El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) quiere manifestar su sorpresa e inquietud ante la publicación del Real Decreto 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente.
Según se recoge en la norma, si no hubiera disponibilidad de demandantes de empleo con ninguna de las titulaciones oficiales – Técnico en Cuidados de Enfermería, Ayuda a Domicilio o Asistencia Personal-, “podrán desempeñar estas funciones personas que, careciendo de titulación, preferentemente, tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, incluyendo aquellas prestadoras de cuidados en el ámbito familiar…”.
    Si realmente lo que se busca con este Real Decreto es garantizar la protección de usuarios y profesionales, con esta medida, que demuestra una alarmante falta de responsabilidad por parte de los gestores políticos y sanitarios de la comunidad, se va a conseguir todo lo contrario, pues permitir que personas sin titulación ni formación adecuada puedan atender las necesidades asistenciales de los usuarios de las residencias, pone en riesgo su salud y su bienestar, pues, tal y como llevamos años demostrando, somos los Técnicos en Cuidados de Enfermería quienes tenemos los conocimientos y las herramientas necesarias para garantizar una atención sanitaria segura y de calidad en estos centros.
     “La publicación de este decreto es insultante para uno de los colectivos sanitarios donde mayores tasas de paro existen, por lo que desde SAE hemos puesto en marcha varias acciones para que retiren este decreto. Llevamos años luchando para que en los centros residenciales de titularidad privada contraten a profesionales con la titulación requerida para atender a los residentes con todas las garantías y ahora tenemos que empezar a luchar para que esto también ocurra en las residencias públicas, lo que supone un paso hacia atrás en la atención sociosanitaria y un agravio hacia nuestro colectivo”, explican los responsables de SAE en Castilla y León.

Según la legislación laboral, la dirección del centro debe proporcionar a sus empleados equipos de protección individual e implementar todas las medidas necesarias para garantizar la prevención, seguridad e higiene en el trabajo, sin embargo, hasta la última semana de abril, ha mantenido escondidos los EPIs, dotando a los profesionales únicamente con mascarillas quirúrgicas y guantes, y no ha llevado a cabo un aislamiento real de los residentes con síntomas, primero, y positivos, después, permitiendo así la propagación del virus y poniendo en riesgo la salud de residentes y trabajadores: de los 78 residentes, 37 son positivos, y, en el caso de los trabajadores, esta cifra se eleva a 15. 
Por ello desde SAE hemos presentado esta denuncia con el objetivo de que se depure la responsabilidad penal, y en su caso civil, tanto de los administradores y encargados de la residencia como de aquellos que, conociendo el delito y pudiendo evitarlo, no hubieran adoptado las medidas para ello.
 “En diversas ocasiones, los Técnicos en Cuidados de Enfermería han solicitado a la dirección del centro la adopción de medidas de protección adecuadas así como un incremento de personal ya que la plantilla ha sido insuficiente para cuidar y atender adecuadamente a los residentes positivos, sin embargo, la Dirección, aun siendo conocedora del grave riesgo de contagio, ha obviado reiteradamente estas peticiones, incumpliendo de manera sistemática la normativa sobre protección de riesgos laborales, como los efectos de la difusión de la pandemia, tanto para los trabajadores como para los residentes”, explica Ana María Tobal, secretaria autonómica de SAE en Castilla y León.
 

            La crisis sanitaria ha contribuido a agravar el estado en estos centros socio sanitarios por lo que desde SAE se exige a la Gerencia de Servicios Sociales que actúen con responsabilidad, y coherencia y pongan fin a esta precariedad en beneficio de los trabajadores y de los residentes. Para ello, es fundamental convocar la Bolsa Abierta y Permanente de acuerdo con el decreto publicado en el Bocyl en julio de 2018.

            La gestión de las contrataciones para poder llevar a cabo una tramitación lógica de las sustituciones, tanto por descansos vacacionales como por otras ausencias, es nefasta. Ni siquiera, durante esta crisis en las que las necesidades de profesionales han sido una prioridad sanitaria absoluta la Gerencia de Servicios Sociales ha puesto en marcha este mecanismo de contratación.

            En diciembre de 2017 se anuló la bolsa de trabajo supletoria y se puso en funcionamiento otra bolsa de trabajo para llevar a cabo las contrataciones de TCE/ Auxiliares de Enfermería. A pesar de la necesidad de profesionales siguen manteniendo en Léon una bolsa provincial para la contratación de profesionales en las dos Residencias de            Mayores dependientes de esta Gerencia.

            Para aumentar el despropósito en relación con el funcionamiento de estas bolsas algunos profesionales que residen en León han sido penalizados por rechazar un contrato de un tercio de la jornada en Ponferrada a pesar de que la retribución que hubieran percibido no cubre, ni siquiera, el gasto en gasolina de los 114 km de distancia entre ambas localidades.

            Pilar Castro, secretaria provincial del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) apela a “la responsabilidad de la Gerencia para poner fin a esta lamentable situación, teniendo en cuenta además que tiene en sus manos la solución si convoca la mencionada Bolsa Abierta y Permanente. Todo lo demás contribuye solo a convertir en endémico el problema de la falta de personal en sus residencias”.

En repetidas ocasiones, tanto los profesionales de la residencia como el Sindicato de Técnicos de Enfermería hemos remitido escritos a la Dirección del centro informando sobre la falta de medidas adecuadas de protección para los trabajadores, la falta de separación y aislamiento entre residentes para evitar contagios y la propagación del virus, la falta de medidas de desinfección…instando en todo momento a adoptar las medidas pertinentes para cumplir los protocolos de seguridad establecidos. Sin embargo, lejos de implementar las acciones establecidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la gestión de la Dirección ha puesto en riesgo, de manera continua, a los profesionales y residentes.
“Tras la denuncia presentada por SAE en Inspección de Trabajo por esta negligente actitud y ante la insistencia de la Dirección de la Residencia en el incumplimiento de las órdenes marcadas por esta Inspección, hemos puesto una denuncia en la Fiscalía de Valladolid con el objetivo de que se abra una investigación y se proceda a determinar si hay acciones u omisiones constitutivas de ilícito penal. Desde SAE esperamos que, cuanto antes, se empiecen a depurar responsabilidades y tanto los responsables del centro como los de la Gerencia de Servicios Sociales que han permitido esta gestión, sean cesados de inmediato por poner en riesgo la salud de profesionales y residentes”, explica Ana María Tobal, secretaria autonómica de SAE en Castilla y León.

            Ana Tobal, secretaria autonómica de SAE en Castilla y León explica que “estas mascarillas ofrecían una protección del 80% por debajo del 95% que sería lo adecuada, pero no significa que los profesionales no hayan tenido esa protección del 80%. Ha sido la retirada, sin ninguna explicación, lo que ha generado el miedo a su exposición mayor de lo que en realidad ha sido”

            “Después de dos meses en esta situación es inadmisible que se siguen cometiendo los mismos errores. Debería adquirirse el material en España, comprobar y homologar antes de su distribución que cumple con todos los requisitos, y si aun así, surge algún problema dar las explicaciones oportunas” finaliza la secretaria autonómica de SAE en Castilla y León-