La nefasta gestión, plagada de decisiones erróneas e imprecisiones, que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad están realizando de esta crisis sanitaria, conlleva una vulneración sistemática tanto de la normativa nacional como europea básica relativa a la salud laboral, por ello SAE ha presentado una denuncia en la Comisión Europea, con el objetivo de que intervenga para que el Ministerio de Sanidad y los diversos servicios autonómicos de salud, en sus respectivos ámbitos y competencias, den una explicación seria sobre sus actuaciones y se adopten las medidas legales oportunas respecto a las mismas.
La falta de pruebas diagnósticas y de material de protección reglamentario, los numerosos lotes de mascarillas defectuosas, la precariedad con la que están trabajando los profesionales, que han tenido que realizar sus EPIs con bolsas de basura y reciclar material de protección indicado para un solo uso… han provocado que España sea el país con mayor índice de contagiados entre el personal sanitario, con consecuencias negativas incalculables, tanto desde el punto de vista personal como económico. 
“Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Sanidad y de la normativa europea y nacional son claras respecto a la necesidad de proveer a los profesionales sanitarios de las medidas adecuadas para realizar su trabajo en condiciones elementales de seguridad con el objetivo de evitar el contagio desde los pacientes, el aumento del riesgo que los mismos sufren, y la propagación del virus. Sin embargo, la falta de equipos de protección individual ha llevado a los responsables sanitarios a restringir su uso y dotar a los profesionales con medios insuficientes para su protección, discriminando, en ocasiones, en función de la categoría profesional a la hora de repartir los equipos y amenazando, en otras, con la apertura de expedientes disciplinarios por usar EPIs para prevenir contagios. Estas graves situaciones, junto a la falta de realización de pruebas diagnósticas, han puesto de manifiesto la falta de previsión de las autoridades sanitarias, quienes han vulnerado de manera sistemática los derechos laborales básicos de los trabajadores. Por ello, hemos pedido la intervención de la Comisión Europea, pues no vamos a consentir que las graves consecuencias que esta crisis sanitaria ha tenido por la negligencia de los responsables políticos no tengan la respuesta legal oportuna”, explica M.ª Dolores Martínez, secretaria general de SAE.

Ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Lugo se han denunciado las precarias condiciones de las mascarillas que reciben los Técnicos en Cuidados de Enfermería del Hospital Público Da Mariña ya que no reúnen los requisitos de comercialización europeos e incluso su  aspecto genera dudas sobre su eficacia.

Además se entregan extraídas de su envase, para lo cual se depositan previamente sin su embalaje original en una caja de cartón reciclada, por lo que se carece de garantías de que no hayan sido contaminadas durante su manipulación.

Además a los trabajadores ni se les informado debidamente ni se les ha entrenado para la puesta y retirada del conjunto de EPI que utilizan simultáneamente.

La misma situación se da en el Hospital Universitario A Coruña, donde también SAE ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña en esta ocasión en relación con los guantes y su falta de protección frente a virus. El estándar de protección de los que se han entregado es inferior a lo establecido en la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  A esta deficiencia se añade la poca resistencia mecánica que tienen y que  se rompen con facilidad al ponerlos, ajustarlos y al trabajar con ellos.

Además, en ninguno de los casos citados, el Sindicato de Técnicos de Enfermería no tiene constancia de que se hayan cumplido las exigencias del Real Decreto 777/97 ya que no se ha llevado a cabo la reglamentaria consulta a los representantes de los trabajadores en lo referente a la evaluación de riesgos y elección de los EPIs.

Por todo, desde SAE se exige que se cumpla con la normativa preventiva que es de aplicación para estos casos y se garantice su cumplimiento mediante el informe del organismo correspondiente en el que se notifique la idoneidad tanto de las mascarillas como de los guantes.

Sin embargo, en contestación a la denuncia que desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) pusimos en Inspección de Trabajo por el incumplimiento sistemático por parte de los responsables de la residencia Parquesol de las precauciones higiénicas necesarias frente al riesgo de Covid-19 en las instalaciones del centro, la continua falta de entrega de los EPIs necesarios a los trabajadores para garantizar su protección y la ausencia de formación a los profesionales respecto al uso de EPIS y sobre el riesgo de Covid-19, esta responsable sanitaria insiste en que “la afección del Covid-19 en aquellos centros de trabajo y respecto de trabajadores cuya actividad no es sanitaria - como el presente - no constituye un riesgo profesional”.
Ante esta sorprendente respuesta, desde Inspección de Trabajo advierten a la empresa de sus obligaciones y, de acuerdo con la normativa de sanidad, en relación con sus trabajadores respecto del riesgo que presenta el Covid-19, exigen a la Gerencia una respuesta en tres días para que se adopten  las  medidas  preventivas  establecidas  por  las  autoridades sanitarias, debidamente actualizadas y, en su caso, las que se derivan de la Guía de prevención y control frente al Covid-19 en residencia de mayores y otros centros  de servicios sociales de carácter residencial. 
“Esta responsable de servicios sociales demuestra con estas declaraciones que el cargo le viene grande, pues es evidente que no conoce ni el funcionamiento de las residencias ni los profesionales que en ellas trabajan. Y parece que también le pasan inadvertidas las nefastas consecuencias que esta crisis está teniendo en los centros socio sanitarios. Por ello, desde SAE exigimos una disculpa pública y que este cargo pase a ser ocupado por algún responsable sanitario que realmente conozca los centros que tiene que gestionar y sea consciente de la seriedad que esta emergencia sanitaria tiene. Todos los profesionales encargados de la asistencia sanitaria deben seguir estrictamente las medidas de protección encaminadas a controlar y reducir la transmisión del coronavirus y éstas deben ser garantizadas por la empresa. Desde SAE no dejaremos de luchar para que la Residencia Parquesol cumpla los protocolos establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, explica Ana María Tobal, secretaria autonómica de SAE en Castilla y León.
 

Desde SAE llevamos años luchando por estas reivindicaciones y el anuncio, tras la reunión de ayer de la Comisión Permanente del Consejo General de la Formación Profesional, de la retirada del borrador del título y de la creación de grupos de trabajo para actualizar nuestras funciones, lo celebramos como una mejora de los derechos laborales y retributivos de nuestro colectivo, por los que desde SAE llevamos más de quince años trabajando.
Lo que nos sorprende enormemente es que no haya sido a propuesta de la Directora General de FP, presidenta de este Consejo General, como así nos lo prometió, y haya sido a propuesta de una sola organización sindical con clara atención partidista, máxime cuando “en teoría” la “paralización” de dicho borrador era mérito de varias organizaciones, como así se lo hemos transmitido a Clara Sanz, en un escrito que la remitimos el pasado 20 de abril.
“En el año 2005 el INCUAL catalogó la cualificación para el Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería como Nivel 3 (perteneciente a los ciclos formativos de Grado Superior) quedando pendiente la plasmación en Real Decreto. Y sin embargo, inexplicablemente, desde hace quince años, SAE ha tenido que paralizar en varias ocasiones un borrador que mantiene a los profesionales en un nivel absolutamente desfasado con su preparación y praxis real. Por fin, ahora, todo nuestro trabajo y lucha tienen su recompensa y los TCE contaremos con un Real Decreto que recoja realmente nuestras competencias profesionales, reflejado el trabajo que realmente realizamos en la sanidad y servicios sociales. Ahora, esperamos la llamada de la Administración para empezar a trabajar en nuestra segunda reivindicaciones: la actualización de funciones del colectivo, que aún se rigen por las establecidas en 1973 y, desde luego, tanto por formación como por competencias, es evidente que en estos últimos cincuenta años, los TCE hemos avanzado, adaptándonos a la situación sanitaria y social de cada momento para cubrir las demandas y necesidades de la población”, explica M.ª Dolores Martínez, secretaria general de SAE.
 

Preferentemente de junio a octubre de 2020.
Plazo de solicitudes: hasta el 8 de mayo

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