A la falta de contrataciones hay que añadir la ausencia de cobertura para incapacidades temporales, reducciones de jornada, jubilaciones, permisos de maternidad y paternidad, permiso de lactancia, excedencias, desempeños de cargo, llegando incluso a la denegación de permisos reglamentarios.

Los ciudadanos son los grandes perjudicados de esta situación de falta de profesionales por lo que muchos de ellos se han sumado de manera espontánea a esta concentración y cortando la carretera por iniciativa propia.

La Junta de Personal denuncia que la disminución de profesionales está dejando los efectivos por debajo del mínimo, va directamente ligado a un aumento en las listas de espera, un mayor tiempo de espera en urgencias para ser atendido, más conflictos y agresiones a los profesionales, que han aumentado en el primer trimestre del 2024 un 300%.

Ante esta situación los sindicatos exigimos la inmediata contratación de profesionales que permita la apertura al 100 % de camas y servicios con la dotación de recursos humanos al completo para que se asegure una adecuada atención a los pacientes, que garantice la excelencia y humanización en los cuidados, así como unas condiciones laborales justas para los profesionales

“Son necesarias actuaciones inmediatas para abordar la crisis que atraviesa el centro hospitalario con medidas concretas que pasan por la renovación de todos los contratos existentes, la cobertura de todas las bajas y la implementación de un plan integral de vacaciones de verano” manifiesta los responsables de SAE Cristian Braza y María José Ucelay.

“La salud no es un juego" y la situación actual del hospital es "inadmisible", por ello se insta a la administración a que tome medidas inmediatas para abordar la escasez de personal y garantizar la continuidad de una atención al paciente de calidad.

El Hospital Universitario de Puerto Real se enfrenta a una crisis asistencial debido a la grave escasez de personal provocada por los recientes recortes en la contratación que han dado lugar a un descenso significativo en la calidad de la atención al paciente, un exceso de trabajo extremo para el personal y una creciente frustración y malestar entre los profesionales sanitarios.

La situación se ha visto agravada por la no renovación de todos los contratos COVID, que se han reducido en más del 30% desde finales de mayo. Esto ha provocado una escasez crítica de personal, lo que dificulta el funcionamiento normal del hospital. Además, el hospital no ha cubierto las bajas por enfermedad ni las reducciones de jornada, lo que ha agravado aún más el déficit de profesionales.

La falta de planificación de las vacaciones de verano ha añadido aún más incertidumbre, dejando a muchos trabajadores sin saber si se aprobarán sus solicitudes de permisos a escasos días de su comienzo.

“Además, el hospital no ha contratado a ningún nuevo médico residente a pesar de la finalización de los programas de residencia de este año, lo que agrava aún más la escasez de facultativos. Esta situación es especialmente preocupante ante la inminente temporada turística de verano, que suele traer consigo un aumento de la demanda de servicios médicos” manifiestan los delegados de SAE.

A pesar de la negativa del hospital, existe la preocupación de que puedan producirse cierres de camas y una reducción de los servicios quirúrgicos y de consultas. La nueva planta del hospital, que lleva meses terminada, sigue cerrada por falta de mobiliario y dotación de profesionales. Además, está previsto que la construcción de una nueva unidad de cuidados intensivos comience este verano, lo que provocará el cierre temporal de parte de las camas de UCI existentes.

Se están desmontando habitaciones, no se cubren puestos, se cierran espacios y se está reubicando al personal por la falta de contratación. Todo ello va a suponer unos meses de verano complicado para los profesionales sanitarios, que se verán más sobrecargados de lo que ya están, y para los usuarios, que tendrán que asumir largas esperas y retrasos en su atención. 

“Desde SAE llevamos meses denunciando la situación de la sanidad y de los centros hospitalarios y asistenciales, y advirtiendo de que este problema se agravaría en los meses estivales, sin embargo, el Servicio Andaluz de Salud no ha llevado a cabo ninguna actuación para solventarlo, poniendo a los profesionales al límite, tanto física como mentalmente, y dejando desamparados a los ciudadanos. La Ley de Riesgos Laborales recoge que los gestores deben velar por el bienestar de los profesionales y garantizar su seguridad y salud, sin embargo, desde hace tiempo, el SAS incumple este derecho de los trabajadores, así como el que tienen los usuarios a recibir una atención adecuada que garantice su salud y su bienestar. Seguiremos concentrándonos y adoptando todas las medidas de presión que consideremos necesarias hasta que la situación se solucione”, explica Cristián Braza, responsable de comunicación de SAE en Andalucía.
 

Los profesionales Técnicos Sanitarios andaluces han salido de nuevo a las calles de Sevilla y Cádiz para exigir al Servicio Andaluz de Salud que reconozca de forma inmediata la reclasificación profesional de los Técnicos de Grado Medio en el C1 y a los Técnicos de Grado Superior en el B.

Las trabas que continuamente se están poniendo para poner fin a la Disposición Transitoria 3ª del Estatuto Básico del Empleado Público –EBEP- ya son inadmisibles, por ello desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) seguiremos luchando por esta reivindicación, pues actualmente existe un agravio comparativo con el personal funcionario, a quienes sí se les aplica esta clasificación, dejando al personal estatutario en una situación de discriminación inadmisible.

“Llevamos dieciséis años de lucha sin ningún avance significativo en este sentido. Por ello exigimos que se implementen cuanto antes las actuaciones necesarias para que nuestras reivindicaciones avancen, pues una disposición transitoria no puede alargarse en el tiempo. Para ello, es necesario que se valore más el trabajo que desempeñamos en la atención sanitaria y menos el ahorro económico que supone mantener estancados nuestros derechos profesionales porque para que un sistema sanitario mantenga y alcance la calidad asistencial que merecen los usuarios es necesario invertir tanto en recursos materiales como humanos”, explica Cristóbal Arjona, secretario autonómico de SAE en Andalucía.
 

La situación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha alcanzado un punto crítico debido al incumplimiento de los estándares y recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que indican que en una UCI de nivel asistencial 2, como es la de nuestro hospital, la proporción adecuada es de un TCE para cuatro pacientes. Además, en el plan funcional de la UCI del Hospital Virgen de la Victoria se deja constancia de que la dotación de TCE debe ser de uno para cada cuatro pacientes. No como actualmente que la proporción es un TCE para seis pacientes.
Hemos podido contrastar que en hospitales de nivel asistencia 2 como el nuestro, como son Juan Ramón Jiménez de Huelva, Virgen de Valme de Sevilla, Torrecárdenas de Almería, Puerta de Mar de Cádiz, San Cecilio de Granada y Universitario de Jaén, cumplen los estándares y recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
Esta situación representa un serio riesgo para la calidad de los cuidados intensivos y la seguridad de los pacientes, quienes requieren atención constante y especializada. La sobrecarga laboral de los TCE compromete no solo su capacidad para brindar un cuidado adecuado, sino también su propia salud y bienestar laboral.
Los estándares internacionales y nacionales en cuidados intensivos están diseñados para asegurar una atención óptima y segura, minimizando riesgos y maximizando la eficiencia de los recursos humanos. El incumplimiento de estas recomendaciones puede llevar a una serie de consecuencias adversas, tanto para los pacientes como para el personal sanitario. La reducción en la calidad de la atención puede derivar en un aumento de complicaciones, una mayor tasa de infecciones nosocomiales y, en casos extremos, un incremento en la mortalidad.
Los TCE de la UCI han expresado su profunda preocupación por la actual situación, destacando que el incremento de la carga de trabajo no es sostenible y podría derivar en errores involuntarios y un deterioro general del ambiente de trabajo. A pesar de las reiteradas peticiones, tanto a la Dirección de Enfermería del hospital como al SAS, para la adecuación de la plantilla según las recomendaciones vigentes, no se han tomado medidas correctivas por parte de la administración del hospital.
Ante esta grave problemática, se insta a las autoridades sanitarias a tomar medidas inmediatas para corregir esta deficiencia y garantizar que se cumplan los estándares establecidos para la atención en cuidados intensivos. La adecuada dotación de personal no solo es un mandato ético, sino también una necesidad imperiosa para garantizar la calidad y seguridad en la atención de los pacientes más vulnerables.