la integración de los TCE en los planes de formación continua, en los protocolos de seguridad del paciente y en las evaluaciones de la calidad asistencial. Sin duda, la creación de esta figura aliviará las cargas laborales de los actuales supervisores y mejorará la cohesión del equipo”, explica Mª Eugenia Fernández, delegada de SAE en el centro hospitalario.

La iniciativa judicial constituye el paso previo a una posible demanda de conflicto colectivo por vulneración del derecho fundamental a la protección de la salud de los trabajadores. Tal y como recoge el escrito presentado ante el juzgado, «resulta indispensable conocer el estado real de la gestión preventiva de la Administración empleadora», ya que esa documentación es de obligada elaboración y debe estar a disposición tanto de la autoridad laboral como de los representantes de los trabajadores.
La solicitud se dirige a la práctica totalidad de los centros asistenciales del sistema sanitario madrileño: los hospitales públicos del SERMAS, los centros hospitalarios con otros modelos de gestión, el SUMMA 112, el Centro de Transfusiones, la Unidad Central de Radiodiagnóstico (UCR) y diversos hospitales monográficos, de apoyo y de media estancia, con el objetivo de comprobar si todos ellos disponen de una planificación preventiva real y cumplen con las obligaciones que establece la legislación en materia de prevención de riesgos laborales.
La vía judicial ha comenzado ya a dar sus primeros resultados. La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Madrid ha requerido al Hospital La Princesa, al Hospital de Getafe y al Hospital Príncipe de Asturias (y más centros en los próximos días) la aportación de esta documentación, dando curso a la solicitud presentada por la Federación.
Con este objetivo, AMYTS-SAE-SIETeSS CAM ha solicitado que los órganos judiciales requieran a los distintos centros la documentación que la legislación obliga a elaborar y conservar en materia de prevención de riesgos laborales. Entre ella figuran el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo, la planificación de la actividad preventiva, la documentación sobre formación e información a los profesionales, la investigación de accidentes e incidentes, la vigilancia de la salud, la entrega de equipos de protección individual o las auditorías del sistema preventivo.
Según expone la demanda, esta diligencia resulta «estrictamente necesaria e indispensable para la correcta fundamentación, delimitación y viabilidad» de la futura demanda, ya que «solo a través del análisis del sistema de gestión preventiva se puede determinar el nexo causal entre el incumplimiento y el daño sufrido».
Este paso llega después de que las gerencias no facilitaran esta información a los delegados de prevención de la Federación, pese a tratarse de documentación esencial para ejercer las funciones de vigilancia y control que les atribuye la legislación en materia de prevención de riesgos laborales.
Para AMYTS-SAE-SIETeSS CAM, el objetivo de esta actuación es esclarecer si la sanidad pública madrileña dispone de una planificación preventiva real y eficaz o si, por el contrario, existen incumplimientos que puedan comprometer la seguridad y la salud de los profesionales.
 

Una vez más, el examen de Oferta Pública de Empleo de Función Pública genera la indignación y el malestar entre los opositores Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE), que denuncian una prueba cuyo contenido sobrepasa la formación de los profesionales.

    A pesar de que debemos esperar al resultado definitivo, el elevado número de quejas recibidas por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) nos lleva a exigir a la Administración mayor transparencia, coherencia y equilibrio en la elaboración de estas pruebas, diseñadas para valorar la capacidad profesional que se exige para acceder a un puesto de esta categoría.
  
    El objetivo principal de una convocatoria de OPE es estabilizar el empleo, mejorar las plantillas y garantizar así una dotación de recursos humanos acorde a las necesidades de los diferentes ámbitos sanitarios y socio-sanitarios. Por ello, los exámenes deben ajustarse al currículum formativo de cada categoría profesional, valorar las competencias de cada opositor de acuerdo al mismo y procurar la cobertura de las plazas convocadas. Lo contrario supone un ataque al esfuerzo y tiempo invertidos por los opositores y puede conllevar un desequilibrio en el sistema sanitario, manteniendo las plantillas sin los recursos suficientes lo que, desde luego, provoca una merma en la calidad asistencial. 

    “Desde SAE nos mantendremos a la espera de los resultados del proceso y, tras el periodo de impugnaciones, valoraremos adoptar las actuaciones que consideremos necesarias para garantizar la igualdad, la proporcionalidad y la capacidad que deben primar en cualquier proceso selectivo”, explica Elisa Romero, secretaria autonómica de SAE en Murcia.