De esta manera, la Gerencia incumple el Real Decreto 773/1997, que establece que cada trabajador debe utilizar y cuidar correctamente su equipo de protección individual y depositarlo adecuadamente tras su uso. Así, el EPI es responsabilidad del profesional que lo utiliza, y, en caso de ser compartido, se deben arbitrar medidas organizativas que garanticen la seguridad y la higiene entre usuarios. Sin embargo, la Gerencia ha impuesto de forma unilateral a los TCE su limpieza, a pesar de que el colectivo no utiliza estos EPIs y no tiene entre sus herramientas de trabajo “el flus flus y la bayeta”, tal y como la gerente, Encarna Solís, señaló recientemente; unas declaraciones insultantes para estos profesionales sanitarios que forman parte de los equipos de enfermería. 
    Por lo tanto, imponer a los TCE la limpieza de estos mandiles plomados no responde a criterios legales ni técnicos, pues no figura entre las competencias del colectivo, y revela una preocupante visión jerárquica por parte de la Gerencia, que les sitúa en un rol de subordinación y servilismo. Otro ejemplo en este sentido es haber encargado a los TCE la apertura masiva de lancetas para evitar que la enfermera, que es la profesional que las utiliza, gaste su tiempo en esta acción y asuma el riesgo de corte o pinchazo que su manipulación a granel conlleva. De esta forma se traslada, de nuevo, a los TCE una tarea repetitiva y potencialmente lesiva que no les corresponde. 
    Resulta especialmente grave que estas decisiones se impongan sin negociación, sin respaldo normativo y desoyendo las reiteradas advertencias trasladadas por USAE en los órganos correspondientes. La imposición constante no puede ser la herramienta de gestión en la Administración pública, donde debe primar un trabajo asistencial en equipo.
    “Imponer funciones ajenas es un abuso, especialmente si se trata de tareas que rozan la servidumbre y que, desde luego, son impropias de un profesional sanitario como los TCE, que se ven reducidos a la condición de ejecutores pasivos de órdenes, anulando su criterio profesional y vaciando de contenido su categoría. Por ello, consideramos que la Gerencia mantiene un maltrato institucional impropio de gestores capaces, pues no estamos hablando de una situación puntual ni organizativa: es una dinámica de menosprecio profesional, que vulnera el marco competencial regulado para los TCE y los convierte en personal “comodín”, al que se le puede cargar de funciones ajenas cada vez que la Gerencia lo dispone. Sin embargo, los TCE son profesionales de la enfermería, con funciones claramente definidas en la atención al paciente, en la humanización de los cuidados y en el funcionamiento del sistema sanitario. Encomendarles la limpieza de EPIs ajenos o tareas abusivas, que no están entre sus funciones, supone apartarles de las competencias propias de su categoría. Por ello, desde USAE nos vemos obligados a denunciar esta política de servilismo impuesto y exigimos la retirada inmediata de estas órdenes. No vamos a permitir que se consolide un modelo organizativo basado en la humillación y el menosprecio hacia un colectivo fundamental en el Sistema Sanitario Público”, explica Nieves Sánchez, responsable provincial de USAE en Cáceres.

    El SESCAM es el único servicio de salud del Sistema Nacional de Salud que tiene este complemento estancado, impidiendo así que los profesionales sanitarios puedan ejercer su derecho a progresar en los grados de desarrollo profesional, que valoran de manera individualizada sus conocimientos, experiencia asistencial, actividades de investigación, o compromiso con la organización.
    Han pasado ya más de catorce años desde que se aprobara la Ley 1/2012, de 21 de febrero, del Plan de Garantías de Servicios Sociales, que paralizó las convocatorias de Carrera Profesional en el SESCAM; y cinco desde la promesa que adquirió la Administración, tanto con SAE como con el resto de organizaciones sindicales, para alcanzar un acuerdo riguroso y equilibrado que pusiera fin a esta situación. Sin embargo, los profesionales siguen esperando, en lo que es un agravio comparativo con el resto de trabajadores de los distintos servicios de Salud del Sistema Nacional.
    “La entrada en vigor de esta Ley respondía a una situación económica puntual que no se corresponde con la actual, por lo que instamos al SESCAM a devolver a los cerca de 36.000 profesionales afectados este derecho, que, además de suponer una falta de reconocimiento a su implicación, compromiso y eficiencia en el desempeño de su trabajo, conlleva una pérdida económica muy significativa en sus nóminas. Esta situación no puede prolongarse durante más tiempo, por lo que llevaremos a cabo todas las actuaciones que consideremos oportunas para presionar al SESCAM”, explica Mª José Soria, secretaria autonómica de SAE.
 

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) se suma, un año más, al Día Mundial de las Enfermedades Raras, que este año FEDER celebra bajo el lema Porque cada pERsona importa, una campaña que quiere reivindicar un acceso equitativo a los avances en investigación –actualmente, sólo el 20% de las 6.528 enfermedades raras identificadas se están investigando-, pues así se mejorarían los diagnósticos tempranos –el tiempo medio de diagnóstico desde la aparición de los primeros síntomas supera los seis años- y los tratamientos.
La desigualdad en investigación o en el acceso a pruebas ya implementadas –en el cribado neonatal, por ejemplo, algunas Comunidades Autónomas criban el mínimo de 12 patologías y otras más de 40- frenan el avance equitativo en el acceso a los recursos sanitarios y sociales, pues, a las limitaciones físicas asociadas a cada una de las patologías, hay que sumar el estigma, el aislamiento y la incertidumbre que acompañan a los afectados y las familias. Por ello, no debemos olvidar poner el foco en los desafíos comunes: el miedo, la soledad, o la falta de oportunidades y recursos para mejorar su calidad de vida, se convierten en los principales escollos del día a día de estos pacientes.
Para ello, es fundamental establecer un marco político, social y educativo que oriente la implementación de planes y estrategias nacionales, así como poner en marcha programas, tecnologías y enfoques innovadores, impulsados por las necesidades de los pacientes, que garanticen la integración en los diferentes niveles formativos, en el mercado laboral o en las actividades de ocio.
“La inversión en investigación es la única manera de conseguir una equidad sanitaria que garantice a los afectados diagnósticos tempranos y tratamientos adecuados, y la visibilización de estas patologías es el camino hacia una inclusión real en la sociedad. Es responsabilidad de todos los agentes implicados conseguirlo y procurar una mejor calidad de vida a los más de tres millones de españoles que conviven con alguna de las más de 7.000 enfermedades raras que se estima que existen”, explica Daniel Torres, secretario de acción social y formación de SAE.

Es intolerable, que la empresa no actualice salarios desde el 2024 cuando la ley dice que debe hacerlo y permita que más de la mitad de la plantilla siga sin percibir las dietas que le corresponden. La falta de compromiso negociador, unida al bloqueo sistemático de la Disposición Adicional 15, está generando un profundo malestar entre las trabajadoras y trabajadores.

Una plantilla de profesionales al límite de su capacidad que reclama que la empresa asuma sus responsabilidades y se lleve a cabo una negociación real, seria y por supuesto con acuerdos vinculantes.

Para las organizaciones sindicales, la única vía para resolver definitivamente esta situación y garantizar estabilidad, derechos y calidad en la prestación asistencial que, por otro lado, garantizaría el pacto de salud.

“Se ha convocado una reunión para el 4 de marzo y confiamos en que haya un cambio de actitud por parte tanto de GSAIB como de Función Pública porque, de no haber un acercamiento en las posturas de los trabajadores, los sindicatos no descartan llevar a cabo una convocatoria de huelga” manifiesta José Manuel Maroto, presidente del Comité Intercentros.

Además, y junto a estas camas se colocan unas colchonetas que supone un sobreesfuerzo para los Técnicos de Atención Directa (TAD) que deben atender a los pacientes y se ven obligados a la movilización de estas colchonetas.
Se calcula que hay un centenar de estas camas en los distintos centros de Castilla y León que, sin duda, supone un aumento en la seguridad para los pacientes. Sin embargo, se traduce en la inseguridad de los profesionales que les atienden, Técnicos de Atención Directa (TAD) que están trabajando en deficientes condiciones laborales derivadas de la movilización de los pacientes en estas camas, poniendo en grave riesgo la salud del personal.
La atención a pacientes en estas condiciones obliga a los trabajadores a realizar su labor en posturas forzadas, con flexión constante del tronco y sobrecarga lumbar, incrementando significativamente el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, bajas laborales y cronificación de patologías de espalda, incluso en alguna ocasión, se ha tenido que proceder a tener que trabajar arrodillados en el suelo para poder atender al usuario.
Esta situación vulnera los principios básicos de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, que establece la obligación empresarial de adaptar el trabajo a la persona y evitar riesgos innecesarios, especialmente en lo relativo a la manipulación manual de cargas.
SAECyL trasladó esta situación a la Directora Técnica de Recursos Humanos y Gestión de Centros, de la Gerencia de Servicios Sociales, a quien recordó su responsabilidad institucional de cuidar a quienes cuidan. Se alertó de la falta de medios técnicos suficientes como camas regulables en altura, grúas de movilización que lleguen a la cota 0 ya que es evidente que la movilización de los pacientes en estas camas impide una correcta ergonomía a la hora de tener que desarrollar el trabajo y atender al usuario en dichas camas.
Para SAECyL es prioritaria la dotación urgente de equipamiento ergonómico adecuado y la inmediata retirada de las camas a cota 0 cuando impliquen la movilización manual sin medios adecuados por lo que se necesitarán alternativas que sean seguras tanto para el paciente como para el profesional
No pueden normalizarse prácticas que comprometen la salud física de los profesionales por lo que es urgente una evaluación específica de riesgos laborales que están asumiendo, así como la implantación de protocolos que garanticen la seguridad en la movilización de pacientes.
Si no se adoptan las medidas necesarias a la mayor brevedad posible se valorarán las acciones legales que esta organización considere oportunas y se llevara a cabo la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo.