Por este motivo, desde SAECYL se ha solicitado a la Dirección Técnica de la Junta de Castilla y León las correspondientes RPT para poder llevar a cabo una política de contrataciones que se ajuste a las necesidades asistenciales y ofrecer una calidad asistencial digna.

            Según palabras del actual gobierno autonómico ¨la jornada de 35 horas supondrá un beneficio en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, no supondrá una merma de la calidad de la prestación de los servicios públicos y con ella se contribuirá a la creación de empleo¨.

            Sin embargo, esto es imposible de aplicar si no se crea empleo ni se llevan a cabo los correspondientes estudios para plantear un adecuado incremento de plantilla.

            Actualmente, las residencias están trabajando con el mismo personal que en años anteriores, con unos calendarios tan ajustados que más del 60% del año se trabaja a mínimos, con lo que cualquier permiso retribuido o baja laboral provoca un descalabro en la planilla diaria reduciendo de manera alarmante los profesionales en activo lo que, evidentemente, implica una sobrecarga de trabajo.

            Esta sobrecarga se traduce también en un aumento de las bajas laborales que llevan meses sin ser cubiertas complicando aún más la situación hasta el punto que en una planta haya dos profesionales para atender a 28 residentes o  que el personal que está de refuerzo pase de tener que reforzar dos plantas a tres o cuatro. Y así como necesidades de servicio para cubrir esas bajas, porque por lo general tardan una media de siete o más días en cubrirlas y los permisos retribuidos ni se cubren. 

            Por otro lado, la situación no es nueva y llevan años parcheando con contratos de corta duración pero sin llevar a cabo medidas eficaces de contratación que es la única alternativa viable para prestar una calidad residencial de calidad, eficiente e innovadora, centrada, como pretenden, en la persona. Pero si el personal que presta servicios es insuficiente no solo no se puede prestar atención de calidad sino que ésta se devalúa.

Con este acuerdo de cooperación sindical electoral, las tres organizaciones, que conforman la Confederación de Titulados de Castilla y León (TISCYL), renuevan su compromiso para alcanzar el objetivo común de mantener su presencia en la Mesa Sectorial de la Sanidad, en Función Pública y en Servicios Sociales, donde recientemente hemos denunciado el convenio, para poder seguir representando y defendiendo los intereses laborales, profesionales y sindicales de sus respectivos afiliados.

Esta unión es una alianza natural entre tres organizaciones sindicales independientes y autónomas para mantener el objetivo común de continuar participando en las negociaciones que se lleven a cabo para defender los derechos profesionales de los colectivos a los que representamos, que pasan por el aumento de las plantillas de profesionales, la mejora de las condiciones de trabajo y, por supuesto, la defensa de una sanidad pública para todos.

“Desde SAECYL somos conscientes de los retos que el actual diseño de representatividad sindical supone, y creemos firmemente en la necesidad de colaboración y sinergias con otras organizaciones sindicales profesionales para mejorar nuestro peso específico en los lugares designados al efecto. Por ello, esta renovación del acuerdo es sinónimo de fortaleza y nos permitirá alcanzar las reivindicaciones que mejoren las condiciones laborales, profesionales y retributivas de los Técnicos Sanitarios. Pero también dar respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad, que pasan por la defensa de una sanidad pública de calidad o el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para garantizar su sostenibilidad”, afirma Mercedes Barrios, responsable de SAECYL. 

                El preacuerdo de Convenio Colectivo del personal laboral de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta que se firmó el 31 de marzo de 2023 con el beneplácito de algunas organizaciones sindicales generó un gran malestar y desde el principio, SAE ha manifestado su oposición tratando de evitar su entrada en vigor y solicitando la nulidad de los puntos perjudiciales para los profesionales.

                Tras varias concentraciones, reuniones con la Administración, la impugnación del preacuerdo ante la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y posterior demanda ante la Sala de lo Social del TSJ se ha celebrado el juicio que queda visto para sentencia.

                Se demuestra con ello, que SAE ha defendido desde que se firmó este nefasto preacuerdo, los derechos de los profesionales exigiendo que se respete su condición de personal de enfermería, por ello y por la calidad  sanitaria de los usuarios. No así otras organizaciones sindicales que se han mantenido del lado de la Administración, como es el caso de UGT, o en silencio ante las concentraciones de SAE y la celebración del juicio como en el caso de CCOO y CGT que no se han presentado en el mismo.

SAE ha denunciado este convenio que considera nefasto en lo que concierne a la categoría profesional a la que representa y que supone, entre otras cuestiones, la desaparición de las categorías de TCE/TCAE (AE) y Cuidador de Servicios Asistenciales para pasar a llamarse TAD (Técnico de Atención a la Dependencia), una categoría con profesionales de ramas diferentes, con competencias distintas y que desvirtúa la condición y perfil profesional de enfermería de los Técnicos Sanitarios.

            Las consecuencias de estas modificaciones afectarán igualmente a los usuarios que hasta ahora son atendidos por profesionales con competencias de enfermería y cuya actividad tiene por objeto fundamental los cuidados. Los usuarios merecen que estos cuidados sean prestados por profesionales formados para ello.

            Además, la Administración se ha apresurado en hacer cambios en la denominación (Cuerpo/escala/categoría), hasta con el personal fijo, rozando la ilegalidad.

            Confiamos en que tras la celebración del juicio se lleve a cabo la redacción de un nuevo convenio colectivo que modifique lo que concierte a nuestra categoría y que respete tanto a los profesionales como a los usuarios.

Hecho que resultará nefasto en el futuro para el usuario, como hemos venido denunciando desde SAE, y que a la primera de cambio, ante la falta de personal enfermero en el turno de noche, se ha revelado claramente.
Hoy la Dirección del centro ha emitido una instrucción en la que los ahora TAD, pero con titulación de TCAE, tendrán que asumir las funciones del personal enfermero; y si así lo imponen, es porque por formación pueden hacerlo. Aunque este remiendo dice mucho de la gestión de la Dirección y nos hace plantearnos por qué cuando no hay enfermeras sí podemos realizar su trabajo y cuando están presentes se nos trata como a un colectivo de segunda categoría, sin responsabilidad asistencial ni autonomía.
Por ello, y como llevamos años demostrando, los Técnicos en Cuidados de Enfermería, con nuestra titulación, estamos formados y capacitados para desempeñar más funciones de las que se nos asignan y así lo demuestra esta medida implementada por la Dirección de la residencia. Pero, además, la Administración debería replantearse nuestro papel en los ámbitos sanitarios y socio sanitarios, otorgándonos la importancia y el respeto que merecemos, así como optimizando nuestra formación para reconocernos el incuestionable papel que desempeñamos en la atención y en los cuidados como profesionales sanitarios.
“Si de verdad quisiera mantener un sistema sanitario público sostenible, la Administración debería empezar a poner en valor las capacidades y el papel que los profesionales TCE podemos desempeñar en los ámbitos sanitarios y socio sanitarios, donde muchas de las funciones llevadas a cabo hoy en día por las enfermeras, pueden ser realizadas por nuestro colectivo, mejorando así la eficiencia del sistema sanitario”, explica Blanca Elena Gómez, secretaria provincial de SAE en Palencia.