La sanidad pública malagueña atraviesa una situación límite que vuelve a evidenciarse en el servicio de Urgencias, donde 26 pacientes permanecen pendientes de ingreso por falta de camas, en camillas X y en condiciones que distan mucho de una atención sanitaria digna y segura.
    Entre los que se encuentran pacientes con dolor torácico, crisis comiciales pendientes de estudio, tromboembolismo pulmonar bilateral y otras patologías de gravedad que requieren ingreso hospitalario, monitorización y tratamiento adecuado en planta, no largas horas -o incluso días, más de 45 horas en espacios saturados-.
    A esta situación se suma la escasez de profesionales, una carencia que agrava aún más el colapso asistencial. Se necesitan profesionales para cubrir las necesidades del sistema, pero la realidad es que no existe margen de contratación por falta de contratos disponibles, reflejo de una gestión incapaz de anticiparse y responder a una emergencia asistencial sostenida en el tiempo.
    Ante la impotencia y la falta de soluciones, los trabajadores hacen un llamamiento desesperado a la máxima autoridad sanitaria en Andalucía con una recogida de firmas y petición de audiencia, el actual Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz Cabello.
    Esta no es una imagen puntual, es la fotografía diaria de una sanidad tensionada, infradotada y sometida a una gestión ineficaz, donde pacientes y profesionales pagan las consecuencias de la falta de planificación, recursos y liderazgo.
    Por ello, nuevamente, esta Junta de Personal vuelve a exigir a las autoridades sanitarias el cese inmediato del director gerente Jesús Fernández Galán, como máximo responsable de una situación que lejos de mejorar, continúa deteriorándose, sin soluciones reales ni medidas contundentes.
     Málaga merece una sanidad pública fuerte, digna y bien gestionada. Los pacientes merecen atención segura. Los profesionales merecen recursos y condiciones para poder cuidar y la ciudadanía merece respuestas y responsabilidades.

SAE continúa de esta manera sus reuniones con todos los implicados en la aprobación del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, acordado entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de negociación el pasado mes de enero y que está aún pendiente de ser remitido al Consejo de Ministros.

“Los Técnicos Sanitarios de la Formación Profesional llevamos años esperando y luchando por una clasificación adecuada que, por supuesto, debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria desde el momento en que se aplique la Ley, evitando así que quede estancada y pendiente de futuras negociaciones en las comunidades autónomas o de nuevos presupuestos”, explica Mª Dolores Martínez, secretaria general de SAE. 

Nuestros interlocutores han manifestado en estas reuniones su apoyo a que los Técnicos estén debidamente clasificados tal y como siempre han reconocido a los representantes de estos profesionales. Para SAE y para TECNOS lo fundamental es que los grupos parlamentarios tengan altura de miras políticas de forma que se recoja la correcta clasificación en la Ley del Estatuto Marco.

La denuncia parte por la falta de medios humanos y mecánicos para las tareas con riesgos de sobresfuerzo ya que en el centro había muchos Técnicos de Enfermería con puesto de trabajo adaptado. Por un lado, esta situación sobrecargaba a los profesionales sin adaptación al puesto y, por otro, se ponía en riesgo que se cumplieran con eficacia las condiciones de la adaptación y al final terminaban cogiendo peso y/o movilizando pacientes. A estos profesionales se sumaba un único celador en el centro, también con limitaciones para el manejo manual de cargas por lo que sus tareas recaían en los Técnicos de Enfermería.

Tras la denuncia presentada por SAE y la correspondiente visita de la inspección al centro se obliga al hospital a la realización de los estudios de riesgos ergonómicos de los puestos de TCE y celador y su correspondiente planificación de la actividad preventiva y además en la actualidad hay un celador sin adaptación al puesto lo que supone que no tiene limitaciones para la manipulación de cargas.

Pese a la inspección y el requerimiento quedan cuestiones por subsanar que desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería se seguirá trabajando para solucionar como, por ejemplo, la actualización de las evaluaciones de riesgos de los puestos tanto de TCE como de celador o mediciones especificas relacionadas con la fuerza en los estudios ergonómicos.

En cualquier caso, ha quedado garantizada consulta, participación e información de los delegados de prevención que hasta el momento ejercían su labor con determinadas dificultades.

La situación es especialmente crítica en el área sanitaria de A Coruña y Cee, en distintos hospitales con unidades como medicina interna del Abente y Lago y del HUAC, con 25 y 29 pacientes pluripatológicos, así como unidades de cirugía general con hasta 33 pacientes que debe asumir un solo Técnico de Enfermería en turno de noche, incluyendo pacientes recientemente intervenidos quirúrgicamente que requieren cuidados continuos, así como aseos y preparaciones de pacientes que se intervienen al día siguiente.

Sin embargo, con estas ratios de profesionales no solo es difícil llevar a cabo la realización adecuada de cuidados básicos como higiene, movilización y la debida vigilancia de pacientes pluripatológicos o postquirúrgicos sino que aumentan los tiempos de respuesta ante incidencias clínicas o urgencias.

No se trata de casos aislados, sino de una situación estructural extendida en el área sanitaria de A Coruña, que afecta directamente a la calidad asistencial y a la seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales.

Pese a llevar años denunciando la situación, la dirección del área sanitaria insiste en que el incremento de plantilla de TCE en estas unidades debe ser autorizada desde los Servicios Centrales del Sergas y, es evidentemente, que no está manifestando interés en este problema.

Un solo TCE no puede asumir con garantías la atención de este volumen de pacientes con distintos niveles de dependencia y complejidad. Esta situación compromete la seguridad del paciente y genera una sobrecarga laboral insostenible.

Esta situación, mantenida en el tiempo y sin respuesta efectiva por parte de la administración, requiere medidas urgentes para evitar el deterioro progresivo de la calidad asistencial. Hay que adoptar, de inmediato, medidas estructurales que garanticen una atención segura, digna y de calidad en toda el área sanitaria.

“Tal y como nos ha trasladado nuestro interlocutor, el anteproyecto de Ley ya ha recibido los informes de los ministerios implicados y está en vista de ser remitirlo al Consejo de Ministros. Desde SAE esperamos que este proceso no sufra más dilaciones, pues los profesionales Técnicos Sanitarios de la Formación Profesional llevan años esperando por una clasificación adecuada que, por supuesto, debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria desde el momento en que se aplique la Ley, evitando así que quede estancada y pendiente de futuras negociaciones en las comunidades autónomas o de nuevos presupuestos”, explica Mª Dolores Martínez, secretaria general de SAE.  

Asimismo, se han abordado otras reivindicaciones de SAE, como la reforma de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), a cuyo proyecto SAE emendó la urgencia de que los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y el resto de profesionales sanitarios de grado medio y grado superior de la Formación Profesional, sean incluidos como Profesión Sanitaria, en su integridad y sin discriminación alguna en comparación con el resto de profesionales que contempla.

“A este respecto, nuestro interlocutor nos ha trasladado que están estudiando las alegaciones y ha manifestado su apoyo a esta y otras demandas de nuestro colectivo, como la actualización de las funciones, que aún se rigen por las establecidas hace más de medios siglo. En las próximas semanas mantendremos nuevas reuniones con responsables ministeriales y grupos políticos con el objetivo de mantener una línea de diálogo permanente que redunde en las mejoras laborales, profesionales y retributivas a las que los profesionales Técnicos Sanitarios tienen derecho”, concluye la Mª Dolores Martínez.