Desde el 25 de marzo se reciben los termos desde cocina, por lo que no se volverán a calentar desayunos, meriendas e infusiones y ya no se tendrán que lavar cafeteras y otros utensilios. 
 

El artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, recoge que “los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio”. Asimismo, en el artículo 21, se establece la obligación del empresario de adoptar las medidas necesarias y dar las instrucciones correspondientes para garantizar la protección de los trabajadores ante riesgos graves inminentes.
Con más de 47 profesionales contagiados y 175 aislados -y sin conocer el verdadero alcance de los contagios-, el riesgo grave inminente que corren diariamente los profesionales es incuestionable. Por ello exigimos a la Administración del Área de Salud que ponga a disposición de los trabajadores mascarillas tipo FFP2, FFP3, batas impermeables adecuadas…, ya que ahora tienen que trabajar con material de protección que ellos mismos se fabrican con bolsas de basura, gafas de buceo, de esquí…
“La responsabilidad y la vocación de servicio público de los profesionales está permitiendo que, a pesar del riesgo que corren diariamente, continúen realizando su trabajo con todas las garantías para los pacientes. Esta profesionalidad del personal sanitario permitirá salir de esta crisis lo antes posible. La falta de material y de medidas de protección afecta directamente a la asistencia en forma de retrasos y dificultades en ocasiones extremas para llevar a cabo una correcta atención. Por ello exigimos al IBSALUT que adopte medidas urgentes y efectivas para acabar con el riesgo físico y psicológico al que se están enfrentando los profesionales diariamente”, explica Alejandro Juan Alonso, secretario de Acción Sindical de SAE en Baleares.
 

La falta de estos equipos para enfrentarse al Covid-19 está poniendo en riesgo la salud de los profesionales sanitarios y de aquellas personas con las que tienen contacto, por ello exigimos que se distribuyan con urgencia equipos suficientes y adecuados: las mascarillas deben ser FFP2 y no mascarillas quirúrgicas como se están repartiendo; además, y a pesar de que el fabricante especifica que son para un solo uso, se está obligando a los profesionales a desinfectarlas para reutilizarlas, pero la desinfección se realiza sin contar con la preceptiva evaluación de riesgos firmada por un técnico competente que garantice el resultado. 
“A este hecho, hay que sumar la falta de formación e información que tienen los profesionales sobre cómo utilizar las medidas de protección adecuadamente: mascarillas, guantes, protección ocular, facial, batas impermeables…lo que les está generando mucha inseguridad y estrés. Por ello, desde SAE hemos presentado estas denuncias con el objetivo de que se empiecen a tomar medidas urgentes y eficaces para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios. Es inhumano, indecente e insultante poner en juego la vida de quienes están en primera fila velando la salud de todos los ciudadanos. No vamos a seguir consintiendo que los profesionales sanitarios de hospitales y residencias continúen acudiendo a sus puestos de trabajo sin las mínimas medidas de protección”, explica Alejandro Juan Alonso, secretario de Acción Sindical de SAE en Baleares.
 

El  IFBS  publica  NOTA INFORMATIVA en la que informa que habiéndose detectado ya las dificultades de algunos centros de TITULARIDAD PRIVADA para poder prestar su servicio en condiciones, debido a la falta de personal por incapacidades temporales y a la imposibilidad para conseguirlo, SE HA REMITIDO SOLICITUD DE PERSONAL A LANBIDE PARA LAS CATEGORÍAS DE TCE/AE Y MONITOR/A DISCAPACIDAD. 
Se permite de FORMA EXCEPCIONAL recurrir a personal que acredite un nivel inferior de titulación, motivo por el que la petición se ha cursado incluyendo también certificados de profesionalidad, en previsión de que el número de personas tituladas no fuera suficiente.
LOS CONTRATOS QUE SE FORMALICEN POR ESTA OFERTA EN LANBIDE SERÁN A CARGO DE LAS PROPIAS RESIDENCIAS PRIVADAS DONDE SE REALICEN, NO DEL IFBS.
Respecto a las necesidades del IFBS, se seguirán cubriendo según el procedimiento adoptado (reubicaciones de personal, listados de cada centro, bolsas, listas subsidiarias y Lanbide), además de proceder a todas las ampliaciones de jornada que sean posibles. Sólo en caso de que las anteriores posibilidades se agotaran se recurriría a los nuevos listados de Lanbide.
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En el BOCYL de hoy, 27 de marzo, se ha publicado ORDEN SAN/327/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de selección del personal estatutario temporal de los centros e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, como consecuencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-19.

Se adoptan las siguientes medidas en materia de selección de personal:

1. Los servicios prestados por personal sanitario en centros de atención a personas mayores, tanto públicos como privados, serán valorados igual que los servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de Salud.

2. En los llamamientos para la cobertura de plazas con carácter temporal en aquellas categorías que se sigan rigiendo por la Orden SAN/398/2010, de 23 de marzo, por la que se establece el procedimiento de funcionamiento de las bolsas de empleo para la selección del personal estatutario temporal del Servicio de Salud de Castilla y León, no se tendrá en cuenta la limitación establecida en el punto 3 de su artículo 4: (el orden de  llamamiento está  determinado por el nº orden que ocupa en la bolsa y  que establece un período de 180 días de servicios por cada año de vigencia de las listas, a realizar por cada trabajador de la misma antes de perder su número de orden. Cumplido el período anual establecido se iniciará un nuevo cómputo)

Las medidas incluidas en la presente orden resultarán de aplicación por un plazo inicial de tres meses a partir de su publicación del Boletín Oficial de Castilla y León, pudiendo ser prorrogadas por la Consejera de Sanidad por sucesivos períodos de tres meses o inferiores en función de las necesidades organizativas y asistenciales derivadas de la evolución de la crisis sanitaria.
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