El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (TECNOS) se han reunido esta mañana con el grupo parlamentario Esquerra Republicana para trasladarle las consecuencias que la aprobación del Estatuto Marco tendría para los Técnicos Sanitarios tal y como está redactado actualmente. El último borrador no recoge expresamente las equivalencias del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU): 4 para TCE y 5 para TSS, en consonancia con la Ley 5/2015, del TREBEP, que regula los grupos C1 para TCE y B para TSS.
    Esta es una de las últimas reuniones que ambos sindicatos están manteniendo con los grupos del arco parlamentario en el Congreso para que se paralice este documento si finalmente es elevado, con su redacción actual, al Consejo de Ministros para su tramitación en el Congreso de los Diputados, con el fin de buscar una mayoría parlamentaria que bloquee este Estatuto Marco.
    “Solicitamos amplitud de miras políticas, en beneficio de estos colectivos profesionales, para formar una mayoría de bloqueo parlamentario, que recoja nuestras justas reivindicaciones. La adaptación a la realidad laboral del último documento es nula. Y así se desprende de la disposición final cuarta en la que se plantea la modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREEBEP), que modifica los apartados 3 y 4 del artículo 2 y elimina el punto que dice: “cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud”, de tal forma que impide que la nueva clasificación se haga de acuerdo al artículo 76 del EBEP, que realiza la clasificación de los funcionarios de carrera. Con esta disposición parece difícil que el reconocimiento de la clasificación profesional que los Técnicos llevamos tantos años esperando pueda llevarse a cabo. Si el objetivo de este documento es adaptar la normativa a la realidad laboral y a sus profesionales es evidente que hay que seguir negociando y buscando las opciones que permitan el reconocimiento de todos los profesionales”, manifiesta Isabel Lozano, vicesecretaria de SAE, y Joaquín Cano, responsable de TECNOS.
    Por ello, solicitamos la aplicación de la Ley 31/2022 de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogados en la actualidad, en aplicación de las retribuciones que vienen recogidas para nuestros colectivos profesionales, e, igualmente, hemos planteado la necesidad de conocer si el próximo borrador de Estatuto Marco cuenta con los informes preceptivos de Función Pública y de Hacienda, necesarios para recoger las futuras retribuciones de nuestros colectivos.
 

Para poder prestar una Atención Primaria digna, es necesario que la dotación de TCAE en los Centros de Salud de Atención Primaria y Puntos de Atención Continuada sea incrementada y distribuida de modo regular, ya que, en todas las provincias, se aprecia que esta plantilla no solo es irregular, sino que también es claramente insuficiente. A efectos clarificadores, este sindicato ya presentó en varias ocasiones, diferentes escritos reivindicando el aumento de la dotación de personal TCE, puesto que se apreciaban desigualdades respecto a cada área sanitaria.
Hay que recordar que el Estatuto de Personal Sanitario No facultativo del año 1973, establece en su art. 84 las competencias de estos profesionales en las instituciones abiertas, por lo que su ausencia en estos centros sanitarios de Atención Primaria -además de otros- indica que las funciones asistenciales tienen que estar prestándose por otro tipo de personal al que no le corresponden.  
Actualmente el déficit de médicos y enfermeros tendría que obligar a optimizar a los profesionales sanitarios con los que se cuenta. Por ello se hace necesario una buena reestructuración de las plantillas en Atención Primaria, potenciando la figura del Técnico en Cuidados de Enfermería ya que su propia formación les atribuye capacitación para ejercer actividades o funciones asistenciales, burocráticas y organizativas. De hecho, puede comprobarse como en Atención Especializa desempeñan de forma rutinaria funciones que en los centros de salud asumen las enfermeras.
La estrategia de recursos humanos del Sergas debería encaminarse a potenciar un modelo que optimice los recursos, lo que según el modelo actual no está ocurriendo.
 

La violencia sobre la mujer es un problema de salud pública, por ello desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) nos sumamos un año más al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a través de la campaña UNITE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres, puesta en marcha en 2008 por el Secretario General de las Naciones Unidas, que en esta ocasión se celebra bajo el lema “Acabar con la violencia digital contra todas las mujeres y niñas”.
    El abuso a través de imágenes, el ciberacoso, los deepfakes generados por IA o los discursos de odio no dejan de aumentar sin límite en el ámbito virtual, extendiéndose, en muchas ocasiones, a la vida real. Un ejemplo en este sentido está en el incremento del consumo de porno en menores –según un estudio realizado por la Universitat Oberta de Catalunya, alrededor del un 20% de adolescentes reconoce haber consumido porno antes de los 10 años, y son los chicos quienes suelen acceder antes, con más frecuencia y de manera más continuada (un 23,3% lo consume a diario y un 44,4% lo hace semanalmente)- y cómo esta práctica y la falta de educación afectivo sexual distorsionan la visión de una sexualidad sana, generando expectativas irreales y promoviendo comportamientos violentos –sexo sin consentimiento, violencia, pornovenganza, sometimiento o dominación-.
    La Fiscalía General del Estado denunció en 2022 un notable y preocupante ascenso de agresiones sexuales cometidas por menores de edad en su memoria anual. En ese año se investigaron 1.973 abusos sexuales cometidos por menores de 18 años. Entre las causas, la Fiscalía recogía una inadecuada formación en materia ético-sexual y el visionado inapropiado y precoz de pornografía violenta.
Las agresiones sexuales provocan en las mujeres graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo: embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos, infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, cefaleas, síndromes de dolor (espalda, abdominal o pélvico crónico), trastornos gastrointestinales o limitaciones de la movilidad. Pero, además de las secuelas físicas, estas formas de violencia pueden llevar al suicidio y causar depresión, estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, alimentarios, problemas con el alcohol o las drogas y prácticas sexuales de riesgo.
 “Los Técnicos en Cuidados de Enfermería, como profesionales sanitarios somos fundamentales en la detección temprana de lesiones sospechosas o comportamientos anómalos en las víctimas de violencia, por ello es fundamental que contemos con una formación adecuada para poder realizar una detección temprana efectiva, sensible y empática que nos permita indagar en los factores de riesgo personales y sociales para poder ofrecer una atención eficaz y eficiente a las víctimas”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.

         La atención de este paciente mantiene a todo el equipo en constante alerta ya que para poder atender al menor o acceder a su habitación es necesaria la presencia de, al menos, cinco profesionales para evitar nuevas agresiones, lo que deja desatendidos al resto de pacientes ingresados en la unidad.

         Ante esta situación el Sindicato de Técnicos de Enfermería reclama que se adopten las medidas necesarias para garantizar tanto la atención sanitaria que precisa el menor como la seguridad tanto de los profesionales como del resto de usuarios de la planta en la que permanece ingresado.

         El Servicio Andaluz de Salud debe impulsar protocolos y recursos específicos para la hospitalización de pacientes infantiles y juveniles que requieren atención psiquiátrica garantizando su atención, sin poner en riesgo ni la atención a otros pacientes ni la seguridad de los profesionales sanitarios.

“La reforma del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra del que se prevé presentar un borrador en diciembre ofrece a la Administración una oportunidad de oro para poner fin a la gravosa y discriminatoria situación que sufren los Técnicos Sanitarios de la Comunidad Foral de Navarra”, manifiesta la secretaria autonómica de SAE, Begoña Ruiz.
“La apuesta por la Formación Profesional debe ser real y no solo una consigna política sin desarrollo posterior en medidas concretas”, consideran las responsables de SAE que “exigen que el encuadramiento de los profesionales se adecúe a los requisitos de titulación requeridos y acabar con las desigualdades que se están produciendo”.
Para SAE es innegable la necesidad de avanzar y corregir la gravosa situación que padecen los Técnicos Sanitarios en relación con la falta de reconocimiento a sus títulos formativos. Este agravio se mantienen desde el proceso iniciado en el año 2018 y culminado en 2020 por el que el Gobierno de Navarra promocionó directamente y sin exigencia alguna al celador y personal de servicios generales del nivel E en el que se encontraba, al nivel D, y ello en clara discriminación del personal Técnico de Enfermería, Técnico de Farmacia (profesionales de Formación Profesional de Grado Medio) que siendo de una categoría y nivel superior al personal celador o de servicios generales están equiparados en el mismo nivel D y ello sin razón ni motivo objetivo alguno.
Así las cosas se somete a una flagrante injusticia a los profesionales titulados de grado medio en la Formación Profesional equiparándolo en mismo nivel y categoría profesional que al personal subalterno, sin correspondencia con su capacitación y funciones, y sin respetar por tanto los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, debe ser corregido y no perpetuar esta situación.
“Además hemos trasladado a la Dirección de Función Pública la petición de que se reconozca el derecho que tienen los funcionarios públicos a percibir las retribuciones  por festivos y nocturnidad, y en los periodos de Incapacidad Temporal como vienen reconociéndose en diferentes sentencias y con carácter retroactivo de oficio, sin tener que obligar al personal a iniciar procesos judiciales como estamos viviendo ahora”, finalizan las responsables de SAE.