A raíz del estado de alarma se suspendieron los términos e interrumpidos los plazos administrativos.
Ahora bien, se exceptúan de la referida suspensión los siguientes procedimientos:

a) Los dirigidos al reconocimiento de prestaciones, subvenciones y ayudas a víctimas de violencia de género y a mujeres en situaciones específicas de especial vulnerabilidad.
b) En contratación pública, aquellos cuyo objeto esté vinculado a la atención a colectivos vulnerables señalados en esta resolución, así como los que su objeto incida en el funcionamiento básico de los servicios, cuya suspensión derivada de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, incida de forma desfavorable, en los términos previstos en el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo.
c) Los de acreditación y concesión de subvenciones a centros y servicios de asistencia a drogodependientes. 
d) En materia de prestaciones sociales de renta garantizada de ciudadanía, pensiones no contributivas, prestaciones económicas para personas con discapacidad y pensiones asistenciales, continuarán tramitándose los procedimientos.
e) De inscripción, autorización y acreditación en el Registro de entidades, servicios y centros del sistema de servicios sociales, al objeto de favorecer la sostenibilidad y continuidad de los servicios afectados por el COVID-19.
f) De modificaciones presupuestarias que sea preciso realizar para el mantenimiento de la actividad esencial de la Gerencia de Servicios Sociales. 
g) En materia de personal, todas las actuaciones dirigidas a la gestión de las bolsas de empleo que sean competencia de la Gerencia de Servicios Sociales, al objeto de proveer las necesidades de personal derivadas de la situación de emergencia sanitaria.
h) En materia de protección a la infancia.
i) Las actuaciones necesarias para hacer efectivo o mantener el abono de las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ya reconocidas a la fecha de la declaración del estado de alarma.      
. Se regula Medidas específicas en materia de subvenciones y Registro de solicitudes y documentos.
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 La 72ª Asamblea Mundial de la Salud ha designado 2020 como Año Internacional del Equipo de Enfermería y desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) aprovechamos este reconocimiento para destacar mensualmente el trabajo que los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE), como parte de estos equipos, realiza en diferentes parcelas asistenciales.

Sin embargo, este mes de abril, queremos destacar el encomiable trabajo de todos los profesionales sanitarios, tanto en hospitales y centros de salud, como en centros sociosanitarios; y queremos insistir en nuestras principales reivindicaciones: la urgencia de realizar test a todos los profesionales sanitarios y equiparlos con los Equipos de Protección Individual adecuados.

“Para salvar vidas, los profesionales del equipo de enfermería debemos estar bien protegidos, pues nuestro contacto con los pacientes es continuo y el riesgo al que nos exponemos, como ya se ha visto, es muy alto, costándole la vida a varios compañeros. Si queremos que el número de muertes descienda, debemos frenar la expansión del virus y para ello es fundamental proteger a quienes velan por la salud de los ciudadanos, con el objetivo de evitar contagios externos y entre los propios profesionales. Pero, además, es urgente la realización de test a todos los profesionales sanitarios para adoptar las medidas necesarias en cada caso; es altamente contradictorio aislar a la población y permitir que profesionales que dan positivo, pero no presentan síntomas, continúen desempeñando su trabajo asistencial. Los protocolos se deben cumplir para frenar la expansión del Covid-19”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.

“Más de 28.000 profesionales sanitarios se han infectado por Coronavirus debido a las pobres medidas de seguridad que se les ha proporcionado. Por ello, SAE ha solicitado, tras un mes de crisis sanitaria, la intervención del Defensor del Pueblo, con el objetivo de que el Ministerio de Sanidad y los diversos servicios autonómicos de salud den una respuesta inmediata a nuestra reivindicación. El uso de estos equipos de protección está regulado en el Real Decreto 773/1997 (Directiva 89/656/CEE) y en el Reglamento (UE) 2016/425, relativo a su comercialización, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son muy claras en cuanto a la necesidad de proveer a los profesionales sanitarios de todas las medidas y elementos necesarios para que puedan realizar su trabajo en condiciones elementales de seguridad y evitar así verse contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que los mismos sufren, y evitar la propagación de la enfermedad”, explica Mª Dolores Martínez, secretaria general de SAE.
Sin embargo, la falta de previsión por parte de las autoridades sanitarias está generando situaciones en la que el acceso y uso a los EPIs está siendo restringido y se suministra en algunos casos por debajo de las necesidades, llegando incluso a amenazarse a los profesionales con aperturas de expedientes disciplinarios por la utilización de estos equipos para prevenir contagios activos o pasivos.
“En esta dinámica de radical vulneración de los derechos laborales básicos, se llega al extremo de que en las reformas de los protocolos de algunos centros sanitarios se discrimina a los trabajadores, en función de su categoría profesional, a la hora de asignarles sus respectivos equipos de protección individual, de manera que, aún en la misma situación de contacto estrecho con los enfermos, hay colectivos que reciben EPIs de mayor seguridad que otros profesionales, como los TCE. Este tipo de situaciones son inadmisibles, por ello, pedimos al Defensor del Pueblo, en cuanto garante de los derechos ciudadanos, entre los que se encuentra la salud laboral, su intervención para que los gestores sanitarios empiecen a actuar para garantizar la protección de los profesionales”, manifiesta Mª Dolores Martínez.  
 

            La situación en esta residencia es inaceptable. El pasado 30 de marzo SAE ya denunció ante la Consejería la situación en este centro respecto a, entre otras cuestiones, la falta de protección de los profesionales, las negativas a realizar test diagnósticos por considerar el Covid-19 como un sarampión…         

            En estos quince días se han disparado tanto el número de  contagiados como los  fallecidos y la directora debe seguir equiparando el Covid 19 con un sarampión teniendo en cuenta que hasta el día de ayer no ha llevado a cabo ningún aislamiento.

            Sin embargo, inexplicablemente se mantiene en su puesto a la responsable de esta dramática situación lo que convierte a la Consejería en responsable en la misma medida.

             Mientras que la Diputación de Valladolid ha tomado medidas tomado el control de las residencias o  en la residencia RAVSA se ha controlado la situación, inexplicablemente se mantiene en su puesto a la directora de la residencia Parquesol.

            Por no mencionar la falta de empatía con los profesionales contagiados al dudar de si el contagio se ha producido en su centro de trabajo. Es inadmisible que teniendo en cuenta la falta de protección con la que se está trabajando eluda su responsabilidad culpando a los profesionales.

            Es inaceptable y la Consejería debe cesar de forma inmediata a la Directora de la Residencia Parquesol.