La última en el día de ayer cuando un Técnico en Cuidados de Enfermería de las consultas externas fue agredido por un paciente quería adelantar su cita con el médico. “Estamos expuestos a cualquier arrebato de los usuarios y nos está convirtiendo en el blanco en el que descargan toda su ira y frustración”, manifiesta Juan Ramón Ledesma, delegado de SAE en el centro.   

“La única alternativa es, tanto ampliar las dotaciones de personal de seguridad, como su presencia de manera permanente en los accesos al hospital de manera que en un momento de tensión pueda acudir de manera inmediata donde se está produciendo esta situación y no acabe en agresión”, considera el delegado de SAE.

Se ha demostrado que la medida aplicada en las últimas semanas no solo es insuficiente sino insignificante. La distribución de unos dispositivos de alarma para que acuda el personal de seguridad ante una llamada no solo no ha evitado estos problemas, sino que, únicamente, disponen de ellos los profesionales del servicio de urgencias. El aumento de agresiones al personal sanitario, en todo el recinto hospitalario, es una realidad a la que hay que poner freno y para ello urge aprobar una ley contra estas agresiones, que incluya un régimen sancionador a los agresores con penas económicas que aumenten los 200 euros que tuvo que pagar el último sancionado.

Estos hechos están generando en los profesionales del hospital un sentimiento de desamparo que ningún trabajador debe asumir. Sabemos que nos exponemos a los riesgos inherentes a la salud como puede ser un corte, un pinchazo o una infección, pero no es asumible el riesgo de una agresión y venir con temor a tu puesto de trabajo”, manifiesta el delegado de SAE en el Hospital San Agustín, Juan Ramón Ledesma.

Los trabajadores mantendrán concentraciones todos los miércoles a las puertas del centro para exigir de la Consejería medidas adecuadas que realmente solucionen el problema de las agresiones.

SAE , UGT, CCOO  y la Plataforma Unidad por C1 han vuelto a concentrarse esta mañna a las 10:30 horas en todos los Centros del SAS, en los que se concentrarán a las puertas de los mismos, hartos de que la CCAA derive el problema al Gobierno.

A nivel estatal, el Acuerdo Marco para la Administración del S. XXI en su art. 4 reconoce aplicación del art. 76 del EBEP en 2023.

Trabajan para el SAS y el Consejo de Gobierno responde que es tema estatal, a pesar de que la Ley de Función Pública de Andalucía es desarrollo del EBEP, clasifican a Funcionarios y dejan fuera a Estatutarios siendo empleados públicos igualmente, son discriminados en dicha Ley, por lo que exigen su cambio mediante Proposición de Ley en trámite en Parlamento.

No pararán en sus movilizaciones hasta que les reconozcan la titulación que estudian y se les exige en centros sanitarios donde desempeñan su trabajo.

A los logros alcanzados en estos últimos cuatro años, como el aumento de la plantilla de Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) en todos los centros asistenciales o las sentencias favorables para que los TCE dejen de realizar el traslado de muestras biológicas o la limpieza de EPIS, se suman las reivindicaciones sobre las que aún se está trabajando, como el reconocimiento retributivo del solape de jornada, la cobertura total de las incapacidades temporales, la implantación definitiva del Coordinador y del Tutor de formación de TCE, el grupo C1 para los Técnicos de Grado Medio y el B para los de Grado Superior, la implantación generalizada de la figura del TCE en los centros escolares o que las ratios de profesionales se adecúen a las necesidades asistenciales.

“Es evidente que muchos proyectos y objetivos precisan de una lucha continua en el tiempo y que éste a veces se extiende más de lo que nos gustaría a todos, pero los profesionales sanitarios de Andalucía han sabido ver que nuestro compromiso por sus derechos es constante y persistente y por ello han depositado su confianza en nuestras siglas, lo que nos ha permitido reforzar nuestra representación con siete delegados más. Por ello, durante los próximos cuatro años trabajaremos respaldados por este empuje para que todas nuestras reivindicaciones se materialicen”, explica Cristóbal Arjona, secretario autonómico de SAE en Andalucía. 

Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) hemos solicitado en varias ocasiones un incremento de plantilla acorde al de camas, sin embargo, la dirección del hospital, en lugar de aumentar en uno los profesionales en los turnos de mañana y tarde, ha estado parcheando con contratos de refuerzos que no sustituyen en ningún momento la falta de profesionales en plantilla, pues cubren bajas, licencias o permisos, lo que deja los turnos bajo mínimos.
        Para SAE, en una unidad tan sensible como es UCI pediátrica, el número de profesionales en cada turno –mañana y tarde- debería ser de cuatro y de dos en el de noche para que la atención al paciente sea adecuada y de calidad y los profesionales puedan trabajar sin la presión y el estrés que supone la falta de profesionales. Sin embargo, la dirección mantiene la plantilla fija en dos TCE en cada turno y parchea las ausencias por bajas, permisos o licencias con un contrato de refuerzo, lo que provoca que nunca esté la plantilla completa.
        “Hay menos personal que antes y esta unidad tiene las camas siempre ocupadas, lo que genera elevados niveles de ansiedad entre los profesionales TCE al estar bajo mínimos para atender a los doce pacientes. Por ello, exigimos a la dirección del centro que lleve a cabo las contrataciones necesarias para cubrir las ratios establecidas, pues es intolerable que este servicio se mantenga bajo mínimos. Es necesario que la dirección prime la atención de calidad y para ello debe erradicar la precariedad de las plantillas, pues los TCE están al límite de sus capacidades físicas y emocionales”, explica Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba.
 

Este encuentro se desarrolla tras la presentación por parte de este grupo parlamentario de una Proposición de Ley para que se modifique la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley de Función Pública, por el que este reconocimiento se frenó para los profesionales estatutarios. 
Ahora, Por Andalucía pide en esta Proposición que se reconozca la clasificación a todos los profesionales y que se fijen “los efectos legales y económicos desde el 1 de enero de 2025, lo que permite una correcta previsión presupuestaria y las oportunas adecuaciones para hacerla plenamente efectiva desde esa fecha”.
A pesar de que la Consejera de Sanidad, Catalina García, ha manifestado su apoyo a esta clasificación y, aunque el anteproyecto de Ley de Función Pública también la recogía, la Ley, finalmente, sólo se la reconoce a los profesionales de Función Pública. De esta manera, la reivindicación de SAE ha quedado suspendida, generando una alarmante discriminación entre los profesionales estatutarios y funcionarios, que realizan el mismo trabajo y a quienes se les ha exigido el mismo nivel de titulación.
“La presentación de esta Proposición de Ley de Por Andalucía se suma a los avales recibidos por diferentes grupos parlamentarios. Ahora esperamos que esta red de apoyos sea lo suficientemente fuerte para modificar la Ley de Función Pública Andaluza y acabar con el agravio comparativo entre profesionales”, explica Cristóbal Arjona, secretario autonómico de SAE en Andalucía.

“El ninguneo y desprecio sistemático al que se somete a los Técnicos Sanitarios es indignante, por ello, desde SAE continuaremos luchando, en la calle y en los despachos, para conseguir un sistema sanitario acorde a las necesidades del s. XXI, que pasan por tener recursos materiales y humanos suficientes y por reconocer los derechos laborales y retributivos de los profesionales sanitarios. Por ello, esperamos que las presiones ejercidas y las buenas intenciones, finalmente redunden en nuestra justa reclasificación profesional. Por nuestra parte, el próximo día 1 de marzo volveremos a salir a la calle con concentraciones en todos los centros sanitarios de Andalucía a partir de las 10:30 horas”, explica Rosario Bonilla, secretaria de acción sindical de SAE en Andalucía.