Casi medio millar de Técnicos de la Formación Profesional, tanto de Grado Medio como del Grado Superior, se han concentrado esta mañana frente a las Corts Valencianas para exigir a la Conselleria de Sanitat el cumplimiento de lo establecido en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana y que debe suponer la inmediata clasificación al subgrupo C1 de los primeros y al Grupo B de los segundos. Sin embargo, la Conselleria se niega a aplicar esta ley recurriendo a argumentos y trucos dialécticos para mantener esta situación. 
“Hay que mantener la misma celeridad cuando se trata de leyes que benefician a los profesionales que cuando estas leyes suponen un deterioro de las condiciones o un recorte de los derechos. Para el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) el apoyo de hoy por parte de todos los Técnicos de la Formación Profesional es una muestra de la oposición y el rechazo que esta enorme injusticia supone para los profesionales”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE. 
SAE, firme en su propósito de llevar a cabo la clasificación correspondiente, solicitó tanto a la Conselleria de Sanitat como a la de Función Pública la inmediata aplicación de lo dispuesto en esta Ley. La respuesta del Director General de Función Pública fue ágil reconociendo de manera automática “la inclusión del personal funcionario/laboral empleado público de la categoría profesional de Técnicos en Cuidados de Enfermería en el Subgrupo C1 y de los Técnicos Superiores en el Grupo B”. Son estos profesionales, mayoritariamente del sector sociosanitario, quienes se integran en este ámbito administrativo. 
No ocurre lo mismo con los profesionales estatutarios que prestan sus servicios para la Conselleria de Sanitat, cuyos responsables, eludiendo que las leyes entran en vigor cuando y como corresponde, continúan esgrimiendo argumentos a su conveniencia para evitar la clasificación de los Técnicos de la FP. Supone pues que esta Ley va a generar una discriminación entre profesionales con la misma categoría y titulación dependiendo de la Consellería para la que presten servicios. 
“No hay justificación para que no se aplique la ley, e incluso el Subdirector General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanitat reconoció la validez de nuestros argumentos y planteó elevar este asunto al Consejo Interterritorial. Pero esta no es una alternativa válida, conocemos el funcionamiento de este órgano y el resultado de sus reuniones. Y lo cierto es que la aplicación de una Ley aprobada y publicada tiene poco que debatir. Mantener a los Técnicos en grupos de clasificación que no les corresponde es un despropósito y una ilegalidad que SAE no va a permitir” reconoce Isabel Lozano.
 “SAE abandera en  solitario esta reivindicación ya que el resto de organizaciones sindicales y plataformas que dicen representar a estos colectivo no se han pronunciado en ningún momento respecto a la intención de la Conselleria, cuyo desinterés es evidente, pero lo más alarmante es la falta de implicación de aquellas entidades que dicen representar a los Técnicos de la FP”, finaliza la secretaria de organización y comunicación de SAE.  
 

       “Hay que mantener la misma celeridad cuando se trata de leyes que benefician a los profesionales que cuando estas leyes supone un deterioro de las condiciones o un recorte de los derechos. Por eso, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) espera que todos los Técnicos de la FP manifiesten su oposición y no admitan esta enorme injusticia por más tiempo que se sustenta, únicamente, en  falta de voluntad política para aplicar la Ley”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.

      El Sindicato de Técnicos de Enfermería, firme en su propósito de llevar a cabo la clasificación correspondiente,  solicitó tanto a la Consejería de Sanidad como a la de Función Pública la inmediata aplicación de lo dispuesto en esta Ley. La respuesta del Director General de Función Pública fue ágil reconociendo de manera automática “la inclusión del personal funcionario/laboral empleado público de la categoría profesional de Técnicos  en Cuidados de Enfermería en el Subgrupo C1 y de los Técnicos Superiores en el Grupo B”. Son estos profesionales, mayoritariamente del sector sociosanitario, quienes se integran en este ámbito administrativo.

      No ocurre lo mismo con los profesionales estatutarios que prestan sus servicios para la Conselleria de Sanitat que, eludiendo que las leyes entran en vigor cuando y como corresponde y, en este caso, la clasificación  de los Técnicos de la Formación Profesional, continúan esgrimiendo argumentos a su conveniencia. Supone pues que esta Ley va a generar una  discriminación entre profesionales con la misma categoría y titulación dependiendo de la Consellería para que la que presten servicios.

       “No hay justificación para que no se aplique la ley, e incluso el Subdirector General de Recursos Humanos  de la Conselleria de Sanitat reconoció la validez de nuestros argumentos y planteó elevar este asunto al Consejo Interterritorial. Pero  esta no es una alternativa válida, conocemos el funcionamiento de este órgano y el resultado de sus reuniones. Y lo cierto es que la aplicación de una Ley aprobada y publicada tiene poco que debatir. Mantener a los Técnicos en grupos de clasificación que no les corresponde es un despropósito y una ilegalidad que SAE no va a permitir” reconoce Isabel Lozano.

       “SAE  abandera en  solitario esta reivindicación ya que el resto de organizaciones sindicales y plataformas que dicen representar a estos colectivo no se han pronunciado en ningún momento respecto a la intención de la Conselleria, cuyo desinterés es evidente, pero lo más alarmante es la falta de implicación de aquellas entidades que dicen representar a los Técnicos de la Formación Profesional”, finaliza la secretaria de organización y comunicación de SAE.

C. Valenciana, 14 de octubre de 2021.- El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) continúa manteniendo reuniones con todos los responsables de los grupos políticos para reclamar que se aplique la Ley de la Función Pública de la Comunidad Valenciana a los Técnicos Sanitarios, sin excepción. Los últimos encuentros los han mantenido esta mañana Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE y Nieves Gómez, secretaria autonómica de SAE en la Comunidad Valenciana con Carmen Martínez Ramírez, portavoz de Sanidad del grupo PSOE y con Carles Esteve Aparicio, portavoz de Sanidad del grupo Compromís.
     SAE exige que se cumpla la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Función Pública Valenciana promulgada en desarrollo del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y que debe suponer la inmediata clasificación de los Técnicos de Grado Medio al subgrupo C1 y de los Técnicos de Grado Superior al Grupo B. Son numerosas las sentencias emitidas por los distintos tribunales que señalan que el fin de la Disposición Transitoria Tercera del EBEP que mantiene a estos profesionales en un grupo inferior al que marca el artículo 76 de la propia ley, será la publicación de las leyes de la Función Pública que se dicten en su desarrollo, tal y como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana.
     El Sindicato de Técnicos de Enfermería recuerda que el origen de esta polémica es la falta de voluntad de cumplir con lo establecido en la propia Ley 4/2021 de la Función Pública de la Comunidad Valenciana, publicada en abril en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y, por tanto, debió entrar en vigor un mes después. Sin embargo, la Conselleria se niega a aplicar esta ley recurriendo a argumentos y trucos dialécticos para mantener esta situación.
     SAE, firme en su propósito de llevar a cabo la clasificación correspondiente, solicitó tanto a la Consejería de Sanidad como a la de Función Pública la inmediata aplicación de lo dispuesto en esta Ley. La respuesta del Director General de Función Pública fue ágil reconociendo de manera automática “la inclusión del personal funcionario/laboral empleado público de la categoría profesional de Técnicos en Cuidados de Enfermería en el Subgrupo C1 y de los Técnicos Superiores en el Grupo B”. Son los profesionales laborales y funcionarios, mayoritariamente del sector sociosanitario, quienes se integran en este ámbito administrativo.
     No ocurre lo mismo con los profesionales estatutarios que prestan sus servicios para la Conselleria de Sanitat que, eludiendo que las leyes entran en vigor cuando y como corresponde y, en este caso, la clasificación de los Técnicos de la Formación Profesional, continúan esgrimiendo argumentos a su conveniencia, como el de que afecta a un gran número de profesionales.
      “Así ocurrió en la última e intensa reunión mantenida con el responsable de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanitat quien, al término de la misma reconoció la validez de nuestros argumentos y planteó elevar este asunto al Consejo Interterritorial. Pero esta no es una alternativa válida, conocemos el funcionamiento de este órgano y el resultado de sus reuniones. Y lo cierto es que la aplicación de una Ley aprobada y publicada tiene poco que debatir. Mantener a los Técnicos en grupos de clasificación que no les corresponde es un despropósito y una ilegalidad que SAE no va a permitir” reconoce Isabel Lozano.
     “Es increíble que un organismo público se niegue a aplicar una ley que beneficia a sus empleados públicos, a los que se les exige una titulación específica de la Formación Profesional pero se les retribuye lo mismo que a otras categorías a las que solo se les exige la ESO o el Bachillerato. Además, en la Comunidad Valenciana pretenden aplicarla de manera discriminatoria ya que mientras que la Consejería de Justicia, Interior y Función Pública sí aplicará la Ley porque tiene pocos afectados, la de Sanidad no lo hará porque tiene muchos. En vista de estas decisiones parece que las cortes autonómicas aprueban leyes para justificar ante sus ciudadanos los sueldos que cobran sus diputados”, manifiesta Isabel Lozano.
     “Hay que mantener la misma celeridad cuando se trata de leyes que benefician a los profesionales que cuando estas leyes suponen un deterioro de las condiciones o un recorte de los derechos. Por eso, SAE espera que todos los Técnicos de la FP manifiesten su oposición y no admitan esta enorme injusticia por más tiempo que se sustenta, únicamente, en la falta de voluntad política para aplicar la Ley”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.
     “Asimismo, esta es una reivindicación que está abanderando SAE en solitario ya que el resto de organizaciones sindicales y plataformas que dicen representar a estos colectivo no se han pronunciado en ningún momento respecto a la intención de la Conselleria, cuyo desinterés es evidente, pero lo más alarmante es la falta de implicación de aquellas entidades que dicen representar a los Técnicos de la Formación Profesional”, finaliza la secretaria de organización y comunicación de SAE.
     En las últimas semanas SAE ha mantenido reuniones con la jefa del Servicio de Gestión de Personal de la Conselleria de Sanitat,  Luis Arquillos Cruz, portavoz de Justicia del grupo Ciudadanos, José Juan Zaplana López, portavoz de Sanidad del Grupo Partido Popular, José Mª Llanos Pitarch, portavoz de Justicia del Grupo Vox, Irene Gómez Santos, portavoz de Justicia del grupo Podemos, Javier Iñigo Dies, Subdirector General de RRHH, Rafael Juesas Aucejo, Jefe del Servicio de negociación colectiva, retribuciones y condiciones de Trabajo y con la Jefa del Servicio de Gestión de Personal de la Conselleria de Sanitat.

       No obstante, parece que no tiene intención de llevar a cabo y aplicar esta ley en lo que atañe a la clasificación correcta de los Técnicos estatutarios de los Servicios de Salud ya que, a pesar de que la propia Ley de la Función Pública de la Comunidad Valenciana en su artículo 3.2 dice textualmente: “el personal estatutario que desempeñe su función en los centros e instituciones sanitarias del Servicio Valenciano de Salud se regirá por lo dispuesto en su normativa específica (el Estatuto Marco) y subsidiariamente en aquellas materias no reguladas en dicha normativa, por la presente ley”, se da la circunstancia de que la clasificación que hizo el Estatuto Marco por grupos, de acuerdo a la titulación exigida para el acceso al puesto de trabajo, es la misma que hacía la Ley 30/84, derogada por la entrada en vigor del EBEP que en su artículo 76 clasifica a los Técnicos  Superiores en el Grupo B y a los Técnicos de Grado Medio en el Subgrupo C1 .Asimismo, el Estatuto Marco en su artículo 5.2 ya dividía al personal de la Formación Profesional en Técnicos Superiores y Técnicos de Grado Medio, es decir, los clasifica de igual modo que el artículo 76 del EBEP y que la Ley de la Función Pública Valenciana en base a este artículo.
       El Sindicato de Técnicos de Enfermería ha contactado tanto con la Consejería de Sanidad como con Función Pública para que se aplique de inmediato lo dispuesto en esta Ley que, para los Técnicos de la Formación Profesional supone, sin lugar a dudas, un avance sustancial que llevan años reclamando. Si bien SAE ha recibido la resolución del director general de Función Pública reconociendo de manera automática “la inclusión del personal funcionario/laboral empleado público de la categoría profesional de Técnicos en Cuidados de Enfermería en el Subgrupo C1 y de los Técnicos Superiores en el Grupo B”.
         Las leyes entran en vigor cuándo y cómo corresponde. La clasificación de los Técnicos de la Formación Profesional debe producirse de manera automática como dice esta Ley y la Administración no debe recurrir argumentos y trucos dialécticos para perpetuar esta situación por más tiempo.
Lo contrario es un despropósito y el Sindicato de Técnicos de Enfermería no va a permitir que la Consellería de Sanidad mantenga a los profesionales en un grupo que no les corresponde.
        Desde SAE animamos a los Técnicos de la Formación Profesional a manifestar su oposición y no admitir esta enorme injusticia por más tiempo dada la falta de voluntad política para aplicar esta ley. Hay que mantener la misma celeridad cuando se trata de leyes que benefician a los profesionales que cuando estas leyes supone un deterioro de las condiciones o un recorte de los derechos.

Se cumple una de las reivindicaciones fundamentales del  Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) que lleva años luchando por esta clasificación profesional para los Técnicos Sanitarios de la Formación Profesional en aplicación del EBEP-.

SAE ha contactado tanto con la Consejería de Sanidad como con Función Pública para que se aplique a la mayor brevedad posible lo dispuesto en esta ley y que para los Técnicos de la Formación Profesional es, sin lugar a dudas, un avance sustancial que llevan años reclamando.

En el préambulo establece que “de poco sirve proclamar enfáticamente principios constitucionales si en la realidad el vínculo que une a la Administración con sus profesionales es precario”. Desde SAE compartimos esta manifestación entendiendo además que la precariedad a  la que se enfrentan los técnicos no se ciñe, únicamente, a la precariedad en el empleo por la elevada temporalidad que padecen, sino que el mantenimiento de estos profesionales en un grupo profesional inferior al que les corresponde es igualmente precario.

La publicación de esta ley se suma a la publicación de la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que se da la razón a SAE en el recurso presentado contra la convocatoria del Servicio Canario de Salud de 2019 en la que las plazas de la OPE de Técnicos en Cuidados de Enfermería se incluían en el Subgrupo C2 debiendo ser convocadas como C1.

Esperamos que la clasificación de los Técnicos de la Formación Profesional se produzca de manera automática como dice esta propia Ley y la Administración no recurra a “trucos de birlibirloque” como nos tienen acostumbrados y de manera que se cumpla el mandato legal y no se quede solo en el reconocimiento teórico.