Aunque estamos convocados a una reunión el próximo 14 de abril para continuar con la negociación de la Carrera Profesional, desde SAE consideramos necesario continuar alzando la voz para visibilizar la urgente necesidad de que Castilla-La Mancha reactive de manera definitiva la Carrera Profesional en el SESCAM.
    Los profesionales del SESCAM no merecen seguir soportando esta situación de desigualdad: no es aceptable que, dentro de una misma empresa pública, existan profesionales que no puedan acceder o disfrutar de este derecho laboral en igualdad de condiciones a quienes sí tienen reconocida su Carrera Profesional. Esta situación, que se está extendiendo en el tiempo más de lo deseado, genera un claro desequilibrio que debe corregirse de forma inmediata.
    “Desde SAE exigimos el compromiso firme de la Administración para que la Carrera Profesional sea reactivada, recuperada e implantada plenamente a lo largo de este año 2026. No permitiremos que se siga dilatando este reconocimiento, que es justo y pone en valor el esfuerzo, la experiencia y la dedicación de los profesionales sanitarios. Continuaremos defendiendo, mediante la negociación y la movilización, si es necesaria, el derecho de todos los profesionales a estar en igualdad de condiciones y a ver reconocida su trayectoria profesional. No dejaremos pasar más tiempo: 2026 debe ser el año definitivo para la recuperación de la Carrera Profesional en el SESCAM”, explica Mª José Soria, secretaria autonómica de SAE en Castilla La Mancha.

Esta actuación es fruto de la propuesta realizada por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) para que se reconozca el trabajo que ya están desarrollando algunas compañeras en diferentes servicios con los alumnos TCE en práctica.

El Tutor de Prácticas permite dotar al alumno de un modelo profesional adaptado a la realidad laboral y formativa de los futuros TCE, por ello esta figura es fundamental en los centros de trabajo. La buena acogida de la dirección de la Gerencia ante la propuesta de SAE pone en valor su implicación en el desarrollo de nuestro colectivo, subrayando la importancia de estructurar y reconocer la labor tutorial que ya desempeñan los profesionales.

“La creación del Tutor de Prácticas no solo contribuye a mejorar la calidad asistencial y formativa, sino que también supone un reconocimiento al compromiso y la experiencia de los Técnicos en Cuidados de Enfermería que participan activamente en la formación de nuevos profesionales. Con esta actuación, reafirmamos nuestro trabajo y lucha para mejorar las condiciones profesionales y formativas del colectivo, apostando por medidas que fortalezcan el sistema sanitario y garanticen una atención de calidad”, explica Angélica Ramos, responsable de SAE en el Hospital de Tomelloso.
 

Las reivindicaciones de los profesionales son conjuntas en materias como la integración del personal temporal en el complemento de Carrera Profesional, el cómputo del tiempo de residencia para el acceso a este derecho, el desbloqueo del nivel 4 de este proceso, y la actualización de las retribuciones de guardias, noches y festivos.
Por ello, a partir del próximo 17 de abril iniciaremos un calendario de movilizaciones con una concentración en la Consejería de Sanidad, que se alargará hasta que el gobierno convoque la Mesa Sectorial con paros en los centros sanitarios, sin descartar la huelga.
“La sanidad pública se compone de todos los profesionales que trabajan en ella, por lo que es una falta de respeto que el Gobierno provisional no convoque la Mesa Sectorial y sí se reúna con los sindicatos médicos. Es indignante que desde la Administración jueguen a dividir a los profesionales y crear confrontación, cuando deberían garantizar el respeto a la Mesa Sectorial. Esta pésima gestión en la negociación, también es un reflejo de los graves problemas estructurales que tiene el sistema: las plantillas no se adecúan a las necesidades reales asistenciales, lo que provoca que los profesionales hagan más horas de las que deberían, asumiendo sobrecargas constantes por falta de recursos. Los centros de difícil cobertura padecen especialmente esta falta de profesionales, sin soluciones eficaces y sostenidas en el tiempo. Y la ciudadanía sufre los retrasos y el deterioro de la calidad asistencial”, explican los responsables de FTPS en Aragón.

Para ello ha propuesto la necesidad de establecer una nueva clasificación de las profesiones sanitarias que incorpore a las profesiones tituladas universitarias y a las profesionales tituladas de formación profesional, de manera que la ley se adapte a la Constitución, a la Real Academia de la Lengua Española y, sobre todo, recoja la realidad de los hospitales y centros de salud, incorporando como profesiones sanitarias a todas las categorías, garantizándoles el mismo reconocimiento de identidad sanitaria.  

Así, la reforma de la LOPS no es una opción, sino una necesidad de justicia laboral y seguridad jurídica. El colectivo de los Técnicos Sanitarios de Formación Profesional debe ser considerado profesional que desempeña una profesión sanitaria de pleno derecho. Negar este estatus basándose en una visión sesgada de las normas, ignora el trabajo real de estos profesionales, que mantienen un contacto directo y constante con el paciente, asumiendo riesgos y responsabilidades clínicas críticas. 

“La actual exclusión que sufren los titulados de Formación Profesional de la consideración de profesión sanitaria constituye una anomalía jurídica que carece de fundamento suficiente, resulta contraria a principios constitucionales, no se ajusta a la realidad funcional del sistema sanitario y se aparta de los estándares europeos. Por todo ello, se hace necesaria una reforma normativa que restablezca la coherencia del ordenamiento jurídico y reconozca adecuadamente el papel esencial que desempeña este grupo profesional en la atención sanitaria”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.

USAE ha denunciado reiteradamente la ausencia de contestación a los diferentes requerimientos del sindicato para conocer la forma de calcular el abono de las retribuciones variables a los trabajadores. La Gerencia siempre se ha negado a informar de manera clara estas retribuciones de forma que el profesional percibía complementos con cantidades determinadas sin saber el concepto por el que se cobraba esa cantidad.

USAE resulta gravísimo que una empresa pública haya podido funcionar durante años con errores retributivos de esta magnitud, generando un sobrecoste desorbitado para las arcas públicas y evidenciando una gestión marcada por la improvisación, el descontrol y el despilfarro de dinero público.

Si intolerable es que esta situación se haya repetido durante años más lo es que IB-Salut pretenda solventar su propia ineficacia cargando el problema sobre los trabajadores puesto que la dirección quiere imponer una regularización salarial mediante una quita sistemática y unilateral en las nóminas, lo que supone un golpe económico gravísimo para muchos profesionales cuyas nóminas puede llegar a rozar el Salario Mínimo Interprofesional.

Es indecente e inaceptable para una plantilla que sostiene un servicio esencial y una presión asistencial constante.

USAE insiste en que no estamos ante error administrativo, sino ante un caso grave de mala gestión dentro de una empresa pública, con consecuencias económicas, laborales que repercute directamente en los ciudadanos y trabajadores. No puede tolerarse que quienes han cometido o permitido esta situación pretendan ahora resolverla metiendo la mano en el sueldo de los trabajadores, como si estos fueran responsables de errores que nunca cometieron.

Tanto la consellería a de Sanidad de Baleares como la gerencia, encabezada por Javier Ureña, son responsables de no haber actuado con diligencia, transparencia y responsabilidad en un problema de gestión de dinero público y de derechos laborales de cientos de trabajadores.

A todo ello hay que añadir, el incumplimiento por parte del IB-Salut de los acuerdos para la desconvocatoria de huelga del transporte sanitario, donde la administración se comprometió al abono de la difícil cobertura en Ibiza y el pago de las dietas a sus trabajadores.

Por otra parte, esta medida va a recrudecer la situación en las islas menores, donde el coste de la vida es más elevado y las dificultades añadidas de la insularidad hacen que estos salarios resulten claramente insuficientes. Muy probablemente se va a agravar aún más el problema de cobertura de puestos, dificultando la captación y permanencia de profesionales en territorios donde ya es muy complicado garantizar plantillas estables.