Ante esta situación, los profesionales de la Diputación están desprotegidos y, además, se sienten abandonadas por la Administración.

          Desde el inicio de la pandemia el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) está exigiendo que se dote de EPIs a todos los profesionales y en todos los ámbitos de atención ya sean sanitarios en sentido estricto o, como es este caso, socio sanitarios.

          En estos momentos SACYL ha asumido la responsabilidad en la gestión de los centros sanitarios y socio sanitarios, y por tanto, debe ser quien lleve a cabo un reparto equilibrado y equitativo de los EPIs y distribuirlos donde sean precisos y en función de las necesidades de cada centro. Parece evidente que allí donde no lleguen los centros ha de llegar la Administración.

          La secretaria autonómica de SAE Cataluña, Tània Riera, explica que los equipos de protección individual que se entregan a los trabajadores sanitarios que atienden pacientes en relación al COVID19 son insuficientes e inapropiados. Esta es una  situación que se produce en  todos los centros sanitarios de sus provincias.

          Ante la falta de material se presiona al trabajador para que se reutilicen los EPI’s. Se entregan mascarillas quirúrgicas frente al riesgo de contagio por covid19, cuando deberían ser al menos las mascarillas ffp2, como éstas son insuficientes, se dan instrucciones que se deben mantener al menos una semana, cuando las indicaciones del fabricante es que son de un solo uso y con una duración de 4 horas, en ocasiones con indicaciones sobre cómo hacer la desinfección aunque sin disponer de la preceptiva evaluación de riesgos que garantice confianza sobre el resultado firmado por un técnico competente. Además en general se carece de información, formación y seguimiento sobre cómo usar los EPIS apropiadamente. Y lo mismo sucede con el resto de los EPI’s, para poder atender a esta pandemia.

          Como consecuencia los trabajadores están expuestos a un riesgo grave e inminente para su salud, lo que indica una falta de integración real de la prevención de riesgos laborales en la gestión tanto de los centros de trabajo como del sistema sanitario en su conjunto.

          Esta escasez  no sólo implica un incumplimiento de un deber básico del empresario como es el preservar la salud de sus trabajadores, sino que nos impide continuar luchando contra la pandemia al provocar numerosas bajas entre todo el personal sanitario.

          Otro gran problema en muchos centros de trabajo es la obligación a los trabajadores de reincorporación al trabajo sin realizar pruebas sobre estado de salud ya que en muchos casos se insta a que los trabajadores que hayan dado positivo, pero no tengan síntomas o éstos sean muy leves se reincorporen al trabajo una vez pasados 7 días. En la mayoría de los casos esas reincorporaciones se producen sin haber pasado una PCR.            

          Por todo ello es necesario que a toda la población sanitaria de todos los   centros de trabajo se le practique la prueba de PCR y la Serología, ya que de este modo podrán saber las direcciones de los hospitales qué personal tiene anticuerpos y éstos no causarán baja en caso de haber un rebrote de la pandemia. Entendemos éste, como un dato fundamental para planificar la plantilla.

          Ante todo ello, “desde SAE demandamos medidas inmediatas para su corrección” manifiesta  Tània Riera.

Se mejora de esta manera las condiciones de trabajo de los profesionales en cuanto a su protección frente al virus.

Agustín Serna Rodríguez, secretario provincial de SAE en Álava manifiesta que “la única manera de enfrentarse al virus es hacerlo debidamente protegido y desde SAE hemos querido contribuir a mejorar las precarias condiciones a las que, en este aspecto, se están enfrentando los Técnicos en Cuidados de Enfermería”.

Desde la primera denuncia presentada por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) el pasado 25 de marzo, hasta hoy, un mes después, se han registrado 35.295 casos de contagio entre los profesionales sanitarios, lo que supone entre un 15 y un 20 % de todos los contagiados en España, que hoy suman 209.465.
Y esta cifra seguirá incrementándose porque los medios de protección continúan siendo escasos y, de los pocos que llegan, algunos forman parte de lotes defectuosos, como las mascarillas FFP2 Garry Galaxy, que, tras haber sido usadas por los profesionales, se han tenido que retirar porque no cumplen con ninguna clasificación indicada en la normativa. Estas mascarillas defectuosas han dejado expuestos al Covid-19 a miles de profesionales, lo que ha incrementado el número de contagios y ha obligado al aislamiento a un importante número de sanitarios. 
     “Es indignante que los profesionales sanitarios tengamos que continuar mendigando equipos de protección y realización de test PCR para poder realizar nuestro trabajo con toda seguridad y que el escaso material que llega sea defectuoso. Esta pésima gestión que venimos sufriendo desde hace seis semanas continúa poniendo en riesgo la salud de los profesionales y es urgente que alguien empiece a asumir la responsabilidad de esta situación, que puede revestir carácter delictivo. Por ello hemos interpuesto una ampliación de la denuncia que realizamos ante la Fiscalía General del Estado, instando de nuevo a que se disponga la incoación de diligencias que permitan el esclarecimiento de la situación de desprotección que ha generado el uso de mascarillas defectuosas. El simple hecho de pensar que el material puede estar defectuoso, está generando situaciones de inseguridad y estrés entre los trabajadores. Esperamos que, una vez se constante esta realidad y su previsible dimensión penal, se plantee ante el órgano judicial competente”, explica M.ª Dolores Martínez, secretaria general de SAE.
 

GRACIAS A LA DENUNCIA PRESENTADA POR USAE TANTO A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ITSS), COMO A LAS DIRECCIONES DE LOS HOSPITALES, HEMOS CONSEGUIDO QUE AQUELL@S TRABAJADOR@S QUE UTILIZARON LAS MASCARILLAS DEFECTUOSAS, EN LOS CENTROS DE TRABAJO SE LES REALICEN LAS PRUEBAS PERTINENTES