La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentará un informe sobre el resultado de las medidas tomadas para “equilibrar” el gasto en pensiones. Si el informe es negativo, el Gobierno español, en el plazo de un mes, deberá pedir a este organismo un informe proponiendo medidas para eliminar el exceso de gasto en pensiones, que tendrá que aprobar posteriormente el Pacto de Toledo. Lo que sabemos es que Bruselas lleva un año asegurando que se tendrá que “corregir un desequilibrio de 4,6 puntos del PIB (12 mil millones).

“Por eso es fundamental salir a la calle para exigir el blindaje de las pensiones en la Constitución, prohibiendo su privatización y la pérdida de poder adquisitivo, como un derecho fundamental. Siempre apoyaremos el debate en torno a medidas que mejoren el Sistema Público de Pensiones y su financiación, pero no vamos a aceptar ni los recortes ni la privatización ni un aumento de la edad de jubilación. Somos 48 millones de pensionistas, por ello SAE se suma a las concentraciones”, explica Isabel Lozano, vicesecretaria de SAE.

    Esta falta de equidad también se observa en el cálculo del número de representantes, pues según la normativa se debe realizar en función del volumen de profesionales censados en cada área, sin embargo, en el caso de los enfermeros, se parte de un mínimo de tres representantes por área con posibilidad de aumento según el porcentaje de crecimiento del censo, mientras que los TCE no tienen esa posibilidad de ampliación, independientemente de si ha aumentado la plantilla.  
    Actualmente, en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria hay censados aproximadamente 1.240 enfermeros, con una representación de 18 delegados distribuidos entre las distintas áreas. En cambio, los 825 TCE censados solo tienen 3 representantes, lo que supone una grave desproporción y una clara muestra del menosprecio que sufre el colectivo por parte de la Administración.
    “Por ello, exigimos que, antes de las próximas elecciones en el centro hospitalario, que se celebrarán en abril, se resuelva esta falta de equidad en la representación de los TCE y se garantice así una Junta de Enfermería justa y proporcional, pues nuestra labor, como la de los enfermeros, es esencial para el correcto funcionamiento del sistema sanitario y, por lo tanto, merecemos la misma consideración. Así, queremos recordar que esta discriminación estructural que sufrimos los TCE no solo afecta a nuestra representación en la Junta de Enfermería, sino que también repercute en nuestras condiciones laborales y en el reconocimiento de nuestra profesión. Es hora de poner fin a esta situación y avanzar hacia una sanidad más igualitaria para todos sus profesionales”, explica Miguel Ángel Guerrero, delegado de FTPS en el centro hospitalario.
 

Destacamos de esta reunión la importancia de que la labor diaria sea reconocida y realizada conjuntamente entre administración y sindicato, ya que SAE desde hace meses viene trasladando las reivindicaciones del personal TCE y celadores para conseguir un funcionamiento adecuado diario.

“Los datos que nos ha trasladado la Gerencia sobre el aumento del personal celador son importantes y un logro para el Hospital de Albacete. Esperamos que esta buena voluntad se mantenga y sea un ejemplo para las demás categorías. Así, es fundamental que se realice una valoración adecuada de las ratios de TCE, de manera que se adapten a una población en crecimiento y con un incremento de patologías crónicas.  Si queremos mantener la eficiencia y calidad en el sistema público sanitario, es necesario contar con infraestructuras y profesionales adecuados, por ello seguiremos luchando por los trabajadores y apostando por la integración del TCE en los equipos de enfermería”, explica Mª José Soria, secretaria autonómica de SAE en Castilla La Mancha.

El Parlamento Andaluz ha rechazado la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Por Andalucía en la que se argumentaba la necesidad de modificar la redacción de la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Fundación Pública de Andalucía, estableciendo la reclasificación de los profesionales de la Formación Profesional de Grado Medio –entre los que se encuentran los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE)-  en el grupo C1 y de los Técnicos de Grado Superior en el B, conforme al TREBEP y el artículo 101 de la propia Ley de Función Pública andaluza. 
    Si bien es cierto que la clasificación de los profesionales debe asentarse en una coordinación entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas debido a que se trata de categorías profesionales sanitarias con implantación en todo el territorio nacional, también lo es que llevan años pasándose la pelota de unos a otros mientras los profesionales sanitarios afectados siguen esperando a que esta situación se resuelva y poder, finalmente, ver reconocido su derecho a estar clasificados en el grupo que les corresponde.
    “Sin embargo los criterios económicos que, según la Proposición de Ley presentada, entrarían en vigor con fecha 1 de enero de 2025, vuelven a tumbar la clasificación que por ley nos corresponde. Desde FTPS-SAE llevamos 18 años luchando por poner fin a esta situación discriminatoria, pues durante todos estos años hemos visto como otros colectivos profesionales sí han avanzado en su desarrollo. Los Técnicos Sanitarios estamos cansados de este menosprecio constante hacia nuestro trabajo y exigimos más respeto y consideración pues somos tan imprescindibles en la atención sanitaria como el resto. Por ello, es urgente que las distintas comunidades autónomas y la administración central dejen de jugar con nuestro trabajo y nuestro salario y empiecen a trabajar para desencallar esta extenuante situación”, explica Cristóbal Arjona, responsable autonómico de FTPS-SAE en Andalucía.

    Es evidente que estas nuevas propuestas legislativas buscan incrementar el número de titulados, pero no puede ser a cualquier precio; por ello, siempre hemos luchado por una normativa que ponga en valor una formación cualificada ya que no podemos olvidar que trabajamos con personas que precisan de una atención de calidad, segura y eficaz y para ello es necesario contar con una formación cualificada y actualizada.
    Aunque la intención del Real Decreto 86/2025, de 11 de febrero, de evaluación y acreditación de las competencias básicas adquiridas por experiencia laboral, por vías no formales de formación y aprendizaje informales, es ofrecer oportunidades formativas a mayores de 18 años, no creemos que para las titulaciones de la rama sanitaria, en concreto para la de Técnicos en Cuidados de Enfermería, profesionales que están en contacto directo con el paciente, sea una forma adecuada de acceso.
    “Estas evaluaciones no son nuevas, pues ya en 2006 se aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE), incluso con anterioridad otras, en la que se recogía como requisito para acceder a uno u otro grado una prueba de conocimientos, convocada periódicamente por las administraciones educativas, para acreditar las competencias de ESO –Grado Medio- o de Bachillerato –Grado Superior-. Asimismo, en 2022, la Ley de Ordenación e Integración de la FP, en su artículo 90 recoge que las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral u otras vías podrán ser evaluadas y acreditadas oficialmente, teniendo como referencia el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, con el objetivo de facilitar itinerarios formativos conducentes a mayor cualificación. La lucha de SAE, por lo tanto, tampoco es nueva y la mantendremos hasta conseguir una formación cualificada de nivel superior y especializada para los Técnicos Sanitarios”, explica Isabel Lozano, vicesecretaria de SAE.