SAE se suma un año más al Día Mundial de las Enfermedades Raras para visibilizar estas patologías, que afectan a más de tres millones de personas en España.
    Actualmente, se estima que existen más de 7.000 enfermedades raras, de las cuales se han identificado 6.417, sin embargo, las personas que conviven con alguna de ellas tardan una media de seis años para conseguir un diagnóstico, viendo cómo durante este tiempo la patología se va agravando. 
    Por ello, desde SAE seguimos insistiendo en la necesidad de invertir para mejorar la investigación de estas enfermedades, así como para garantizar la equidad en el acceso a las pruebas diagnóstica, tratamientos y medicamentos. Asimismo, es fundamental mejorar la formación de los profesionales sanitarios, pues según la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), el 56% de los afectados considera que alguna vez ha sido tratado inadecuadamente por el personal sanitario debido a la falta de conocimientos de su patología. 
    “Como representantes de los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE), seguiremos organizando actividades formativas destinadas a mejorar los conocimientos de los profesionales sobre estas patologías menos frecuentes y sus características con el objetivo de ofrecer al afectado una atención correcta que cubra sus necesidades de la manera más adecuada, basándonos en la humanización de los cuidados para garantizar el bienestar, ya que las actuaciones que precisan estos pacientes, en muchas ocasiones, no coinciden con las establecidas por los protocolos asistenciales”, explica Daniel Torres, secretario de acción social y formación de SAE.

    A pesar de la moción presentada por ERC, que se aprobó el pasado mes de diciembre en el Parlament de Catalunya, por la que se insta al PSC y a la Consellería de Salut al cumplimiento de estos acuerdos, que pusieron fin a la huelga hace un año, la Administración ha decidido incumplir su palabra menospreciando así a los profesionales Técnicos Sanitarios, fundamentales en los equipos multidisciplinares.
    Así, mientras otros colectivos sí han visto mejoras económicas en sus nóminas tras la aplicación del complemento de homologación, los Técnicos Sanitarios llevamos casi 20 años esperando esta reclasificación y su compensación retributiva. Pero, además, el compromiso de los responsables de la sanidad catalana pasa por la aplicación de un complemento específico en atención primaria que iguale al de los hospitales, ya que el TCE cada vez asume una mayor carga asistencial; el pago del complemento domiciliario en atención primaria, que ya se abona al resto de categorías profesionales, lo que provoca un agravio comparativo; el reconocimiento económico, en atención hospitalaria, de la especialidad de críticos (UCI, REA Bloque Quirúrgico, Quemados, Urgencias) y esterilización por la alta complejidad y especificidad de estos servicios; o la mejora de la formación, ya que los TCE cada vez asumimos más funciones que requieren conocimientos específicos para garantizar una buena calidad asistencial, entre otras.
    “A pesar de los inconvenientes que esta huelga pueda tener para la población, es necesario que la Administración sea consecuente con sus compromisos y parece que la única manera de entender que debe cumplirlos es a base de convocatorias de huelga. Los Técnicos Sanitarios ya estamos sometidos a importantes niveles de estrés, siendo las categorías sanitarias con mayor porcentaje de burnout debido al aumento de las cargas de trabajo, la reducción de personal y la falta de reconocimiento, por ello es fundamental que los responsables de la sanidad catalana empiecen a materializar los puntos del acuerdo y a mostrarnos un poco de respeto. De no ser así, continuaremos adoptando las acciones de presión que consideremos convenientes”, explica Cristián Monclús, secretario autonómico de SAE en Cataluña.

        “La falta de implantación de la Carrera Profesional para los TCE en este ámbito asistencial solo es uno de los puntos por los que desde SAE elevamos queja al Defensor del Pueblo, que ahora nos da la razón; pero creemos necesario que también se implementen los complementos de días especiales y de riesgo, y se posibilite a los profesionales de ANADP la movilidad interna, pues es una discriminación que con la misma titulación exigida para optar al puesto de trabajo, el desempeño de idénticas funciones y semejantes condiciones laborales en cuanto a calendarios y riesgos, los derechos retributivos y de movilidad y promoción personal sean diferentes”, explica la secretaria autonómica de SAE en Navarra, Begoña Ruiz Malagón.
        En este sentido, es significativo el informe del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, cuando señala: “Por lo tanto, existen en el ámbito de los centros de la ANADP personas que poseen la titulación de TCAE, pero no ocupan un puesto con esta denominación, aun cuando su trabajo pueda no diferir sustancialmente y pudiera considerarse en muchos aspectos equiparable al que desarrolla un TCAE. Esto es así hasta el punto de que el personal cuidador de la ANADP que posee titulación de TCAE puede participar en los concursos de traslado que convoca el Departamento de Salud para proveer sus vacantes de este último puesto de trabajo”.
         “Así, tanto por el requisito de la titulación común exigida, como por el hecho de que los concursos de movilidad de personal permiten el traslado de unos a otros, se avala nuestra queja y nuestra lucha por acabar con estos agravios comparativos. No obstante, el Defensor del Pueblo indica la negociación colectiva para abordar el resto de cuestiones discriminatorias y, por supuesto, desde SAE llevaremos a cabo todas las actuaciones que están en nuestra mano para conseguir que se aprueben las normas legales necesarias y que los profesionales TCE de ANADP tengan los mismos derechos que los que desempeñan su trabajo en SNS-O”, concluye Begoña Ruiz Malagón.
 

Tras el cierre ayer de la zona de tallado del laboratorio de Anatomía Patológica, donde se manipula el formaldehído (compuesto químico que ha dado niveles por encima del rango establecido en varias mediciones), los delegados y delegadas de prevención del Hospital Universitario de Toledo exigen el cierre de la actividad de todo el servicio del Laboratorio de Anatomía Patológica para asegurar la salud de todos los trabajadores y trabajadoras. 
A pesar de la perseverancia por parte de la gerencia y del Sescam de subestimar los riesgos para la salud de los trabajadores y trabajadoras -los cuales continúan enfermando y acudiendo al servicio de urgencias y a la mutua-, finalmente se ha paralizado este servicio poniendo de manifiesto que hay riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores. Pero este riesgo se extiende a todo el servicio, por ello exigimos su cierre.
“Hemos pasado “del no hay nada porque no existe nada” del consejero de sanidad, a la paralización de la zona de tallado, donde se manipula el formaldehído, sin embargo, el resto de zonas continúan con la actividad como si no estuviera pasando nada, a pesar del riesgo que existe para todos los trabajadores y trabajadoras”. 
Esta situación se produce como consecuencia de la ausencia por parte de la Gerencia y del Sescam de medidas organizativas y preventivas colectivas frente a las individuales. 
 

Esta mañana, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha participado en las concentraciones convocadas por la MERP en toda España para blindar las pensiones en la Constitución ante la aplicación de la “cláusula de cierre” que quiere imponer Bruselas.

Esta cláusula, que incluye la última reforma de las pensiones, contempla que si hubiera que tomar medidas adicionales y no se alcanzara un consenso sobre ellas, se aplicará de forma automática el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), lo que significa una subida de las cotizaciones. 

Así, las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) pasan por exigir a España un recorte de cerca de 12.000 millones de euros en pensiones debido al desequilibrio que existe en este gasto. 

“Somos 48 millones de pensionistas, por eso es fundamental salir a la calle para exigir el blindaje de las pensiones en la Constitución como un derecho fundamental. Siempre apoyaremos el debate en torno a medidas que mejoren el Sistema Público de Pensiones y su financiación, pero no vamos a aceptar ni los recortes ni la privatización ni un aumento de la edad de jubilación. SAE continuará adhiriéndose a todas las actuaciones que se hagan al respecto”, explica Isabel Lozano, vicesecretaria de SAE