En el BOR de hoy, 27 de marzo, se ha publicado Resolución 256/2020, de 25 de marzo, de la Consejería de Gobernanza Pública, por la que se establecen las medidas a adoptar en materia de prestación de servicios extraordinarios para los empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con motivo del estado de alarma declarado por la infección del coronavirus (COVID-19)

Imposición de servicios extraordinarios.

Los empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que pertenezcan a escalas sanitarias, o que para el ingreso en sus cuerpos o categorías profesionales se les exigió estar en posesión de titulaciones propias de profesiones sanitarias, podrán ser requeridos para la prestación de sus servicios profesionales en otros centros, órganos administrativos, o consejerías distintas a las que estuvieran adscritos, así como para el Organismo Autónomo Servicio Riojano de Salud, con la finalidad de paliar los efectos generados por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La comunicación de dicha prestación de servicios podrá ser realizada, tanto de forma individual, como de forma genérica para determinados colectivos o categorías de empleados públicos, directamente por parte de las secretarías generales técnicas de las cuales dependan, y conllevará automáticamente que el personal afectado, durante el período temporal que se especifique, pase a depender funcionalmente de los correspondientes órganos competentes en la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, o de los órganos competentes en materia de gestión de personal pertenecientes al Organismo Autónomo Servicio Riojano de Salud.

Mientras dure la prestación de servicios extraordinaria, los empleados públicos continuarán percibiendo las retribuciones propias de los puestos de trabajo a los que están adscritos, sin perjuicio de las gratificaciones por servicios extraordinarios o indemnizaciones por razón del servicio que pudieran generar conforme con la normativa aplicable. 
Más información

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se adoptan medidas complementarias para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales. 

La situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la necesidad de la adopción de medidas excepcionales, de carácter temporal y urgente, a fin de garantizar la adecuada prestación y funcionamiento de los servicios públicos en los sectores esenciales que la Adm. Gral. de la CC.AA de Extremadura tiene encomendados. 

Deberán comunicarse con carácter inmediato a esta Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, por conducto de la Dirección General de Función Pública, las atribuciones temporales efectuadas. Esta comunicación sustituye las autorizaciones previas exigidas de la persona titular de la Consejería competente de las atribuciones temporales efectuadas.

•    Primera. Plena disponibilidad del personal.
o    De la adopción de las medidas expuestas se procurará informar puntualmente por la Dirección General de Función Pública a los representantes de los trabajadores implicados, siempre en aras a una actuación coordinada y eficaz.

•    Segunda. Selección de personal temporal por el sistema de bolsas de trabajo.
o    De las autorizaciones de contratación del personal seleccionado de conformidad con lo anterior se informará a los representantes de los trabajadores por la Dirección General de Función Pública.

•    Tercera. Efectos y publicidad.
o    La presente resolución producirá efectos desde el momento de su firma, sin perjuicio de su publicación en el portal del empleado público e inmediato traslado a todas las Secretaria Generales.
Más información

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se dictan instrucciones en aplicación de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Más información

ORDEN de 26 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se acuerda la gratuidad para colectivos laborales esenciales en determinados servicios de transporte público de viajeros por carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19.
Resolución

            Y alguien es el responsable de esta situación, de esta falta de previsión y del riesgo al que se está exponiendo a los profesionales sanitarios españoles y que para el Sindicato de Técnicos de Enfermería puede revestir carácter delictivo. Por ello ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado

            Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Sanidad son claras en orden a la necesidad de que ha de proveerse a los profesionales sanitarios de todo un conjunto de medidas y elementos necesarios para que puedan realizar su trabajo en condiciones mínimas de seguridad y no verse así contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que los mismos sufren, y evitar la propagación de la enfermedad.  

            Sin embargo, conforme han aumentado el número de casos, la falta de equipos de protección individual se ha convertido en un grave problema en la mayor parte de los centros, lo que refleja una notable falta de previsión por parte de las autoridades sanitarias.

            Se están dando casos en los que  el acceso y uso  de estos equipos están siendo restringido y se suministra por debajo de las necesidades llegando incluso a amenazar a los profesionales con aperturas de expedientes disciplinarios por la utilización de los Equipos de Protección Individual para prevenir el contagio.

            En esta dinámica de radical vulneración de los derechos laborales básicos se ha llegado al extremo de reformar los protocolos de algunos centros sanitarios discriminando incluso a los trabajadores en función de su categoría profesional en la asignación de los EPIs.

De todas las actuaciones que están llevando a cabo parece deducirse indicios de un delito  contra la seguridad en el trabajo según de los artículos 316 y 317 del Código Penal.

            Asimismo, el Sindicato de Técnicos de Enfermería insta a que se disponga la incoación de diligencias que permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados y una vez se constante su realidad y su previsible dimensión penal  se plantee ante el órgano judicial competente.

            En cuanto a la admisión de la presente denuncia si se trata de hechos presuntamente delictivos la legislación procesal impone al ministerio público el deber de investigar o trasladar noticia de los hechos al órgano judicial competente.